La ONG Foro Penal informó este viernes que los acusados de asaltar en 2017 un fuerte militar en el estado de Carabobo, del que militares rebeldes extrajeron un centenar de fusiles y varios lanzagranadas, fueron condenados a 30 años de prisión.
El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, dijo en X que la condena ocurrió este viernes a «todos los acusados en el caso Paramacay», entre ellos los que se encontraban con medidas cautelares.
Por su parte, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó en la misma red social que 23 personas fueron condenadas por este caso, de las cuales 17 de ellas se encontraban detenidas desde hace más de ocho años y otras seis permanecían con medidas cautelares.
JEP aseguró que los familiares de los detenidos denunciaron que la sentencia se dio «en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso».
Para la ONG, este fallo «no es un evento aislado, sino que se inscribe en un patrón sistemático donde la forma jurídica se mantiene solo como una fachada».
«Al vulnerar reiteradamente el debido proceso, se rompe el pacto social básico que protege al ciudadano frente al poder del Estado, y se marca un precedente peligroso en el que la indefensión se institucionaliza», subrayó la organización.
En el asalto al fuerte Paramacay, militares insurrectos robaron armas de la Brigada 41, en la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, y huyeron junto a un grupo de cómplices, pese a que dos de ellos fueron abatidos por soldados fieles al Gobierno de Nicolás Maduro y otros siete aprehendidos.
En un video difundido entonces, un grupo de hombres vestidos de militares, quienes portaban armas largas, acompañaron al «capitán Juan Caguaripano», ahora detenido, quien dijo declararse «en rebeldía» contra la que calificó como «tiranía asesina de Nicolás Maduro», aunque precisó que no se trataba de un «golpe de Estado».
Caguaripano explicó entonces que esa era una «acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional» y para «salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos» de jóvenes y familiares.
El militar era miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), quien en 2014 hizo pública su oposición a la revolución bolivariana por la «represión» a las protestas antigubernamentales de entonces, que se saldaron con 43 fallecidos, según datos oficiales.
Venezuela espera las «disculpas históricas» y las «indemnizaciones» que le debe Estados Unidos, dijo Delcy Rodríguez, en un contexto de tensiones después de que Donald Trump afirmara que el país suramericano le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y que los quiere de vuelta.
En un vídeo publicado este viernes en su canal de Telegram, Rodríguez subrayó que el petróleo y gas que se produce en Venezuela es de este país y que si Estados Unidos lo quiere «tiene que pagar» porque «no hay otra vía».
«Ni la amenaza, ni la extorsión, ni el robo, ni el expolio, ni el saqueo es el camino (…). Venezuela no le debe nada a los Estados Unidos», manifestó la también ministra de Hidrocarburos, rodeada de trabajadores de la industria petrolera, entre ellos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La funcionaria agregó que «Venezuela está de pie, en batalla» y en «combate», en momentos en los que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe -que Caracas interpreta como una «amenaza»- y Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro tras ordenar un bloqueo de todos los barcos sancionados desde y hacia Venezuela.
El martes, el mandatario estadounidense aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.
Trump agregó que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».
El republicano declaró el miércoles que Venezuela quitó a Estados Unidos sus «derechos energéticos» y dijo que los quiere de vuelta.
La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a PDVSA.
En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse del país.
A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.
Antes de las elecciones del 28 de julio, funcionarios militares recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la GNB y el Ejército en las protestas de Maracay, como lo documenta la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en su reciente informe. “De acuerdo con un miembro del CICPC citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”.
El saldo de las protestas fue trágico, no solo por el militar herido, sino por las cinco personas fallecidas. “Todas las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Según señaló un miembro del CICPC a una de las fuentes entrevistadas por la Misión indicaría que los perpetradores no actuaban con el objetivo de causar heridas, sino de matar”.
El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, se encontraba cerca del periódico El Aragüeño, cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El sargento de la (GNB) José Torrents a Reiner José Márquez Velásquez resultó herido en el estacionamiento con un disparo en el cuello y murió ese mismo día.
Las otras cinco víctimas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes perdieron la vida tras recibir disparos, cuando estaban frente al ingreso principal de la Brigada de Paracaidistas.
Un estudio de expertos forenses de la organización Physicians for Human Rights, estableció que las lesiones identificadas en el caso de Jesús Tovar “son consistentes con el patrón de heridas de una escopeta: los perdigones centrales suelen mantenerse agrupados, provocando una herida central más profunda, con heridas satélite causadas por los perdigones exteriores dispersos”.
Para los investigadores de la Misión, según esa pericia forense, la escopeta, arma que utiliza la GNB, disparó munición “perdigones grandes (‘buckshot’)” a una distancia superior a un metro e inferior a diez. “En todos los casos, las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales de su cuerpo”.
En rechazo a los resultados, de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dio en Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche del 28 de julio de 2024, al día siguiente hubo una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del obelisco de San Jacinto, en Maracay, capital del municipio Girardot, estado de Aragua.
Las protestas abarcaron el estacionamiento del periódico El Aragüeño y la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “G.J. Félix Antonio Velásquez” del Ejército, conocida como la 42º Brigada de Infantería Paracaidista.
“Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas, por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude”, revela un oficial en conversación con Infobae.
Así ocurrió
Desde la tarde del 29 de julio, entre la 1:00 y las 2:00 pm, se inicia la protesta que se extendió hasta horas de la noche. Hacia las 5:00 pm, dos Grupos de Reacción Inmediata (GRI) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llegaron a la zona, equipados con equipos antimotines, escudos, escopetas y gases lacrimógenos, así como un vehículo blindado VN4.
Un grupo de militares se ubicó frente al periódico El Aragüeño, mientras otro formó un cordón de seguridad cerca de la entrada principal de la Brigada de paracaidistas, colocando rejillas a modo de muro de contención para impedir el avance de los manifestantes.
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para el caso Venezuela, logra documentar lo que ocurrió ese día cuando “dentro de la Brigada, efectivos de la GNB y del Ejército, armados con escopetas y fusiles AK-103333, se apostaron tras la verja y sobre el dintel de entrada”.
