La familia de Joan Camargo, periodista de sucesos, introdujo este 2 de noviembre un recurso de hábeas corpus ante los tribunales. El comunicador social está en desaparición forzada desde el jueves de esta semana.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa publicó en redes sociales el comunicado de los familiares del reportero. En el texto exigen la libertad inmediata del joven, quien fue interceptado por personas vestidas de negro en Cotiza, lugar en el que vive.
«Desde ese momento, Joan continúa en desaparición forzada e incomunicado. Aún no tenemos información oficial sobre su situación jurídica ni sobre el lugar donde se encuentra, lo que agrava nuestra angustia y preocupación», añadieron.
Acerca del recurso que introdujeron, recordaron que esta acción de amparo, prevista en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, que establece que todo tiempo es hábil para su trámite y que debe resolverse con prioridad y sin demoras, en un máximo de 96 horas.
La familia de Camargo reiteró la profunda preocupación que los embarga por su desaparición forzada. «Exigimos su inmediata liberación, así como el respeto a sus derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales que le protegen».
La ciudadanía ha rechazado este caso debido a que representa una nueva agresión contra la prensa en el país.
Por ahora, no se ha dado ningún detalle por parte de las autoridades, pese a que a la familia ha visitado varios centros de detención de la ciudad en busca de información sobre Camargo.
Mariana González, hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, informó el domingo 2 de noviembre que el juicio penal contra su esposo Rafael Tudares Bracho continuará realizándose mediante audiencias telemáticas.
A través de su cuenta en la red social X, González calificó el proceso como “clandestino e inconstitucional” y denunció que el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de su esposo.
En la publicación citó el artículo 49 de la Constitución que garantiza la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso, la presunción de inocencia y el derecho a «ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad».
Rafael Tudares cumple 300 días detenido sin comunicación
Tudares Bracho cumple este lunes 300 días privado de libertad y bajo condición de desaparición forzada, según denunció su esposa. El hombre fue detenido el 7 de enero de 2024 por funcionarios de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, cuando se disponía a llevar a sus dos hijos a la escuela.
Pocos días después, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que Tudares estaría implicado en un presunto acto terrorista que supuestamente vinculaba al excandidato presidencial Enrique Márquez y a un alto funcionario del FBI.
El pasado 11 de octubre, Mariana González dirigió una carta pública a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para solicitar su apoyo y que constatara las condiciones en las que se encuentra su esposo.
Denunció que desde su detención no ha tenido ningún tipo de comunicación con él, ni ha podido entregarle medicinas o artículos de higiene personal.
En junio, un tribunal decidió avanzar hacia el juicio por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.
“No tiene nada que ver con el conflicto político”
La esposa del acusado insistió en que Rafael Tudares Bracho no tiene relación alguna con las tensiones políticas que surgieron tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.
“Mi esposo no tiene nada que ver con ese conflicto político que lo mantiene privado de libertad”, afirmó González, quien pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales para garantizar un proceso justo y transparente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este domingo 2 de noviembre al ser cuestionado sobre posibles operaciones militares de EEUU en Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro.
La conversación tuvo lugar a bordo del Air Force One, donde Trump ofreció una respuesta que combina advertencia y críticas al expresidente Joe Buden.
Cuando un reportero le preguntó: “¿Hay planes de ataques contra Venezuela?”, Trump respondió: “¿Puedo responder una pregunta así? ¿Hay planes para un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Supongamos que hay. ¿Me diría eso honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos. ¿Quién diría eso? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Veamos qué pasa con Venezuela”
El mandatario estadounidense continuó su intervención criticando la gestión del expresidente Biden, y acusando a otros países de enviar personas con antecedentes criminales y de drogas hacia Estados Unidos.
“Venezuela nos envió miles y miles, cientos de cientos de personas de las cárceles, de las instituciones mentales, de los drogados, y así lo hicieron otros países… porque estábamos dirigidos por personas muy estúpidas. Biden fue el peor presidente en la historia de nuestro país, por cierto. Teníamos fronteras abiertas y muchos países, como el Congo, enviaron a sus prisioneros y negociadores de drogas”, manifestó el líder republicano.
La declaración de Trump ha encendido un debate sobre la postura de Estados Unidos frente a Venezuela, especialmente en el contexto de las tensiones militares y las sanciones económicas que han marcado la relación bilateral en los últimos años.
La administración Trump puede continuar los ataques contra supuestos narcotraficantes de carteles de la droga latinoamericanos sin las limitaciones de una ley de hace medio siglo, que establece como requisito una aprobación del Congreso para seguir adelante con la ofensiva, informó un abogado de alto perfil del departamento de Justicia a un grupo de legisladores.
