Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El anuncio realizado el 29 de septiembre de 2025 por la vicepresidenta ejecutiva de que el primer mandatario nacional había firmado un decreto de estado de conmoción exterior que «sería activado» en caso de una agresión militar, abrió un debate inmediato sobre su existencia real y sus implicaciones jurídicas.

Acceso a la Justicia

Más allá del mensaje político, lo cierto es que un estado de excepción no se presume: debe cumplir pasos estrictos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE). Esta nota expone, de manera integral, lo que se sabe y lo que no, así como lo que exige el ordenamiento venezolano para que una medida como esta pueda entrar en vigor.

Un decreto anunciado, pero no vigente

La LOEE en su artículo 22 establece que un estado de excepción entra en vigencia desde el momento en que es dictado por el Ejecutivo nacional; sin embargo, para su validez es necesario también que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare su constitucionalidad y que sea aprobado por la Asamblea Nacional (AN) o su comisión delegada dentro de un lapso de 8 días (artículos 339 y 33).

Han pasado 50 días desde el anuncio de la firma del decreto de conmoción exterior y ninguno de estos procedimientos ha sido informado públicamente, ni sus resultas, por lo que es evidente que el estado de conmoción exterior aún no está vigente; esto lo corrobora el hecho que no se conoce su publicación en Gaceta Oficial. Además, el contenido del decreto firmado el 29 de septiembre tampoco está disponible, a pesar de que la LOEE exige que sea publicado después de su firma en la Gaceta Oficial o por lo menos en medios de comunicación.

De tal manera, el estado de conmoción exterior no está vigente, lo que confirma lo afirmado por la vicepresidenta ejecutiva cuando anunció, como se dijo anteriormente, que se activaría si hubiera una agresión militar. Al respecto debe decirse que ni la Constitución ni la LOEE prevén la declaratoria de un estado de excepción de conmoción exterior condicionado, por lo que pareciera que se trató más bien de una advertencia sobre lo que ocurriría en caso de que se verificara una agresión militar.

¿Cuándo procede la conmoción exterior y qué facultades tiene el Ejecutivo?

La figura de la conmoción exterior puede decretarse en casos de guerra, invasión o amenaza grave a la soberanía o a la seguridad nacional, supuestos recogidos en los artículos 338 de la Constitución y 14 de la LOEE.

Sin embargo, aun en esa circunstancia, es importante tener presente que las facultades que la Constitución concede al Ejecutivo nacional son limitadas y deben cumplir criterios estrictos. En primer lugar, solo puede adoptar medidas indispensables para enfrentar la situación excepcional que se presente y únicamente cuando los mecanismos ordinarios del Estado no sean suficientes para atenderla. En segundo lugar, todas las medidas deben respetar los derechos fundamentales y adecuarse al principio de proporcionalidad. Esto significa que no pueden tomarse decisiones que excedan lo estrictamente necesario para atender la situación que generó el decreto.

Límites constitucionales y legales del estado de excepción

Ni la Constitución ni los tratados internacionales permiten suspender derechos durante un estado de excepción. La carta magna solo autoriza imponer limitaciones puntuales, siempre que se indiquen claramente. Además, existen derechos que no pueden restringirse bajo ningún concepto: la vida, la integridad personal, el debido proceso, la información, la prohibición de la incomunicación y la prohibición de la tortura.

Estas garantías provienen tanto de los artículos 337 y 339 constitucionales como de normas internacionales, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 4.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 27.4). Asimismo, el artículo 7 de la LOEE menciona las garantías a los derechos que no pueden ser restringidas, cualquiera sea el estado de excepción establecido.

Por otra parte, la duración máxima de un estado de conmoción exterior es de 90 días, prorrogable una sola vez por 90 días adicionales, para un total posible de 180 días (artículo 338 de la Constitución y 5 de la LOEE), y aun bajo este tipo de medida extraordinaria, los poderes públicos deben seguir funcionando con normalidad; el estado de excepción no paraliza las instituciones, como expresamente establece el artículo 339 constitucional.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Saber si un estado de excepción como el anunciado estado de conmoción exterior está vigente o no, no es un asunto menor. Con la información disponible, se puede afirmar que aún no está en vigor, ya que no consta la declaratoria de su constitucionalidad por parte del TSJ ni ha sido aprobado por la AN dentro de los 8 días siguientes a su firma como exige el ordenamiento jurídico venezolano. Tampoco se conoce su texto ni ha sido publicado en Gaceta Oficial. Sin estos elementos, el decreto carece de eficacia legal y no produce efectos sobre los derechos, libertades o funcionamiento institucional del país.