“En el exterior, junto a la GNB, también se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según testimonios recabados, tras aproximadamente 30 minutos, la GNB comenzó a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, sin emitir advertencia previa”.
La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes respondió lanzando piedras, palos, botellas y bombas incendiarias de fabricación casera contra los funcionarios. La reacción de la GNB y el Ejército fue contundente.
“Los funcionarios de la GNB y los soldados del Ejército respondieron con disparos de escopeta y gases lacrimógenos contra las personas que se manifestaban, generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones que se escuchaban”, destaca el Informe.
La Cadena de Mando
La investigación de la Misión de Determinación de los Hechos revela la cadena de mando claramente definida, encabezada por Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El ministro del Interior y Justicia, MG (GNB) Néstor Luis Reverol Torres.
El general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), coordinaba el despliegue de unidades militares, incluida la GNB, aunque sin ejercer control operativo directo sobre el orden público.
Durante este periodo, la Comandancia General de la GNB estaba bajo el mando del MG (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, responsable del despliegue en el Estado de Bolívar y la coordinación con el Ejército para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.
En el contexto de la represión en Maracay, la estructura de mando de la GNB se articuló a través de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Áreas de Defensa Integral (ADI) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).
La Misión determinó que el comandante de la zona 42 de la GNB recibía órdenes tanto de la REDI Central como de la ZODI Aragua No. 44, manteniéndose bajo la cadena de mando interna de la GNB, pero sin recibir instrucciones directas sobre intervenciones de orden público.
El Informe de la Misión identificó a los funcionarios en la cadena de mando durante la intervención del 29 y 30 de julio de 2024: Orlando Ramón Romero Bolívar, comandante de la REDI Central hasta el 16 de octubre de 2024, con jurisdicción sobre Aragua, Carabobo y Yaracuy.
También, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, general de división de Ejército, comandante de la ZODI Aragua No. 44, igualmente sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024. Rufo Daniel Parra Hernández, general de brigada de la GNB, comandante de Zona GNB-42 Aragua.
Aunque no ha sido identificado al responsable de la intervención en Maracay, la Misión señala al comandante del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), cuyas unidades motorizadas de respuesta rápida, constituyen el último eslabón de la cadena de mando bajo la ZODI.
Tras los eventos fatales en Maracay, Nicolás Maduro Moros ascendió al entonces general de división (Ej) Orlando Ramón Romero Bolívar a Mayor General y comandante general de la Milicia Bolivariana, el 14 de octubre de 2024.
El 27 de noviembre, Romero Bolívar fue sancionado, junto a otros 20 oficiales, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, por su participación en la represión contra la sociedad civil durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
La inercia fiscal
En el marco de las protestas ocurridas en la redoma del obelisco de San Jacinto, el Ministerio Público centró su investigación únicamente en el caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents Blanco. De las siete víctimas registradas, Torrents es el único para quien se abrió un expediente individual (MP-135787-2024), distinto al expediente colectivo asignado al resto de los fallecidos (135789-2024). La versión oficial atribuye la muerte del sargento a “ataques de grupos violentos”.
Durante una reunión con el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, el 12 de agosto de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab Halabi, responsabilizó de las muertes en las protestas electorales a “grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos”, dijo en alusión a los grupos organizados por María Corina Machado para las elecciones del 28J.
Saab Halabi señaló directamente a Reiner José Márquez Velásquez como responsable de la muerte de Torrents, quien dijo que ya se encuentra detenido y enfrenta la “máxima pena”.
Posteriormente, en un encuentro con el cuerpo diplomático, el 21 de agosto de 2024, el titular del Ministerio Público aseguró que “el 70 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por los grupos delincuenciales” y descartó cualquier responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los hechos de la Redoma de San Jacinto. Esta postura se tradujo en la ausencia de investigaciones sobre la posible implicación de funcionarios de seguridad, entre ellos la GNB.
Respecto a las muertes de los seis manifestantes restantes, el fiscal solo presentó, el 11 de noviembre de 2024, las carátulas de los expedientes, indicando la causa de los fallecimientos. La Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela, dijo que, hasta el cierre del informe, no se reportan avances en esas investigaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger “los intereses” estadounidenses.
“Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.
“Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países”, ha manifestado Rubio en una comparecencia ante los medios con motivo de su valoración de los acontecimientos del año.
En la rueda de prensa, Rubio ha declarado que “estos grupos terroristas criminales” representan “la amenaza más importante de la región” y para ello Estados Unidos ha emprendido conversaciones de seguridad con los países latinoamericanos, con diferente resultado.
“Tenemos gobiernos que cooperan, como Panamá, Costa Rica o El Salvador”, ha indicado Rubio antes de asegurar que incluso mantiene “muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente”, en referencia a Gustavo Petro.
“Lo que simplemente busca nuestro país es la seguridad del hemisferio”, ha añadido Rubio, que no se ha pronunciado explícitamente sobre el actual bloqueo impuesto por Trump a la exportación de crudo venezolano.
Consultado sobre si el Ejecutivo estadounidense solicitaría autorización del Congreso para efectuar ataques contra territorio venezolano, Rubio señaló: “No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso”, sin ofrecer una postura clara sobre posibles acciones militares.
En una entrevista con NBC News divulgada este viernes, Trump sostuvo que no descarta la opción de un enfrentamiento bélico con Venezuela y rechazó confirmar si la meta de su administración es derrocar a Maduro. A preguntas del medio sobre su estrategia respecto al líder venezolano, Trump afirmó: “Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie”, en referencia a una conversación telefónica sostenida en noviembre con el mandatario sudamericano.
Trump ordenó el pasado martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, acción que se produce tras la incautación de un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Con esta medida, Estados Unidos incrementa la presión sobre el régimen de Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, acusación rechazada desde Caracas. La decisión llega después de meses de bombardeos a embarcaciones supuestamente utilizadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
El planteamiento de Trump de no descartar una guerra con Venezuela marca un giro importante, ya que durante su campaña presidencial defendió la reducción de la implicación estadounidense en conflictos extranjeros, diferenciándose de la postura tradicional del Partido Republicano. Este cambio ha generado críticas desde su base electoral, que cuestiona el interés por la política exterior frente a problemas internos como el incremento del costo de vida.
