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Es lo que es

Armando Esteban Quito

El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) amenaza con dejar sin derechos migratorios a miles de venezolanos. Entre ellos están Mafe y Mariano, dos historias marcadas por el miedo a la deportación y la esperanza de seguir construyendo un futuro en Estados Unidos.

El Nacional

El 7 de noviembre se marcará un punto crítico para la comunidad venezolana, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificara a comienzos de octubre un fallo previo que deja en riesgo de deportación a 600.000 venezolanos beneficiarios de este programa. La decisión llega en medio de un proceso judicial todavía abierto y en un contexto político marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Futuro migratorio inseguro

María Fernanda Angulo, conocida por muchos como Mafe, explicó angustiada al diario El País que “ese día lo pierdo todo: pierdo mi licencia de conducir, pierdo mi estatus y pierdo mi permiso de trabajo. Y puede que se abra un proceso de deportación en mi contra, lo que me separaría de la familia que construí aquí”.

Mafe llegó a Estados Unidos en 2019, se instaló en Florida y desde entonces trabaja en una organización que ayuda a otros migrantes.

“He estado aquí trabajando legalmente, haciendo las cosas de la mejor manera”, aseguró. Pero su tranquilidad se quebró con la victoria electoral de Trump en 2024. “Lo vi venir”, dijo con resignación. Desde entonces, su vida transcurre entre la ansiedad y la incertidumbre.

“Ha sido un año bien cuesta arriba, muy difícil psicológicamente hablando”, confesó.

Su temor no es solo perder sus documentos, sino también regresar al país que dejó atrás. “Me da pánico regresar a Venezuela, me da pánico incluso estar dándote esta entrevista y que resulte en un proceso en mi contra si llego a Venezuela”, admitió al medio español. Recordó como uno de sus amigos fue encarcelado recientemente por apoyar la campaña de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y actual premio nobel de la paz.

Relató que su “último sueldo en el trabajo que estaba en ese momento como psicóloga de primaria de educativa me daba, literal, para comprarme una Coca-Cola de dos litros y una bolsa de papas fritas”. La crisis, la falta de alimentos y la represión política la empujaron a buscar un nuevo comienzo.

A la distancia, observa con desconcierto las declaraciones del presidente Trump, quien ha asegurado que muchos venezolanos son “delincuentes o enfermos mentales”.

“Es muy fácil decir que 600.000 venezolanos son gente de mal, que viene a hacer daño, pero lo cierto es que son gente que quiere hacer las cosas de manera correcta, trabajar para poder proveer a su familia de un futuro distinto”, aseguró.

Músico venezolano lucha por su futuro tras riesgo de deportación

Mariano Santana músico de 29 años de edad, también enfrenta el vencimiento del TPS. Llegó a Estados Unidos en 2014 para estudiar en la universidad Berklee, en Boston. Un asalto con arma de fuego en Caracas, del que salió ileso, lo convenció de emigrar.

“Pensé en cómo era la realidad donde tantas personas tienen que llegar a ese punto. Eso dice mucho del país. Al final, se trata de sobrevivir”, recordó a El País.

A pesar de haber estudiado música, trabajado como compositor y docente, y participado en la gira del grupo mexicano RBD, que agotó entradas en el 2023 en el Madison Square Garden, Santana teme que ahora todo lo que construyó podría derrumbarse si pierde el permiso de trabajo.

A diferencia de muchos, logró mantenerse con visas de estudiante y becas, aunque la burocracia casi lo deja fuera del sistema migratorio. Sufrió depresión y ansiedad ante la posibilidad de ser deportado. Cuando Biden otorgó el TPS, vio una nueva oportunidad.

“En Nueva York conecté con otras personas que salieron de su país caminando, pasaron por la jungla, con bebés, con niños, viendo muertos, cosas completamente terroríficas. Yo me siento bendecido porque salí de Venezuela en avión”, dijo con humildad.

Este año renovó su permiso, aun sabiendo que la decisión podría ser inútil. “Hice la inversión en la renovación sabiendo que podía no valer nada, que iba a perder mi dinero”, admitió. Pese a la incertidumbre, intenta no dejarse dominar por el miedo. “No dejo que me carcoma porque si no, me paralizo”.

Después de más de una década fuera de su país, Mariano no puede evitar notar similitudes entre la Venezuela que dejó y la tensión que percibe hoy en Estados Unidos.

“Lo que yo siento ahora es que hay muchas cosas parecidas a Venezuela. En cuanto a corrupción, en cuanto a fascismo, en cuanto a no tener ningún tipo de interés o compasión con el ser humano”, reflexionó.