En un contexto político complejo, estar informado es fundamental: solo conociendo las reglas puedes exigir que se respeten tus derechos y que el poder actúe dentro de la Constitución.

Donald Trump afirmó el viernes que ya tenía una idea más o menos clara de su plan para Venezuela, pero que no podía revelarlo. Con un grupo de ataque de portaaviones y unos 15.000 efectivos desplegados en la región, resulta difícil imaginar que la decisión del presidente sea retirarse y volver a casa.

Por: Bret Stephens – Infobae

He sido muy crítico al pedirle al gobierno que actúe contra la dictadura de Nicolás Maduro en Caracas; una columna que escribí en enero se publicó bajo el título “Depongan a Maduro ”. Con la guerra a la vuelta de la esquina, posiblemente en cuestión de días, vale la pena reiterar este argumento y analizar las posibles consecuencias negativas.

Analicémoslo punto por punto.

¿Hay algún interés vital estadounidense en juego? Sí, y no es solo aquel del que habla constantemente la administración: las drogas.No cabe duda de que el régimen está profundamente implicado en el narcotráfico, aunque existen dudas sobre si Maduro dirige un cártel propiamente dicho. El análisis más riguroso que conozco, un informe de 2022 del centro de estudios InSight Crime , señala que el papel principal del presidente y sus secuaces es garantizar que el sistema de narcotráfico funcione en beneficio del régimen, colocando a personal corrupto y leal en puestos políticos y militares estratégicos.

Pero el mayor desafío que plantea el régimen de Maduro es que es a la vez importador y exportador de inestabilidad. Importador, porque sus estrechos lazos económicos y estratégicos con China , Rusia e Irán otorgan a los enemigos de Estados Unidos una importante base de operaciones en el continente americano, que, según se informa, Teherán podría utilizar para la producción de drones kamikaze . Exportador, porque su catastrófica mala gestión ha generado un éxodo masivo de refugiados y migrantes —casi ocho millones hasta la fecha— con consecuencias devastadoras en todo el hemisferio. Ambas tendencias persistirán mientras el régimen se mantenga en el poder.

¿Existen alternativas viables al conflicto? Las sanciones económicas contra el régimen durante el primer mandato de Trump han tenido el efecto típico de este tipo de sanciones: empobrecer a la población y permitir que el régimen se afiance en el poder mediante el control de bienes cada vez más escasos. El gobierno de Biden buscó la distensión con el régimen aliviando algunas de esas sanciones , solo para reinstaurarlas tras concluir que Maduro había incumplido sus promesas de reformas democráticas . Las elecciones del año pasado, que la oposición ganó por aplastante margen, fueron robadas. La líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, vive en la clandestinidad.

Esto deja dos alternativas plausibles. La primera, sugerida por Maduro, es otorgar a Estados Unidos una participación en la vasta riqueza mineral de Venezuela, a cambio de permitirle mantenerse en el poder. Para mi sorpresa, Trump rechazó ese pacto casi colonialista. La segunda es usar una demostración de fuerza para persuadir a Maduro y a sus altos funcionarios de que huyan del país, tal como lo hicieron Bashar al-Asad y sus secuaces en Siria. Para mi sorpresa también, eso tampoco ha sucedido. Al menos no todavía. El domingo, Trump dijo que estaba considerando dialogar con Maduro, quizá para hacer más atractiva esta última opción.

¿Existe una justificación moral para un cambio de régimen? Fuera de Corea del Norte, pocos gobiernos han generado tanta miseria para su propio pueblo como el de Venezuela. Hambrunabrutalidad políticacorrupcióncolapso socialviolencia endémicacolapso del sistema de saludcatástrofes ambientales: lo único más impactante que la autodestrucción de este país, otrora rico, es la relativa indiferencia ante la catástrofe, al menos entre los supuestos benefactores que suelen lamentarse del sufrimiento ajeno. ¿Por qué Greta Thunberg no ha viajado a Caracas con envíos simbólicos de alimentos?

Cualquier persona con principios morales debería desear que esto termine. La pregunta clave es si la intervención estadounidense empeoraría aún más las cosas.

¿Podría esto convertirse en otro fiasco? La intervención significa guerra, y la guerra significa muerte: incluso el rápido y efectivo derrocamiento de Manuel Noriega en Panamá en 1989 provocó la muerte de 26 estadounidenses y varios cientos de panameños. Las fuerzas mejor armadas de Maduro podrían ofrecer una dura resistencia. O podrían replegarse al interior del país e iniciar una insurgencia, tal vez uniéndose a los narcotráfico-insurgentes al otro lado de la frontera, en Colombia.

