Bolivia vive este domingo una jornada decisiva. Más de siete millones de ciudadanos están llamados a votar en una segunda vuelta presidencial inédita que enfrenta al expresidente Jorge «Tuto» Quiroga y al líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, quien se impuso en la primera ronda celebrada en agosto. Es una elección que va mucho más allá de la disputa entre dos candidatos: marca el fin del ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que dominó la vida política boliviana durante casi veinte años bajo el liderazgo de Evo Morales y, más tarde, de Luis Arce.

La Gaceta de la Iberosfera

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha confirmado que los resultados preliminares se conocerán esta misma noche, y que el escrutinio final será anunciado el miércoles. Será la primera vez que Bolivia defina a su presidente en segunda vuelta desde que la Constitución de 2009 instauró el sistema de doble ronda. El simple hecho de que ninguno de los finalistas pertenezca al MAS ya representa una ruptura histórica.

El colapso del oficialismo no es producto de una coyuntura aislada, sino de un proceso de desgaste estructural que venía gestándose desde hace años. La crisis comenzó con la obsesión reeleccionista de Morales, que desconoció el referéndum de 2016 y debilitó las instituciones al someter al Tribunal Constitucional a su control. Continuó con una gestión económica que dilapidó el auge del gas y dejó al país sin dólares, con subsidios insostenibles y un déficit fiscal superior al 9% del PIB. Pero la implosión definitiva llegó con la guerra interna entre Morales y Arce, que partió al MAS en tres facciones —evistas, arcistas y renovadores— y dejó a sus bases dispersas y cansadas. En las elecciones de agosto, el partido que una vez concentró más del 60% de los votos apenas superó el 3%, el mínimo legal para no desaparecer.

La fractura del MAS abrió el espacio para una competencia inédita entre dos opciones no socialistas. Rodrigo Paz, que se presenta como un centrista pragmático y modernizador, y Jorge Quiroga, exmandatario de perfil liberal, encarnan diferentes estilos de oposición, pero comparten un diagnóstico: Bolivia necesita orden fiscal, justicia independiente y apertura económica. Ambos han señalado la urgencia de negociar con organismos multilaterales y estabilizar la macroeconomía antes de que el país caiga en una crisis de deuda. El Fondo Monetario Internacional ya ha iniciado contactos con ambos equipos, consciente de que sin un cambio de rumbo la economía boliviana no podrá sostenerse más de un año.

Esta elección importa no sólo por quién gane, sino porque cierra una etapa política e ideológica. El llamado «proceso de cambio» que en 2006 prometió transformar Bolivia en un modelo de justicia social terminó derivando en un régimen clientelar, autoritario y corrupto, sostenido durante años por los precios internacionales del gas y por un relato de épica indígena que el tiempo volvió anacrónico. Pero además la caída del MAS no se explica sólo por los errores de Evo o Arce, sino por el agotamiento de una lógica de poder que confundió Estado con partido y liderazgo con caudillismo, y control absoluto del poder.

La votación de este domingo será, en el fondo, un plebiscito sobre el socialismo del siglo XXI en su versión andina. La economía al borde del colapso, la judicialización de la política y la fractura del bloque masista han demostrado los límites del modelo. Bolivia llega hoy a las urnas con una sociedad polarizada, pero decidida a cerrar un ciclo. Los votantes no buscan ya héroes revolucionarios, sino instituciones que funcionen, estabilidad y empleo, sentido común.

La región observa con atención. En Iberoamérica, donde la marea rosa retrocede tras las derrotas del kirchnerismo en Argentina y el desgaste de Petro o Boric, el caso boliviano se interpreta como una victoria: los socialismo hegemónicos también pueden caer. Pero el desafío que viene no será menor. Quien gane tendrá que reconstruir un Estado quebrado, despolitizar la justicia y restaurar la confianza de un país acostumbrado a vivir entre la confrontación y el subsidio. Bolivia no sólo vota por un presidente: vota por su viabilidad como república. Después de dos décadas de socialismo, la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de empezar de nuevo.

El resultado de esta jornada marcará el fin de un largo experimento político y el inicio de una nueva etapa. Sea quien sea el vencedor, lo que está en juego no es un nombre, sino el renacimiento institucional de Bolivia tras años de populismo, socialismo, división y deterioro moral. La historia dirá si esta elección, más que un punto final, logra convertirse en un punto de partida.

Belém, la ciudad brasileña que en pocos meses acogerá la cumbre climática COP30, se prepara para recibir a 70.000 delegados, activistas y periodistas comprometidos con la «causa verde». Lo hará gracias a una nueva autopista de cuatro carriles —la llamada Avenida Liberdade— que atraviesa la selva amazónica. El proyecto gubernamental se ha presentado como «imprescindible» para garantizar el acceso a los hoteles y centros de conferencias, y ha implicado ya la tala de más de 100.000 árboles maduros.