Anulación de TPS

El TPS fue creado en 1990 para proteger de la deportación a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias. Joe Biden lo concedió a los venezolanos en 2021 y volvió a renovarlo en 2023, considerando el agravamiento de la situación bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Antes de dejar el cargo, prorrogó su vigencia hasta 2026, pero la secretaria de Seguridad Nacional del nuevo gobierno, Kristi Noem, anuló esa ampliación.

Organizaciones migratorias demandaron la decisión y en septiembre el juez federal Edward M. Chen falló a favor de los demandantes.

“Las acciones de la secretaria al anular las órdenes de la administración anterior y dar por terminado el TPS excedieron su autoridad legal y fueron arbitrarias y caprichosas”, escribió en su sentencia. Sin embargo, la Corte Suprema declaró sin efecto la medida temporal, y dejó en el limbo a miles de familias venezolanas.

El America Business Forum (ABF) celebrará su primera edición en territorio estadounidense el próximo 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, ubicado en el corazón del Downtown de Miami, con la presencia de personalidades de talla mundial de la economía, la política, el deporte y el entretenimiento.

Infobae

Según Ignacio González, fundador y CEO del ABF, el evento busca transformar la proyección internacional de la ciudad.

El America Business Forum es un evento madre que fusiona política, deportes y entretenimiento. Está pensado como una plataforma abierta al mundo, donde queremos dar espacio a las voces más poderosas e influyentes del planeta, con un mensaje claro y fácil de entender”, afirmó González.

En la presentación oficial del evento, el periodista y escritor Ismael Cala destacó la trayectoria del America Business Forum y expresó su satisfacción por haber ejercido el rol de anfitrión en siete de sus ediciones.

Señaló que esta será la primera vez que el foro se realice en Miami.

El formato, inspirado en galas internacionales como los premios Oscar o Grammy, se centrará en entrevistas que permitirán conocer el ADN de los invitados, sus éxitos, fracasos y, especialmente, su visión sobre el mundo actual.

El alcalde de Miami y presidente del foro, Francis Suárez, destacó el carácter inédito de esta edición, tanto por la magnitud del recinto como por la ambición de congregar a miles de asistentes.

Cuando uno escoge un lugar como este, lo que está diciendo es que tiene que llenarlo con miles de personas”, señaló.

Suárez calificó el evento como un “regalo a los residentes de la ciudad” y subrayó la presencia de personalidades como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; y el campeón mundial del fútbol, Lionel Messi.

Sobre la presencia de Machado, Suárez indicó la relevancia del momento para Venezuela y anticipó que también se abordarán las operaciones de Estados Unidos en el país sudamericano, con la intervención directa del presidente estadounidense.

Remarcó que “esto es una oferta que nunca se ha hecho en la historia de Estados Unidos, porque el tipo de persona que viene y que estamos compartiendo normalmente está reservado para organizaciones o eventos exclusivos, no accesibles al público”.

El impacto económico del ABF en Miami se perfila como uno de los ejes centrales del evento. La inversión estimada ronda los USD 5,25 millones, con un gasto promedio de USD 2.100 por persona para unos 2.500 asistentes internacionales, cifra que representa la mitad de los participantes previstos.

Estos datos incluyen traslados, alojamiento, gastronomía y matriculación. Los organizadores destacaron que el foro contribuye a posicionar a Miami y a Estados Unidos como polos de innovación y desarrollo económico, atrayendo inversión, fomentando exportaciones y promoviendo la instalación de actividades productivas orientadas al mercado global.

El alcalde Suárez señaló que la seguridad será una de las principales prioridades durante la realización del foro, debido a la magnitud del encuentro y al perfil de los participantes. Según explicó, se implementará un amplio despliegue de dispositivos de control y coordinación interinstitucional, en conjunto con agencias locales y federales.

El operativo de seguridad contempla medidas especiales en los alrededores del Kaseya Center y en las zonas hoteleras de mayor concentración de visitantes.

Innovación tecnológica

Entre las novedades de esta edición, la accesibilidad y la tecnología ocupan un lugar central. El fundador y director ejecutivo del foro, Ignacio González, explicó que el objetivo es mantener el evento “al alcance de un público amplio”, con entradas desde los 100 dólares y el respaldo de patrocinadores como GoProf, que entregará cupones de 50 dólares a 5.000 asistentes para reducir el costo de acceso.

Además, el America Business Forum 2025 incorporará una aplicación móvil con tecnología de inteligencia artificial, que permitirá la traducción simultánea en más de 40 idiomas, para aquellos asistentes no angloparlantes.

La producción incluirá un sistema de transmisión en vivo y más de 400 periodistas acreditados que cubrirán el evento.

Selección de invitados

El programa incluye, además de los participantes ya anunciados, a Fahad Alsaif, director de Estrategia de Inversión y Análisis Económico; Adam Neumann, cofundador de WeWork y Flow; Reema Bandar Al-Saud, embajadora del Reino de Arabia Saudita ante los Estados Unidos; Tony Robbins, estratega de liderazgo y negocios; Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel; Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Serena Williams, ex tenista profesional; entre otras personalidades.

