El gobierno de Estados Unidos endureció su postura frente a Venezuela tras la reciente incautación de un petrolero sancionado cerca de las costas venezolanas, un operativo que aumentó la tensión en la región. Sin embargo, la Casa Blanca aseguró el jueves que el presidente Donald Trump “no está interesado en una guerra prolongada” con Venezuela.

El Nacional

Durante la conferencia de prensa diaria, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respondió sobre la posibilidad de un conflicto armado. “Definitivamente, eso no está dentro de los planes del presidente. Ha sido muy claro al respecto: quiere paz”, manifestó.

Incremento de operaciones en el Caribe

Leavitt defendió el incremento de operaciones militares en el mar Caribe asegurando que el mandatario estadounidense está enfocado en frenar “el tráfico de drogas ilegales a Estados Unidos, que toman la vida de cientos de miles de estadounidenses”.

La portavoz afirmó que el presidente “piensa en eso todos los días” y destacó que cada intervención contra las llamadas narcolanchas representa la interrupción de una cadena que alimenta el mercado ilícito en EE UU.

Mientras tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoció que al menos 83 personas han muerto en estas operaciones marítimas desde septiembre, una cifra que ha elevado el escrutinio sobre la legalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza en la campaña denominada Lanza del Sur.

Trump anuncia incautación de petrolero cerca de Venezuela

La preocupación internacional aumentó después de que fuerzas estadounidenses abordaran un petrolero sancionado, al que EE UU acusa de transportar crudo iraní y venezolano para redes ilícitas, cerca de Venezuela. Según Leavitt, el buque está siendo trasladado a un puerto estadounidense, donde enfrentará un procedimiento judicial.

“Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido”, afirmó. Washington sostiene que el barco operaba bajo falsa bandera y estaba asociado a actividades de contrabando energético, aunque el gobierno de Nicolás Maduro denunció la acción como un “robo descarado”.

La portavoz también informó que la tripulación está siendo interrogada y que el cargamento se encuentra “en proceso de decomiso”, aunque contradijo declaraciones previas del propio Trump, quien un día antes insinuó que Estados Unidos podría quedarse con el crudo.

Doble objetivo: narcotráfico y sanciones

Consultada sobre si la campaña se dirige realmente al tráfico de drogas o al petróleo venezolano, Leavitt sostuvo que el gobierno estadounidense está “enfocado en hacer muchas cosas” en el hemisferio occidental, y mencionó dos prioridades: detener el flujo de narcóticos y reforzar el cumplimiento de sanciones que buscan limitar los ingresos del régimen de Nicolás Maduro.

Sostuvo además que Trump ejecuta “un enfoque nuevo que no ha sido tomado por ninguna administración desde hace bastante tiempo”, marcando distancia de las políticas de Barack Obama y Joe Biden hacia Venezuela.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó la semana pasada por teléfono con Nicolás Maduro, según admitieron el jueves fuentes oficiales, que confirmaron además que la llamada fue después de un contacto con el líder estadounidense, Donald Trump.

EFE

La conversación con Maduro, la primera que Lula mantuvo después de más un año con el mandatario venezolano, fue «rápida y cordial» y ocurrió después de que, el pasado 2 de diciembre, el jefe de Estado brasileño llamó por teléfono a Trump, según dijeron a EFE fuentes oficiales.

Con Maduro, hablaron sobre «la paz en América Latina», según explicaron esas mismas fuentes, que no ahondaron en el contenido de la conversación.

Lula conversó con Trump el pasado 2 de diciembre, cuando, según ambos gobiernos, dialogaron sobre las negociaciones que apuntan a eliminar las sanciones comerciales que Estados Unidos le impuso a Brasil en represalia por el juicio que llevó a la cárcel al expresidente y líder de la ultraderecha brasileña Jair Bolsonaro.

Tanto Lula como Trump consideraron «muy buena» esa conversación y manifestaron su interés en avanzar en el diálogo sobre los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre parte de los productos brasileños desde agosto pasado.

Pero la Presidencia brasileña agregó, sobre el diálogo con Trump, que Lula había planteado la posibilidad de estrechar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en la que Estados Unidos se escuda para justificar su amplio despliegue militar en el Caribe.