De acuerdo con la legislación estadounidense, la declaración formal de guerra requiere la aprobación del Congreso. El Partido Demócrata ha subrayado que cualquier ataque contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas necesita la autorización del Legislativo.
Nuevos ataques en el Pacífico
El Ejército de Estados Unidos destruyó otras dos lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mató a cinco tripulantes señalados de estar involucrados en operaciones de narcotráfico, según informó el Comando Sur este jueves a través de su cuenta oficial en X. Los ataques, calificados como “cinéticos letales”, siguieron órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth dentro de la operación “Lanza del Sur” que lidera el presidente Donald Trump contra el tráfico ilegal en el Caribe y zonas del Pacífico.
El Comando Sur señaló que la inteligencia militar verificó que ambos navíos seguían rutas conocidas de narcotráfico. En la intervención, fueron abatidos cinco hombres: tres en la primera embarcación y dos en la segunda. La entidad publicó un video en el que se observan los bombardeos y el incendio posterior de las dos lanchas.
Desde el inicio de la campaña el pasado agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido más de treinta embarcaciones y causado la muerte a por lo menos cien personas, presuntamente vinculadas al crimen organizado, de acuerdo con el comunicado de las autoridades.
Estas acciones se producen en medio de un creciente escrutinio en el Congreso estadounidense sobre la legalidad de los ataques frente a las supuestas narcolanchas. El debate se reavivó tras un bombardeo ocurrido el 2 de septiembre en el Caribe, cuando dos supervivientes fueron ejecutados tras un primer ataque, un hecho que, según expertos citados por EFE, podría ser considerado crimen.
El despliegue militar en la región, que representa el mayor de Estados Unidos en décadas, ha presionado también al Gobierno de Nicolás Maduro, señalado por Washington de encabezar el Cartel de los Soles, acusación negada desde Caracas.
Hace poco más de un año, a Joseph Coates le dijeron que solo le quedaba una cosa por decidir. ¿Quería morir en casa o en el hospital?
Coates, que entonces tenía 37 años y vivía en Renton, Washington, apenas estaba consciente. Llevaba meses luchando contra un trastorno sanguíneo muy poco común llamado síndrome POEMS, que le había dejado las manos y los pies entumecidos, el corazón dilatado y los riñones con fallas. Cada pocos días, los médicos tenían que drenarle litros de líquido del abdomen. Se puso demasiado enfermo como para recibir un trasplante de células madre, uno de los únicos tratamientos que podrían haberlo puesto en remisión.
“Me rendí”, admitió. “Solo pensé que el final era inevitable”.
Pero la novia de Coates, Tara Theobald, no estaba dispuesta a renunciar. Así que envió un correo electrónico pidiendo ayuda a un médico de Filadelfia llamado David Fajgenbaum, a quien la pareja conoció un año antes en un congreso sobre enfermedades poco comunes.
A la mañana siguiente, Fajgenbaum respondió y les sugirió una combinación poco convencional, y hasta entonces no probada, de quimioterapia, inmunoterapia y esteroides como tratamiento para el trastorno de Coates.
Al cabo de una semana, Coates ya respondía al tratamiento. En cuatro meses, estaba lo bastante sano como para un trasplante de células madre. Hoy está en remisión.
El régimen farmacológico que le salvó la vida no fue ideado por ese médico ni por ninguna persona. Lo generó un modelo de inteligencia artificial.
En laboratorios de todo el mundo, los científicos están utilizando la IA para buscar entre los medicamentos existentes tratamientos que funcionen para las enfermedades poco conocidas. La reutilización de medicamentos, como se denomina este proceso, no es un concepto nuevo, pero el uso del aprendizaje automático lo está acelerando, y podría ampliar las posibilidades de tratamiento para personas con enfermedades raras y pocas opciones.
Gracias a las versiones de esta tecnología que desarrolló el equipo de Fajgenbaum en la Universidad de Pensilvania y en otros lugares, se están reutilizando fármacos rápidamente para tratar enfermedades como tipos agresivos y poco comunes de cáncer, trastornos inflamatorios mortales y enfermedades neurológicas complejas. Y a menudo funcionan.
El puñado de éxitos conseguidos hasta ahora ha llevado a los investigadores a plantearse la pregunta: ¿Cuántas otras curas se esconden a plena vista?
Existe un “tesoro de medicamentos que podría utilizarse para muchas otras enfermedades. Solo que no teníamos una forma sistemática de estudiarlo”, afirmó Donald C. Lo, exdirector de desarrollo terapéutico del Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS, por su sigla en inglés) y director científico de Remedi4All, un grupo centrado en la reutilización de medicamentos. “En esencia, es casi una tontería no intentarlo, porque estos fármacos ya están aprobados. Ya se pueden comprar en la farmacia”.
Los Institutos Nacionales de Salud definen las enfermedades raras como aquellas que afectan a menos de 200.000 personas en Estados Unidos. Pero hay miles de enfermedades raras, que en conjunto afectan a decenas de millones de estadounidenses y a cientos de millones de personas en todo el mundo.
Sin embargo, más del 90 por ciento de las enfermedades raras no cuentan con tratamientos aprobados, y los gigantes farmacéuticos no destinan muchos recursos a tratar de encontrarlos. Normalmente no se gana mucho dinero con el desarrollo de un nuevo fármaco para una cantidad pequeña de pacientes, explicó Christine Colvis, que dirige programas de cooperación para el desarrollo de fármacos en el NCATS.
Eso es lo que hace que la reutilización de medicamentos sea una vía “alternativa tan atractiva” para encontrar tratamientos para enfermedades poco comunes, señaló Marinka Zitnik, profesora asociada de la Facultad de Medicina de Harvard que estudia las aplicaciones de la informática en la investigación médica. El laboratorio de Zitnik en Harvard creó otro modelo de IA para la reutilización de medicamentos.
“Otras técnicas de descubrimiento en laboratorio ya habían puesto la reutilización de medicamentos en el mapa”, comentó Lo. “La IA solo la impulsó aún más”.
