La crisis de deuda de Venezuela es uno de los mayores incumplimientos soberanos no resueltos del mundo, el legado de años de colapso económico y sanciones estadounidenses que separaron al país de los mercados internacionales de capital.
El país ha estado en default desde finales de 2017, cuando no realizó pagos de bonos internacionales emitidos por el gobierno y la petrolera estatal PDVSA. Desde entonces, el principal impago, los intereses acumulados y los reclamos legales vinculados a expropiaciones pasadas han aumentado los pasivos externos totales de Venezuela mucho más allá del valor nominal de los bonos originales.
Un bono de PDVSA que venció originalmente en 2020 estaba garantizado por acciones de la refinadora estadounidense Citgo, un activo que ahora está en el centro de los esfuerzos supervisados por la corte por parte de los acreedores para recuperar su valor.
La deuda venezolana en dificultades ha aumentado ligeramente recientemente, ya que algunos especuladores apuestan por la posibilidad de un cambio político. A continuación, se presenta un vistazo a lo que podría incluirse en una eventual reestructuración y quiénes estarían llamando a la puerta de Caracas para cobrar.
¿CUÁNTO DEBE VENEZUELA A SUS ACREEDORES?
Los analistas estiman que Venezuela tiene alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en mora, mientras que la deuda externa total, incluyendo las obligaciones de PDVSA, los préstamos bilaterales y los laudos arbitrales, asciende a aproximadamente 150.000 millones de dólares, entre 170.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se cuenten los intereses acumulados y las sentencias judiciales.
El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB nominal de Venezuela será de unos 82.800 millones de dólares para 2025, por lo que la relación deuda/PIB se sitúa entre 180%-200%.
¿QUIÉN SOSTIENE QUÉ?
Años de sanciones, incluyendo la prohibición de negociar la deuda venezolana, han dificultado el control de quién posee qué. La mayor parte de los acreedores comerciales probablemente esté compuesta por tenedores de bonos internacionales, incluyendo fondos globales de mercados emergentes e inversores especializados en deuda en dificultades, a veces llamados fondos buitre.
También figura en la lista de acreedores un grupo de empresas que recibió una indemnización mediante arbitraje internacional tras la expropiación de activos por parte del gobierno. Tribunales estadounidenses han confirmado laudos multimillonarios a ConocoPhillips y Crystallex, entre otras, convirtiendo dichas reclamaciones en obligaciones de deuda y permitiendo a los acreedores reclamar los activos venezolanos para resarcirse.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el jueves que está dejando la posibilidad de una guerra con el régimen de Nicolás Maduro sobre la mesa.
«No lo descarto, no», dijo a NBC News en una entrevista telefónica.
El martes, Trump ordenó un «bloqueo» de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos también incautó recientemente un petrolero capturado cerca de Venezuela.
La campaña de la administración ya ha dado como resultado 28 choques con barcos que han matado a más de 100 personas, incluido un choque de “doble toque” que enfrenta el escrutinio del Congreso.
En su entrevista telefónica, Trump dijo «no lo hablo» cuando se le preguntó si descarta la posibilidad de que tales acciones puedan conducir a una guerra.
Pero al ser presionado, confirmó que era una posibilidad y dijo que habrá más incautaciones de petroleros. Al preguntársele un cronograma, Trump respondió: «Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos».
Trump también se negó a decir si derrocar a Maduro era su objetivo final.
«Él sabe exactamente lo que quiero», respondió Trump. «Él lo sabe mejor que nadie».
La corrupción no se derrota ni con discursos ni solo con “gente honesta”; se derrota con un sistema de control interno robusto, rediseño del Estado y cambio cultural sostenido. El nuevo gobierno de Edmundo y María Corina recibirá una sociedad donde la corrupción dejó de escandalizar y pasó a verse como “lo normal”, y como una extensión de la viveza criolla.
Benjamín Tripier
El punto de partida del “deber ser” es admitir que la corrupción es un efecto, no la causa, y que la tarea central es desmontar las condiciones que la hacen posible y rentable. Mirar al futuro implica dejar de vivir en caza de brujas retrospectiva y concentrar la energía política en prevenir, y no solo castigar, que ya vimos que en muy pocos casos funciona, y que en general, el corrupto se retira con su fortuna mal habida intacta y logra que sus hijos y nietos sean “millonarios” sin culpa y sin remordimientos.
