El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) inspeccionan hoteles del Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira con la lupa puesta sobre los ciudadanos extranjeros y posibles «factores de riesgo para la seguridad ciudadana».

La Patilla

«Con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente, funcionarios de la Policía de Migración, en un trabajo en conjunto con agentes migratorios de Saime, llevan a cabo un dispositivo de inspecciones en los establecimientos de hospedaje», informó la PNB en redes sociales.

«Este operativo inició en Caracas y se extiende a los Altos Mirandinos y posteriormente La Guaira. Se realiza con el objetivo de inspeccionar los libros oficiales de registro de entrada y salida de los huéspedes, la verificación de los datos de los empleados a través del sistema integrado de información policial (SIIPOL), al igual que el estatus migratorio en caso de ser extranjeros», apuntó la nota.

La PNB y el Saime prometieron continuar «trabajando para detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana».

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció 10 compromisos centrales como eje de su Gobierno para los próximos cinco años, luego de recibir la banda presidencial este sábado en La Paz.

EFE

Su primera intervención como presidente se realizó tras el acto oficial de investidura, con la presencia de líderes internacionales y delegaciones extranjeras, señalando el inicio de una nueva etapa política en Bolivia luego de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

Tras imponerse en el balotaje del 19 de octubre, asumió la presidencia en un contexto de severa crisis económica, caracterizado por déficits acumulados, reservas internacionales en niveles históricamente bajos y una economía afectada por la inflación y la escasez.

Durante su discurso, planteó como primer compromiso la defensa del voto y la voluntad popular como fundamento de la legitimidad de su gestión. Reivindicó la vía democrática y aseguró que ni él ni el vicepresidente Edmand Lara cederán ante presiones externas o internas. “La verdad no se puede rendir, tenemos que transformar la patria y ustedes representan las grandes mayorías, vamos a defender esa verdad”, afirmó el mandatario.

El segundo compromiso se centra en establecer responsabilidades por la gestión anterior. El mandatario señaló que sus predecesores del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y Luis Arce, deberán rendir cuentas ante la patria por la situación actual del país. Precisó que recibió una administración endeudada, con un malgasto de USD 60.000 millones en el sector de hidrocarburos y deudas internas y externas superiores a USD 40.000 millones.

Como tercer pilar, el presidente boliviano remarcó su propuesta de “capitalismo para todos”, orientada a dinamizar la economía mediante crédito accesible, reducción de impuestos y la eliminación de obstáculos para los emprendimientos.

En su intervención, Paz Pereira afirmó: “Que ser formal en Bolivia sea barato. Actualmente, solo el 8,5% de la economía nacional es formal, mientras que el 15% es formal. Hagamos de Bolivia una economía accesible, generemos negocios, produzcamos, impulsemos el comercio y ofrezcamos oportunidades al país”.

Simultáneamente, reivindicó el federalismo al presentar como cuarto compromiso que el modelo económico se construirá desde las regiones, abriendo la posibilidad de una transformación federal en el futuro.

El combate a la corrupción y la burocracia constituye el quinto compromiso del gobierno. La propuesta busca eliminar el denominado “Estado tranca”, caracterizado por obstáculos administrativos y prácticas corruptas.

Paz subrayó que la transformación del país exige una profunda reforma del aparato estatal y se comprometió a dejar atrás los discursos ideológicos que, bajo la premisa de soberanía, perpetuaron estructuras ineficientes en la gestión pública.

El respeto y la unidad alrededor de los símbolos nacionales conforman el sexto pilar de la nueva gestión. Sostuvo que es tiempo de democracia, respeto y unidad, subrayando que si bien todos los símbolos del país serán respetados, la unificación nacional debe concretarse en torno a la bandera tricolor y el escudo nacional.

En línea con este enfoque, el Gobierno boliviano reemplazó la cruz chacana por el escudo republicano en la imagen oficial de sus redes sociales.

La crisis en el suministro energético fue otro de los ejes aludidos por el presidente. Como séptimo compromiso, abordó la escasez de diésel y gasolina y aseguró que su administración empezó a tomar medidas para enfrentar el problema antes incluso de la asunción.

“Mientras estamos aquí, me comprometí con Edmand Lara a que llegarían las cisternas de diésel y gasolina. Desde anoche están ingresando a nuestras fronteras para poner fin a esas largas filas”, afirmó Paz Pereira durante su discurso.