Encontrar pistas en investigaciones antiguas
La reutilización es bastante común en los productos farmacéuticos: el minoxidil, desarrollado como medicamento para la presión arterial, se reutilizó para tratar la caída del cabello. El medicamento de marca Viagra, comercializado originalmente para tratar una afección cardiaca, ahora se utiliza como fármaco para la disfunción eréctil. La semaglutida, un medicamento para la diabetes, se ha dado a conocer más por su capacidad de ayudar a la gente a perder peso.
La primera vez que Fajgenbaum reutilizó un fármaco fue para intentar salvar su propia vida. A los 25 años, mientras estudiaba medicina, le diagnosticaron un subtipo raro de un trastorno llamado enfermedad de Castleman, el cual provocó una reacción en su sistema inmunitario que lo llevó a terminar en la unidad de cuidados intensivos.
No existe una manera única de tratar la enfermedad de Castleman, y algunas personas no responden a ninguno de los tratamientos disponibles. Fajgenbaum fue una de ellas. Entre hospitalizaciones y ciclos de quimioterapia que le ayudaron temporalmente, Fajgenbaum pasó semanas analizando su propia sangre, estudiando a fondo la literatura médica y probando tratamientos poco convencionales.
“Me di cuenta muy claramente de que no disponía de 1.000 millones de dólares ni 10 años para crear un nuevo fármaco desde cero”, relató.
El fármaco que salvó la vida de Fajgenbaum fue un medicamento genérico llamado sirólimus, que suele administrarse a los receptores de un trasplante de riñón para prevenir el rechazo. Este medicamento ha mantenido su enfermedad de Castleman en remisión durante más de una década.
Fajgenbaum pasó a ser profesor de la Universidad de Pensilvania y empezó a buscar otros fármacos con usos desconocidos. Se dio cuenta de que las investigaciones existentes estaban repletas de pistas que habían pasado desapercibidas sobre posibles vínculos entre los fármacos y las enfermedades que podían tratar, narró. “Si están en la literatura publicada, ¿no debería alguien estar buscándolas todo el día, todos los días?”.
Su laboratorio tuvo algunos éxitos iniciales, como descubrir que un nuevo fármaco contra el cáncer ayudaba a otro paciente con enfermedad de Castleman. Pero el proceso era laborioso y exigía que su equipo examinara “un fármaco y una enfermedad a la vez”, indicó. Fajgenbaum decidió que necesitaba acelerar el proyecto. En 2022, creó una organización sin ánimo de lucro llamada Every Cure, destinada a utilizar el aprendizaje automático para comparar miles de medicamentos y enfermedades al mismo tiempo.
Trabajos similares a los de Every Cure se están llevando a cabo en otros laboratorios de todo el mundo, como los de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad Stanford, así como en Japón y China.
En Birmingham, Alabama, un modelo de IA sugirió que un paciente de 19 años debilitado por vómitos crónicos intentara inhalar alcohol isopropílico por la nariz. “Básicamente, hicimos una consulta que decía: ‘Muéstranos todos los tratamientos que se han propuesto para las náuseas en toda la historia de la medicina’”, mencionó Matt Might, profesor de la Universidad de Alabama en Birmingham que dirige el instituto que desarrolló el modelo.
El alcohol “saltó al primer puesto de nuestra lista”, dijo Might, y “funcionó al instante”.
Muchos fármacos hacen más de una cosa, destacó Might. Sus características adicionales a veces se caracterizan como efectos secundarios. “Si revisas suficientes fármacos, al final encuentras el efecto secundario que buscas”, afirmó, “y entonces eso se convierte en el efecto principal”.
En la Universidad de Pensilvania, la plataforma de Fajgenbaum compara unos 4000 fármacos contra 18.500 enfermedades. Para cada enfermedad, los medicamentos obtienen una puntuación basada en la probabilidad de eficacia. Una vez hechas las predicciones, un equipo de investigadores las analiza para encontrar ideas prometedoras, y luego realiza pruebas de laboratorio o se pone en contacto con médicos dispuestos a probar los fármacos en pacientes.
En otros lugares, algunas empresas farmacéuticas están utilizando la IA para descubrir fármacos totalmente nuevos, una misión que tiene el potencial de agilizar un negocio que ya vale miles de millones. Pero es poco probable que la reutilización de medicamentos resulte lucrativa para alguna empresa. Muchas patentes de medicamentos caducan al cabo de unas décadas, lo que significa que hay pocos incentivos para que las empresas farmacéuticas les busquen usos adicionales, puntualizó Aiden Hollis, profesor de Economía en la Universidad de Calgary especializado en comercio médico.
Una vez que un medicamento se convierte en uno de los miles de genéricos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, suele enfrentarse a una dura competencia, que hace bajar el precio.
“Si utilizas la IA para crear un nuevo fármaco, puedes ganar muchísimo dinero con ese nuevo fármaco. Si utilizas la IA para encontrarle un nuevo uso a un medicamento antiguo y barato, nadie gana dinero con él”, resumió Fajgenbaum.
El año pasado, para financiar su iniciativa, Every Cure recibió más de 100 millones de dólares en compromisos de The Audacious Project de la organización TED y de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud, una agencia del departamento federal de salud dedicada a apoyar posibles avances en la investigación. Fajgenbaum declaró que Every Cure utilizará el dinero, en parte, para financiar ensayos clínicos de fármacos reutilizados.
“Este es un ejemplo de IA que no tenemos que temer, que nos puede entusiasmar de verdad”, concluyó Grant Mitchell, otro cofundador de Every Cure y compañero de Fajgenbaum en la Facultad de Medicina. “Esta aplicación va a ayudar a mucha gente”.
Según se informa, Rob Reiner dijo que estaba «petrificado» de que su hijo Nick pudiera «lastimarlo», en sus últimas palabras en la fiesta navideña de Conan O’Brien antes de que él y su esposa fueran encontrados muertos el domingo.
Una de las celebridades que asistió al servicio conmemorativo del difunto director el lunes dejó al resto de los dolientes llorando cuando revelaron las últimas palabras que Rob supuestamente pronunció en la fiesta, informa el Daily Mail.
«Me aterra [Nick]. No puedo creer que vaya a decir esto, pero le tengo miedo a mi hijo. Creo que mi propio hijo puede hacerme daño», recordó la celebridad, no identificada, que dijo Rob, según una fuente presente en el funeral, celebrado en la mansión del comediante Albert Brooks en Los Ángeles.