La ley de las consecuencias no deseadas es irrevocable. Pero también existen diferencias importantes entre Venezuela e Irak o Libia. Entre ellas se encuentra un líder elegido democráticamente, Edmundo González, que podría gobernar con legitimidad inmediata y un amplio apoyo popular. Entre ellas se encuentra la clara reticencia de Trump a desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno durante un período prolongado. Y entre ellas se encuentra el hecho de que podemos aprender de nuestros errores del pasado, sobre todo prometiendo amnistía inmediata y empleos para los soldados, policías y funcionarios del régimen actual que no estén implicados en sus crímenes.

¿Cuál es el equilibrio de riesgos? Las consecuencias imprevistas deben sopesarse frente a los riesgos previsibles de la inacción. Si Trump se abstiene de actuar o realiza ataques limitados contra objetivos vinculados al narcotráfico, permitiendo que Maduro se mantenga en el poder, el dictador venezolano lo interpretará, con razón, como una rotunda victoria y reivindicación. Estados Unidos solo habrá logrado fortalecer su determinación de aferrarse al poder en lugar de cederlo. Y la vacilación de Trump se interpretará, especialmente en Moscú y Pekín, como una clara señal de debilidad que solo puede envalentonarlos, tal como sucedió con la retirada del presidente Biden de Afganistán.

¿Qué se debe hacer? A Maduro se le debería dar una última oportunidad para abordar un vuelo con quien y lo que pueda llevar consigo y marcharse ileso y sin ser perseguido, ya sea a La Habana, Moscú u otra capital amiga. De no ser así, merece el mismo trato que Noriega: ser capturado y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos, junto con la destrucción de las defensas aéreas y las capacidades de mando y control de Venezuela, la incautación de sus principales bases militares y órdenes de arresto contra todos los altos mandos, con promesas de clemencia para quienes se entreguen.

«Si empiezas a tomar Viena, toma Viena», se dice que Napoleón le dijo a uno de sus generales. Lo mismo para Caracas, señor presidente.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana afirmó que cualquier posible operación estadounidense en Venezuela «será una extracción y no una invasión», enmarcando lo que él cree que sería el enfoque probable de Washington para el cambio de régimen en el país sudamericano.

Por: Pedro Camacho – Latin Times

Pastrana hizo esta declaración en una entrevista con el medio local NTN24 mientras hablaba sobre una nueva declaración emitida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un grupo de 32 expresidentes.

Pastrana, miembro de IDEA, afirmó que el último comunicado de la coalición reconoce formalmente a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como presidente y vicepresidenta constitucionales de Venezuela. Según él, IDEA «nació para Venezuela» y existe para defender la legitimidad democrática.

Pastrana continuó argumentando que González ya no debería ser descrito como «presidente electo», afirmando que el líder de la oposición se convirtió en el presidente legítimo del país cuando se le impidió entrar a Venezuela para asumir el cargo.

«Cuando se le impidió al presidente electo entrar en Venezuela para asumir el cargo, se gestó el golpe de Estado», declaró Pastrana a NTN24 . «Desde ese momento, el presidente constitucional de Venezuela es Edmundo González y su vicepresidenta es María Corina Machado».

Pastrana afirmó que la declaración busca alentar a los gobiernos extranjeros a reconocer formalmente a ambos líderes. «Edmundo es presidente de hecho y de derecho», declaró, añadiendo que «nadie cuestiona la legitimidad de María Corina y Edmundo; lo que se cuestiona es la legitimidad de la narcodictadura en Venezuela».

La declaración de IDEA se hace eco de las conclusiones revisadas por el Centro Carter, que informó que González recibió el 67,1% de los votos válidos en las elecciones de julio de 2024. El gobierno de Maduro rechazó esos resultados, y los grupos de derechos humanos han documentado patrones de represión, detenciones arbitrarias y persecución política.

Desde entonces, Pastrana ha denunciado activamente los resultados. A principios de enero de 2025, anunció que nueve expresidentes planeaban acompañar a González de regreso a Caracas para su investidura. Este intento se vio frustrado cuando las autoridades venezolanas les negaron la entrada, los calificaron de «invasores» y amenazaron a González con el arresto inmediato por cargos que incluían traición y usurpación de funciones.

El gobierno de Maduro había acusado previamente a Pastrana y a otros exlíderes de participar en una «operación de intervención» para desestabilizar el país, acusaciones que los gobiernos regionales han rechazado.

La última declaración de IDEA insta a los gobiernos de todo el hemisferio y a los organismos multilaterales a reconocer a González y Machado y a apoyar una transición política. El grupo argumenta que la dirigencia opositora cuenta con legitimidad democrática y que el reconocimiento internacional es necesario para ayudar a resolver la prolongada crisis política de Venezuela.