La Gaceta de la Iberosfera

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que promete ante los micrófonos «salvar el planeta», ha decidido sacrificar hectáreas de selva en nombre del clima. Y, mientras tanto, los líderes medioambientales que llegarán en avión a Belém guardan silencio. Ninguno parece encontrar contradicción alguna entre la retórica verde y la destrucción de la mayor reserva natural del mundo para facilitar su cumbre de «emergencia climática».

Sin embargo, la paradoja va más allá de la hipocresía política. Según un estudio reciente publicado en Nature Plants, el Amazonas no sólo no está «colapsando», como repiten los medios alineados con la narrativa climática, sino que está creciendo. Los datos recogidos durante tres décadas en 188 parcelas de bosque maduro muestran que la biomasa del Amazonas ha aumentado un 3,3% por década y que los árboles más grandes crecen más de un 6% cada diez años.

Los investigadores atribuyen este fenómeno al incremento del dióxido de carbono atmosférico, que actúa como fertilizante natural al facilitar la fotosíntesis. En otras palabras: el CO₂ —demonizado como «gas contaminante» por la ONU y Bruselas— está contribuyendo a la salud y expansión de la selva tropical.

Mientras los delegados de la COP30 viajarán por una autopista levantada sobre miles de árboles talados, la propia Amazonía responde a las «catástrofes» de los modelos climáticos con un crecimiento vigoroso y medible.

La contradicción es tan evidente que ni siquiera los medios más devotos del catecismo climático han podido ocultarla. The Guardian ha reconocido que «los grandes árboles del Amazonas son más resistentes al clima de lo que se creía anteriormente«, mientras NBC News admite ya que el aumento del tamaño de los árboles es «en cierto modo» una noticia positiva.

Un tribunal en Barinas condenó a 15 años de cárcel a Randal Glendysmar Telles Peña, de 22 años, por el presunto delito de “incitación al odio”, luego de la difusión de un video publicado en la red social TikTok que, según sus familiares, habría sido creado por Inteligencia Artificial. 

La Patilla

Según información creada por el portal Noticias de Barinas, lo habría creado alguien con inteligencia artificial, utilizando una fotografía tipo selfie de la detenida y un audio en el que se escuchaban comentarios críticos hacia Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Telles fue detenida el 22 de octubre de 2024 en su lugar de trabajo, luego de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público, y permaneció 11 meses privada de libertad antes de conocer la sentencia, dictada el pasado 14 de octubre por el Circuito Judicial Penal del estado Barinas.

Tras la audiencia, escribió una carta dirigida a sus padres en la que expresó su frustración por el fallo.

“Solo siento deseos de desaparecer, siento que se me acabó la vida y, junto con ella, mis sueños, mis metas y mi esperanza, sólo puedo sentir dolor, impotencia y tristeza por mí, por mis padres y mi familia. Pido a Dios que me lleve rápido, no lo acepto ni lo asimilo, esto es injusto, esto no es vida. Quiero mi libertad, quiero volver a mi hogar y abrazar a mis padres”, escribió Telles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe.

EFE

«Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento», explicó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación «estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales».

Agregó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque.

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual «conflicto armado» que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

El ataque contra el presunto narcosubmarino tuvo lugar el pasado jueves, según informó el viernes Trump, que aseguró que el hecho de disponer de una embarcación semejante indicaba que «no se trataba de un grupo inocente».

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

Trump anunció el miércoles que ha autorizado a la CIA realizar operativos encubiertos y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

El anuncio de un posible intercambio de inteligencia militar entre Colombia y Venezuela ha generado preocupación entre especialistas en seguridad y relaciones internacionales, quienes alertan sobre los riesgos que esta medida podría representar para la información sensible del Estado colombiano y para su histórica alianza con Estados Unidos.

El Nacional

Según reseñó Infobae, la iniciativa fue impulsada por el presidente Gustavo Petro y confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario explicó que el gobierno busca «fortalecer los mecanismos de cooperación» con Caracas para combatir las amenazas transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana.

Durante un consejo de seguridad realizado en Boavita, Boyacá, Sánchez detalló que el objetivo es consolidar un espacio diplomático dentro de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, a través de una Mesa Técnica de Seguridad y Defensa, que permita compartir información de inteligencia.

El ministro indicó que los avances se desarrollan «a través de canales diplomáticos», y subrayó que Colombia ya cuenta con un agregado de la Policía en Caracas, enfatizando que la cooperación busca fortalecer la acción binacional contra el crimen organizado.