El “deber ser” del nuevo gobierno exige achicar sustancialmente el aparato estatal y reorganizarlo casi desde cero, asignando responsabilidades directas, medibles y exigibles a cada nivel. Menos Estado no es menos presencia, sino un Estado concentrado en pocas funciones claras, con procesos simples y metas de servicio al ciudadano como cliente y accionista de la República. Esto incluye limitar el ámbito de acción económica del gobierno, reducir espacios discrecionales y transparentar reglas en áreas sensibles como gasto público, tipo de cambio y manejo macroeconómico.
El cambio cultural debe reflejarse en la experiencia diaria del ciudadano al relacionarse con el Estado: trámites rápidos, reglas claras, colas mínimas y ninguna “ventanilla oculta” donde se paga por lo que debería ser un derecho.
El “deber ser” implica diseñar procesos bajo el principio de presunción de honestidad del ciudadano, reduciendo legalizaciones inútiles, firmas superpuestas y controles redundantes que hoy solo justifican la existencia del gestor y la coima. Simplificar no es relajar controles, sino trasladarlos a sistemas de información y a responsabilidades personales, con tiempos de respuesta obligatorios y verificables.
En la visión del nuevo gobierno, toda actividad de perfil privado en manos del Estado debe privatizarse o reestructurarse bajo criterios estrictos de gobierno corporativo, analizando como caso especial empresas estratégicas, ya sin considerar a Pdvsa que debería ser liquidada y disuelta.
La experiencia demuestra que donde no hay un “doliente de bolsillo” aparecen sobreprecios, baja calidad, nóminas fantasmas y acuerdos opacos que drenan recursos públicos. El “deber ser” exige que, incluso donde el Estado mantenga propiedad, la gestión se rija por estándares de empresa privada, sin injerencia política en las decisiones de negocio. Hay que ver con cuidado el caso de Noruega, quienes, además de haberle otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina, y de haber “aguantado” año tras año las mentiras y engaños del chavismo, desarrollaron en relativamente corto tiempo un negocio petrolero próspero, sin deberle nada a nadie, y haber generado el fondo de inversión más grande del mundo: Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega (Government Pension Fund – Global) que es gestionado por el Norges Bank Investment Management (NBIM) en nombre de la población noruega.
Porque una República reconstruida como la que deberemos encarar tal vez este mismo año 2025, requiere que el flujo completo del dinero público sea visible: presupuesto, tesorería, órdenes de pago, prioridades de gasto y ejecución por organismo.
El ciudadano, como accionista del Estado, debe poder acceder en tiempo real y en lenguaje sencillo a cómo se recauda, en qué se gasta y quién autoriza cada pago, de manera que la sociedad pueda preguntar, exigir y denunciar sobre bases objetivas. Proyectos como un banco del tesoro moderno e integrado a los sistemas de gestión financiera deben concebirse desde el inicio para que la información sea pública, y no un registro cerrado solo al alcance de tecnócratas.
En el “deber ser” del gobierno de Edmundo y María Corina, las compras y contrataciones del Estado (tratado un par de Vitrinas atrás) deben dejar de ser un territorio oscuro y pasar a ser un mercado abierto, competitivo y trazable; lo cual supone profesionalizar la función de comprador público, crear una institucionalidad rectora de compras, utilizar sistemas electrónicos abiertos y contratar referencias de precios nacionales e internacionales para evitar sobreprecios sistemáticos.
Cada licitación, adjudicación y contrato debe ser consultable por cualquier ciudadano, con historial de oferentes, criterios de selección y desempeño del proveedor en el tiempo.
El núcleo del nuevo modelo es privilegiar el control interno sobre el control externo, sin sustituirlo, pero sí dándole el rol de primera línea de defensa contra la corrupción. El “deber ser” requiere que los responsables directos de los procesos de negocio asuman controles explícitos, acompañados por auditorías internas fuertes y una Superintendencia de Control Interno con mandato presidencial y capacidad operativa. Esta figura, equivalente a un Auditor Interno del Poder Ejecutivo, se convierte en los ojos preventivos del Presidente, anticipando desvíos antes de que el daño sea irreversible.