El octavo compromiso se orienta a la reforma del Estado, que contempla la reducción de ministerios y cargos considerados innecesarios o asignados únicamente con fines partidarios.

En el ámbito económico, Paz Pereira incluyó entre sus compromisos la estabilización de la economía y el restablecimiento de la confianza ciudadana. Como noveno punto, señaló que el plan gubernamental contempla la atracción de inversiones, reducción de aranceles y la modernización del sistema energético y digital.

El décimo compromiso se orienta a un gobierno verde, centrado en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad ambiental. “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente”, manifestó Paz Pereira en su mensaje inaugural.

El inicio de la nueva administración contó con una amplia representación internacional. Asistieron los presidentes de Argentina (Javier Milei), Chile (Gabriel Boric), Paraguay (Santiago Peña), Uruguay (Yamandú Orsi), Ecuador (Daniel Noboa) y delegaciones de Estados Unidos, encabezadas por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, en una ceremonia celebrada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Con el resto de menos de un año por delante como presidente de Colombia, Gustavo Petro pretende ejecutar una de las mayores hipotecas que podría sufrir el país en los años -¿décadas?- por venir. Embriagado en ideología, el jefe de Estado busca llevar al límite su vínculo histórico con Estados Unidos. Para ello cierra acuerdos y defiende su lazo carnal con el régimen de Xi Jinping.

Por: Laureano Pérez Izquierdo – Infobae

Es -además de una torpeza de dimensiones amazónicas- una lastimadura que tardará mucho tiempo en sanar, ya cuando Petro y su “legado” hayan desaparecido por completo. China, que pretende pisar cada vez más fuerte en América Latina con promesas de obras e inversiones faraónicas, siquiera representa para Colombia un socio natural y la estrechez del vínculo podría definir no sólo la relación con Washington, sino también con otros países que ven diariamente cómo Beijing pretende socavarlos: Japón, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Filipinas.

Al haber firmado alegremente su adhesión a la Nueva Ruta de la Seda Petro también podría poner en riesgo el comercio con esos países y con las naciones que se sienten amenazadas por el régimen comunista. Entre otras obras monumentales, el presidente colombiano le ofreció al autócrata Xi Jinping crear una red ferroviaria bioceánica para competir con el Canal de Panamá, creyéndolo una afrenta directa hacia los Estados Unidos.

Esta “visión” geopolítica de Petro -defensor o negacionista del Cartel de los Soles y sancionado por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico- carece de simpatía entre los colombianos, pero sobre todo entre altos funcionarios que, en diálogo discreto con Infobae, cuentan sus dolores de cabeza por estos caprichos globales de su jefe. “Preferimos una relación balanceada con Estados Unidos y con China, con ambos. No es: uno u otro”, dicen dos jerarcas tanto de la cancillería como de su círculo cercano. “Esto nos sale muy caro, muy caro”, se quejan.

Al formalizar acuerdos que vinculan de forma tan directa su futuro financiero con el régimen, los colombianos podrían perder el respaldo de otras fuentes financieras y ver bloqueado el acceso a nuevas oportunidades económicas. China no representa ni política ni económicamente el socio preferido en la región, lo que refuerza la necesidad de cautela en la toma de decisiones estratégicas. ¿Podría alguien decir que Petro es una persona cautelosa?

Por ejemplo, la posibilidad de ampliar sus socios comerciales hacia Europa le brinda a Colombia una vía para diversificar su economía, un factor especialmente relevante dado el contexto actual en el que conviene reforzar sus alianzas en lugar de restringirlas. De nuevo, ¿es Petro cauteloso?

Pero hay más: Europa no solo mantiene afinidad con Colombia en materia de derechos humanos, sino que además demuestra un compromiso altísimo con la protección y la regulación ambiental, un tema muy sensible a las autoridades europeas en su conjunto, salvo contadas excepciones. A diferencia de esto, China figura entre los mayores contaminadores del planeta y ha infringido regulaciones medioambientales tanto en América Latina como a escala global, evidenciando una actitud distante frente a estas preocupaciones. ¿Cómo tomaría la Unión Europea un entorno donde permiten que empresas paraestatales chinas infrinjan normas claras sobre medio ambiente? ¡Petro, el cauteloso!