La nota señala que T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal del gobierno, planteó su posición ante un reducido grupo de congresistas, en momentos en que la tensión militar entre EEUU y el régimen del venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca acusa de liderar el Cartel de los Soles que trafica drogas desde Venezuela, se intensificó ante las señales de que el presidente Trump podría ordenar ataques a blancos en tierra de los grupos narcotraficantes en el país caribeño.
El Congreso de Estados Unidos retiene la capacidad legal de autorizar el mantenimiento de un conflicto militar sostenido, según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada en el contexto de la guerra de Vietnam y con la intención de evitar campañas militares que no tengan el visto bueno de los legisladores.
Desde el 2 de septiembre los militares de Estados Unidos, por órdenes del Pentágono, han realizado 14 ataques contra pequeñas embarcaciones y un sumergible, matando al menos a 62 personas que, según la Casa Blanca, estaban implicadas en actividades de narcotráfico en aguas internacionales, aunque sin mostrar evidencias de los presuntos crímenes.
De la ofensiva militar solo han resultado dos sobrevivientes, repatriados a Colombia y Ecuador. Un tercero estaba siendo buscado por la Marina mexicana en aguas del Pacífico pero sin resultados.
Dos días después del primer ataque en septiembre, el gobierno informó al Congreso sobre el operativo militar. Desde ese momento empezó a correr un plazo de 60 días, que culmina este lunes 3 de noviembre, para que pueda hacerse uso de las Fuerzas Armadas «a menos que el Congreso haya declarado la guerra o aprobado una ley que autorice la acción», indica la Resolución de Poderes de Guerra.
El presidente Donald Trump ya había dado a entender la semana pasada que no era necesario que el Congreso autorizara sus acciones militares conta los supuestos narcotraficantes.
A principios de octubre Trump declaró a los carteles de la droga como «combatientes ilegales» y afirma que Estados Unidos se encontraba en un «conflicto armado no internacional», según un memorando obtenido por medios. El presidente y funcionarios como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han insistido en una retórica en la que comparan a los carteles de la droga y sus miembros con terroristas como los de Al Qaeda, con lo que buscan justificar sus muertes.
«Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda, y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los localizaremos y, luego, los cazaremos y los mataremos», dijo Hegseth esta semana en sus redes sociales.
Límites legales para operaciones militares no aplican para los ataques, considera el gobierno The Washington Post reporta que según tres fuentes conocedoras del asunto, Geiser afirmó a los congresistas que la administración Trump no cree que estos ataques cumplan con la definición legal de hostilidades, por lo que no solicitarán una extensión del plazo de 60 días, o la aprobación del Congreso para mantener la campaña militar en el mar Caribe, que acumula frente a las costas de Venezuela casi una decena de barcos de guerra —incluyendo el portaviones Gerald R. Ford en camino— decenas de aviones caza, de espionaje y bombarderos, y miles de soldados y marines.
Esta acumulación de poder militar, más el inusual reconocimiento de Trump de que autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, han disparado las especulaciones sobre un posible ataque militar de EEUU a objetivos en Venezuela, con la meta no reconocida públicamente de forzar la caída de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.
Sin embargo, esta semana Trump negó que esté planeando ataques a Venezuela.
«La administración parece estar sobrepasando el límite de 60 días», afirmó un alto funcionario del Congreso a The Washington Post.
Parte del argumento del gobierno sobre la resolución de poderes bélicos se basa en que no aplica al actual contexto porque «se ha entendido que se aplica a poner en peligro a los miembros del ejército estadounidense», algo que la administración no cree que ocurra en la actual ofensiva contra los supuestos carteles, explica el diario.
Hasta el momento no se han reportado heridos o bajas militares estadounidenses, según los reportes de Trump o Hegseth sobre los ataques, que se han efectuado con drones lejos de los navíos de EEUU.
Críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de la campaña militar
Esta posición sobre la libertad del gobierno de Trump para seguir adelante con esta campaña militar, y las bases legales para llevarla a cabo, ha sido cuestionada por congresistas, expertos legales y militares, y las Naciones Unidas,
El máximo responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó el viernes que los ataques militares de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental son «inaceptables» y deben parar.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que se investiguen los ataques, en lo que parecía ser la primera condena de este tipo por parte de una agencia de la ONU.
“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener esos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ejecución extrajudicial de gente a bordo de estas embarcaciones”, dijo Türk, a través de su portavoz, Ravina Shamdasani.
Shamdasani indicó que Türk considera que “los ataques aéreos de Estados Unidos a botes en el Caribe y en el Pacífico violan el derecho humanitario internacional”.
El senador Tim Kaine, miembro de mayor rango del subcomité de Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional y Seguridad, afirmó que la Casa Blanca no ha compartido «información esencial» con el Congreso respecto a la cadena de toma de decisiones y la base legal que permite al presidente atacar embarcaciones.