Un gobierno que quiere erradicar la cultura de la corrupción tiene que reducir al mínimo el contacto manual en los procesos y maximizar el uso de tecnología de información. Bases de datos integradas, flujos de trabajo digitales, validaciones en línea, firma electrónica y trazabilidad completa de cada trámite, disminuyen las oportunidades de “arreglos” personales. El diseño de una arquitectura de información alineada con el “nuevo Estado” debe ser una decisión política temprana, no un proyecto técnico postergable.
Cambiar la cultura de la corrupción internalizada exige un programa masivo de gerencia del cambio que eduque a funcionarios y ciudadanos en reglas, deberes y consecuencias. La gente no puede comportarse distinto si nunca se le explicó que dejar basura en la calle, trancar una calle o eludir una norma administrativa es parte del mismo ecosistema de irrespeto que sostiene la gran corrupción.
El “deber ser” es una oficina de alta jerarquía, con objetivos claros, midiendo resultados de campañas de información, formación ética y educación cívica continua.
Invitación al 19 de diciembre de 2025
Más que una consigna anticorrupción, se propone al país una arquitectura institucional y cultural donde el funcionario da cuenta, el ciudadano exige y la corrupción deja de ser “lo normal” para convertirse, otra vez, en lo inaceptable.
Noticias destacadas
El Pitazo: María Corina Machado salió de Oslo, confirma su equipo político. Pedro Urruchurtu aseguró que la líder opositora se encuentra bien y que “durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”.
The New York Times: Armada venezolana escolta buques tras amenaza de bloqueo de Trump
Bloomberg: Venezuela enfrenta posible cierre de pozos por saturación de depósitos y bloqueo de petroleros.
La Patilla: Trump designó oficialmente al régimen de Maduro como organización terrorista extranjera (bueno… lo que faltaba… ahora sí ya no debería haber excusas… la gente está cansada y descreída…).
The New York Times: Armada venezolana escolta buques tras amenaza de bloqueo de Trump. Se dice que el gobierno venezolano ordenó la escolta, según dos personas familiarizadas con el asunto. No quedó claro de inmediato si los buques estaban sujetos a sanciones estadounidenses.
Transparencia Venezuela/Monitoreamos. Contrabando petrolero: 23 buques sancionados o furtivos visitaron Venezuela en noviembre.
Tal Cual (análisis): Buques fantasma y sancionados: pilares del negocio petrolero de Maduro en jaque por Trump.
El Nacional: Rusia expresa “profunda preocupación” ante las declaraciones beligerantes de Estados Unidos sobre Venezuela (si no fuera tan dramático, hasta sería gracioso que los rusos digan eso… deberían mirarse al espejo de lo que ellos están haciendo en Europa).
El Pitazo: Politólogo Nicmer Evans está detenido en El Helicoide: su esposa exige saber qué delitos le imputan (la” revolución” sigue comiéndose a sus hijos).
EFE: Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior. El Nacional: Sin referencias a Venezuela, Trump hace balance de gobierno y celebra el “renacer” de Estados Unidos. AP: Trump anuncia bono de 1.776 dólares para tropas estadounidenses; afirma que la economía se fortalece.
Lo que no fue noticia (y debería serlo)
Que el auge de nuevas franquicias y marcas estadounidenses en Caracas y otras ciudades muestra un aumento visible del consumismo en ciertos estratos, en abierto contraste con el relato oficial de modelo “socialista” y antiimperialista. La presencia de estas marcas revela un país partido: una minoría dolarizada que puede pagar precios internacionales y una mayoría que solo mira desde afuera ese nuevo mapa de consumo. Esta “normalización” comercial corre el riesgo de ser leída como recuperación general, cuando en realidad consolida un mercado de nicho y una narrativa de bienestar que no refleja la experiencia cotidiana del ciudadano promedio. Se trata de franquicias de legalidad sospechada… usan las marcas, pero no todas tienen los permisos… Y así comprometen la reputación de esas marcas.
