A principios del mes pasado, el presidente Donald Trump reunió a sus principales asesores y ayudantes militares en torno al escritorio del buque hospital Resolute, y luego le comunicó la información con Richard Grenell, su enviado para Venezuela. Tras su regreso a la presidencia, Trump le había encomendado a Grenell una misión clara: lograr un acuerdo que permitiera a las empresas estadounidenses acceder a la enorme riqueza petrolera y mineral de Venezuela y que, a su vez, impulsara medidas más enérgicas contra el crimen organizado y el narcotráfico. Grenell había conseguido algunos avances, logrando la liberación de prisioneros estadounidenses en Caracas y la reanudación de los vuelos para los migrantes deportados, gracias a las líneas directas que había establecido con Nicolás Maduro, el líder socialista venezolano.
Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, había defendido un enfoque diferente. El exsenador de Florida, quien también funge como asesor de seguridad nacional del presidente, siente una profunda aversión por los dictadores izquierdistas latinoamericanos y ha abogado por la destitución de Maduro, una petición respaldada por la legión de exiliados venezolanos y cubanos en Miami. Para alinear sus argumentos con las prioridades internas de Trump, Rubio ha retratado al líder venezolano como el cabecilla de una organización de narcotráfico que introduce drogas en Estados Unidos, así como un agente de la desestabilización que alimenta la migración.
Como justificación para el uso de la fuerza militar, el argumento del narcotráfico era sumamente débil: Venezuela no es un actor importante en la producción de drogas, aunque permite que los cárteles utilicen el país como punto de tránsito. Pero al presentar una acción contra Maduro como una forma de combatir el narcotráfico, Rubio logró captar la atención del presidente. A principios de septiembre, Trump comenzó a autorizar ataques contra pequeñas embarcaciones frente a las costas de Venezuela y en el Pacífico que supuestamente transportaban drogas o miembros de los cárteles, causando hasta el momento la muerte de al menos 65 personas en 16 ataques.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, nos dijo que los ataques se habían dirigido “contra narcoterroristas designados, según lo confirmado por la inteligencia estadounidense”, y que el presidente estaba usando su autoridad para hacer lo necesario para impedir que las drogas llegaran a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones.
Cuando Trump habló con Grenell desde el Despacho Oval, con Rubio cerca, parecía dispuesto a decidir entre la negociación y la confrontación. En una llamada algo divagante, cuyos detalles no se habían publicado hasta ahora, elogió el trabajo de Grenell como director del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, cargo para el que fue nombrado por Trump, y lo felicitó por su disposición a cumplir órdenes. También le transmitió un mensaje contundente, según dos personas familiarizadas con la conversación: Dejen de hablar con Maduro; vamos a intentar algo nuevo .
En las semanas transcurridas desde entonces, el Pentágono ha desplegado el mayor contingente militar en el Caribe desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, y el portaaviones más grande del mundo se dirige allí desde el Mediterráneo. El USS Gerald R. Ford se unirá a otros ocho buques de guerra, unos 10.000 soldados, aviones de combate, drones sofisticados y un submarino de propulsión nuclear. La acumulación de semejante poderío militar ha preocupado a algunos aliados de Trump, quienes argumentan que una campaña militar para derrocar a Maduro estaría en contradicción con una de las principales promesas de campaña del presidente.
“El presidente Trump basó su campaña en el lema ‘Estados Unidos primero’”, nos comentó un aliado de Trump que ha trabajado en temas de política latinoamericana. “Desafortunadamente, en su administración están más enfocados en una agenda que prioriza los intereses del sur de Florida”.
Con una flota estadounidense desplegada frente a las costas de Venezuela, Maduro se enfrenta ahora a la disyuntiva de quedarse y sufrir las posibles consecuencias o huir. Y Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad de que Trump, quien ha criticado las «guerras interminables» del pasado estadounidense y ha dedicado gran parte de este año a poner fin a los principales conflictos en el extranjero, esté a punto de iniciar uno en su propio territorio.
Desde su primer mandato como presidente, Trump ha considerado a Venezuela un problema: un aliado cercano de la Cuba comunista, gobernado por un demagogo izquierdista con el apoyo de Rusia y China en un hemisferio dominado por Estados Unidos. «Si el objetivo es tener cada vez más líderes alineados con Estados Unidos, o al menos líderes que no estén activamente alineados con China, Rusia e Irán, entonces Venezuela desentona por completo», nos dijo un alto funcionario de la administración.
En un discurso dirigido a la comunidad venezolano-estadounidense de Miami a principios de 2019, Trump sugirió que la caída del régimen en Caracas podría desencadenar una reacción en cadena: “Cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre, y Nicaragua sea libre, este se convertirá en el primer hemisferio libre de toda la historia de la humanidad”, dijo.