El presidente brasileño ha criticado las acciones de la fuerza bélica que Estados Unidos ha situado en aguas internacionales próximas a Venezuela, así como ha instado a mantener a América Latina y el Caribe como una zona libre de conflictos.

El gobierno brasileño no reconoció el resultado de las elecciones del año pasado en Venezuela, en la que le fue atribuida a Maduro una polémica victoria en las urnas, y desde entonces Lula había dejado virtualmente congeladas las relaciones con el líder venezolano.

Tras el inicio de las operaciones estadounidenses en el Caribe, Lula ha insistido en que la solución para la crisis en Venezuela debe ser a través del diálogo y ha instado a preservar a América Latina y el Caribe como «una región de paz».

La teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz fue acusada, en febrero de 2014, junto con otros militares, por el Tribunal Sexto de Control de Carabobo por los violentos hechos contra manifestantes. Es la misma oficial que investigó el caso del periodista Ramón de Jesús Centeno Navas, detenido desde febrero de 2022. Pirona aparece en el más reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela, que puntualiza responsabilidades de la GNB en crímenes de lesa humanidad.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

El primer caso que describen es el de Juan Manuel Carrasco González, estudiante de origen español, de 21 años, cuya escalofriante historia de abusos y denegación de justicia empezó la noche del 13 de febrero de 2014, en Valencia, estado Carabobo.

Esa noche, funcionarios de la GNB, que perseguían manifestantes, dispararon gases lacrimógenos y perdigones. Juan Manuel Carrasco González y otras tres personas, incluida una mujer, se introdujeron en un vehículo para resguardarse; ocho funcionarios les dispararon perdigones rompiendo las ventanas del carro.

Luego sacaron al conductor del vehículo y lo golpearon con una patada en la cara, y también golpearon a la mujer, quien logró huir con la ayuda de Carrasco, “mientras los funcionarios de la GNB continuaron golpeando y pateando a los tres hombres, utilizando las culatas de sus armas”.

“Los funcionarios los arrastraron y se alejaron del carro diciendo: ‘¿Ves cómo quemas tu propio auto?’ antes de que los propios funcionarios le prendieran fuego”.

Cerca de la medianoche, a Carrasco y los otros detenidos, los trasladan al Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) de la GNB en Carabobo, donde fueron obligados a dormir sentados; “los funcionarios los pateaban ocasionalmente al pasar y les arrojaban agua”.

En el informe “Crímenes de lesa humanidad: el rol de la Guardia Nacional Bolivariana”, del 11 de diciembre de 2025, la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela profundiza en la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en dichas violaciones, puntualizando hechos y responsabilidades atribuibles en los distintos niveles de la cadena de mando.

La farsa de la Fiscalía

El Ministerio Público inicia la investigación penal al día siguiente, 14 de febrero de 2014, que “recae en la Fiscalía Sexta del estado de Carabobo, a cargo del fiscal superior Hankel Escalona, la fiscal Nidia González y la fiscal auxiliar segunda Anahí Vargas”, destaca el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.

Es importante destacar que el nombre correcto del fiscal es Hahkell Yamil Escalona Abonkheir, quien había ocupado varios cargos en fiscalías de los estados Portuguesa y Carabobo, un año después, el 19 de noviembre de 2015 fue nombrado coordinador de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) en Acarigua, Portuguesa.

La fiscal auxiliar segunda, Anahí Vargas, ya era esposa del Mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) en Carabobo y es uno de los actualmente imputados por el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, por presuntos crímenes de lesa humanidad, junto a otros 13 militares venezolanos, en el marco de la jurisdicción universal.

Ignorando las denuncias

Entre las diligencias practicadas, en el expediente de Juan Manuel Carrasco y otras 11 personas, la Fiscalía “consigna seis informes médico-forenses”, los cuales documentan que el joven estudiante de 21 años “presentaba contusiones y traumatismos en la cabeza y el cuerpo, así como abrasiones anales compatibles con penetración por un objeto no identificado”.

Funcionarios de la GNB que participaron en el operativo rindieron declaraciones, detallando la actuación de los distintos destacamentos durante la represión en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal y los hechos posteriores en el DESUR Carabobo.

El 15 de febrero de 2014, en la audiencia de presentación, “Carrasco y las demás personas imputadas relataron las violencias sufridas y mostraron sus lesiones. Carrasco informó a la jueza y a la fiscal que había sido violado, que tenía dificultades para sentarse y que continuaba sangrando”.