Ni que las reservas petroleras de Venezuela se mantienen entre las mayores del mundo, pero la producción sigue muy por debajo de su capacidad histórica; en gran parte por deterioro operativo y dependencia extrema del crudo… y en menor medida por las sanciones. Para el futuro inmediato, la combinación de nuevas sanciones a petroleros y amenazas de “bloqueo total” coloca a la economía en un callejón donde se prioriza salvar ingresos petroleros de corto plazo, mientras se posterga una diversificación real que beneficie a ciudadanos y empresas no petroleras. Esta asfixia externa e interna termina trasladándose a servicios públicos más precarios y a un tejido empresarial que opera sin crédito, con alta incertidumbre regulatoria y atado a los vaivenes del mercado energético global… y ni qué decir del 90% de la población que está en pobreza, y que el 67% está en la indigencia… Bien por la “revolución bonita”.
O que mientras el gobierno habla de “bloqueo militar”, “submarinos nucleares” y “ataques inminentes” de Estados Unidos, buena parte de la población escucha con una mezcla de cansancio y escepticismo, tras años de anuncios de invasiones que nunca llegaron. Analistas señalan que el régimen ha usado reiteradamente la narrativa de “amenaza imperial” para cohesionar a sus bases y justificar estados de excepción, lo que desgasta la credibilidad de cada nueva alerta de guerra. La verdadera noticia que casi no aparece en titulares es que una franja creciente de venezolanos ya procesa estos anuncios como ruido de fondo, similar al cuento del pastorcito mentiroso: cuando la amenaza pudiera ser más seria (despliegue aeronaval real, ataques a embarcaciones, designaciones terroristas), la reacción social se diluye entre la incredulidad y la apatía.
Tampoco que el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec destacan planes de mantenimiento, jornadas de atención y mejoras en subestaciones para “optimizar” el suministro a cientos de miles de usuarios. Sin embargo, la verdadera noticia no contada es cuánto pierden las pequeñas y medianas empresas por los cortes frecuentes, la inestabilidad de voltaje y la necesidad de depender de plantas y baterías para poder operar. Cada hora de apagón implica producción perdida, alimentos dañados, equipos quemados y más costos que se trasladan al consumidor en precios finales, erosionando aún más el poder de compra que las estadísticas oficiales de crecimiento no logran capturar.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebró este viernes el préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) aprobado por la Unión Europea para financiar las necesidades presupuestarias de su país y sostuvo que la ayuda “refuerza verdaderamente” la resiliencia de Ucrania frente a la guerra con Rusia.
“Se trata de un apoyo significativo que refuerza verdaderamente nuestra resiliencia”, escribió Zelenski en la red social X. “Es importante que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años”, agregó.
La decisión se adoptó tras más de un día de negociaciones en una cumbre en Bruselas, donde los Estados miembros acordaron conceder el préstamo para cubrir los déficits más urgentes de Kiev. Sin embargo, no se alcanzó un consenso sobre el uso de los activos rusos congelados en la UE como fuente directa de financiamiento.
El acuerdo aporta un respaldo financiero clave para Ucrania en un contexto de presiones internacionales para avanzar hacia un eventual fin del conflicto. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, confirmó la medida en un mensaje publicado en X.
“Tenemos un acuerdo. Se aprobó la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros (105.500 millones de dólares) de apoyo a Ucrania para 2026-27”, escribió. “Nos comprometimos y cumplimos”, añadió.
Según las conclusiones de la cumbre, los líderes europeos resolvieron estructurar la asistencia mediante un préstamo respaldado por el presupuesto común del bloque, luego de intensas discusiones sobre las alternativas disponibles para asegurar los fondos en el corto plazo.
La urgencia del debate respondió a las estimaciones de la propia UE, que calculan que Ucrania necesita 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años, con riesgos de una crisis de liquidez a partir de abril.
Durante las negociaciones, la opción prioritaria contempló utilizar cerca de 200.000 millones de euros en activos del banco central ruso congelados dentro de la Unión Europea para respaldar un préstamo a Kiev. Esa alternativa perdió apoyo ante las exigencias de Bélgica, país que concentra la mayor parte de esos activos y reclamó garantías para compartir responsabilidades legales y financieras, consideradas excesivas por otros Estados miembros.
El canciller alemán, Friedrich Merz, respaldó de manera firme el uso de los activos rusos congelados. Tras el cierre del acuerdo, afirmó que la decisión final “envía una señal clara” al presidente ruso, Vladimir Putin, en apoyo a Ucrania.