La propuesta ha suscitado críticas entre académicos y analistas, que advierten sobre las implicaciones estratégicas del intercambio de información con una Fuerza Armada acusada de vínculos con grupos irregulares.

Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, señaló a El Tiempo que la cooperación podría facilitar la identificación de rutas y estructuras criminales, pero no está exenta de riesgos.

“Desafortunadamente, si se quiere lograr avances operativos, es necesario compartir información con personas del otro lado de la frontera, quienes pueden observar los movimientos de los grupos ilegales desde otra perspectiva”, explicó.

No obstante, Arévalo advirtió que el carácter sensible de los datos de inteligencia puede exponer a Colombia a vulneraciones. “Sólo así es posible construir una visión conjunta sobre las rutas de distribución y las organizaciones que apoyan a estructuras delictivas mayores, pero también se corre el riesgo de revelar información estratégica del Estado colombiano”, sostuvo.

Falta de claridad jurídica y riesgo de infiltración

Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, expresó su preocupación por la ausencia de un marco legal y territorial definido. En sus declaraciones a El Tiempo, indicó que la iniciativa «carece de claridad en aspectos jurídicos y territoriales fundamentales, lo que dificulta comprender su verdadero alcance».

Trejos recordó que el propio presidente Gustavo Petro calificó la medida como «complicada» y advirtió que podría permitir la infiltración de intereses ajenos a la lucha contra el crimen transnacional.

«Tampoco se identifican con claridad las amenazas que se pretende combatir, en particular aquellas de carácter binacional. Y resulta problemático, considerando que hay evidencia clara de que sectores militares venezolanos mantienen coordinación con el ELN en el lado venezolano de la frontera», explicó el académico.

Además, alertó sobre la posibilidad de que la información compartida termine en manos de organizaciones armadas ilegales. “El Gobierno colombiano podría entregar datos de inteligencia al ejército venezolano sin garantías de que estos no sean transferidos al ELN o a estructuras como la Segunda Marquetalia, que operan en territorio venezolano”, subrayó.

La dimensión internacional del asunto también ha sido destacada por analistas en política exterior. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que el anuncio parece responder más a un gesto político que a una política de defensa estructurada.

“Esto parece más una provocación a Estados Unidos que una verdadera directiva estratégica a las Fuerzas Armadas. No parece una orden presidencial estructurada, con un plan de seguimiento claro”, dijo Bonilla a El Tiempo, citada por Infobae.

Su lectura apunta a que la medida podría tensar las relaciones entre Bogotá y Washington, en un momento en que Estados Unidos mantiene una postura de vigilancia sobre la cooperación militar venezolana, especialmente tras el fortalecimiento de los vínculos entre Caracas y Moscú.

Advertencia geopolítica

El politólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional, Eduardo Pizarro Leongómez, también se pronunció sobre el tema, planteando una advertencia desde la óptica geopolítica.

A su juicio, aunque Colombia no debe respaldar operaciones militares de Washington en el Caribe ni una intervención que desestabilice la frontera, «tampoco resulta conveniente, en el contexto actual, un intercambio de información sensible entre Bogotá y Caracas».

Pizarro Leongómez señaló que “esta puede ser mal utilizada por nuestro vecino”, en referencia a la posibilidad de que datos estratégicos de las Fuerzas Armadas colombianas terminen sirviendo a los intereses del régimen venezolano.

El eventual acuerdo de inteligencia entre ambos países se desarrolla en medio de un frágil proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsado por el presidente Petro desde su llegada al poder, y de una ofensiva política de Nicolás Maduro para recuperar legitimidad internacional.

Para los expertos consultados, el reto del Gobierno colombiano será mantener la cooperación fronteriza sin comprometer la seguridad nacional ni su relación histórica con Estados Unidos, principal aliado militar y estratégico de Bogotá.

Nicolás Maduro aseveró el jueves que el alto mando político y militar de Venezuela está «más unido que nunca» en la defensa de la patria, en un contexto marcado por el despliegue naval que mantiene Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el chavismo denuncia como una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen» en la nación.

EFE

«Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución (chavismo) estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria, imbéciles», expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Así mismo, el jefe de Estado venezolano indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia Bolivariana «como parte del sistema integral de defensa nacional».

A su derecha estaba sentada la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien previamente publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que calificó como falsa una nota del periódico Miami Herald sobre un supuesto ofrecimiento que ella le habría hecho a Washington de encabezar un gobierno de transición sin Maduro.

La también ministra de Hidrocarburos aseguró que «la revolución bolivariana (el chavismo) cuenta con un alto mando político (y) militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo».

En otro mensaje, Rodríguez publicó una selfi en la que sonríe al lado del mandatario, y escribió: «Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de (Hugo) Chávez. No han podido ni podrán».