También, otras víctimas describieron lesiones en distintas partes del cuerpo, incluyendo heridas en la cabeza, y denunciaron el robo de objetos personales. Aun con esos testimonios y las observaciones médicas previas, “la jueza no adoptó medida alguna para ordenar una investigación inmediata sobre los malos tratos y la violación denunciada”.

Acusados

La Misión de la ONU destaca que el 23 de febrero de 2014 el Ministerio Público acusó ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal al sargento primero Luis Alejandro Blanco Cedeño, al primer teniente Luis Neil Mejías Aponte y a la teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz, quienes eran enfermero y jefa de servicios del DESUR, respectivamente.

A Blanco Cedeño lo acusaron como autor material del delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico y verbal y encubrimiento.

Mejías Aponte y Pirona Ruiz fueron imputados únicamente por encubrimiento.

A pesar de la gravedad de los delitos que superan los 10 años, la Fiscalía solicitó para los tres acusados medidas cautelares sustitutivas de libertad. “A pesar del testimonio de Carrasco y de los informes médico-forenses, la violación sexual no fue investigada”.

El 24 de febrero, la entonces fiscal general Luisa Marvelia Ortega Díaz, negó públicamente la existencia de violación.

Cuatro meses después, el 11 de junio de 2014, siete de las víctimas, entre ellos el estudiante Juan Manuel Carrasco González, presentaron acusación particular propia contra los tres funcionarios por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y encubrimiento.

El 7 de julio de 2014, también denunciaron ante la Fiscalía 28 con competencia en Derechos Fundamentales del estado de Carabobo a ocho funcionarios adicionales de la GNB, por coautoría en tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El juicio oral ante el Tribunal Sexto fue suspendido en cuatro oportunidades por diversos motivos. Luego, el caso pasó al juez Jesús Yépez, del Tribunal Sexto de Carabobo, pero por el fallecimiento del juez de la causa, el proceso debía reiniciarse con un nuevo juez.

Así, el nuevo juicio oral y público fue fijado para el 27 de noviembre de 2025, pero el fiscal nacional no se presentó ese día y el juicio fue pospuesto para el 25 de enero de 2026.

Pese a las denuncias públicas de Carrasco y su abogado, y a los informes médicos que acreditan lesiones anales compatibles con penetración por objeto, la violación sexual no fue incorporada en la acusación contra Blanco Cedeño.

“Las autoridades alegaron que Carrasco solo había reportado golpes durante el reconocimiento médico y que no mencionó la violación durante su audiencia de presentación, y sostuvieron que las pruebas médicas no respaldaban su versión”.

Hasta noviembre de 2025, dice la Misión de Determinación de los Hechos que los tres funcionarios de la GNB “continúan bajo medidas cautelares sustitutivas a la detención, y no se ha iniciado ninguna investigación respecto de los otros ocho militares denunciados.

La cadena de mando

De acuerdo con la investigación de la Misión, la estructura de mando bajo la cual actuaron los funcionarios involucrados se organizaba del siguiente modo.

Político estratégico: máxima autoridad Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Orden público: la conducción operativa correspondía al Ministerio de Defensa en cabeza de la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas, quien coordinaba con el ministro de Interiores, Justicia y Paz, encabezado por el MG (Ej) Miguel Rodríguez Torres, “quienes daban las instrucciones operativas dirigidas a los cuerpos de seguridad”.

La Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estaba a cargo del mayor general (GNB) Justo José Noguera Pietri.

La Misión de la ONU dice que recibió testimonios recibidos por la Misión indican que, a pesar de ser función del Ministerio de Defensa, las instrucciones operativas en materia de orden público “eran transmitidas por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, que coordinaba directamente con los mandos de la GNB desplegados en los Estados”.

Según la investigación de la Misión, en febrero de 2014, el entonces comandante general de la GNB, MG Justo José Noguera Pietri, “ordenó el despliegue de unidades especiales desde Caracas para reforzar a los Comandos Regionales de la GNB en distintas localidades del territorio venezolano ante la escalada de protestas”.

Agrega el informe de la Misión que “con información obtenida de fuentes con conocimiento directo de los hechos, el Comando Regional N°2 de la GNB en Carabobo estaba a cargo del general de Brigada Arquímedes Herrera Russo; actuando como segundo comandante el coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán”.