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que en las “próximas semanas” será necesario encontrar “la manera de que los europeos, con una buena organización, reanuden un diálogo completo con Rusia con total transparencia”.
Desde Kiev, la postura a favor de utilizar los activos rusos resultó explícita. Zelenski planteó el tema ante los líderes europeos al inicio de la cumbre del jueves y defendió esa vía como la más adecuada. “Los activos rusos deben utilizarse para defenderse de la agresión rusa y reconstruir lo destruido por los ataques rusos. Es moral. Es justo. Es legal”, afirmó.
Aunque la herramienta no formó parte de la decisión final, la aprobación del préstamo representó un alivio para Ucrania, que buscó una definición antes de fin de año. Zelenski sostuvo ante los líderes que asegurar una base financiera más sólida fortalecerá la posición de su país en eventuales conversaciones orientadas a poner fin a la guerra.
En paralelo, avanzaron los contactos diplomáticos con Estados Unidos. Zelenski anunció que delegaciones ucranianas y estadounidenses mantendrán conversaciones el viernes y sábado en territorio norteamericano, con el objetivo de profundizar el diálogo sobre el futuro del conflicto y las condiciones de seguridad.
El mandatario ucraniano reclamó precisiones de Washington sobre las garantías que podría ofrecer para proteger a Ucrania frente a una nueva ofensiva rusa. “¿Qué hará Estados Unidos si Rusia vuelve a la agresión?”, preguntó. “¿Qué efecto tendrán estas garantías de seguridad? ¿Cómo funcionarán?”, añadió.
Desde la capital estadounidense, el presidente Donald Trump reiteró su postura y mantuvo la presión sobre Kiev para avanzar hacia un entendimiento. Trump afirmó que espera que Ucrania “actúe rápidamente” para alcanzar un acuerdo.
A trece días de su fin ya se puede afirmar que 2025 ha sido el segundo año más mortífero para los periodistas desde comienzos de siglo, solo por detrás de 2024, afirmó este jueves la Campaña Emblema de Prensa (PEC), una organización civil que trabaja por la protección de la prensa en los conflictos armados.
161 periodistas fueron asesinados este año en 31 países, dos tercios en conflictos armados, frente a los 179 del año pasado.
La Franja de Gaza volvió a sufrir el grueso de las muertes de profesionales de la información, con al menos 60 fallecidos, la mayoría bajo ataques israelíes.
Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 221 periodistas palestinos han muerto en Gaza, lo que lo sitúa como el conflicto más mortífero para los medios de comunicación desde la Segunda Guerra Mundial, afirmó mediante un comunicado el presidente de la PEC, Blaise Lempen.
Lempen exigió a Israel investigaciones exhaustivas para «identificar las circunstancias y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra».
Además, lamentó que los periodistas internacionales sigan sin tener acceso al territorio.
Solo dos ataques israelíes fueron responsables también de 13 de los 15 fallecidos en Yemen y de los cuatro periodistas muertos este año en Irán.
Junto a las muertes en Siria (3), Irak (2), Líbano (2) y Arabia Saudí (1), 87 profesionales murieron en Oriente Medio, situándose como la región más mortífera para los periodistas.
Le sigue América Latina, con 25 muertos, el último el periodista Agustín Zapeta Aguilar, que fue hallado muerto hace tan solo dos días en Guatemala.
Las muertes de periodistas, nueve, se concentraron en México, el tercer país más mortífero del mundo para estos profesionales a causa de la violencia de los cárteles de droga.
El resto de muertes del sur del continente se dieron en Ecuador (5), Perú (3), Colombia (2), Honduras (2), Brasil (1), Guatemala (1) y Haití (1).
También nueve periodistas murieron en la guerra de Ucrania: tres ucranianos y un francés en Ucrania, y cinco rusos en zonas fronterizas.
A esto se suman, matizó la PEC, los periodistas ucranianos que murieron mientras combatían con las fuerzas armadas.
Según el Instituto ucraniano de Información de Masas, si se tienen en cuenta también estos últimos, 120 periodistas habrían muerto desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.
El resto de las muertes de periodistas de este año se dieron en Asia (22) -con India (6), Pakistán (5) y Bangladés (4) a la cabeza-, en África (15) -especialmente en Sudán (8)- y en Europa (10) -nueve en Ucrania y uno en Turquía-.