Era oficial de la Guardia Nacional y jefe de inteligencia, el dueño del terror. Cursó estudios en la Escuela de las Américas, llegó a estar en la nómina de la CIA durante las negociaciones por el Canal. Tenía información sobre el gobierno cubano y, más tarde, sobre el gobierno sandinista, llevando apoyo logístico a los contras.

Por: Héctor Schamis – Semana

Pero también era doble agente; pasaba información a Cuba y armas al sandinismo y al FMLN salvadoreño. Lo hacía por su cuenta, según algunos, a espaldas del presidente Torrijos. La muerte de este último en 1981, en un sospechoso accidente de aviación, permitió a Manuel Noriega llegar a la cima. Ya entonces general —y dictador a partir de 1984, pero nunca presidente— concentró en sus manos el poder político, la represión y el dinero.

Aunque en realidad era triple agente: hombre del Cartel de Medellín y socio en sus negocios, narcotráfico y lavado. Por añadidura, ello incluía a las Farc. En eso fue pionero, precursor de un tipo de régimen que sería más conocido en este siglo: una dictadura, instrumento del crimen organizado. Un orden político sostenido y financiado por negocios ilícitos, a la postre un conglomerado criminal que controlaba el aparato del Estado. Hoy sería un “narcoestado”.

Ante ello, en noviembre de 1987, una resolución del Senado de Estados Unidos suspendió la ayuda económica y militar a Panamá, lo que precipitó el default de la deuda externa y generó una contracción del producto del 20 %. En febrero de 1988, el Departamento de Justicia lo imputó por doce cargos. “En lenguaje simple, Noriega utilizó su posición para vender Panamá a los narcotraficantes”, dijo entonces el fiscal —United States Attorney de Miami— que formuló la acusación.

En las elecciones de mayo de 1989 la oposición ganó por un margen de tres a uno. Ello quedó documentado por el conteo independiente de la alianza ADOC en los distritos, que se anticipó a un fraude por parte del gobierno. Para cuando el oficialismo llevó actas falsas a los centros de cómputos, la información brindada por la oposición ya estaba instalada en la sociedad. Observadores internacionales liderados por el Centro Carter, con el propio Jimmy Carter al frente de la misión, y un grupo de observadores designados por el presidente George H. W. Bush corroboraron dicho resultado. Noriega declaró la nulidad de las elecciones por “interferencia extranjera”, pero el presidente electo era Guillermo Endara.

El fraude —bajo la forma de nulidad— fue acompañado por una violenta represión, en general ejecutada por los “Batallones de la Dignidad”, cuerpo paramilitar creado por Noriega en abril de 1988. Las imágenes del presidente electo ensangrentado se propagaron por el mundo. Ello hizo que la crisis política interna pusiera a Noriega en aprietos frente a la comunidad internacional, lo que precipitó la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989. Noriega fue depuesto, capturado y trasladado a Miami para enfrentarse a un tribunal. Endara se juramentó el 20 de diciembre.

Haga el lector fast-forward hasta el 26 de marzo de 2020. Ese día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra altos funcionarios del chavismo y ofreció recompensas por información útil para su captura. Son 14 en total, con Nicolás Maduro a la cabeza. El expediente detalla la asociación de la dictadura venezolana con el Cartel de los Soles y las FARC disidentes. La imputación por “narcoterrorismo” se radicó en el mismo distrito judicial, en Miami. A su vez, en agosto de 2025, el Departamento de Estado aumentó la recompensa y el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como “organización terrorista global”.

Las dos historias no podrían ser más parecidas. Solo que la de Venezuela es más extendida en el tiempo, más criminal y con efectos pronunciados en toda la región. Se ha intentado todo; la protesta social fue respondida con represión; el voto, con fraude; el diálogo, con mala fe; la ayuda internacional, con corrupción. La crisis económica y humanitaria, cuyo origen es anterior a cualquier sanción económica, derivó en el éxodo de un cuarto de los venezolanos.

Esa es la organización terrorista que controla el Estado en Venezuela, que comete crímenes de lesa humanidad en el país y luego los exporta. Venezuela ya está invadida: por la inteligencia cubana, los consejeros militares rusos, los mercenarios de Wagner y los operadores de Hezbollah, además de varios carteles. En Venezuela ya hubo una negociación, fue el 28 de julio de 2024. Eso es una elección, una solución de compromiso y un pacto de gobernabilidad. En Venezuela ya hay un presidente electo legítimo: Edmundo González; Maduro usurpa el poder.