«Nuestra Constitución no da el poder al presidente a decidir quién él puede matar», apuntó Kaine.
Por su parte, el representante Adam Smith, miembro destacado del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja, advirtió que «no he visto nunca una falta de transparencia tan asombrosa por parte de la Administración y el Departamento a la hora de informar de manera significativa al Congreso sobre el uso de la fuerza militar letal».
«Con base en la información que conocemos actualmente, los ataques parecen ser ilícitos según el derecho internacional», manifestó Celeste Kmiotek, abogada del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council, entrevistada por Univision Noticias.
Y Mark P. Nevitt, un comandante del Cuerpo de Abogados de la Marina y profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Emory, escribió en un artículo para Just Security que usar el lenguaje de la Guerra contra el Terrorismo puesto en práctica tras el 11-S «no otorga al presidente ni al ejército estadounidense una mayor autoridad legal para matar civiles» al enfrentar el narcotráfico.
El ejército estadounidense está modernizando una antigua base naval de la Guerra Fría, abandonada hace mucho tiempo en el Caribe, según una investigación visual de Reuters. Esto sugiere preparativos para operaciones sostenidas que podrían apoyar posibles acciones dentro de Venezuela.
Las obras en la antigua base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico —cerrada por la Armada hace más de 20 años— comenzaron el 17 de septiembre, cuando las cuadrillas iniciaron la limpieza y repavimentación de las calles de rodaje que conducen a la pista, según fotografías tomadas por Reuters.
Hasta que la Armada se retiró de las instalaciones en 2004, Roosevelt Roads fue una de las bases navales estadounidenses más grandes del mundo. La base ocupa una ubicación estratégica y ofrece un amplio espacio para el almacenamiento de equipo, según declaró un funcionario estadounidense.
Además de las mejoras en las capacidades de aterrizaje y despegue en Roosevelt Roads, Estados Unidos está construyendo instalaciones en aeropuertos civiles en Puerto Rico y St. Croix, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Los dos territorios estadounidenses se encuentran a unos 800 kilómetros de Venezuela.
Reuters habló con tres oficiales militares estadounidenses y tres expertos marítimos, quienes afirmaron que las nuevas construcciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes apuntan a preparativos que podrían permitir al ejército estadounidense realizar operaciones dentro de Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado repetidamente que Estados Unidos busca derrocarlo.
“Creo que todo esto está diseñado para atemorizar al régimen de Maduro y a los generales que lo rodean, con la esperanza de crear divisiones”, declaró a Reuters Christopher Hernández-Roy, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington.
Para monitorear la actividad militar estadounidense en la región durante los últimos dos meses, Reuters fotografió bases militares estadounidenses y revisó imágenes satelitales, datos de seguimiento de barcos y vuelos, y publicaciones en redes sociales. La agencia de noticias también rastreó los movimientos de buques militares estadounidenses mediante reportajes sobre el terreno y fotografías y videos de acceso público.
El despliegue militar en la región es el mayor no relacionado con ayuda humanitaria desde 1994, cuando Estados Unidos envió dos portaaviones y más de 20.000 soldados a Haití para participar en la “Operación Apoyo a la Democracia”.
Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 14 ataques contra presuntos buques de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 61 muertos.
Los ataques contra presuntos buques de narcotráfico han incrementado las tensiones con Venezuela y Colombia y han puesto de relieve una región del mundo que ha recibido recursos limitados por parte del ejército estadounidense en los últimos años.
Al ser consultada sobre la expansión militar en la región, la Casa Blanca declaró que el presidente Donald Trump había prometido durante su campaña electoral combatir a los cárteles de la droga de la región.
“Ha tomado medidas sin precedentes para detener el flagelo del narcoterrorismo que ha provocado la muerte innecesaria de estadounidenses inocentes”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado a Reuters.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe comenzó en agosto con la llegada de buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate y aeronaves de reconocimiento.
El grupo de ataque del portaaviones Ford, con aproximadamente 10.000 efectivos y decenas de aeronaves y sistemas de armas, se dirige desde el mar Adriático. Uno de los destructores del Ford zarpó de Gibraltar el 29 de octubre, según imágenes satelitales y datos de seguimiento de buques.
Ante los hallazgos de Reuters, el Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios. El gobernador de Puerto Rico tampoco respondió a la solicitud de comentarios.
Desarrollo de bases en el Caribe
Algunas de las mejoras de infraestructura más importantes se están llevando a cabo en la antigua base de Roosevelt Roads, donde se están modernizando las pistas de rodaje con mejoras que, según los analistas, permitirán su uso tanto por aviones de combate como de carga.
Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU. y asesor principal del CSIS, afirmó que estos cambios se ajustan a los preparativos para un aumento en los aterrizajes y despegues de aeronaves militares.