Además, dos periodistas estadounidenses fueron asesinados este año.
La PEC señaló la impunidad, con la falta de investigaciones y juicios independientes, como la causa principal de la multiplicación de estos crímenes.
La Campaña Emblema de Prensa también ha detectado un aumento de las solicitudes de asistencia de la PEC por parte de periodistas en Afganistán, Camerún, Siria, Turquía y Sudán.
«Los periodistas perseguidos se enfrentan a un rechazo casi sistemático de sus solicitudes de asilo, es preocupante», lamentó Lempen.
Cada Navidad, The Economist nombra su país del año. No el más feliz —ese casi siempre sería un país escandinavo, lo que haría el concurso aburrido y predecible—. Tampoco el más influyente —ese sería siempre una superpotencia—. Lo que intentamos identificar es el país que más ha mejorado, ya sea económica, política o socialmente, o en cualquier otro aspecto que realmente importe.
El año fue turbulento: el presidente Donald Trump alteró el comercio mundial y conflictos horribles dejaron cicatrices en lugares como Gaza y Sudán. Sin embargo, varios países supieron navegar aguas agitadas con éxito. Canadá eligió como primer ministro a un tecnócrata sobrio, en lugar de a un populista, y plantó cara al acoso estadounidense. En Moldavia, los votantes rechazaron a un partido prorruso pese a las amenazas y la desinformación procedentes de Moscú. El señor Trump negoció una frágil tregua entre Israel y los palestinos.
Corea del Sur se recuperó de una grave amenaza a su democracia. Hace un año, el presidente Yoon Suk Yeol intentó imponer la ley marcial, enviando tropas para cerrar el Parlamento. Pero los legisladores, los manifestantes y las instituciones resistieron, y este año el expresidente, ya desacreditado, fue juzgado por insurrección.
Otro ejemplo destacado de cómo responder a intentos violentos de subvertir el orden constitucional fue Brasil. En septiembre, un tribunal brasileño impuso una condena de 27 años de prisión a Jair Bolsonaro, expresidente que perdió las elecciones en 2022, afirmó que había sufrido un engaño e intentó dar un golpe de Estado para mantenerse en el poder. Brasil estuvo plagado de golpes de Estado durante gran parte del siglo XX; esta es la primera vez que un golpista recibe un castigo adecuado. Además, en 2025 el gobierno logró frenar el ritmo de la deforestación en la Amazonía, contribuyendo así a desacelerar el cambio climático. No obstante, su política exterior complaciente con el Kremlin empañó seriamente su balance.
Los dos candidatos más fuertes de este año son muy distintos: Argentina y Siria. La mejora de Argentina ha sido económica. Su presidente, Javier Milei, inició en 2023 amplias reformas de libre mercado con la esperanza de sacar al país de más de un siglo de estatismo y estancamiento. Estas reformas —eliminar controles de precios, recortar el gasto y suprimir subsidios distorsionadores— son excepcionalmente difíciles porque resultan excepcionalmente dolorosas; muchos reformadores anteriores fracasaron. Sin embargo, el señor Milei mantuvo su “motosierra” en 2025, y los votantes siguieron apoyándolo. También lo hizo Estados Unidos, ofreciendo un salvavidas de 20.000 millones de dólares para evitar una crisis financiera. Los resultados han sido impresionantes. La inflación cayó del 211% en 2023 a alrededor del 30% actual. La tasa de pobreza ha disminuido 21 puntos porcentuales desde el año pasado. El presupuesto ha quedado bajo control. El señor Milei avanzó hacia un peso flotante y eliminó la mayoría de los controles de capital.
Argentina aún podría fracasar. Los peronistas, que gobernaron mal el país durante generaciones, están ansiosos por volver si el señor Milei tropieza. Y el presidente tiene muchos defectos: es intolerante con los críticos y está rodeado de escándalos de corrupción. Pero si sus reformas se mantienen, podrían cambiar de forma permanente la trayectoria de Argentina y dar esperanza a reformadores económicos de todo el mundo.
La mejora de Siria, en cambio, ha sido política. Hace poco más de un año estaba gobernada por Bashar al Asad, un dictador abyecto respaldado por Irán y Rusia. Sus cárceles estaban llenas de presos políticos, y la disidencia se castigaba con tortura o muerte. Trece años de guerra civil habían costado la vida a más de medio millón de personas. Las fuerzas de Al Asad usaron armas químicas y bombas de barril de forma indiscriminada contra civiles. Más de seis millones de personas habían huido del país.