Para Maduro existe la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas de 2005, R2P. Esta postula que la soberanía conlleva la responsabilidad de los Estados de proteger a la población de crímenes atroces y violaciones graves de derechos humanos, y que, en caso de incumplimiento, dicha responsabilidad recae en la comunidad internacional. Así, contempla la posibilidad de usar la fuerza bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. Voto en favor de R2P.

Ya nadie recuerda que George H. W. Bush vulneró la soberanía de Panamá. Hoy Panamá es un Estado confiable, con una democracia robusta y una economía próspera. Pues ocurre que Maduro es Noriega, pero con esteroides. A esta altura, es improbable un repliegue militar de Estados Unidos. Todo escenario de una intervención militar está plagado de incertidumbres. Y solo tenemos una certeza: nada será peor para Venezuela y todo el hemisferio que Maduro y su organización criminal continúen en el poder.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que con la decisión del presidente Donald Trump de designar como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro, el Pentágono tiene ahora un abanico de «nuevas opciones».

NTN24

Y es que el secretario de Estado, Marco Rubio, cabe resaltar, dijo el domingo que Estados Unidos iba a designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en el país proporcione apoyo material al grupo.

Las declaraciones de Hegseth se dieron en una entrevista emitida el jueves por el medio estadounidense One America News y, en extractos publicados, fue citado diciendo que la designación «trae un montón de nuevas opciones para Estados Unidos».

Hegseth dijo que Maduro «no es un líder legítimamente elegido de Venezuela», lo que coincide con distintos señalamientos por diversos sectores internacionales, y repitió las acusaciones de que está involucrado en el tráfico de drogas.

Funcionarios estadounidenses han acusado al Cartel de los Soles de trabajar con la banda venezolana Tren de Aragua, que Washington designó anteriormente como una organización criminal transnacional, para enviar narcóticos ilegales a Estados Unidos.

La nueva designación entrará en vigor este lunes, de acuerdo con lo anunciado por Estados Unidos, mientras que el Gobierno de Trump continúa afirmando que Maduro dirige el Cartel de los Soles y tiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que contribuya en su captura.

Cuando se le preguntó si la designación significa que Estados Unidos podría atacar los activos de Maduro en Venezuela, Trump dijo en la Casa Blanca que si bien, les «permite hacerlo», no han dicho que vayan «a hacerlo».

Trump también ha aseverado en los últimos días que podría estar abierto a conversaciones con Maduro, luego de que se diera a conocer, semanas atrás, que se había cortado cualquier vínculo de comunicación entre Estados Unidos y el régimen.

La medida se conoce en medio de un enorme despliegue militar en la región, que incluye el mayor portaviones de la Armada estadounidense, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

Las fuerzas estadounidenses de la región, entretanto, han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos de la droga en el Caribe y el Pacífico, que han cobrado la vida de al menos a 83 personas, presuntamente narcotraficantes, según Washington.

Grupos de derechos humanos, mientras tanto, han condenado el accionar, calificándolo de ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.

Según un reporte de Bloomberg, la Casa Blanca actualmente no está negociando con el régimen de Maduro en Venezuela, a medida que se acerca la fecha límite para la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que abriría el camino a acciones militares contra sus presuntos miembros.

Latin Times

Citando a un funcionario de la Casa Blanca, el periodista Eric Martin confirmó que no hay negociaciones en curso, a pesar de que el presidente Donald Trump afirmó hace unos días que el presidente autoritario Nicolás Maduro desea dialogar y que tal escenario podría darse. El New York Times había informado que Trump, de hecho, había autorizado negociaciones extraoficiales con el régimen.

Sin embargo, un alto funcionario colombiano sí pareció buscar algún tipo de mediación entre los países, respaldando un plan que contemplaba que Maduro entregara el poder a un gobierno de transición que convocaría nuevas elecciones.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, declaró el miércoles a Bloomberg que «Maduro estaría dispuesto a aceptar» si se le dieran garantías de que estaría a salvo de persecución.

«Podría irse sin necesidad de acabar en prisión, otra persona podría asumir el liderazgo de esa transición y permitir elecciones legítimas», añadió Villavicencio.

Al mismo tiempo, Villavicencio advirtió sobre una intervención estadounidense en el país, dado que el gobierno de Trump continúa su despliegue militar frente a sus costas. «Podría desencadenar una crisis humanitaria muy difícil de manejar», añadió.

Esta afirmación surge después de que la administración Trump anunciara este fin de semana que había designado al Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que podría allanar el camino para ataques militares contra funcionarios del régimen acusados ​​de liderarlo.

El Departamento de Estado indicó en un comunicado que la designación entrará en vigor el 24 de noviembre, y agregó que la organización está «encabezada por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela».

«Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa», agrega el comunicado.

Según otro informe, Trump también ha aprobado los planes de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela , lo que podría allanar el camino para una acción militar más amplia dentro del país.