Además de las obras de renovación de la calle de rodaje, Reuters observó la instalación de equipos portátiles de apoyo al tráfico aéreo y otros equipos móviles de seguridad.
Imágenes satelitales tomadas el 29 de octubre muestran 20 nuevas tiendas de campaña al sureste de la pista, cerca de un hangar de aviones abandonado.
Aeronaves y helicópteros del Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encuentran estacionados en la antigua base militar Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo
Hernández-Roy, investigador del CSIS, declaró a Reuters que era posible que el ejército estadounidense simplemente estuviera reparando baches. Pero añadió: «Si ahora su atención se centra en el hemisferio occidental, tiene todo el sentido que quieran reabrir lo que antes era una enorme base naval y asegurarse de que pueda albergar la variedad de aeronaves que utiliza el ejército estadounidense».
Tiendas de campaña instaladas cerca de la pista de aterrizaje en la antigua Estación Naval de Roosevelt Roads, 29 de octubre de 2025. Fuentes: Planet Labs PBC, REUTERS/Ricardo Arduengo
Reuters también detectó cambios significativos en el Aeropuerto Rafael Hernández, el segundo aeropuerto civil con mayor tráfico de Puerto Rico.
A mediados de octubre, el ejército estadounidense había desplegado equipos de comunicaciones y una torre de control de tráfico aéreo móvil, que se utiliza habitualmente para coordinar un gran número de aeronaves en zonas de guerra o tras desastres.
Según expertos militares, las torres de control de tráfico aéreo móviles se utilizan para coordinar un mayor número de aeronaves que entran y salen de una región.
Imágenes satelitales y fotografías de Reuters muestran drones Reaper en la pista del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico, a mediados de octubre. Fuentes: REUTERS/Ricardo Arduengo, Planet Labs PBC, Google Earth / Airbus
Imágenes satelitales muestran la construcción de un depósito de municiones en el aeropuerto, aunque los expertos consultados por Reuters indicaron que no estaba claro qué tipo de armas podrían almacenarse allí.
«Eso es muy importante», afirmó Cancian. «Podrían usarse a corto plazo en una operación contra Venezuela». Sin embargo, reconoció que la instalación también podría indicar una planificación a largo plazo para operaciones contra los cárteles.
En la cercana isla de Santa Cruz, imágenes satelitales tomadas en septiembre y octubre también muestran actividad de construcción en un aeropuerto civil.
Las imágenes, del Aeropuerto Henry E. Rohlsen, muestran obras en curso cerca de la plataforma, donde se estacionan y se les da mantenimiento a los aviones. La mejora de las plataformas permitiría que más aeronaves militares estadounidenses se estacionen y reposten, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters.
Fuentes: Google Earth, Planet Labs PBC
Un video grabado por un residente local a petición de Reuters muestra un nuevo sistema de radar en el aeropuerto.
Albert Bryan Jr., gobernador de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, declaró a través de su oficina que, si bien existe coordinación con el ejército estadounidense respecto al despliegue de tropas en el territorio, su oficina no tiene acceso a los detalles operativos ni a la planificación futura de dichas operaciones.
“Considera que la presencia regional del ejército estadounidense fortalece la seguridad y disuade el tráfico de drogas y armas a través del territorio”, señala el comunicado.
Hernández-Roy, del CSIS, indicó que los cambios podrían tener como objetivo dar soporte al gran número de aeronaves militares estadounidenses que llegan a la región. Las mejoras también podrían ayudar a subsanar las deficiencias en las capacidades de vigilancia por radar, en caso de que los narcotraficantes opten por utilizar aeronaves en lugar de barcos.
“La única deficiencia en la cobertura de radar, que representa un problema constante para la interceptación de vuelos de narcotráfico, se encuentra sobre Haití, y es como un gran agujero negro”, añadió Hernández-Roy.
Según el Departamento de Estado, Haití se utiliza como punto de tránsito para el tráfico de cocaína y marihuana desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
La embajada haitiana no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Un video grabado en la isla por un residente local a petición de Reuters muestra un nuevo sistema de radar en el aeropuerto Henry E. Rohlsen de St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el 30 de octubre de 2025. Foto distribuida por REUTERS.
La tripulación del Cutter Campbell de la Guardia Costera de Estados Unidos concluyó una extensa misión de seguridad marítima tras regresar el pasado lunes 27 de octubre a su puerto base en la Estación Naval de Newport, luego de completar una patrulla de 54 días en el Paso de Barlovento.
Durante esta operación, la unidad participó en la interceptación de una embarcación haitiana sobrecargada con 103 personas a bordo, hallada a unos 24 kilómetros de las Islas Turcas y Caicos, según informó la Guardia Costera en un comunicado de prensa.