Ryan Berg, experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, D.C., nos comentó que Trump y sus asesores comparten el deseo de contrarrestar la creciente influencia china en la esfera de influencia estadounidense, de forma similar a como la Doctrina Monroe de la década de 1820 buscaba poner fin a la injerencia europea en América Latina. De ahí las amenazas de Trump de anexar Panamá, Groenlandia y Canadá. «Trump comprende instintivamente que si Estados Unidos no es la potencia hegemónica del hemisferio occidental, no puede ser una potencia global efectiva», afirmó Berg.
Trump ha instado reiteradamente a sus asesores a garantizar el acceso futuro de Estados Unidos a los recursos extractivos de Venezuela, país que posee inmensos yacimientos minerales y las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, derrocar a Maduro, quien se ha mantenido en el poder desde 2013 mediante una combinación de corrupción, represión y fraude electoral, ha resultado difícil.
Para 2019, Trump y el entonces senador Rubio habían dejado atrás su rivalidad electoral, marcada por los insultos, y colaboraban estrechamente en temas relacionados con América Latina. Al igual que otros allegados al presidente con vínculos en el sur de Florida, Rubio, hijo de emigrantes cubanos, anhelaba desde hacía tiempo que los regímenes socialistas en América Latina fueran reemplazados por regímenes afines.
Inicialmente, Trump apoyó al líder opositor venezolano Juan Guaidó, pero sus esperanzas de derrocar a Maduro pronto se desvanecieron. Posteriormente, Trump criticó a Guaidó, calificándolo de débil, e incluso lo comparó con Beto O’Rourke, el eterno candidato demócrata de Texas. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump en aquel entonces, nos comentó que el calificativo «no era un halago».
Para el otoño de 2020, Trump había autorizado a Grenell a dialogar en México con un representante de Maduro sobre la posibilidad de mediar en una salida controlada del dictador. Escépticos de que Trump ganara la reelección y pudiera cumplir su parte del acuerdo, los venezolanos se retiraron de la negociación.
Trump regresó a la presidencia este año con renovadas esperanzas de alcanzar acuerdos. Días después de su segunda investidura, el presidente envió a Grenell a Caracas para reunirse con Maduro. El enviado regresó a Venezuela con seis estadounidenses como rehenes y un acuerdo por el cual Venezuela volvería a aceptar vuelos con migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos. Posteriormente, Grenell se reunió con el negociador de Maduro en Antigua en mayo.
Pero Rubio, que había derrotado a Grenell para convertirse en secretario de Estado, estaba impulsando una versión más enérgica de la visión del primer mandato de la administración, combinando el impulso hacia un liderazgo más proestadounidense en la región con los objetivos centrales de MAGA de defender la patria, contrarrestar la inmigración ilegal y reprimir el crimen.
El ascenso de Rubio a los cargos de secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional le proporcionó una posición privilegiada en la Casa Blanca desde la cual impulsar lo que él mismo denominó una política exterior “madura y realista” que prioriza los intereses estadounidenses más pragmáticos. Según Rubio, Maduro, al igual que Fidel Castro antes que él, ha utilizado la migración masiva hacia el norte para intentar desestabilizar Estados Unidos. Y, al igual que sus aliados en Cuba y Nicaragua, Maduro ha otorgado a China y Rusia una posición económica que algún día podría convertirse en una amenaza militar. “Lo que más desean es cercar a Estados Unidos”, declaró Rubio en 2022 .
Ricardo Zúniga, quien ayudó a negociar la normalización de las relaciones con Cuba durante la presidencia de Barack Obama y fue alto funcionario para América Latina durante la administración Biden, nos comentó que Rubio ve el tema desde la perspectiva de la isla natal de sus padres. Más allá del destino de Maduro, dijo Zúniga, “esto se trata realmente de Cuba”.
Al principio del segundo mandato de Trump, se designó a varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el Tren de Aragua de Venezuela. Rubio y otros afirman que Maduro y sus lugartenientes dirigen estas organizaciones. Una evaluación de la inteligencia estadounidense refutó esta afirmación, lo que llevó al despido del director del Consejo Nacional de Inteligencia. Sin embargo, vincular a una banda conocida por sus crímenes violentos en Estados Unidos con el líder de un estado paria le proporcionó a Rubio una fórmula para impulsar un rearme militar con el pretexto de frenar el suministro de drogas ilegales. Trump respaldó el argumento de Rubio y lo utilizó para aumentar la presión sobre Maduro. Este verano, el Departamento de Estado incrementó la recompensa a 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. El mes pasado, Trump tomó la inusual medida de confirmar que había autorizado a la CIA a realizar actividades potencialmente letales en Venezuela. En redes sociales, el presidente ha publicado videos de supuestas embarcaciones de narcotraficantes y sus tripulaciones siendo incineradas por misiles estadounidenses.