Suárez destacó la presencia de Javier Milei, presidente de Argentina, a quien describió como “una persona superprominente, un presidente de un país G20, una persona que ha transformado su país en poco tiempo”.

La agenda de este año otorga especial peso al deporte, sin descuidar el equilibrio con la política y los negocios.

Tanto González como Suárez coinciden en que el America Business Forum busca ser una plataforma transformadora y abierta, capaz de inspirar cambios y fomentar la colaboración a nivel mundial.

Para los organizadores, el evento representa una oportunidad para influir en la agenda pública y económica de Miami y de la región.

Estados Unidos ha reactivado una base militar en el Caribe y reforzado su presencia en la región ante el agravamiento de las tensiones con Venezuela. Según una investigación de Reuters, el Ejército estadounidense comenzó en septiembre la modernización de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Puerto Rico, cerrada hace más de dos décadas, y que ahora vuelve a operar como punto estratégico a menos de 800 kilómetros del litoral venezolano.

La Gaceta de la Iberosfera

Las obras incluyen nuevas instalaciones logísticas y aéreas, así como la construcción de infraestructura complementaria en aeropuertos civiles de Puerto Rico y de la isla de St. Croix, en las Islas Vírgenes estadounidenses. La reactivación de esta base —herencia de la Guerra Fría— refuerza la tesis de que Washington prepara una respuesta militar directa ante el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de narcoterrorismo y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump evitó confirmar si ha autorizado ataques sobre territorio venezolano. Preguntado por periodistas a bordo del Air Force One, respondió: «¿Cómo puedo responder a una pregunta así? ¿Quién diría que tiene planes secretos para atacar? Ya veremos qué pasa con Venezuela».

Sin embargo, en una entrevista posterior con la cadena CBS, Trump fue más explícito al afirmar que Maduro «tiene los días contados» y que su Gobierno «nos ha tratado muy mal, no sólo por el narcotráfico, sino por enviar a miles de criminales y enfermos mentales a nuestro país«.

El Wall Street Journal confirmó el viernes que la Administración estadounidense ha identificado objetivos militares en Venezuela, entre ellos puertos, bases aéreas y pistas utilizadas por el Ejército chavista para operaciones de narcotráfico. Según el diario, una eventual campaña aérea se centraría en infraestructuras mixtas entre el aparato militar y las redes del crimen organizado, consideradas por Washington como «centros del narcoterrorismo regional».

El Miami Herald añadió que el Pentágono estaría «listo para iniciar una nueva fase de operaciones», sin precisar si se trata de acciones preventivas o punitivas, mientras que el Washington Post informó de que Maduro habría pedido asistencia militar a Rusia, incluyendo misiles y la modernización de sistemas de defensa aérea.

La reactivación de Roosevelt Roads no es sólo un movimiento logístico, sino una señal política: Washington busca reposicionar su poder en el Caribe frente a un régimen aliado de Rusia, Irán y Cuba, en un contexto regional marcado por el avance del narcotráfico y la desestabilización política.

Fuentes consultadas por Reuters aseguran que la decisión se enmarca en la doctrina de «disuasión activa» impulsada por el equipo de seguridad nacional de Trump, que pretende evitar que Venezuela se consolide como un santuario para redes criminales y actores hostiles a Estados Unidos.

Mientras tanto, en Caracasel régimen de Maduro denuncia una «provocación imperial» y refuerza su narrativa de «resistencia bolivariana», intentando obtener respaldo de Moscú y Teherán.

En palabras de un alto funcionario estadounidense citado por The Wall Street Journal: «Venezuela se ha convertido en un punto ciego de seguridad continental. Ya no se trata sólo de narcotráfico: hablamos de una alianza criminal con alcance global».

Doce grupos, entre ellos varias importantes empresas de ingeniería chinas, han presentado propuestas para construir una instalación de almacenamiento y descarga marítima de líquidos de gas natural (LGN) en Guyana, un componente clave del emblemático proyecto de gas a energía del país.

Oil Now

La Junta Nacional de Adquisiciones y Licitaciones abrió las ofertas el 28 de octubre, tras varias prórrogas del plazo de presentación desde el inicio del proceso en junio. El proyecto respaldará el almacenamiento y la exportación de líquidos de gas natural producidos en la planta integrada de procesamiento de gas que se está construyendo en Wales, en la margen occidental del río Demerara.