La misión formó parte de la Operación Vigilant Sentry (OVS), iniciativa encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que agrupa a más de 50 agencias federales, estatales y locales. El objetivo central consiste en proteger la vida en el mar y prevenir la migración marítima ilegal hacia EstadosUnidos y sus territorios, expandiendo la cobertura sobre una vasta región del Caribe y el sureste norteamericano.
La GuardiaCostera detalló en la misiva que la Zona de Responsabilidad del Distrito Sureste de la Guardia Costera (CGD-SE) abarca aproximadamente 4,4 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, Florida, Georgia, Carolina del Sur y la jurisdicción con 34 naciones y territorios extranjeros.
El episodio más relevante de la misión transcurrió el 21 de septiembre, cuando la tripulación del Campbell colaboró con el equipo aéreo HC-144 Ocean Sentry procedente del Centro de Entrenamiento de Aviación Mobile.
Los guardacostas localizaron una embarcación precaria proveniente de Haití y se encargaron de suministrar chalecos salvavidas a sus ocupantes. La coordinación con la Policía Real de las Turcas y Caicos permitió el posterior remolque de la nave hacia la isla de Providenciales para el trámite de las personas rescatadas.
La comandante Krystyn Pecora, jefa del Campbell, aseguró que “esta interceptación demuestra el poder del trabajo en equipo y la cooperación internacional. Nuestros esfuerzos conjuntos apoyaron la misión continua de la Guardia Costera de disuadir la migración marítima ilegal y garantizar la seguridad en el mar”.
Pecora expresó también que “no podría estar más orgullosa del compromiso y la dedicación de esta tripulación durante el despliegue, asegurando que el Campbell permaneciera listo para cumplir sus misiones”.
En las semanas en territorio del Paso de Barlovento, el cutter Campbell asumió el liderazgo de las tareas tácticas, gestionando recursos adicionales del Servicio de Guardacostas enfocados en detectar e interceptar movimientos migratorios peligrosos e ilegales en la región.
La Operación Vigilant Sentry, antes denominada Homeland Security Task Force – Southeast desde 2003, ofrece una respuesta integral de múltiples agencias contra la migración no autorizada por la vía marítima. Este enfoque destaca la colaboración entre autoridades estadounidenses y fuerzas policiales de otras jurisdicciones insulares del Caribe.
El Cutter Campbell, de 82 metros y clase Famous, pertenece a la flota de mediana resistencia encargada de misiones clave como la interdicción de tráfico de drogas y migrantes, además de operaciones de búsqueda y rescate. Botado en 1988, opera bajo la jurisdicción del Comando del Área Atlántica de la Guardia Costera, asentado en Portsmouth, Virginia.
“Apoyamos directamente la misión de seguridad fronteriza marítima de los Estados Unidos y sus aliados”, subrayó un portavoz oficial en el despacho consultado. La tripulación enfatizó que la prioridad es siempre la protección de la vida en el mar y la aplicación de la legislación migratoria internacional vigente.
Entre los elementos destacados del despliegue se encuentra la coordinación simultánea de recursos navales y aéreos, que permitió una rápida atención a situaciones de peligro, como la detallada por la comandante Pecora. La presencia del Campbell contribuyó al refuerzo de las capacidades de respuesta ante flujos migratorios repentinos en aguas del Caribe, donde la situación humanitaria suele requerir atención inmediata.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.
Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.
Al ser consultado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, Trump declaró: «Lo dudo. No lo creo“. Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como líder del país estaban contados, Trump respondió: ”Diría que sí. Creo que sí“.
Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para «imponer un cambio de régimen» en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.
Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.
Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.
Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para Estados Unidos.
Los marines de EEUU ensayaron maniobras de desembarco en suelo puertorriqueño
El Pentágono anunció el sábado que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha llevado a cabo entrenamientos que incluyeron maniobras de desembarco e infiltración en territorio puertorriqueño, en un contexto marcado por el aumento del despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe y la intensificación de los temores ante una posible acción armada contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Según un comunicado difundido por el Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM) a través de la red social X, la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marinesrealizó “operaciones de entrenamiento en Puerto Rico”.maniobras de desembarco de marines de eeuu en puerto rico
El mensaje fue acompañado por un video en el que se observa a un LCAC —aerodeslizador usado para el transporte de tropas, vehículos y equipamientos— efectuando un desembarco anfibio con apoyo de helicópteros de transporte UH-1Y, desde donde los marines ensayaron distintos despliegues, así como helicópteros de ataque Apache.
En las imágenes, presentadas al ritmo de música dramática que recuerda a un avance de película de acción, se muestran también escuadras de Marines en vehículos Polaris MRZR, tácticos todoterreno diseñados para terrenos complejos, quienes aseguraron posiciones de tiro y avanzaron en posteriores acciones de infiltración.