Muchos de los presentes en el evento supuestamente se emocionaron al escuchar las palabras de la estrella.
También estuvieron presentes en el triste acontecimiento la estrella de “La princesa prometida”, Billy Crystal, y su esposa, Janice, así como los comediantes Larry David, Bill Hader y O’Brien.
Los representantes de Rob no han respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios de Page Six.
Los representantes de los asistentes al funeral de Reiner no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.
En las horas previas a las muertes de Rob y Michele, la pareja supuestamente estuvo involucrada en un altercado verbal con Nick, quien supuestamente «se asustó» y tuvo una gran explosión en la fiesta de Navidad de O’Brien el 13 de diciembre, confirmó una fuente a The Post .
«Habían tenido una discusión en la fiesta navideña de Conan, y Rob había estado diciéndole a la gente que tenían miedo por Nick y que su estado mental se estaba deteriorando», dijo al medio un amigo de toda la vida de la familia .
Según varios medios, Nick actuaba de manera errática con los invitados a la fiesta.
«Nick estaba asustando a todos, actuando de forma extraña, no paraba de preguntarles si eran famosos», declaró previamente una fuente a People. Mientras tanto, otra fuente afirmó a Us Weekly que Nick se comportó de forma «espeluznante» en la elegante fiesta.
Rob y su esposa fueron encontrados apuñalados hasta la muerte en su casa de Brentwood en Los Ángeles el 14 de diciembre. Rob tenía 78 años. Michele tenía 70
El miércoles, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló que la causa oficial de muerte fue «múltiples lesiones por objetos punzantes». La causa de muerte de los padres fue catalogada como homicidio.
Nick está acusado de apuñalar fatalmente a sus padres «aproximadamente en la madrugada» del domingo 14 de diciembre. Según se informa, huyó, pero fue arrestado más tarde esa noche y desde entonces ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado .
Nick compareció ante el tribunal por primera vez desde la muerte de sus padres el miércoles. La lectura de cargos en su caso se ha programado para el 7 de enero de 2026.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que no habrá más guerras después de Ucrania si se trata a Rusia con respeto, y las afirmaciones de que Moscú está planeando atacar a países europeos son «absurdas».
En un maratónico evento televisado que duró casi cuatro horas y media, Steve Rosenberg, de la BBC, le preguntó si habrá nuevas «operaciones militares especiales», el término que usa Putin para referirse a una guerra a gran escala.
«No habrá ninguna operación si nos tratáis con respeto, si respetáis nuestros intereses como siempre hemos tratado de respetar los vuestros», aseguró.
Sus declaraciones estaban en línea con un comentario reciente en el que dijo que Rusia no estaba planeando ir a la guerra, pero que estaba lista «ahora mismo» si Europa quería hacerlo.
Añadió además la condición: «si no nos engañan como nos engañaron con la expansión de la OTAN hacia el este».
Lleva tiempo acusando a la OTAN de incumplir una supuesta promesa occidental de 1990 al entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov, antes de la caída de la Unión Soviética. Gorbachov negó posteriormente que se hubiera hecho tal declaración.
El maratón de «Línea Directa» combinó preguntas del público en general y de periodistas de toda Rusia en una sala de Moscú, con Putin sentado debajo de un enorme mapa de Rusia que abarcaba las zonas ocupadas de Ucrania, incluida Crimea.
La televisión estatal rusa afirmó que se habían enviado más de tres millones de preguntas.
Aunque fue en gran parte una coreografía, algunos comentarios críticos del público aparecieron en una pantalla gigante, incluyendo uno que se refirió al evento como un «circo», otro que lamentaba los cortes de internet y otro que destacaba la mala calidad del agua del grifo. Las autoridades han atribuido los cortes de internet móvil a los ataques con drones ucranianos.
Putin también abordó la economía rusa en crisis, con precios al alza, crecimiento en declive y un aumento del IVA del 20% al 22% el 1 de enero. Un mensaje al presidente decía: «¡Detengan la subida desmesurada de precios en todo!».
El Kremlin aprovecha periódicamente el evento de fin de año para destacar la resiliencia de la economía y, mientras Putin hablaba, el banco central de Rusia anunció que reduciría las tasas de interés al 16%.
Las cuestiones de política exterior se mezclaron con reflexiones sobre la patria, elogios a los negocios locales, los precios del pescado y la importancia de cuidar a los veteranos.
Pero la cuestión de casi cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania nunca estuvo lejos y a menudo estaba en el fondo de muchas de las preguntas.
Putin afirmó nuevamente estar «listo y dispuesto» a poner fin a la guerra en Ucrania «pacíficamente», pero ofreció pocas señales de compromiso.
Reiteró su insistencia en los principios que había esbozado en un discurso de junio de 2024, cuando exigió que las fuerzas ucranianas abandonaran cuatro regiones que Rusia ocupa parcialmente y que Kiev abandonara sus esfuerzos por unirse a la OTAN.
Una de las principales demandas de Rusia es el control total del Donbás oriental de Ucrania, incluido alrededor del 23% de la región de Donetsk, que Rusia no ha podido ocupar.
Putin argumentó que las fuerzas rusas estaban avanzando en la línea del frente en Ucrania y ridiculizó la visita de Volodymyr Zelensky a la línea del frente en Kupiansk la semana pasada, cuando el líder ucraniano pudo refutar las afirmaciones de Rusia de que había capturado la ciudad.
Putin también ha exigido que se incluyan nuevas elecciones en Ucrania en las propuestas de paz que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado como parte de sus esfuerzos para poner fin al conflicto. En su conferencia de prensa, Putin ofreció detener los bombardeos de Ucrania cuando se celebraran las elecciones.
El servicio de seguridad ucraniano SBU anunció el viernes que había atacado por primera vez un petrolero que operaba como parte de la «flota en la sombra» rusa en el Mediterráneo. Putin afirmó que esto no conduciría al resultado deseado por Kiev ni interrumpiría las exportaciones rusas.
