El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia resolvió este miércoles anular la sentencia de diez años de prisión contra la exmandataria Jeanine Áñez en el denominado caso golpe dos, disponiendo su liberación inmediata. La decisión fue comunicada por el presidente del alto tribunal, Romer Saucedo, quien informó que la medida responde a una revisión extraordinaria de sentencia solicitada por la defensa de Áñez. Según explicó Saucedo en declaraciones a la prensa local, la resolución fue respaldada por siete magistrados del tribunal, mientras que dos votos se manifestaron en contra.
En su comparecencia ante los medios, Saucedo detalló: “Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía, tenía una sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día”. El presidente del TSJ precisó que la resolución se enmarca en las garantías del debido proceso, asegurando que la revisión extraordinaria es un mecanismo previsto para corregir errores o evitar vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso.
La anulación de la sentencia impacta de manera directa sobre la situación legal de Jeanine Áñez, quien permanecía recluida en un penal de La Paz desde 2022. Fue condenada tras ser hallada responsable en un juicio por su ascensión a la presidencia de Bolivia en 2019, luego de la renuncia de Evo Morales y otros altos cargos estatales durante una crisis política. El caso golpe dos analizaba la presunta irregularidad en su llegada al poder y la acusaba de vulnerar el orden constitucional del país.
La situación de Áñez fue objeto de debate nacional e internacional desde su detención. Organismos de derechos humanos habían manifestado reiteradas veces su preocupación por el proceso judicial y las condiciones en las que la exmandataria permanecía privada de libertad. Dentro de Bolivia, la causa generó intensas discusiones sobre el papel de los poderes del Estado, la judicialización del conflicto político y la independencia del sistema judicial.
La víspera del anuncio judicial, Áñez difundió un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), dando cuenta de su estado anímico tras casi cinco años de privación de libertad. “Estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción”, expresó la exmandataria en su publicación. Defendió sus acciones durante la crisis de 2019, afirmando que nunca se arrepentirá “de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, y argumentó que actuó “con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.
En el texto, Áñez sostuvo que “la libertad más profunda no depende de los muros sino de mantener viva la verdad de lo que hice y por qué lo hice”. Añadió que “no fue justo perder mi libertad por haber servido a mi país y tampoco seguir siendo estigmatizada por hechos de corrupción que nunca cometí”. La exmandataria denunció que fue blanco de acusaciones reiteradas y que su situación se vio agravada por la ausencia de respaldo político: “Siento que me vieron sola, sin respaldo político y aprovecharon esa vulnerabilidad para ensuciar mi nombre”. Aseguró que se defendió “con la verdad” y reconoció el coste personal y familiar de su detención, especialmente para su hija, quien, según ella, “ha tenido que soportar ataques y censuras por decisiones que fueron solo mías”.
Para Áñez, parte del proceso más doloroso ha sido enfrentar críticas de quienes pensó que compartían sus ideales y ver cómo la situación impactó en su entorno cercano. “Me han decepcionado, me han herido, pero no han logrado doblarme. A pesar de todo sigo con la frente en alto”, afirmó en su mensaje público, en el que también recalcó que su dignidad y conciencia se mantienen “intactas”.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia deja sin efecto la condena que mantenía a Áñez encarcelada desde hace más de dos años. La resolución fue adoptada tras una revisión de los procedimientos y argumentos presentados por la defensa, en el marco del pedido de revisión extraordinaria que, según las autoridades judiciales, busca salvaguardar el respeto a las garantías procesales y los derechos de las personas sometidas a proceso penal. La orden de liberación inmediata marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más relevantes y controvertidos de Bolivia en los últimos años.