“Sin duda, este tipo de recursos no son necesarios para perseguir barcos pesqueros”, nos dijo Jimmy Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela entre 2018 y 2023. “Todo se reduce a la pregunta: ¿Para qué sirve esta fuerza en la región? Y creo que tiene más que ver con un cambio de régimen en Venezuela que con la lucha contra el narcotráfico”.
Venezuela ha sido durante mucho tiempo un petroestado corrupto y al borde del colapso, donde la riqueza y el poder provienen del petróleo, no de la producción de drogas ilegales. Las autoridades estadounidenses han identificado a Venezuela como un país de tránsito para cargamentos de cocaína con destino principal a Europa, y durante más de una década, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha investigado los vínculos entre el gobierno de Maduro y los narcotraficantes.
En 2020, la administración Trump acusó a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de “narcoterrorismo”, alegando que su gobierno se había transformado en una organización de narcotráfico, el Cártel de los Soles, que suministra armas a grupos insurgentes colombianos a cambio de cocaína.
Pero muy pocas de las drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos —y ninguna del letal fentanilo— provienen de Venezuela. Su vecina Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, una droga derivada de la planta de coca. Debido a que se necesitan cantidades relativamente grandes de las hojas para producir cocaína, los narcotraficantes procesan la cosecha en laboratorios rudimentarios cerca de los campos de coca. Casi todos esos laboratorios se encuentran en Colombia, no en Venezuela. Los registros de incautaciones de la Guardia Costera muestran que los narcotraficantes marítimos transportan la mayor parte de la cocaína con destino a Estados Unidos a través del Pacífico , no del Caribe, donde se encuentra la única costa de Venezuela. El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró el mes pasado que los ataques estadounidenses habían abierto “un nuevo escenario de guerra” en el Caribe y alegó que ciudadanos colombianos se encontraban en una de las embarcaciones atacadas, una afirmación que la Casa Blanca negó. Posteriormente, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Petro, junto con su esposa, su hijo y sus allegados, acusándolos de permitir que los cárteles de la droga prosperaran.
Maduro ha negado ser narcotraficante y, sugiriendo que sigue abierto a un acuerdo, expuso su postura directamente a Trump. «En las últimas semanas, las falsas acusaciones de vínculos con mafias y bandas de narcotraficantes por parte de altas autoridades venezolanas han acaparado la atención mediática», escribió Maduro a Trump el 6 de septiembre, días después de los primeros ataques en el Caribe. «Este es el caso más flagrante de desinformación contra nuestra nación, con la intención de justificar una escalada hacia un conflicto armado que causaría daños catastróficos en todo el continente».
Trump no parece tener mucha prisa por llevar la confrontación con Maduro a un punto crítico, sino que envía mensajes contradictorios a sus aliados más cercanos sobre si la campaña de presión es un preludio a un intento de derrocamiento por la fuerza militar o un elaborado farol, según nos dijeron funcionarios actuales y anteriores.
El USS Ford no zarpó del Mediterráneo hasta once días después de que el Pentágono anunciara su despliegue en el Caribe, lo que denotaba poca urgencia. Y cuando el Miami Herald informó la semana pasada que el gobierno de Trump había decidido proceder con ataques inminentes contra Venezuela, Rubio lo denunció como una noticia falsa. Una persona que tiene contacto con funcionarios estadounidenses y venezolanos nos indicó que hay indicios de que el interés de Trump en negociar la salida de Maduro podría cobrar fuerza en las próximas semanas.
Quienes abogan por reanudar las negociaciones señalan que intentar derrocar a Maduro por la fuerza sería una medida impredecible y potencialmente peligrosa. Los líderes militares que pudieran asumir el poder tendrían poca predisposición a entregarlo a la oposición respaldada por Estados Unidos, liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado. O bien, podrían dividirse, generando mayor inestabilidad. El gobierno de Trump no ha explicado quién prevé que suceda a Maduro, prefiriendo una postura de cautela.
Maduro estaría dispuesto a una salida controlada si Estados Unidos le concede amnistía a él y a sus principales colaboradores, retira las recompensas y facilita un exilio tranquilo, según fuentes cercanas al régimen de Caracas. «Si hay suficiente presión y se ofrecen suficientes incentivos», afirmó una persona que habla con funcionarios de ambos países, «todo está sobre la mesa con Maduro».
Aunque la ofensiva antidrogas del gobierno ha encontrado apoyo entre los republicanos en el Capitolio, incluso algunos aliados de Trump dentro del partido están cada vez más frustrados por la escasa información que sus asesores han proporcionado al Congreso sobre los detalles y el fundamento legal de la operación. El enfoque militarista también está generando rechazo dentro de la base de MAGA, ya que figuras influyentes como Steve Bannon, Tucker Carlson y Laura Loomer cuestionan la lógica de la campaña de presión en Venezuela.
Puedes leer la nota completa en The Atlantic