La mayoría de las preguntas de los medios rusos o del público no intentaron desafiar a Putin, pero se permitió que dos corresponsales occidentales, Keir Simmons, de la cadena estadounidense NBC, y Steve Rosenberg, de la BBC, formularan preguntas.
Cuando Simmons preguntó si Putin se sentiría responsable de las muertes de ucranianos y rusos si rechazaba el plan de paz de Trump, Putin elogió los esfuerzos «sinceros» del presidente estadounidense para poner fin a la guerra, pero dijo que era Occidente, no Rusia, el que estaba bloqueando un acuerdo.
«La pelota está en manos de nuestros oponentes occidentales», dijo, «principalmente los líderes del régimen de Kiev y, en este caso, en primer lugar, sus patrocinadores europeos».
Melania Trump ha vuelto a situarse en el centro de los focos aunque, esta vez, por cuestiones que poco tienen que ver con su cargo como primera dama de los Estados Unidos o su matrimonio con Donald Trump. La exmodelo esloveno estadounidense ha roto su hermetismo a través de un proyecto audiovisual en el que ha ofrecido una imagen distinta y más personal.
A través del documental Melania, cuyo estreno en salas está previsto para el 30 de enero de 2026, la esposa de Donald Trump se propone relatar su propia historia desde dentro, con una mirada íntima y cuidadosamente diseñada. El primer tráiler oficial anticipa una obra que se aleja de los retratos convencionales y coloca a Melania como eje central del relato, no solo delante de la cámara, sino también en la toma de decisiones creativas.
La primera imagen de la pieza promocional muestra a Melania Trump con el sombrero azul marino y el abrigo a juego que lució durante la investidura presidencial de su marido. Es entonces cuando pronuncia la frase «Aquí vamos de nuevo“, unas palabras que funcionan como carta de presentación del documental y como síntesis del momento vital que atraviesa. El regreso a la Casa Blanca se plantea no solo como un acontecimiento político, sino como una experiencia profundamente personal. Poco después, la primera dama interpela directamente al espectador con otra frase significativa: “Todo el mundo quiere saber. Pues aquí tienen”.
Del anonimato a estrella de Hollywood
El documental pone el foco en un periodo muy concreto: los veinte días anteriores y posteriores a la investidura de Donald Trump. Se trata, según se desprende del avance, de una etapa de transición intensa en la que Melania pasa de ser una ciudadana privada a asumir nuevamente el rol de primera dama. A lo largo de ese proceso, la cámara la acompaña mientras equilibra sus responsabilidades institucionales con la vida familiar, los compromisos empresariales y su faceta filantrópica. Las imágenes incluyen desde reuniones de trabajo hasta momentos de planificación personal, siempre con la idea de mostrar el engranaje interno de una figura habitualmente observada desde la distancia.Trailer de Melania, la película de Melania Trump con producción del argentino Fernando Sulichin
Entre las escenas que se adelantan destacan aquellas relacionadas con la preparación de actos oficiales. El espectador podrá verla supervisar aspectos clave de su imagen pública, como el diseño del vestido blanco y negro que llevó durante el baile inaugural, participar en sesiones fotográficas institucionales y recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de su vida reciente, como la Casa Blanca, la Torre Trump en Nueva York o la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Estos escenarios sirven de telón de fondo para un relato que busca humanizar a la protagonista sin renunciar a la solemnidad del cargo.
Uno de los elementos que más llama la atención del tráiler es el acceso a situaciones privadas poco habituales en este tipo de producciones. Se muestran conversaciones telefónicas con el presidente y ensayos de discursos en los que Melania interviene de forma activa. En uno de esos momentos, se la escucha sugerir a su marido que se defina no solo como “pacificador”, sino también como “unificador”. Estas secuencias, junto a instantes de reflexión personal, construyen el retrato de una mujer implicada y con criterio propio. Ella misma ha insistido en que no siempre coincide con Donald Trump y que eso, según sus palabras, “está bien”.
Más allá de su contenido narrativo, Melania es también un proyecto ambicioso desde el punto de vista industrial. La película, con una duración de 104 minutos, fue adquirida por Amazon MGM Studios por 40 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un documental. La operación se cerró tras una puja en la que participaron otras grandes plataformas como Netflix y Disney. La dirección corre a cargo de Brett Ratner, responsable de títulos de éxito comercial como Rush Hour y X-Men: La decisión final, en lo que supone su primer gran trabajo desde 2017. Melania Trump figura como productora ejecutiva, un detalle que refuerza la idea de que el relato se construye desde su propia perspectiva.
El estreno tendrá un alcance internacional. Además de Estados Unidos, la película llegará a salas de Latinoamérica, Europa, Asia, Israel y Emiratos Árabes Unidos, siguiendo una estrategia de distribución global poco habitual para una figura institucional. Tras su paso por los cines, el documental se incorporará al catálogo de Amazon Prime Video y se prevé, además, el lanzamiento de una serie documental complementaria a lo largo del mismo año.
La retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela dio un giro inesperado esta semana. Después de semanas citando los supuestos envíos masivos de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos como justificación de la campaña de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el despliegue frente a las costas de Venezuela de la mayor concentración militar de la historia reciente de América Latina, Trump introdujo un nuevo elemento.
Trump anunció el martes un «bloqueo total y completo de los petroleros sancionados» que entren y salgan de Venezuela hasta que este país «devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron».
La alusión a un supuesto petróleo robado por Venezuela a Estados Unidos generó sorpresa entre los observadores, ya que hasta ahora Washington había justificado su campaña de presión contra Maduro con la acusación de que lidera una red criminal llamada cártel de los Soles, algo que el presidente venezolano niega.
Pero al día siguiente, Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Trump y una de las figuras claves de su gabinete, insistió en la idea: «El sudor, ingenio y esfuerzo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su despótica expropiación fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros. Estos activos saqueados fueron usados para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas».
Pero, ¿de qué están hablando Trump y su asesor? ¿Qué dice la historia del papel de Estados Unidos en el desarrollo de la industria petrolera venezolana? ¿Hay base para este reclamo?
BBC Mundo conversó con especialistas en la historia del petróleo de Venezuela en busca de respuestas.