“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente de EEUU para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, explicó el comunicado publicado por SOUTHCOM.
Tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia inicia una transición histórica con la victoria de Rodrigo Paz, que pone fin al ciclo inaugurado por Evo Morales en 2006. El país enfrenta una economía exhausta, once años de déficit fiscal y una profunda crisis institucional heredada del control político autoritario del MAS. En este contexto, el politólogo Juan Pablo Chamón, director ejecutivo del think tank Libera, analiza en conversación con La Gaceta de la Iberosfera el sentido del cambio, los retos del nuevo Gobierno. Chamón advierte que Bolivia vive «el último gobierno del ciclo del MAS» y que su desenlace marcará el rumbo político de toda una generación.
Después de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo, ¿qué simboliza realmente el triunfo de Rodrigo Paz? ¿Estamos ante una ruptura estructural o un simple relevo dentro del mismo sistema?
Sí, hay una transición sustancial. Después de dos décadas del Movimiento al Socialismo bajo la influencia de Evo Morales, Bolivia termina optando por una alternativa con un lema muy claro: capitalismo para todos. Salimos de una esfera donde Evo Morales controlaba la justicia, el poder legislativo y, además, la educación. Se ha intentado revertir ese dominio: hoy tenemos, por ejemplo, una ley educativa horrorosa que adoctrina a los niños. Veinte años después, gana una opción con ese lema. Hay un cambio, sin duda. Habrá similitudes en cuestiones pragmáticas o ciertas vertientes populistas, pero al final de cuentas se abre un nuevo paradigma. Una muestra de ello es el primer viaje que ha realizado el presidente electo. Rodrigo Paz ha estado en Washington, D.C., conversando con organismos multilaterales y con el gobierno de Estados Unidos para resolver dos asuntos urgentes: la provisión de hidrocarburos —porque los bolivianos están haciendo entre tres y cuatro horas de fila para llenar el tanque de gasolina— y la falta de dólares, tras once años de déficit fiscal y la desaparición de reservas. El gobierno incluso se gastó los dólares de los ahorristas bolivianos. Veo señales de cambio, diferencias sustanciales y unas buenas primeras semanas, aunque hay que permanecer atentos.
¿Cuáles fueron los principales factores detrás de la caída del MAS? ¿Pesó más la fractura entre Evo Morales y Luis Arce, la economía o el desgaste político?
No se puede entender la caída de Evo Morales y del MAS sin mirar el referéndum del 21 de febrero de 2016. Ese año, Morales convocó una consulta para cambiar la Constitución y poder reelegirse, pese a que él mismo la había redactado. Contra todo pronóstico, Bolivia le dijo que no. Fue una lucha monumental contra toda la estructura estatal y su enorme popularidad. Aun así, Morales volvió a postularse gracias a un fallo del Tribunal Constitucional —que él mismo controlaba—, según el cual la reelección era un «derecho humano». Aquello provocó una ruptura profunda con los bolivianos. El distanciamiento con su proyecto no tiene sólo una raíz económica: fue también una reacción ética y política ante el abuso de poder. Incluso dirigentes del MAS más próximos a Arce han reconocido que se equivocaron al apoyar la reelección indefinida. Luego, mientras Morales y Arce se enzarzaban en luchas internas, la gente sufría: largas colas para conseguir combustible o pan, restricciones para retirar sus propios dólares o usar tarjetas de crédito. Todo eso erosionó al MAS. Creo que estamos ante el último gobierno del ciclo iniciado hace veinte años, no aún ante el primero de un nuevo ciclo. Pero hay esperanza: si las cosas se hacen bien, es muy difícil que un proyecto como el de Evo Morales pueda volver.
Durante dos décadas, Morales mantuvo una política exterior alineada con Cuba, Venezuela y el Foro de Sao Paulo. Rodrigo Paz ha anunciado que cambiará ese rumbo. ¿Qué tipo de viraje espera?
Viene una etapa mucho más pragmática. La prioridad será restablecer relaciones comerciales con el mundo para atraer dólares y reactivar la economía. Durante años, la mayoría de los productos bolivianos de exportación estaban restringidos; eso va a cambiar. También habrá un giro geopolítico importante hacia Occidente: Bolivia saldrá del eje autoritario de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y también de las influencias de Rusia, China e Irán. Estas diferencias se verán desde el primer momento. Cuando Paz asuma el poder, varios mandatarios extranjeros acudirán a La Paz, algo que no ocurrió ni siquiera en el bicentenario del país, lo que demuestra el aislamiento diplomático en que nos dejó el MAS. Restablecer relaciones normales —sobre todo con Estados Unidos— dará impulso al nuevo gobierno y fortalecerá la imagen de Bolivia.