Un hombre de 85 años residente en Châtillon-sur-Thouet, una comuna del oeste de Francia, emprendió accidentalmente el viaje por carretera de su vida mientras intentaba llegar a la consulta de su médico en Airvault, una comuna vecina situada a unos 19 kilómetros de su casa.

Clarín

El anciano nunca llegó a su cita médica, pero solo cuando faltó a la reunión de una asociación a la que pertenecía, su familia empezó a preocuparse, informa Odditycentral.

Con el paso del tiempo incluso sus vecinos notaron su ausencia. Pronto, se contactó a la policía para informar de su desaparición, y esta, a su vez, solicitó la ayuda del ejército para geolocalizar su teléfono móvil.

La familia del octogenario temía que le hubiera ocurrido algo malo, pero jamás imaginaron la respuesta que recibieron de las autoridades, indica Odditycentral.

En un lugar insólito

El ejército localizó el teléfono del hombre desaparecido en un hotel de Croaciaa 1500 km de su casa. Al parecer, había conducido durante 20 horas, pasando por Italia para llegar a Croacia.

Cuando se le preguntó por qué había terminado allí, el hombre de 85 años dijo que «no entendía qué había pasado» y añadió que su viaje se había debido a un problema con el GPS, dice Odditycentral.

Según Ici Poitou, aunque claramente no estaba en la plenitud de su vida, no se sabía que el octogenario sufriera deterioro cognitivo ni problemas de desorientación.

Su familia ya ha viajado a Croacia para recogerlo, y probablemente tendrá una historia fascinante que contarles.

Un episodio tan insólito como inquietante ha sacudido Estados Unidos: un hombre llamado James Donald Vance Jr., de 67 años, ha sido condenado a dos años de prisión tras amenazar de muerte al propio vicepresidenteJD Vance, cuyo nombre completo coincide parcialmente con el suyo. El acusado aseguró públicamente que pondría al vicepresidente «en una bolsa para cadáveres» si volvía a pisar su ciudad en Michigan.

La Gaceta de la Iberosfera

Según los documentos federales, Vance Jr. no sólo amenazó al vicepresidente, sino también al presidente Donald Trump, a su hijo Donald Trump Jr. y al empresario Elon Musk, a quienes también prometió matar. En la red social Bluesky, escribió: «Si Trump, Vance o Musk vuelven a mi ciudad, saldrán en una bolsa para cadáveres». Añadió que esperaba ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto o pasar el resto de su vida en prisión, afirmando que le daba «igual».

La Fiscalía reveló además que Vance Jr. llegó a amenazar de muerte a Donald Trump Jr. después de que este insinuara públicamente la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028. En julio, el acusado se declaró culpable de amenazas contra el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, así como de transmitir comunicaciones interestatales con amenazas de muerte, delitos federales que pueden alcanzar penas de hasta cinco años por cada cargo.

El fiscal estadounidense Timothy VerHey subrayó que las amenazas cruzaron una línea intolerable y que, incluso en un contexto político polarizado, nadie puede ampararse en la libertad de expresión para incitar al asesinato del jefe de Estado o del vicepresidente.

La condena llega en un momento especialmente sensible para Estados Unidos, después de que el año pasado Trump sufriera dos intentos de asesinato, uno de ellos durante un mitin en Pensilvania donde llegó a ser alcanzado de forma leve por una bala. No es la primera vez que un residente de Michigan es detenido por amenazas contra Trump: en octubre, otro hombre fue condenado por anunciar que mataría al entonces candidato republicano.

El caso ha generado un eco mediático singular por la coincidencia de nombres entre el agresor y el vicepresidente. JD Vance, cuyo nombre legal pasó por varias modificaciones durante su infancia, adoptó el apellido de sus abuelos y ha explicado públicamente su complejo recorrido familiar. Pero esta coincidencia nominal no ha restado gravedad a lo que la justicia estadounidense considera un ataque directo a la estabilidad institucional del país.

Un grupo de investigadores españoles críticos con la narrativa oficial del calentamiento global mantuvo recientemente un encuentro en el que plantearon una pregunta que incomoda a gobiernos, instituciones y activistas: ¿realmente existe una crisis climática causada por el ser humano o se ha construido un relato exagerado a partir de datos incompletos? No rechazan que el clima cambie —remarcan que siempre lo ha hecho—, pero sí cuestionan la magnitud, la causa y, sobre todo, el alarmismo político que rodea al fenómeno.