Estados Unidos y los orígenes de la industria petrolera en Venezuela
Con las mayores reservas estimadas de crudo del mundo, Venezuela comenzó a desarrollar su industria petrolera a gran escala en la década de 1920, bajo el gobierno del general Juan Vicente Gómez.
Son los años de lo que en Venezuela se conoce como «el Reventón», el inicio de la explotación masiva de una materia prima que marcaría la historia del país y al que la economía mundial se volvía cada vez más dependiente
Concentrada inicialmente en la zona del Lago de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, en la incipiente y lucrativa actividad petrolera pronto adquirieron un papel protagonista las empresas de Estados Unidos, que sustituyeron a los ingleses y holandeses que la habían desarrollado en sus albores.
El gobierno de Juan Vicente Gómez puso en marcha un sistema de concesiones que atrajo a las empresas estadounidenses, que podían extraer y comercializar el crudo venezolano a cambio del pago de una regalía que quedó inicialmente fijada en un 7%.
«El Estado dio concesiones a la élite local, pero estos las vendieron a extranjeros porque los venezolanos no tenían los recursos ni la maquinaria para explotarlos», explicó a BBC Mundo Miguel Tinker Salas, historiador y autor del libro «Una herencia que perdura. Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela».
En esos años, la familia estadounidense Rockefeller se adueñó del negocio del petróleo venezolano a través de su compañía Standard Oil Company y la filial que creó en Venezuela, la Creole Petroleum Company.
«Se beneficiaron de contratos que fueron muy criticados porque se consideraron muy favorables a las empresas», indicó Francisco Monaldi, director del programa de Energía en América Latina del Instituto Baker de Estados Unidos.
Según Tinker Salas, «Juan Vicente Gómez buscaba equilibrar la presencia de estadounidenses, británicos y holandeses para que ninguno tuviera un monopolio».
Y la primera actividad estadounidense causó lo que el experto describe como «un desastre ecológico tremendo».
«Los europeos habían explotado la orilla del Lago de Maracaibo, pero los estadounidenses empezaron a instalar plataformas para extraer el crudo bajo el agua. Al principio las sostuvieron sobre pilares de madera que con frecuencia acababan carcomidos por el agua, provocando el derrumbe de los pozos y el vertido del crudo al agua del lago».
«Esto tuvo un gran impacto sobre las comunidades que vivían en la orilla y dependían del agua del lago. Nunca hubo ninguna reparación ni compensación».
La renegociación de Medina Angarita
En 1943 Venezuela estaba regida por otro militar, Isaías Medina Angarita.
«Presionado por el sector del Ejército que pedía progreso y una emergente clase media, Medina Angarita quería utilizar los recursos del petróleo para modernizar el país», explica Tinker Salas.
En un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, que le había dado a Venezuela un alto valor estratégico por su alta disponibilidad de crudo, el presidente Medina Angarita promovió una Ley de Hidrocarburos que cambiaría las reglas del juego.
El Estado se reservaba una participación del 50% en los beneficios del negocio petrolero y la regalía que las empresas extranjeras debían pagar se elevó hasta un 16%.
Además, los contratos de concesión se limitaron a 40 años y se obligó a las empresas beneficiarias a construir refinerías en el país para desarrollar la industria nacional.
Sin embargo, las medidas de Medina Angarita fueron bien recibidas en Estados Unidos, que había encontrado en Venezuela un proveedor fiable de combustible en un momento crítico como el de la guerra.
«Se hizo mediante una negociación, no hubo una imposición del Estado, y las empresas estadounidenses lo vieron con buenos ojos porque tenían presente el recuerdo de la nacionalización del petróleo en México de 1938 y querían evitar otra nacionalización a toda costa», indica Tinker Salas.
La nacionalización de Carlos Andrés Pérez
El mundo era muy diferente cuando en 1974 Carlos Andrés Pérez llegó a la presidencia con la promesa de nacionalizar el petróleo.
Los gobiernos de los países productores habían ido tomando conciencia del enorme poder y los ingentes recursos que les daba controlar un recurso del que las economías desarrolladas se habían vuelto completamente dependientes, como quedó claro en el embargo petrolero que varios países árabes impusieron a Estados Unidos en 1973 por su apoyo a Israel.
Venezuela era ya entonces el mayor exportador mundial de crudo y había sido uno de los promotores de la creación unos años antes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
«La de Venezuela fue una nacionalización más en unos años en que hubo muchas, como la de la saudita Aramco», recuerda Monaldi.
Cuando Pérez decretó en 1975 la nacionalización y la creación de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no hubo conflicto con Exxon y las otras compañías estadounidenses que operaban el país.
«Solo les quedaban unos años de concesión y el gobierno las compensó razonablemente por los ingresos de producción que no iban a recibir».
Esa es parte de la explicación de la buena relación que tuvo Carlos Andrés Pérez con Estados Unidos.
Con los ingresos de un petróleo cuyo precio se había disparado, se dio la época conocida como la «Venezuela saudita», un proceso de modernización y desarrollo en el que el país se acostumbró al consumo masivo y las infraestructuras punteras, pero no corrigió problemas como la desigualdad ni su elevado endeudamiento.
¿Y qué pasó con las empresas estadounidenses?
Según Monaldi, «siguieron teniendo acceso al petróleo venezolano y a contratos auxiliares con PDVSA, por lo que siguieron haciendo bastante plata en Venezuela».
El conflicto con Hugo Chávez
La historia cambiaría con la llegada al poder en 1999 del coronel Hugo Chávez, que pronto chocó con los dirigentes de PDVSA, que en 2002 impulsaron un paro que paralizó el sector petrolero.
Tinker Salar explica que «PDVSA había creado una especie de Estado dentro del Estado, en el que sus mandos se veían como los expertos, como la meritocracia, y no querían que el gobierno perturbara la gestión petrolera».
Pero Chávez purgó a gran parte del personal de la petrolera estatal, que llenó de fieles a su «Revolución Bolivariana», y buscó lo que describió como una «renacionalización» del petróleo.
A partir de 2004, con los precios del crudo al alza, el presidente forzó una renegociación de los contratos con PDVSA que hasta entonces habían sido un gran negocio para las petroleras internacionales.