La prensa internacional lo describe como «centrista», «derechista” o «centro-izquierdista». Hay mucha confusión sobre su ideología. ¿Cómo definirías tú el perfil político de Rodrigo Paz?
La política boliviana ha estado tan a la izquierda que cualquier alternativa frente al MAS parece de derecha. Paz se define como un político de centro, pero yo lo ubicaría más bien en una centro-derecha moderna: cree en movilizar a la gente a partir del capitalismo para todos. Lleva años criticando lo que él llama el Estado tranca, ese Estado que entorpece, no deja funcionar ni abrir negocios. Su discurso entiende muy bien la realidad boliviana: una economía donde el 85 % es informal. En ese contexto, el «capitalismo popular» busca integrar a esos sectores en la productividad. Es cierto que para algunos sectores conservadores puede parecer más de centro, y que usa símbolos heredados de su padre —uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria—, como la frase Hasta la victoria siempre. Pero eso muestra su pragmatismo, no una continuidad ideológica con la izquierda.
Bolivia ha estado marcada por una ideología de izquierda y por la narrativa plurinacional. ¿Esa matriz ideológica se ha roto o sólo se ha atenuado por la crisis del MAS?
Uno de los grandes desafíos es decir la verdad sobre la cuestión indígena. El proyecto de Evo Morales utilizó la plurinacionalidad como símbolo de diversidad, pero en realidad dejó a los pueblos indígenas en el desamparo. Después de veinte años de supuesto indigenismo, el 83 % de las lenguas originarias está en peligro de extinción, y muchas comunidades están envenenadas por la explotación ilegal de oro promovida por acuerdos con China. No hemos tenido un gobierno más antiindígena que el de Morales. Esa herencia requerirá una lucha cultural y narrativa, pero dudo que sea la prioridad inmediata de Paz: el foco estará en resolver la crisis económica y restaurar la gobernabilidad.
Rodrigo Paz no tiene mayoría en el Congreso, y Evo Morales conserva capacidad de movilización. ¿Hasta qué punto podrá el nuevo presidente garantizar estabilidad política?
Será un error tratar a Evo Morales —un prófugo de la justicia— como rival político en lugar de asumirlo como un factor de inestabilidad. Morales quiere volver al poder y ha demostrado estar dispuesto a todo. Este año sus protestas dejaron más de cinco policías muertos y pusieron al país al borde de una guerra civil. El desafío de Paz será consolidar mayorías en la Asamblea Legislativa para aprobar reformas urgentes. No debería tener grandes obstáculos: el MAS no tiene senadores y cuenta con sólo ocho diputados de 130. Eso le da margen de maniobra. Tras veinte años de hegemonía aplastante del MAS, el hecho de que las fuerzas políticas deban ahora llegar a acuerdos es una oportunidad para reconstruir la cultura democrática boliviana. Bolivia llega a este punto con instituciones destruidas: el World Justice Project la ubica en el puesto 131 de 142 en Estado de Derecho, y en el 141 en justicia penal. Si el nuevo gobierno logra combinar acuerdos amplios con soluciones económicas efectivas, podrá devolver al país gobernabilidad y normalidad democrática.
Le devuelve músculo democrático al sistema, después de años de hegemoníadel Movimiento al Socialismo.
Exactamente. Eso puede cambiar la relación entre ciudadanía y política. Competencia, contrapesos y responsabilidad son claves. Cuando un gobierno puede hacer todo lo que se le antoja, las cosas terminan como están terminando ahora.
Si de algo sabemos los venezolanos es de acuerdos y -si se quiere- de consensos para gobernar. Nuestro siglo XIX estuvo marcado por esa tendencia de suscribir arreglos para establecer la paz o el entendimiento entre grupos antagónicos. Por lo general, a cada administración o caudillo le sucedía otro cuya característica era la suscripción de un convenio con el consabido apretón de manos o el abrazo casi fraternal antes de iniciar sus labores formarles. Que estos fracasaran o se violaran al poco tiempo, era un asunto ordinario por no decir habitual. No obstante, entrado el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, la historia reconoce el éxito del llamado Pacto de Puntofijo cuyo texto y espíritu permitieron poner en práctica un sistema democrático para un país que venía regido -generalmente- por dictaduras y/o gobiernos militares.
No vamos a referirnos al cuerpo del documento y a sus consecuencias. Al respecto, mucho se ha estudiado y comentado. Tan solo diremos que su aplicación nos permitió convivir bajo gobiernos electos democráticamente y de alcanzar niveles económicos y sociales harto interesantes. Que tuvo fallas, omisiones, defectos y desviaciones, nadie lo discute. Pero la habida recomposición política y social determinaron – sin discusión alguna – casi cuatro décadas y, sobre todo, un período de avances en todos los órdenes.