La Gaceta de la Iberosfera

Estos expertos recuerdan como primer argumento que el clima terrestre jamás se ha mantenido estable, detalla El Debate. Los últimos 50 millones de años han mostrado una tendencia general al enfriamiento, y la humanidad vive actualmente en una de las etapas más frías de los últimos 500 millones de años, con enormes masas de hielo en los polos. Incluso en los últimos 6.000 años, durante la segunda mitad del Holoceno, el planeta siguió una trayectoria descendente que alimentó el avance de glaciares hasta la conocida Pequeña Edad de Hielo. Todo ello mientras el CO₂ crecía, un comportamiento que —destacan— los modelos climáticos no consiguen reproducir.

Reconocen que desde inicios del siglo XIX se detecta un calentamiento, aunque lo describen como irregular: décadas de ascenso alternaron con periodos de enfriamiento, como el que se dio entre 1940 y 1975. Un patrón que, en su opinión, no encaja con la idea de que las emisiones humanas sean el motor principal.

Los científicos consultados admiten que el incremento de CO₂ procede en gran medida de las actividades humanas y que los océanos actúan como sumidero, no como fuente. Sin embargo, subrayan que el sistema climático resulta demasiado complejo —»extremadamente complicado y mal comprendido»— como para atribuir sus cambios a un único factor.

Y es aquí donde señalan directamente a los modelos climáticos. Según indican, estos modelos proyectan un fuerte aumento de temperaturas si se duplica el CO₂, pero fallan de forma reiterada al reconstruir climas pasados y dependen de retroalimentaciones que no se han observado. Además, recuerdan que la evolución reciente no coincide con los escenarios más alarmistas: el nivel del mar sube al mismo ritmo que hace décadas, el hielo ártico mantiene 18 años de estabilidad y los fenómenos extremos no muestran señales robustas de incremento.

Para este grupo de científicos, el concepto de «crisis climática» no encaja con la evidencia. Varios de los indicadores citados habitualmente como prueba del colapso ambiental se mueven en sentido contrario al alarmismo. Por ejemplo, la energía ciclónica acumulada —indicador que mide la intensidad conjunta de huracanes y tormentas— registra una disminución constante desde los años noventa, tanto en el hemisferio norte como a nivel global.

Tampoco los incendios forestales confirman el discurso dominante. Las observaciones por satélite muestran que la superficie quemada a escala mundial se ha reducido de manera sostenida en el último cuarto de siglo, y estudios históricos sitúan este descenso en marcha desde hace más de un siglo.

En el caso del Mediterráneo español, los análisis disponibles descartan un aumento de riadas y apuntan a una reducción considerable desde la década de 1960. En cuanto a la precipitación en España, los registros revelan que la media por décadas ha aumentado en torno a un 8% desde los años ochenta.

Los propios documentos oficiales respaldan parte de este diagnóstico. En la tabla 12.12 del Sexto Informe del IPCC, el panel de la ONU admite que no existen pruebas suficientes para sostener un incremento significativo de fenómenos extremos relacionados con humedad, aridez o precipitaciones. Lo llamativo —subrayan estos expertos— es que esa prudencia desaparece de la comunicación pública, donde persiste el discurso de un deterioro imparable.

A ello añaden que algunas predicciones icónicas del alarmismo climático han fallado sin paliativos. Hace quince años se anunciaba la desaparición inminente del hielo ártico; sin embargo, la extensión mínima anual se mantiene estable desde hace casi dos décadas. Las islas coralinas del Pacífico, presentadas como víctimas inminentes del aumento del nivel del mar, demuestran un comportamiento opuesto: crecen gracias a la actividad de los corales.

Incluso cuestionan el célebre límite de 1,5 °C, convertido en tótem del colapso climático. Ese umbral se superó temporalmente en 2024 sin consecuencias destacables, lo que —afirman— confirma su carácter arbitrario.

Estas inconsistencias llevan a los científicos a una conclusión contundente: la supuesta catástrofe climática responde más a una narrativa amplificada que a una lectura fiel de los datos. «La crisis climática es imaginaria», afirman. Recuerdan, además, que Bill Gates se ha distanciado de las predicciones apocalípticas que él mismo respaldaba y ha reconocido que el clima, las enfermedades y la pobreza son problemas graves, pero que deben abordarse en proporción al sufrimiento real que generan.

Otro de los puntos más polémicos que exponen es el de los efectos positivos del CO₂. Las observaciones satelitales muestran una expansión notable de la vegetación global en las últimas décadas. Más CO₂ implica —según estos científicos— ecosistemas más productivos, más biomasa y más alimento disponible para la fauna.

Tras tres décadas de políticas climáticas y miles de millones invertidos en restricciones, las emisiones siguen en aumento. Reducirlas tendría un impacto incierto en el clima pero sí supondría un coste económico elevadísimo. Por eso defienden que la adaptación se presenta como una estrategia más sensata y eficaz.