Las 12 propuestas procedían de:

  1. Compañía Nacional de Importación y Exportación de Maquinaria de China, SINOPECNANJING Ingeniería y Construcción Inc. (China)
  2. ISI ANDINA Corp. SA (Panamá), ESGCOL Guyana Inc.
  3. Worley Inc. (Houston), Veridian Energy Ltd (Reino Unido)
  4. Servicios de ingeniería e hidráulica de Persaud
  5. BK International Inc. 
  6. Kent Houston Offshore Engineering LLC, Environmental Engineering Solutions Inc. 
  7. Compañía de Ingeniería y Tecnología JEREH HENGRI Ltd (China) 
  8. Compañía de Ingeniería de Camc de China Ltd.
  9. Kalpataru Projects International Ltd (India) 
  10. China Railway First Group Company Ltd., Ingeniería y Construcción de Petróleo de China
  11. ALYA CONSTRUTORA SA (Brasil)
  12. Baywood Continental Ltd 

El gobierno, mediante un aviso, invitó a las empresas a presentar propuestas para precalificar para el diseño y la construcción de la planta de almacenamiento y descarga de gas natural licuado (GNL) y su oleoducto asociado. Se espera que posteriormente el gobierno invite a los grupos precalificados a participar en la licitación de construcción. 

Un segundo aviso atrajo cuatro propuestas de servicios de ingeniería a principios de octubre, para ayudar al gobierno en el desarrollo del paquete de solicitud de propuestas para la licitación de construcción. 

Inicialmente, la planta procesará unos 4.200 barriles de GLP al día y podrá ampliarse para recibir 5.900 barriles adicionales al día para dar cabida a futuras expansiones.

La planta de GLP forma parte del proyecto integral de conversión de gas en energía, que transportará gas natural desde el yacimiento Liza de ExxonMobil, en el bloque Stabroek, mar adentro, hasta la planta de Gales. Allí, el gas se procesará para extraer líquidos que se venderán y se utilizarán para alimentar una central eléctrica de 300 megavatios. Se prevé que la primera fase del proyecto de conversión de gas en energía esté terminada a finales de 2026.

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón alertó este lunes sobre un aumento de detenciones efectuadas por agentes serviles a la dictadura de Nicolás Maduro sin notificación oficial ni acceso inmediato a abogados.

EFE

La organización señaló que familiares y defensores desconocen el paradero y la situación jurídica de los arrestados, lo que impide ejercer defensa legal y deja a los detenidos en situación de vulnerabilidad.

Según denunció la ONG a través de X, en la última semana se han registrado numerosos casos en los que el régimen chavista no ha informado sobre las circunstancias de las aprehensiones ni los lugares de reclusión.

JEP enfatizó que se configuró un “patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias”, ya que quienes buscan a los detenidos se encuentran sin respuestas oficiales y sin saber cómo proceder.

Alertó que las situaciones reportadas constituyen “violaciones directas a los derechos fundamentales”, afectando el derecho a la libertad personal, al debido proceso, la integridad física y la tranquilidad familiar.

Se ha negado el acceso a abogados y representantes de confianza, profundizando un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada por la opacidad estatal”, subrayó el comunicado.

La ONG exigió que el régimen chavista garantice el suministro “inmediato y veraz” de información relativa a la identidad, el paradero y la situación judicial de todos los detenidos, así como rechazar trabas al acceso a la defensa legal y la comunicación con allegados.

La organización recordó que tanto la Constitución venezolana como los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos por Venezuela, obligan al respeto de esas garantías.

Como ejemplo de la situación denunciada, JEP y la ONG SurGentes detallaron la detención de cuatro trabajadores audiovisuales el pasado viernes cuando grababan cerca del penal de Tocorón, en el estado Aragua, como parte de un trabajo estudiantil para la Universidad Central de Venezuela.

Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra permanecen incomunicados y sus familias no saben en qué condiciones se encuentran ni dónde están recluidos.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de las garantías procesales y mayor presión sobre periodistas y trabajadores de medios.

El domingo, la familia del periodista Joan Camargo presentó un recurso de habeas corpus ante la justicia para conocer su paradero, tras 84 horas transcurridas desde su desaparición en Caracas.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Camargo fue interceptado por desconocidos que lo obligaron a subir a un vehículo y desde entonces no se ha divulgado ningún dato oficial sobre su detención.

Para la familia y los gremios, el caso de Camargo reviste gravedad adicional porque, según la ley venezolana, cualquier habeas corpus debe resolverse en un máximo de 96 horas.

Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan”, expresó el SNTP, sumando este caso a una lista de detenciones arbitrarias que ya contabiliza 23 periodistas privados de libertad en el país.

El SNTP y la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) denunciaron que las detenciones de comunicadores suelen ir acompañadas de confiscaciones de equipos y materiales de trabajo, allanamientos sin orden judicial y cargos imprecisos como terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir.

El SNTP además indicó que en el operativo contra Camargo no solo fue detenido el periodista, sino que también resultaron afectados sus familiares cercanos.