A partir de 2001, la ley exigió una participación mayoritaria de PDVSA en todos los proyectos e incrementó sustancialmente las regalías que debían pagar las compañías extranjeras.
Con los recursos obtenidos, Chávez pudo financiar sus extensos programas asistenciales y una agresiva política internacional que le permitía erigirse en alternativa a la hegemonía estadounidense en América Latina.
Las estadounidenses ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron fueron las principales compañías estadounidenses afectadas y adoptaron diferentes estrategias.
Chevron aceptó permanecer en Venezuela bajo las nuevas condiciones y aún sigue produciendo petróleo en el país.
ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron y abandonaron Venezuela sin aceptar la compensación que se les ofreció por la expropiación de sus activos.
ExxonMobil reclamó un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que falló que se le debía compensar con alrededor de US$1.600 millones.
Estando esta cifra muy por debajo de las que habían sido sus reclamaciones iniciales, la de victoria de ExxonMobil sobre el Estado venezolano fue descrita en la prensa de la época como una «vacía».
ConocoPhillips también ganó el pleito en el Ciadi y se le reconoció una compensación mucho mayor, ya que el falló concluyó que la expropiación de sus activos fue ilícita y el Estado venezolano no actuó de buena fe en la negociación de las compensaciones.
Pero dos décadas después, ConocoPhillips aún sigue intentando cobrar los más de US$10.000 millones que se estima le debe la República de Venezuela.
En la actualidad, es uno de los primeros acreedores en la lista de espera para cobrar cuando se rematen los activos de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos inmersa en un largo y aún inconcluso proceso judicial.
¿Le debe entonces petróleo Venezuela a Estados Unidos?
En realidad, la Venezuela chavista cayó en «default» en 2017 y acumula una deuda impagada que en la actualidad se estima en US$150.000 millones.
Esa cifra incluye bonos soberanos y de PDVSA impagados, pero también préstamos no devueltos a potencias amigas como China y Rusia.
El gobierno de Nicolás Maduro sostiene desde hace años que las dificultades económicas del país se deben a las sanciones de Estados Unidos, que han limitado su capacidad para exportar petróleo.
Aunque los expertos señalan que el pronunciado declive de la producción petrolera venezolana, -que hoy se sitúa en torno a 1,3 millones de barriles diarios, cuando llegó a alcanzar máximos de 3,7 millones-, es resultado en gran medida de la mala gestión y la corrupción en los años de los gobiernos de Chávez y Maduro.
Para Monaldi, «las expropiaciones de Chávez estuvieron mal hechas y Venezuela está pagando las consecuencias, pero eso no quiere decir que el petróleo venezolano sea de las empresas estadounidenses. Nunca lo fue; ellas solo tenían la concesión para explotarlo».
El experto cree que «Trump y Miller están usando una retórica exagerada que no se corresponde con los hechos».
Tinker Salas coincide en que «no hay contexto histórico para decir que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos».
Y respecto a la afirmación de Miller de que fue «el sudor estadounidense» el que hizo nacer la industria petrolera en Venezuela, lo tiene claro: «Por supuesto, hubo un grupo de expertos estadounidenses, pero los que cortaron la selva, excavaron los pozos y trabajaron el terreno fueron los venezolanos».
Más de un centenar de niños, niñas y adolescentes migrantes de origen venezolano han sido reclutados por grupos armados en Colombia, en medio del conflicto armado que persiste en varias regiones del país.
Así lo revelaron las periodistas Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández en una entrevista realizada por Radio Fe y Alegría Noticias, al presentar los hallazgos de su investigación “Niñez migrante en medio del conflicto armado en Colombia: entre el reclutamiento y el desplazamiento forzado”.
El trabajo documentó al menos 135 casos de menores reclutados, de los cuales el 90 % son niños de origen venezolano o con doble nacionalidad colombo-venezolana.
Jiménez explicó que tomaron como punto de partida los 10 años del éxodo venezolano, con Colombia como principal país receptor de la diáspora, ya que concentra cerca del 36,5 % de los migrantes venezolanos en el mundo. Por su parte, Hernández señaló que el trabajo nació de la invisibilización de la niñez y adolescencia migrante venezolana en Colombia, especialmente en el marco del conflicto armado.
Según los hallazgos, las fuerzas militares y la policía rescataron a algunos de los menores en operativos, mientras que otros escaparon por sus propios medios.
Sin embargo, los grupos armados y las hostilidades expusieron a muchos de ellos a múltiples violaciones de derechos, incluidas amenazas de muerte, desplazamientos forzados, asesinatos de familiares, desapariciones, mutilaciones y muertes durante enfrentamientos con grupos armados ilegales o fuerzas estatales.
A su vez, de violencia sexual, incluidos casos de inducción al aborto, hechos que las autoras califican como crímenes de guerra y graves violaciones al derecho internacional humanitario.
Durante dos meses de trabajo de campo, las periodistas evidenciaron que la mayoría de las familias afectadas son hogares encabezados por mujeres —madres, tías, abuelas e incluso bisabuelas— que asumen solas el cuidado de los menores.
Una vez desplazadas hacia zonas urbanas marginales, estas familias quedan expuestas a la acción de las más de 40 estructuras criminales que operan en estos territorios, particularmente en áreas fronterizas como Cúcuta.
Las zonas rurales, comunidades indígenas y territorios con mayor abandono estatal concentran los mayores riesgos.
Hernández citó cifras del Observatorio de Derechos Humanos del pueblo Barí, según las cuales desde 2016 han sido reclutados al menos 246 niños y adolescentes de esta etnia, de los cuales el 70 % serían de origen venezolano.
Jiménez, por su parte, alertó que en ciudades fronterizas como Cúcuta, estas estructuras ingresan incluso a las escuelas, espacios que deberían ser seguros, para adoctrinar y reclutar niños desde los 11 o 12 años.
Asimismo, utilizan redes sociales como TikTok y Facebook para atraer adolescentes con falsas promesas de trabajo, dinero fácil y actividades de bajo esfuerzo, empujándolos a cruzar solos la frontera.
Las autoras coincidieron en que el Estado colombiano no tiene suficiente capacidad frente al poder de absorción de los grupos armados.