Luego, a principios de diciembre de 2024, el tirano se vio obligado a huir cuando los rebeldes tomaron el poder. Cuando elegíamos el país del año entonces, era demasiado pronto para saber cómo sería la nueva Siria. Su dirigente, Ahmed al-Sharaa, había sido yihadista. Muchos temían que impusiera una dura teocracia islamista o que Siria colapsara en el caos. En realidad, no ocurrió ninguna de las dos cosas. Las mujeres no están obligadas a cubrirse ni a quedarse en casa. El entretenimiento y, sí, el alcohol están permitidos. El señor Sharaa ha protagonizado una serie de sorpresas positivas, manteniendo unido al país y forjando buenas relaciones con Estados Unidos y los Estados del Golfo. A medida que se relajan las sancionesoccidentales, la economía también empieza a recuperarse.
Persisten enormes problemas. Milicias llevaron a cabo dos atroces masacres locales contra minorías, en las que murieron 2.000 personas. El señor Sharaa gobierna de manera clientelar, y en un país tan frágil todavía muchas cosas pueden salir mal.
Aun así, Siria en 2025 es mucho más feliz y pacífica de lo que era en 2024. El miedo ya no es universal. La vida no es fácil, pero para la mayoría de la gente es más o menos normal. Votando con los pies, unos tres millones de sirios han regresado a casa. Nuestra elección, por tanto, también es Siria.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el jueves sobre la crítica situación de salud de 91 presos políticos en Venezuela, quienes padecen “enfermedades graves” y enfrentan, según la organización, un “deterioro físico progresivo” como resultado de lo que califican como una “forma de violencia estructural”.
Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la JEP, confirmó a EFE que entre los afectados se reportan “al menos 8 casos de cáncer en estado avanzado” con diagnósticos de adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide y tumores pancreáticos y cerebrales.
La organización también identificó a “más de 20 presos con enfermedades cardíacas”, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica, además de afectados por diabetes e insuficiencia renal crónica.
Según Tineo, algunos presentan “daño renal irreversible o infecciones urinarias persistentes”, necesitando sondas urinarias de forma permanente, pero a muchos “no se las reciben o no tienen recursos para adquirirlas”.
La JEP denunció en la red social X la “negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres” en las prisiones venezolanas, a lo que sumó que este contexto implica “una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal”.
En ese sentido, advirtió que el “deterioro físico progresivo” de los detenidos “no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural”.
“Cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, afirmó la ONG.
De acuerdo a cifras de JEP, en Venezuela hay actualmente 1.084 presos políticos, una cifra superior a la reportada por el Foro Penal, la principal organización dedicada a la defensa de estos detenidos, que contabiliza 893 casos. El régimen chavista sostienen, por su parte, que no existen presos políticos en el país y argumentan que todos los detenidos cometieron delitos comunes.
“La cifra de 42 ciudadanos extranjeros y 49 con doble nacionalidad detenidos por motivos políticos revela no solo la extensión internacional del patrón represivo, sino también el riesgo diplomático y humanitario”, sumó el comunicado de la ONG.
Desde el plano internacional, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que las Milicias Bolivarianas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro estarían reclutando por la fuerza a adolescentes.
Según la actualización de su informe, Türk advirtió que la situación en el país no mostró mejoría desde junio y persisten las graves restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica, sumadas a casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y una crisis socioeconómica severa.
El funcionario también alertó sobre la adopción, en septiembre y noviembre, de nuevas leyes de emergencia por parte de la dictadura venezolana cuyo contenido no ha sido publicado. Estas normas, que otorgan al Ejecutivo “competencias de emergencia ampliadas citando amenazas externas”, impiden cualquier control independiente y no pueden ser evaluadas respecto a su compatibilidad con el derecho internacional al mantenerse en secreto.
Türk subrayó que continúa con el registro de una intensificación en la militarización de la vida pública en Venezuela, lo que aumenta el riesgo de violencia y restringe cada vez más el espacio cívico. En particular, su oficina recibió informes sobre el “alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas”, práctica que afecta tanto a menores de edad como a adultos mayores, lo que considera una situación especialmente alarmante para el derecho internacional humanitario.