El clima de opacidad y hostigamiento se refleja en el reciente boletín de Foro Penal, que cifra en 875 el total de presos políticos en el país, incluyendo a opositores, activistas y ciudadanos comunes detenidos bajo acusaciones que ONG e instancias internacionales tildan de arbitrarias o fabricadas.

Mientras crecen los reclamos de observadores internacionales y defensores de derechos humanos, en Venezuela persisten las denuncias de desapariciones forzadas de corta duración y la negativa de la dictadura a garantizar información mínima y acceso a la defensa, profundizando la crisis de confianza y legitimidad sobre el sistema judicial y de seguridad del régimen.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigió al Estado venezolano la liberación inmediata e incondicional de cuatro jóvenes estudiantes detenidos por fuerzas de seguridad en las cercanías del Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua, mientras desarrollaban un trabajo universitario.

El Nacional

Los estudiantes detenidos, Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, se encontraban en labores de preproducción para un proyecto de grado de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) cuando fueron interceptados por la custodia perimetral del penal de Tocorón tras tomar una fotografía de la fachada.

La OMCT denunció que los funcionarios les retiraron sus documentos de identidad y los mantuvieron retenidos por más de seis horas. Posteriormente, patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los trasladaron sin informar su destino. Desde las 1:45 pm del 31 de octubre se desconoce su paradero, situación que podría constituir una desaparición forzada.

“Un patrón de criminalización creciente”

La organización internacional advirtió que este caso refleja un aumento de las acciones de hostigamiento y criminalización contra periodistas, estudiantes, artistas y defensores de derechos humanos en Venezuela.

De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente existen 903 personas consideradas presas políticas en el país, y al menos 64 familias desconocen el lugar de reclusión de sus allegados.

Exigen garantizar seguridad de estudiantes detenidos en Tocorón

La OMCT instó al Estado venezolano a garantizar la seguridad y el bienestar de los cuatro jóvenes, informar de inmediato su paradero, permitir el acceso a sus abogados y familiares, y presentarlos ante una autoridad judicial competente. También pidió su liberación sin condiciones y la apertura de una investigación independiente que sancione a los responsables.

La organización expresó su solidaridad con las familias de los detenidos y con la comunidad universitaria de la UCV. Destacó que una de las personas arrestadas es familiar de un integrante de su equipo, lo que “refuerza su acompañamiento directo en la búsqueda de justicia y en la defensa de las víctimas de detenciones arbitrarias en Venezuela”.

En la historia de la seguridad estadounidense, las amenazas no siempre llegan en forma de ejércitos uniformados cruzando fronteras. Algunas se incuban en la penumbra: en redes criminales que se mimetizan como gobiernos, en alianzas encubiertas que unen a dictaduras aisladas, carteles transnacionales y regímenes revisionistas que ven en Estados Unidos no solo un rival, sino un enemigo civilizatorio.

Hoy, esa amenaza tiene un epicentro en el Caribe sur. Caracas ya no es simplemente la capital de un Estado fallido: se ha convertido en la terminal occidental de un eje híbrido que combina crimen organizado, inteligencia proxy y alianzas con potencias hostiles. Como advirtió el director de contraterrorismo de la Administración Trump, Sebastián Gorka, dice que Nicolás Maduro ha conspirado con otros actores para asesinar al presidente Donald Trump. Los tentáculos de Teherán en el hemisferio no pasan por La Habana ni Managua como antaño: pasan por el Cártel de los Soles en Venezuela.

No se trata solo de narcotráfico. Se trata de conspiraciones para atacar a altos funcionarios estadounidenses, de redes clandestinas que operan con lógica terrorista, y de la ambición de actores externos de convertir a América Latina en un tablero donde Estados Unidos sea obligado a actuar en terreno desfavorable. Los adversarios entienden que no pueden derrotar a Estados Unidos en un campo abierto —pero sí pueden intentar desgastarlo por la periferia, en la sombra, en la ambigüedad.

El desafío, entonces, no es únicamente militar. Es estratégico, moral y diplomático. Y exige claridad: la seguridad hemisférica es indivisible. La indiferencia, como la historia ha demostrado una y otra vez, invita a la audacia de aquellos que probarán cada límite hasta encontrar el que no se hace cumplir.

La administración estadounidense enfrenta hoy un dilema: actuar pronto para evitar un conflicto mayor o actuar tarde y pagar el precio de la complacencia. Este es el momento para aplicar la lógica de la coerción responsable: una mezcla calibrada de presión, fuerza creíble y una salida diplomática condicionada —pero verificable— que obligue a quienes eligieron la ruta criminal terrorista a reconsiderar su destino.