El intento por construir una sólida democracia tuvo su raíz y soporte en este Pacto de Puntofijo. No fue, como dicen algunos con aviesos propósitos, una burda repartición gubernamental entre AD, Copei y URD. Por cierto, exacerbados personalismos y una pésima conducción en la organización de sus cuadros, propiciaron que a las primeras de cambio este último partido se viniera a menos.
La verdad es que bajo un gran consenso pudo establecerse un régimen democrático que para más comprensión sobrevivió a las agresiones de una izquierda radical y a las insepultas aspiraciones de los más reacios estamentos militares y conservadores, pero que, lamentablemente, no pudo sostenerse ante la avalancha de infidelidades y pérfidas conductas de algunos de los principales dirigentes políticos y destacados directivos sociales y económicos.
Fue un gran consenso. Así habría que conceptuarlo. Sus resultados no solo lograron una “difícil” estabilidad democrática sino también la reconstrucción- como ya dijimos – de un tejido social que incluyó importantes gremios profesionales, sindicatos, asociaciones empresariales y grupos de toda índole que actuaron con total libertad en función de sus metas u objetivos.
Es cierto – igualmente – que a finales de los 80 y principios de los 90 este robusto consenso se fue resquebrajando hasta que no pudo hacer frente a lo que muchos habían anunciado y que ahora conocemos su lamentable desenlace.
Puntofijo no fue un arreglo burocrático ni una simple distribución de poderes. Fue un gran acuerdo para reinstalar la democracia. Perdido a estas alturas, no nos queda otra opción que restablecerlo, aún con mayor fuerza o vigor, que el de octubre de 1958.
Hay una urgente necesidad de rehacer la república y de construir ciudadanía. Solo una gran “alianza nacional” se presenta como la vía más expedita para lograrlo. La deslealtad o la indiferencia hacia este propósito no tienen cabida y mucho menos aceptación.
Ricardo Ciliberto Bustillos
Se acrecienta el genocidio islámico en Sudán. Más de 460 civiles han sido ejecutados dentro del Hospital de Maternidad Saudí de El Fasher, en una de las matanzas más atroces cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde el inicio de la guerra civil en abril de 2023. El ataque, dirigido contra pacientes, médicos y familiares, se ha tratado de una operación de exterminio que deja en evidencia la brutalidad de los grupos paramilitares que operan en el país africano bajo una ideología islamista cada vez más violenta.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los combatientes de las RSF irrumpieron en el hospital y asesinaron a sangre fría a todos los presentes. Testigos de la masacre describieron escenas de terror: disparos indiscriminados, cuerpos en los pasillos y gritos que se apagaban bajo el fuego. Entre los sobrevivientes se encuentra Umm Amena, una madre desplazada, que relató que «los Janjaweed no tuvieron piedad de nadie», utilizando el nombre con el que se conoce a estas milicias, famosas por sus crímenes en la región de Darfur.
La ofensiva en El Fasher no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de persecución que está devastando comunidades enteras, especialmente las cristianas. Open Doors, organización internacional dedicada a documentar la persecución religiosa, estima que el 4,1% de la población sudanesa profesa el cristianismo —más de dos millones de personas— y que los conversos son el grupo más expuesto a la violencia y a la represión estatal.
El conflicto ha derivado en una catástrofe humanitaria de dimensiones colosales. Iglesias, centros comunitarios y viviendas de cristianos han sido ocupadas o destruidas por grupos armados, mientras las autoridades locales permanecen inactivas o incluso cómplices. «Los extremistas están aprovechando el caos para consolidar el control mediante el terror», denuncia Open Doors, que advierte de un incremento drástico de los ataques desde que comenzó la guerra.
La organización identifica cuatro formas principales de persecución en Sudán: la opresión islámica, la represión dictatorial, las tensiones entre clanes y la corrupción estructural que alimenta la impunidad. Cada uno de estos factores se entrelaza con el objetivo de eliminar cualquier presencia cristiana o disidente del orden religioso dominante.
Mientras la comunidad internacional se limita a emitir comunicados, los testimonios que llegan desde el terreno describen una limpieza étnico-religiosa en curso. Vecinos de El Fasher aseguran que los paramilitares recorrieron las calles casa por casa, ejecutando a civiles y cometiendo abusos sexuales contra mujeres y niñas. «No había refugio posible», ha narrado uno de los pocos supervivientes antes de huir hacia el norte del país.
El genocidio que asola Sudán avanza entre el silencio y la indiferencia global. Las víctimas —médicos, familias enteras, comunidades cristianas— se cuentan por cientos de miles. El horror de El Fasher no es un episodio aislado, sino el reflejo de un país donde el extremismo se impone a la vida y donde la fe, la libertad y la compasión se han convertido en objetivos de exterminio.