«No hay pruebas claras de que el calentamiento actual sea negativo», concluyen. «Pero sí las hay de que el alarmismo climático provoca miedo, pobreza energética y decisiones políticas equivocadas«. Aclaran que su intención no es negar el cambio climático, sino desmontar una narrativa que se ha transformado en dogma y abrir un debate que consideran imprescindible: cómo gestionar un fenómeno complejo sin caer en la exageración ni en el miedo.

La Human Rights Foundation (HRF) ha enviado una carta a la periodista Christiane Amanpour, corresponsal internacional jefe de CNN, pidiendo explicaciones sobre la reciente aparición en su programa de Juan González, exasesor de la Casa Blanca para asuntos de Latinoamérica, alegando que este podría tener vínculos financieros con acreedores de la deuda soberana venezolana, los cuales buscan preservar el statu quo del régimen de Nicolás Maduro.

El Nacional

La carta, dirigida a Amanpour y con fecha 19 de noviembre de 2025, advierte sobre un «posible conflicto de intereses» que involucra a González, quien fue asesor del presidente Joe Biden. HRF manifestó su preocupación de que, durante la entrevista, se amplificaran opiniones de González que están alineadas con «intereses financieros directos» de actores que buscan «preservar el sistema autoritario de Venezuela».

Vínculos con Greylock Capital

La organización de derechos humanos señala directamente a la firma Greylock Capital Management.

«Específicamente, HRF tiene razones para creer que el Sr. González trabaja actualmente bajo las órdenes del Sr. Hans Humes, presidente y director Ejecutivo de Greylock Capital Management, o en estrecha coordinación con él», apunta la misiva.

Greylock Capital lidera un comité de acreedores clave en la reestructuración de aproximadamente 9.000 millones de dólares de deuda soberana venezolana. Según HRF, si el exasesor de Biden actúa como agente, consultor o representante de Humes o Greylock, sus comentarios públicos están «condicionados a incentivos financieros» vinculados al mantenimiento de elementos de la administración de Maduro.

El argumento de la deuda y la corrupción

HRF sostiene que la postura de González de desacreditar a la oposición y abogar por la negociación con el propio régimen de Maduro sirve a los intereses de los tenedores de bonos.

«Esta estructura de incentivos ayuda a explicar por qué el Sr. González trabaja constantemente para desacreditar a la oposición democrática de Venezuela, retratar cualquier transición que se aleje de Maduro como un escenario de caos ingobernable y argumentar que el único camino viable a seguir es negociar con el propio régimen», afirma la carta.

La organización insiste en que la deuda soberana venezolana está profundamente entrelazada con la corrupción y la gobernanza criminal. HRF asegura que grandes porciones de esta deuda se emitieron a través de procesos «plagados de ilegalidad, saqueo y robo de bienes públicos», y que buena parte de los bonos está en manos de «personas con información privilegiada» que los compraron a grandes descuentos a través de conexiones con funcionarios del régimen.

Peticiones de transparencia a CNN

La Human Rights Foundation considera que este presunto conflicto de intereses constituye una falta grave a la práctica periodística responsable que debió haberse revelado a los espectadores y productores.

En este sentido, la organización exige a CNN y a Amanpour una «total transparencia» y una respuesta a cuatro puntos clave:

  1. Clarificación sobre si González reveló alguna relación financiera, laboral, de consultoría o fiduciaria con Humes, Greylock Capital o cualquier entidad que represente a los acreedores de la deuda venezolana.
  2. Confirmación de si esta relación fue considerada durante el proceso editorial para su participación.
  3. Información sobre cualquier medida correctiva que consideren apropiada, como una divulgación al aire o una nota editorial.
  4. Aseguramiento de que se aplicará total transparencia en adelante con respecto a las afiliaciones de los invitados que participen en segmentos sobre la crisis venezolana.

Las posturas de González

Recientemente, incluyendo su participación en CNN el 18 de noviembre, Juan González ha insistido en la necesidad de una negociación directa entre Estados Unidos y la administración de Maduro.

Asimismo, ha señalado las limitaciones de la oposición para gobernar, manifestando la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos debata abiertamente el uso de la fuerza en Venezuela. En su cuenta de X, González escribió el 15 de noviembre: «La idea de que un miembro de la oposición pueda gobernar casi de inmediato es imposible. No hay manera de garantizar su seguridad ni su capacidad para gobernar sin la protección de Estados Unidos». HRF interpreta este discurso como alineado con los intereses de los acreedores que buscan estabilidad para sus inversiones, a pesar de que esta estabilidad beneficie al régimen autoritario.

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