La teoría estratégica indica que los adversarios no ceden frente a declaraciones; lo hacen frente a compromisos creíbles, demostraciones de capacidad y marcos de consecuencias claras. Y, al mismo tiempo, frente a un camino alterno que preserve dignidad mínima y estabilidad regional. Esta dualidad —firmeza y puerta abierta— no es debilidad. Es liderazgo. Es la diferencia entre una potencia hegemónica temerosa y una que define el orden.

Venezuela ofrece precisamente ese punto de inflexión. El Cártel sirve como plataforma para fuerzas hostiles a la democracia occidental. En consecuencia,  la respuesta debe ser firme, proporcionada y sostenida. No se trata de imponer gobiernos, sino de proteger principios: soberanía hemisférica, integridad territorial, integridad institucional y la regla básica de convivencia internacional: ningún Estado puede convertirse en refugio impune para redes terroristas y mafiosas.

Algunos argumentarán que el aislamiento empuja a estos actores hacia alianzas más peligrosas: Rusia y China. Pero la historia enseña que la tolerancia los envalentona aún más. La disuasión eficaz requiere claridad moral: hay líneas rojas, y cruzarlas implica costos tangibles.

Estados Unidos debe liderar con aliados. Debe articular una coalición hemisférica, reforzar capacidades regionales y mantener, siempre, la puerta abierta a la transición pacífica en Venezuela. Pero también debe comprender que la pasividad estratégica no es una opción. La fuerza, cuando se combina con visión y legitimidad, no solo disuade; previene guerras mayores.

La democracia venezolana debe resurgir. Pero la seguridad hemisférica exige algo aún más urgente: impedir que una nación capturada se convierta en plataforma del terrorismo y la subversión global. No es solo un desafío a la ley internacional; es un desafío a la civilización Occidental. 

Estados Unidos ya ha enfrentado amenazas similares: primero del extremismo islamista y antes del expansionismo comunista soviético. Las superó no por inercia, sino por decisión. Hoy, la responsabilidad vuelve a tocar a la puerta. Y la historia juzgará no solo nuestras intenciones, sino nuestro coraje para defender la libertad donde otros la han enterrado bajo el miedo y la fuerza clandestina.

La paz del hemisferio —y la promesa de un continente libre— dependen de lo que hagamos ahora contra las organizaciones terrorista globales. 

Antonio de la Cruz

La camarilla usurpadora, sus agentes de propaganda y los colaboracionistas se han dedicado en los últimos días a denunciar una amenaza de invasión de los Estados Unidos a nuestro país. Los mismos que roban elecciones, intentan ahora disimular sus fechorías presentándose como patriotas que “defienden la soberanía y la dignidad” nacional, cuando han sido ellos quienes han ejecutado la verdadera invasión que padecemos

Lo triste es que algunos actores políticos y sectores de la sociedad salten a la escena pública a golpearse el pecho “por nuestra soberanía”, afirmando que su defensa es un deber ético e insistiendo en una salida negociada al golpe de Estado contra la soberanía popular, perpetrado el 28 de julio de 2024. Esa postura no es otra cosa que una complicidad vergonzosa con la dictadura que nos ha despojado de nuestros derechos más elementales.

Lo cierto —y estos sectores lo olvidan o fingen olvidarlo— es que Venezuela está invadida desde hace más de dos décadas. Hugo Chávez, junto con su cúpula militar y política, entregó nuestra nación a los intereses del difunto dictador cubano Fidel Castro. El chavismo decidió ser un régimen lacayo de la barbarie cubana.

Una fuerza de ocupación de más de 80.000 agentes provenientes de la isla se instaló en sectores claves de la vida nacional. Disfrazados de médicos, llegaron espías y activistas políticos, con la misión de ejercer control ideológico sobre nuestra población. También llegaron militares a cumplir diversas funciones.  Fidel Castro envió a Venezuela su sistema de espionaje y contraespionaje para controlar los cuarteles, ante la profunda desconfianza que Chávez albergaba luego de los sucesos del 11 y 12 de abril de 2002. No hay institución militar venezolana que no esté, de hecho, bajo supervisión o influencia cubana. Sus agentes, en los  servicios de inteligencia, operan con más información y poder que los propios oficiales venezolanos.

A esta invasión cubana se sumó luego la sumisión de Chávez y Maduro a los dictámenes imperiales de Rusia y China. La obsesión antinorteamericana, del difunto teniente coronel de Sabaneta, lo llevó a sustituir nuestro sistema de defensa con material bélico ruso, a costos astronómicos, y a entregar nuestra soberanía militar a Moscú.