Ok Diario desvela la lista completa de las personas investigadas en el caso Plus Ultra que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según pudo confirmar este periódico, Zapatero ejerció presiones para lograr el polémico rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, fondos que habrían sido presuntamente blanqueados a través de una trama internacional.
La juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha abierto una pieza separada bajo secreto de sumario en la que investiga a diez personas por pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y blanqueo de capitales en el entramado del rescate de Plus Ultra.
En el epicentro de la investigación se sitúan los hermanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu. Ambos nacieron en Perú pero residen desde hace años en La Romana, una de las zonas más exclusivas y opulentas de República Dominicana, paraíso fiscal de multimillonarios latinoamericanos.
Los Baca tejieron durante años una red empresarial en España, constituyendo tres sociedades que domiciliaron estratégicamente en un lujoso piso del selecto barrio de Los Jerónimos, en pleno corazón de Madrid. Un abogado les asistió en la constitución de estas empresas pantalla y también ha sido imputado. Su asistente personal, Gabriela Puente Garaboa, completa este primer círculo de investigados.
La conexión chavista
La lista de imputados se amplía con dos empresarios vinculados al régimen chavista: Kristhian Alegre Walter y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano. Este último, conocido por mover millones de euros desde Venezuela hacia el extranjero, vive en la misma urbanización de lujo que los hermanos Baca en República Dominicana. Simón Leendert Verhoeven, empresario neerlandés y acreedor de Plus Ultra, cierra el círculo de investigados internacionales.
Todos ellos completan la nómina de investigados en España dentro del procedimiento judicial que culminó con la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO de la compañía, Roberto Roselli; y el amigo personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
En una rueda de prensa sobre el Informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorías, llevada a cabo por el presidente Gustavo Petro el 18 de diciembre de 2025, el primer mandatario se refirió al llamado a la unión que hizo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigido a la fuerza pública colombiana.
“Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el mandato de Bolívar”, precisó Maduro, refiriéndose a posibles ataques armados en su territorio por parte de Estados Unidos.
El presidente colombiano se pronunció al respecto, indicando que Maduro no está facultado para dar órdenes a las Fuerzas Militares del país. “No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, señaló.
Aseguró que solo a través de una constituyente, que permita un trabajo mancomunado entre países, incluyendo a Colombia y Venezuela, será posible que un jefe de Estado imparta directrices a uniformados de otras naciones.
“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas (Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, aseveró.
Recordó que la historia de ambas naciones ha estado unida por años y que hoy en día se mantiene, pero con un detalle problemático: personas de ambos países hacen parte de una organización criminal que durante décadas ha causado estragos y dolor en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “La única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN”, detalló
Nicolás Maduro volvió a dar un discurso llamó a la unidad nacional y rechazó cualquier duda en la defensa de Venezuela, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), que incluye un importante despliegue naval y aéreo cerca de las costas venezolanas.
Maduro enfatizó: «Dudar en defender nuestra tierra venezolana, es traición. Dudar en defender nuestras riquezas minerales, es traición. Dudar en defender nuestra soberanía y nuestro derecho a la paz, es traición. Dudar en repudiar a la mafia de la sayona criminal que llama a invadir a Venezuela y que nos quiten la riqueza, es traición».
El líder del régimen chavista manifestó en medio de la fuerte presión militar del gobierno de Donald Trump, que «es tiempo de lealtad, de valentía, de patriotismo y de la máxima unión nacional de todos los venezolanos y las venezolanas para defender nuestra tierra, nuestra riqueza, nuestro petróleo, nuestro pueblo, nuestro presente y el derecho al futuro».
Estas declaraciones se producen en el contexto de la escalada militar estadounidense en el mar Caribe, iniciada en noviembre bajo la «Operación Lanza del Sur», liderada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y con la participación del portaaviones USS Gerald R. Ford.
Washington justifica la operación como una lucha contra el narcotráfico y el «narcoterrorismo», acusando al chavismo de vínculos con el Cartel de los Soles.
Sin embargo, la Administración de Maduro asegura que EEUU tiene como objetivo «apoderarse de las reservas de petróleo y minerales» del país.
