El general Michell Leonardo Valladares Molina, jefe de la ZODI Táchira, ha anunciado la distribución de armamento para la defensa territorial, dirigida tanto a militares como a integrantes civiles que conforman la Milicia y el “poder popular”. Esta decisión adquiere especial relevancia en una zona fronteriza donde el tráfico de armas representa una actividad significativa, agravada por la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares.
Por: Sebastiana Barráez – Infobae
Las declaraciones del general Valladares Molina, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira, se dieron en el marco de la activación del “Plan Independencia 200” en el fronterizo estado, donde resaltó el despliegue cívico-militar, que se llevó a cabo durante dos días.
Explicó que en el Táchira “contamos con 13 mil combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Bolivariana y del poder popular, así como los órganos de seguridad ciudadana”.
Para Valladares, la Milicia, que son civiles a quienes el régimen de Nicolás Maduro incluye ilegalmente como componente militar, “tiene una connotación especial por la desconcentración de las armas” y por esa razón llevaron las armas a todos los 29 municipios del Táchira.
El jefe de la ZODI Táchira destacó que el despliegue de fuerzas en la zona fronteriza es considerable. Señaló que todos los municipios del estado Táchira disponen de los recursos necesarios para la defensa territorial, lo que permite consolidar una estrategia de defensa profunda y escalonada, conforme a la doctrina institucional. “Todos los municipios del estado Táchira cuentan con sus armas para la defensa del territorio”.
Aseveró el alto oficial que cuentan con 18 objetivos “de carácter estratégico para la vitalidad del estado Táchira y de Venezuela”, así como el “aseguramiento de todo lo que conlleva las vías de aproximación y los corredores aéreos”.
Armas en la frontera
El flujo ilegal de armas, muchas veces provenientes de arsenales militares en desuso, pero también otras han sido robadas de los parques de armas de los cuarteles venezolanos, han facilitado el fortalecimiento de grupos armados irregulares y organizaciones criminales, incrementando la violencia, los homicidios y la inseguridad en la región fronteriza.
El Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que tiene el monopolio de las armas de la República, según la Constitución, ha ordenado la entrega de armas a civiles, destinándolas a militantes del Partido Socialista o grupos violentos, con el argumento de la defensa del país ante las operaciones que Estados Unidos despliega en el Caribe contra los carteles del narcotráfico.
Valladares, como otros jefes militares, reparten armas pretendiendo desconocer que durante décadas la zona fronteriza ha sido escenario de enfrentamientos con grupos armados regulares e irregulares, donde el tráfico de armas alimenta actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de jóvenes y adolescentes, y contribuye a la desestabilización social y al desplazamiento forzado de la población civil.
Valladares Molina ascendió a general de División de número 9, y egresó de Nro 50 en orden de mérito de la promoción 1996 “GB José Florencio Jiménez”; antes de Táchira estuvo cumpliendo funciones en Barquisimeto, estado Lara, como jefe de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada “General de División Domingo Faneite Medina”.
En cuanto a la situación en la frontera, Valladares considera que se aclararon las condiciones de operatividad durante las maniobras militares, por lo que no hay cambios significativos en la zona fronteriza con Colombia.
Los combatientes
Según la explicación de las autoridades, se ha implementado un despliegue estratégico en forma de herradura en el sector fronterizo con Colombia, cubriendo las localidades de San Antonio, Ureña, La Fría, Colón, Delicias y Rafael Urdaneta, las más próximas a la línea limítrofe con el país vecino. En estos puntos, las fuerzas armadas dicen que mantienen operaciones de patrullaje y supervisión, con el objetivo de resguardar la soberanía nacional, especialmente en los aeropuertos.
El General de División Valladares Molina destacó que no se ha producido ningún cierre fronterizo ni se han generado inconvenientes para la ciudadanía, que puede continuar con sus actividades cotidianas con total normalidad.
Asimismo, el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral informó sobre la coordinación con el gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, lo que permitió la activación de todos los organismos de seguridad ciudadana desde la madrugada del martes 11 de noviembre. El propósito de estas acciones es preservar el orden interno en el estado y supervisar a los cuerpos de combatientes, entre quienes está el personal de empresas de servicios públicos como gas, agua y electricidad.
En el marco del “Plan Independencia 200″, el ejercicio militar busca evaluar y ajustar la capacidad operativa, optimizando los tiempos de respuesta para la toma de objetivos estratégicos y la disposición de armamento de artillería y defensa aérea.