En mayo de 2001, Chávez realizó su primera visita oficial a Rusia, firmando acuerdos de cooperación con Vladimir Putin. Desde el 2005 comenzó la compra de armamento ruso, que incluyó: 24 cazas Sukhoi Su-30MK2, helicópteros de combate y transporte Mi-35M y Mi-26, sistemas antiaéreos S-300 y otros misiles tierra-aire portátiles. Además, adquirió 92 tanques de guerra, 100.000 fusiles de asalto AK-103, con sus fábricas para su producción local, y misiles aire-superficie, de crucero y antibuque. La inversión superó los 50 mil millones de dólares, y hoy buena parte de ese arsenal yace destruido, inservible o convertido en chatarra.

Simultáneamente, la nación fue invadida por chinos, iraníes y palestinos, a quienes se entregaron refinerías, cementeras, supermercados, minas de oro y otros activos estratégicos, a cambio de apoyo político y financiero para sostener la usurpación.

Pero tal vez la invasión más perniciosa y peligrosa ha sido la que Chávez permitió, al ceder amplios territorios a la guerrilla colombiana, tanto al ELN como a las disidencias de las FARC. La presencia de estos grupos narcoterroristas compromete gravemente la seguridad nacional en toda la frontera occidental del país, convirtiéndonos en un escenario para los negocios de la droga que estos grupos manejan.

Más de 25.000 hombres armados controlan zonas completas del territorio venezolano, amparados y protegidos por el régimen. En muchos casos, unidades militares nacionales deben subordinarse a las directrices emanadas de los campamentos de estas organizaciones criminales. Cuando Diosdado Cabello negó su presencia, el propio presidente colombiano Gustavo Petro lo desmintió: “Diosdado dice que en Venezuela no están. Sí están. Yo lo que he hecho es invitarlos a que los saquen, coordinando.”

En otro pronunciamiento, Petro afirmó que esa guerrilla “se ha convertido más en una banda de narcotraficantes que en un movimiento ideológico”, calificando su accionar como “terrorista” y “criminal”.

De modo que la dictadura y sus cómplices olvidan deliberadamente esta realidad. Venezuela ya está invadida, y lo ha sido por fuerzas extranjeras que han destruido su independencia, su economía y su dignidad. Esa invasión ha causado un daño profundo a nuestra nación y amenaza la estabilidad de toda la comunidad del hemisferio occidental, que ahora comienza a reaccionar ante sus múltiples consecuencias, por lo prolongada y devastadora.

Nosotros hemos padecido por años los efectos perversos de la misma con la confiscación de nuestros derechos, la división de nuestras familias y la ruina de toda la nación. Ahora se abre la oportunidad de expulsar del poder a quienes lo ocupan ilegítimamente para recuperar nuestra soberanía en todos los aspectos, y así podernos reinsertar en el contexto de las naciones de occidente, donde geográfica y culturalmente estamos. Los venezolanos queremos y apoyamos  nuestra  liberación, el retorno a la  democracia y el progreso.

César Pérez Vivas

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, reveló este lunes la cadena NBC.

EFE

El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado, aunque el inicio de la misión aún no es inminente, afirma la televisora, que cita declaraciones de dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exaltos funcionarios con conocimiento de la iniciativa.

Los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca actualmente discuten sobre el alcance de la misión y todavía no han tomado una decisión final, indica el reporte.

Según las fuentes, las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los carteles. Algunos de estos equipos requieren «la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro», añadieron.

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían «bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, lo que se conoce como estatus del Título 50», que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

En la misión también está previsto que participen agentes de la CIA y una vez aprobada, sería tratada por Washington con el mayor secretismo, similar al que ha mantenido en los recientes ataques a lanchas en el Caribe y costas del Pacífico, que han dejado decenas de muertos en áreas cercanas a Venezuela y Colombia.

A diferencia de una posible expansión de operaciones contra el narcotráfico en territorio venezolano, la misión que se planearía para México no tendría como objetivo socavar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, detallaron los funcionarios.

“El Gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de Gobierno para abordar las amenazas que representan los carteles para los ciudadanos estadounidenses”, dijo a NBC un alto funcionario en respuesta a los reportes.

En febrero pasado, la Administración Trump designó a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Un mes después comenzaron a surgir reportes sobre una nueva operación antidroga en territorio mexicano.

En septiembre pasado, The Washington Post reportó que la Casa Blanca y el Pentágono habrían frenado las sugerencias de funcionarios de la DEA, que instaron a principios de año al Gobierno del republicano a realizar una serie de ataques militares a carteles de la droga en territorio de México.

Aunque Trump ha insinuado en varias ocasiones su voluntad de atacar a los carteles de la droga mexicanos en su territorio, hasta el momento su Gobierno se ha abstenido de hacerlo. El mandatario republicano ha elogiado la cooperación del Gobierno de Sheinbaum en operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la frontera común.

Una encuesta reciente reveló un panorama que preocupa en la ciudad más grande de Estados Unidos: casi un millón de neoyorquinos estarían listos para empacar sus cosas y abandonar la ciudad si el socialista demócrata Zohran Mamdani gana la alcaldía.