Las prácticas empresariales del régimen conducido por Xi Jinpinig fuera de sus fronteras están marcadas por la reincidencia en el incumplimiento de normativas financieras y ambientales de los países anfitriones. En proyectos gestionados por compañías chinas en el exterior, la corrupción y el soborno resultan frecuentes, ya que la prioridad suele ser la obtención del mayor beneficio posible, incluso a costa de vulnerar las leyes locales. Ejemplo de ello son los repetidos episodios de minería perjudicial liderados por empresas chinas, tanto en Colombia como en el resto de América Latina. El surgimiento de este tipo de actividades ilícitas por parte de actores chinos evoca en los colombianos el recuerdo del pasado dominado por los carteles. Petro podría consagrarse así como el primer presidente que permitió la irrupción de carteles chinos dedicados a socavar el suelo colombiano.

Es encomiable cómo el presidente colombiano persigue desesperadamente tener también, como Nicolás Maduro, su cartel de “WANTED” con una cifra millonaria en dólares sobre su foto como recompensa.

La creciente impopularidad de Petro lo conduce a sobreactuar su presunta dimensión ideológica. Esa ideología de extrema izquierda que alguna vez lo llevó a portar armas, después arrepentirse, luego a justificar que otros lo hicieran, sin arrepentirse, a chocar con “el imperio”, para someterse a otro imperio. A las contradicciones de Petro le quedan un año. Muchísimo tiempo en el que los colombianos deberán dejar en claro que no quieren sometimientos externos de ningún tipo, pero sobre todo ninguno que venga por impericia manifiesta del jefe de Estado. Por más que ese hombre quiera colgarse sobre el cuello un cartel que diga “Buscado”.

X: @TotiPI

Correo: laureano@infobae.com

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, llegó el jueves a Guyana para “promover la seguridad y la estabilidad regional” en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe ante la tensión con Venezuela.

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Según un comunicado de la Embajada de EE.UU. en Georgetown, Holsey se reunió con altos mandos militares guyaneses para dialogar sobre la “larga alianza de defensa” entre ambos países y reafirmó “el apoyo estadounidense a la integridad territorial de Guyana”. A su vez, resaltó la colaboración entre los países para promover la seguridad y la estabilidad regional.

El almirante, responsable de las operaciones militares norteamericanas en el Caribe, se encontró con el primer ministro Mark Phillips, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Omar Khan, y directivos de la Fuerza de Defensa y la Guardia Costera de Guyana.

“Estados Unidos sigue siendo un socio firme en la promoción de una Guyana segura, próspera y soberana, y en el avance de los objetivos comunes de paz y estabilidad en todo el Caribe y Sudamérica”, señaló la legación diplomática.

El viaje de Holsey coincide con la larga disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, una región rica en petróleo administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Por otra parte, Holsey visitó este viernes Surinam para reunirse con altos funcionarios del territorio cercano a Venezuela. Desde allí, estrechó los lazos bilaterales y resaltó los esfuerzos para contrarrestar los desafíos en seguridad en el Caribe.

“Estados Unidos y Surinam comparten una larga alianza y un firme compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regionales”, escribió la cuenta del Comando Sur en la red social X.

Luego, la estructura militar citó los detalles de la junta: “En Surinam, el Almirante Alvin Holsey, tuvo el honor de reunirse con el Vicepresidente Gregory Rusland, en su calidad de Presidente Interino, y con la Ministra de Finanzas Adelien Wijnerman, en su calidad de Ministra Interina de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación, para dialogar sobre la cooperación continua y los esfuerzos para abordar los desafíos de seguridad comunes en el Caribe”.

La visita se produce también tras el anuncio de la jubilación del almirante, prevista para finales de 2025 tras 37 años de servicio, según informó el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth.

Holsey anunció su retiro pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara el quinto ataque letal contra una lancha utilizada por el narcotráfico frente a la costa de Venezuela y aprobara operativos de la CIA en territorio del régimen chavista.

En octubre, Holsey visitó además Granada, donde EEUU busca instalar un radar militar, y Antigua y Barbuda. Mientras Granada evalúa la propuesta, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, dejó claro que su país “no tiene ningún interés en albergar activos militares de ningún país”.

Desde el Comando Sur anunciaron también este viernes que dos bombarderos B-52H de la Fuerza Aérea volaron el jueves en paralelo a la costa venezolana antes de virar hacia el norte sobre el Mar Caribe. Esta maniobra —registrada por plataformas de seguimiento y confirmado por medios especializados— marca la cuarta demostración aérea cerca de Venezuela desde mediados de octubre.

