En las democracias contemporáneas, la amnistía suele concebirse como un instrumento excepcional de reconciliación nacional, asociado a procesos de transición política, pacificación y reconstrucción institucional. Su legitimidad descansa sobre principios esenciales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Venezuela, sin embargo, ofrece uno de los ejemplos más perversos de deformación de este concepto.
Durante más de tres décadas, la amnistía ha sido utilizada no como herramienta de justicia transicional, sino como instrumento de poder. Distintos actores la han empleado con finalidades diversas, aunque con un elemento común: nunca estuvo orientada a restaurar el Estado de derecho, sino a consolidar relaciones de dominación política.
La amnistía de los vencedores
El primer episodio resulta particularmente revelador. En el año 2000, poco después de la entrada en vigor de la Constitución de 1999, el gobierno de Hugo Chávez promulgó una Ley de Amnistía Política General que benefició a militares y civiles involucrados en las intentonas golpistas de 1992, incluyendo los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez.
La singularidad jurídica del caso es evidente: uno de los principales responsables de aquellos golpes era el propio Chávez, quien, una vez alcanzado el poder por la vía electoral, utilizó el aparato del Estado para exonerar a sus compañeros de armas y a quienes participaron en la conspiración.
No se trataba de una transición democrática destinada a cerrar heridas nacionales, sino del vencedor político absolviendo a sus propios aliados.
La amnistía bloqueada
Quince años después ocurrió el fenómeno inverso. En 2016, la Asamblea Nacional elegida con mayoría opositora aprobó una Ley de Amnistía destinada a liberar presos políticos y de conciencia encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro.
A diferencia del episodio anterior, esta iniciativa sí respondía a una lógica de reparación frente a detenciones arbitrarias y persecución política. Sin embargo, la ley fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo, demostrando hasta qué punto el sistema judicial había dejado de funcionar como poder independiente para convertirse en instrumento de preservación autoritaria.
La decisión dejó al descubierto una realidad más profunda: en ausencia de independencia judicial, incluso los mecanismos concebidos para proteger derechos fundamentales terminan convertidos en letra muerta.
La administración política de la represión
Posteriormente, el propio régimen comenzó a dictar sus propias “amnistías”, liberando selectivamente a determinados detenidos políticos bajo presión internacional.
La anomalía ética y jurídica de estas medidas resulta difícil de exagerar: el mismo poder señalado por organismos internacionales —incluyendo la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU— por la comisión de crímenes de lesa humanidad aparecía ahora presentándose como actor magnánimo frente a víctimas que jamás debieron haber sido encarceladas.
No era justicia. Era administración política de la represión.
El régimen no estaba perdonando delitos reales, sino corrigiendo parcialmente abusos producidos por el propio aparato estatal que controlaba.
La amnistía convertida en mercado
El episodio más reciente termina de revelar la verdadera naturaleza del sistema.
La denominada “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática” de 2026, decretada tras la captura de Nicolás Maduro y bajo la conducción provisional de Delcy Rodríguez, estuvo acompañada por una admisión pública extraordinariamente grave: la propia Rodríguez reconoció la existencia de jueces y fiscales que cobraban dinero a familiares de detenidos para incluirlos dentro de los beneficios de la amnistía.
La confesión posee enorme relevancia histórica y jurídica. Implica reconocer que la libertad de presos políticos operaba, en la práctica, como un mercado de impunidad administrado desde el propio aparato estatal.
Esta circunstancia se agrava aún más con la negativa de aplicar la amnistía a personas que la solicitan formalmente, sin que existan explicaciones jurídicas válidas ni criterios transparentes que justifiquen tal exclusión. Ello confirma la perversión de la figura de la amnistía, convertida en un mecanismo discrecional donde los beneficios son otorgados conforme a acuerdos, conveniencias e intereses políticos vinculados al chavismo.
De este modo, la liberación dejaba de ser un acto de justicia para convertirse en una mercancía negociada por funcionarios del sistema represivo.
El vaciamiento de la justicia transicional
Vista en perspectiva, la experiencia venezolana revela un patrón coherente: la amnistía ha sido utilizada para consolidar poder, proteger aliados, neutralizar adversarios, reducir presión internacional y, finalmente, extraer recursos económicos de las propias víctimas mediante mecanismos de corrupción institucionalizada.
En ninguno de estos episodios aparecen los elementos esenciales de una verdadera justicia transicional. No hay verdad. No hay reconocimiento de responsabilidad. No hay reparación. No existen garantías de no repetición.
Lo que existe es la utilización del lenguaje de la clemencia para administrar la arbitrariedad.
El caso venezolano plantea así una pregunta que la teoría clásica de la justicia transicional rara vez había debido enfrentar: ¿qué ocurre cuando quien decreta la amnistía no es un sucesor democrático, sino el propio aparato responsable de la represión?
La respuesta parece evidente: sin Estado de derecho, las amnistías dejan de ser instrumentos de reconciliación para convertirse en herramientas de dominación política.
Y cuando la clemencia depende del mismo poder que produjo la persecución, la amnistía deja de ser justicia para transformarse en otra forma de control.
Por ello, únicamente una verdadera transición democrática —basada en la salida efectiva del régimen del control del poder y en la reconstrucción institucional del Estado— puede abrir un camino real hacia la justicia, la reconciliación nacional y la recuperación de Venezuela.
Miguel Ángel Martin