Infobae

Los resultados, publicados por Daily Mail a partir de un sondeo exclusivo de JL Partners, describieron un escenario de “aniquilación demográfica histórica”, con un posible impacto económico de enormes dimensiones.

Según el estudio, el 9% de los residentes de Nueva York —unos 765.000 ciudadanos— aseguran que “definitivamente” se irían si Mamdani llega al poder. Otros 2,1 millones (un 25%“considerarían hacerlo”. En conjunto, la ciudad podría perder una cantidad de habitantes equivalente a la población total de Washington D.C. o Las Vegas.

“Si un número siquiera cercano al que refleja la encuesta decide marcharse, la economía local se desplomaría, y el efecto arrastraría a todo el país”, señala el informe.

Las respuestas reflejan un nivel de polarización inédito. Los votantes contrarios a Mamdani usaron palabras como “desastre”, “infierno”, “caos” y “agujero de mierda” para describir cómo imaginan la ciudad tras cuatro años de su gestión. En cambio, sus seguidores hablan de un futuro “más asequible”, “esperanzador” y “mejorado”.

La principal alarma está puesta en el posible éxodo de los sectores de mayores ingresos. El estudio indica que el 7% de quienes ganan más de 250.000 dólares al año ya planean irse. Ese grupo, que representa apenas el 1% de la población, aporta cerca de la mitad de los impuestos sobre la renta de la ciudad. “Si se van, las finanzas municipales colapsarían, y los fondos para las políticas de Mamdani simplemente no alcanzarían”, advirtió Daily Mail.

James Johnson, encuestador de JL Partners, dijo al medio británico: “Quién sabe si podemos creer a todos cuando lo dicen, pero la perspectiva de Mamdani es tan aterradora para algunos que están considerando abandonar la Gran Manzana”.

Los más propensos a irse serían los residentes mayores, los habitantes de Staten Island y los votantes blancos.

El agente inmobiliario neoyorquino Jay Batra aseguró que ya se perciben movimientos en el mercado. “A esta gente no le entusiasma la posibilidad de que Mamdani gane. No quieren oír hablar de congelación de alquileres ni de impuestos más altos. Hace dos semanas, tenía compradores de propiedades de entre tres y cinco millones de dólares que directamente cancelaron sus operaciones”, afirmó.

Los destinos más elegidos serían los estados del sur, como las Carolinas o Florida, donde los impuestos son considerablemente más bajos. Desde Boca Ratón, el alcalde republicano Scott Singer confirmó que varias empresas ya están planificando su mudanza.

“Estamos recibiendo llamados de líderes empresariales que buscan anticiparse a los cambios. Hay entusiasmo por venir a un entorno más seguro y con menos carga fiscal”, dijo al Daily Mail.

Singer comparó la situación con crisis pasadas, “Nueva York está a punto de repetir las lecciones de las décadas de 1970 y 1980, cuando la alta criminalidad y la mala economía vaciaron la ciudad. Muchos han olvidado esa historia”.

Pese a las críticas, las encuestas lo muestran a Mamdani como favorito de cara a las elecciones del 4 de noviembre. El estudio le otorga 45% de intención de voto, frente al 31% de Andrew Cuomo, que se presenta como independiente, y al 22% del republicano Curtis Sliwa.

Solo el 59% de los consultados dijo que “definitivamente se quedaría” bajo una gestión de Mamdani; el resto planea o al menos evalúa irse.

El asambleísta de 34 años propone un programa de corte progresista: eliminar las tarifas de los colectivos urbanos, congelar los alquileres, abrir supermercados municipales y ofrecer guarderías gratuitas para niños de hasta cinco años, un plan que costaría cerca de 8.000 millones de dólares anuales. Su propuesta fiscal incluye aumentar el impuesto a quienes ganan más de un millón de dólares y elevar la carga sobre las empresas del 7,25% al 11,5%.

Sus detractores advierten que ese esquema podría desatar una fuga de capitales y empresas hacia estados con impuestos más bajos, como Texas o Florida. El exgobernador Andrew Cuomo fue tajante, “Las políticas de Mamdani exacerbarían la huida de neoyorquinos de altos ingresos. Tenemos que detener el éxodo”.

El sondeo, realizado entre el 23 y el 26 de octubre a 500 votantes registrados (con un margen de error del 4,4%), también refleja la división interna del electorado demócrata: el 33% cree que aumentará la delincuencia, el 29% espera una caída en la actividad empresarial y el 25% teme un mayor riesgo de terrorismo.

La mayoría —el 47%— piensa que la inseguridad crecerá, y el 45% prevé un aumento de las manifestaciones antisemitas. Solo un punto favorable aparece en el horizonte para Mamdani: el 39% de los consultados cree que la vivienda se volverá más accesible.

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