Estados Unidos difundió imágenes de la misión tras su finalización. En una de ellas, un B-52H Stratofortress aparece frente a la costa del territorio con la península de Paraguaná visible al fondo. Otras fotografías muestran el reabastecimiento aéreo con un KC-135 Stratotanker y la escolta de cazas F-35, ambos basados en MacDill, Florida. Los bombarderos operan desde la base de Minot en Dakota del Norte.

Tras salir de la cárcel de Miraflores, la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez (2019-2020) anunció que iniciará procesos judiciales contra quienes promovieron las causas que la llevaron a estar detenida en prisión por casi cinco años.

Infobae

“Tienen que ser enjuiciados, tienen que pagar por todo lo que han hecho y ojalá eso suceda porque lo que viví fue una experiencia tan dolorosa y no quisiera que lo viva ninguna otra persona”, manifestó Añez en referencia al presidente Luis Arce, Evo Morales y otras ex autoridades e instancias estatales.

“Fueron instituciones como la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, con sus abogados, su gente y políticos como Evo Morales, quienes violaron mis derechos”, manifestó en un contacto con los medios locales al llegar a su vivienda en La Paz.

Luego de dejar el Gobierno, la ex mandataria enfrentó una serie de juicios y una sentencia de diez años por la forma en la que asumió el Gobierno en 2019 tras la renuncia de Moralesen medio de acusaciones de fraude electoral.

Ese fallo fue anulado el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia y los otros cargos por los que cumplía detención preventiva fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sean tratados mediante juicio de responsabilidades, un mecanismo exclusivo para mandatarios y altas autoridades.

Uno de los ejes de discusión en todo este tiempo fue la forma en la que Añez fue enjuiciada. El ex ministro de Justicia, Iván Lima, reveló en una entrevista que la decisión de procesarla por la vía ordinaria respondió a un “capricho de Evo Morales”.

En sus primeras palabras tras recuperar la libertad, Añez denunció haber sido tratada “como la peor delincuente” y se declaró víctima de “una competencia de acusaciones”. Defendió su inocencia y dijo que siempre actuó de buena de fe.

“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria, cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer, yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, manifestó al dejar el penal de Miraflores.

Áñez fue sentenciada en junio de 2022 acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumir la Presidencia del Estado tras la renuncia de Morales. La crisis política fue interpretada por los leales al Gobierno como un “golpe de Estado” mientras que la oposición consideraba que fue consecuencia de un fraude electoral en los comicios fallidos de 2019.

Desde su detención, diversos organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por el proceso judicial y por las condiciones en las que permanecía privada de libertad.

En Bolivia, el caso desató intensas discusiones sobre la judicialización del conflicto político, la forma en que asumió el poder y las represiones militares durante las primeras semanas de su gobierno en las que murieron más de 30 civiles y que fueron calificadas como “masacres” en un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Su excarcelación también generó controversia. Mientras activistas anunciaron acciones ante organismos internacionales para exigir justicia por las víctimas de su Gobierno, otros actores políticos, dentro y fuera de Bolivia, celebraron lo que consideran que constituye un acto de reparación judicial.

La salida de Añez de prisión, y las liberaciones previas de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari que enfrentaban cargos vinculados a las protestas sociales previas a la renuncia de Morales, vuelven a poner sobre la mesa de debate la independencia judicial en Bolivia.

Para el analista y consultor en comunicación política Carlos Saavedra, el giro en las decisiones judiciales responde a la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia.

“Lo que ha hecho la Justicia es darle la espalda al MAS y liberar a tres iconos de la oposición”, explicó en un diálogo anterior con Infobae y subrayó que el Poder Judicial ha estado siempre subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo. “La reflexión es que urge una reforma de la Justicia para que deje de ser el látigo con el que se castiga al opositor”, apuntó.

La estabilidad aparente del régimen cubano contrasta con un proceso de transformación social latente que desafía el relato oficial, según reveló un estudio de CubaData y la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

Por: Gastón Calvo – Infobae

Durante cinco meses, 1.685 cubanos fueron seguidos para analizar la evolución de sus emociones, expectativas y formas de disidencia cotidiana en medio de la crisis. El trabajo de investigación, que forma parte del Panel Experimental 2024–2025, pone en el centro el incremento de lo que los autores denominan “disidencia latente”. Se trata de una resistencia que avanza en espacios invisibles y de manera silenciosa, desmarcándose de la narrativa estatal que identifica la ausencia de protesta con obediencia.

“El miedo ya no explica el silencio cubano. El miedo sigue, pero convive con la desobediencia interior”, afirmó Arístides Vara Horna, director del Instituto de Investigación de la USMP e investigador principal de CubaData, en diálogo con Infobae.

De acuerdo con el estudio, el 91% de los ciudadanos está insatisfecho con la respuesta del régimen ante la crisis, el 90% siente que no se respetan los derechos humanos y solo el 4,7% aprueba la gestión oficial.

El fenómeno de la disidencia privada en Cuba se expresa, según recoge el informe, en la decisión de cada vez más ciudadanos de expresar desacuerdo con el sistema solo en ambientes íntimos, lejos de la confrontación directa.

El estudio subrayó que la mayoría de los participantes desconfía de los canales oficiales y recurre a fuentes alternativas de información. “La gente empieza a informarse por su cuenta, se desconecta emocionalmente del relato oficial, construye autonomía en pequeños gestos cotidianos”, destacó Vara Horna a este medio.

El estudio, elaborado por un equipo internacional de investigadores repartidos entre Lima, Madrid, Miami y diversas provincias cubanas, enfrentó importantes desafíos para garantizar la protección de los participantes en un entorno donde la censura digital, los apagones y la vigilancia estatal persisten. “No fue un trabajo sencillo. Levantar datos independientes en Cuba implica riesgo, paciencia y un profundo respeto por quienes colaboran. Pero el resultado demuestra que el cambio no es una foto, es una película”, destacó Vara Horna.

Uno de los principales hallazgos de la investigación indica que la transformación social se manifiesta desde tres vías de disidencia cotidiana. Un 85% de los encuestados busca activamente información fuera de los medios estatales, un 53% tiene algún tipo de emprendimiento o empleo independiente, y un 65% expresa empatía con los presos políticos. “El cambio ya no se mide por las marchas, sino por cómo cada persona decide pensar por sí misma”, sostuvo.

A pesar del impacto del aparato represivo, la encuesta refleja que los mecanismos de control pierden eficacia emocional. “El miedo se transformó: ya no paraliza, solo regula la forma de expresarse. Hoy, el 58% dice que perdió el miedo a hablar en privado de política, y el 59% confía en su círculo cercano para tratar estos temas”, indicó Vara Horna. Esta disposición a conversar aparece ligada a mayores niveles de empatía y mayor desapego respecto al régimen.

La investigación subrayó el uso de la tecnología y las redes sociales como nuevos espacios donde se produce la protesta y la conexión entre ciudadanos críticos al sistema. El 53% afirma que protestó al menos una vez usando plataformas digitales en los últimos 12 meses, mientras que solo un 35% lo hizo en marchas o manifestaciones públicas.

“En Cuba, la principal herramienta de control ya no es solo la represión directa, sino la dependencia económica del Estado. A mayor dependencia estatal, menor empatía hacia los presos políticos y menor intención de protesta. El emprendedor es el nuevo disidente, no por ideología, sino por supervivencia”, analizó el autor.

El informe añadió que la fragmentación social y la falta de liderazgos visibles continúan frenando la organización de movimientos colectivos abiertos. CubaData identificó “cinco Cubas” ideológicas donde la mayor parte de la población pertenece al grupo de no alineados, ciudadanos críticos pero inmovilizados por el miedo.

Respecto al futuro político, la mayoría de los entrevistados manifestó escepticismo ante la posibilidad de reformas gubernamentales, aunque existe un extendido deseo de mayor libertad y apertura. El 78% de los encuestados prefiere la democracia como sistema, aunque un 49% acepta la idea de “un líder fuerte a cambio de orden” en un contexto marcado por la memoria traumática del llamado Período Especial.

“Cuando el 65% siente empatía por los presos políticos, significa que la etiqueta de ‘enemigo’ del régimen ya no funciona. La gente no ve ideologías, ve a un ser humano sufriendo. Eso es un cambio de brújula moral. El régimen puede callar las protestas visibles, pero no puede detener el desapego interior ni las conversaciones privadas”, remarcó el autor del estudio; quien agregó: “El cambio ya comenzó, aunque todavía no se vea”.

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