En el caso de Carabobo, destaca el Informe de la Misión, al teniente coronel Frank Osuna Díaz, comandante del Destacamento N°24, responsable directo del operativo. “En el DESUR Carabobo, la unidad donde fueron recluidas y recibieron malos tratos las personas detenidas, el coronel Douglas González Casamayor era el comandante, y su segundo al mando el mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles”.

Menciona el informe de la Misión de Naciones Unidas que, en el nivel superior de coordinación regional, la REDI (Región Estratégica de Defensa Integral) Central, estaba bajo el mando de quien es hoy en día diputado del Partido Socialista (PSUV), MG (GNB) Antonio José Benavides Torres.

En la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) del estado Carabobo se encontraba para el año 2014 el entonces General de División Carlos Augusto Leal Tellería, quien actualmente es el ministro de Alimentación.

Finalmente, en la cadena de mando señalada por la Misión están “funcionarios del DESUR Carabobo y del Destacamento N°24 de la GNB que participaron en la represión de manifestaciones, detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y violencia sexual ocurridas en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal, en Valencia”.

La pregunta circula por las calles de Cuba con la misma insistencia que los apagones: «¿Y si Maduro cae, qué nos espera?» Es un interrogante que reaparece cada vez que Miraflores está en aprietos y que, en estos días, vuelve a arder en conversaciones de esquina, en colas y en taxis colectivos.

Por: Yoani Sánchez – DW

Desde La Habana se observa Caracas como quien vigila un muro que sostiene parte de su propia casa: cualquier fisura al otro lado del Caribe amenaza con un derrumbe del régimen en esta orilla.

Durante más de dos décadas, desde que Hugo Chávez inauguró la era del petróleo subsidiado y los abrazos ideológicos, Venezuela ha sido el pulmón externo del castrismo. Con Nicolás Maduro, ese vínculo se ha mantenido. Para el poder cubano, el chavismo no solo ha sido un surtidor de crudo: también un apoyo diplomático, un vocero fiel en organismos internacionales y un aliado dispuesto a repetir, sin cambios de entonación, la narrativa de la resistencia antiimperialista a la que se aferra la cúpula habanera.

Ahora que el cerco de Washington se estrecha sobre Maduro, vale la pena analizar su peso real en el mantenimiento del régimen cubano. A esta alturas conviene matizar: la dependencia petrolera cubana ya no es la misma que en la primera década de este siglo. En los últimos años, el crudo mexicano y los envíos rusos han ido ocupando el espacio que ha cedido una PDVSA exhausta, incapaz de mantener los viejos niveles de suministro.

Una pieza importante

La Habana se ha visto obligada a diversificar porque, sencillamente, Caracas ya no puede regalar lo que no tiene. Pero incluso en su decadencia, Venezuela continúa siendo una pieza importante: no solo por el petróleo que aún llega, sino por el soporte político y la cobertura en labores de inteligencia en el continente que, durante años, ha brindado a su contraparte en la Isla.

El Gobierno cubano también ha construido un relato en el que la supervivencia de Maduro es, de algún modo, la prueba de su propia resiliencia. La caída del régimen en Caracas enviaría un mensaje devastador: el modelo del socialismo del siglo XXI se ha ido completamente al garete. De manera que perder Miraflores ahondaría el aislamiento de La Habana y limitaría su penetración ideológica en América Latina. 

¿Significa esto que un cambio en Venezuela precipitaría automáticamente una apertura democrática en Cuba? La historia aconseja prudencia. Cuando la Unión Soviética se desplomó, los pronósticos de un final inminente para el castrismo se multiplicaron. Sin embargo, el país no se abrió al pluralismo, sino a la crisis del Período Especial, a la represión y a un pragmatismo económico limitado que permitió al régimen sobrevivir sin transformarse. En lugar de democratizarse, la Plaza de la Revolución de La Habana se atrincheró.

Más precariedad y más represión

La caída de Maduro, de ocurrir, pondría al régimen cubano bajo una presión inédita en este siglo. Reduciría apoyos internacionales, recortaría el margen de maniobra diplomático y, quizás, obligaría a una reforma económica más profunda. Pero no debemos confundir presión con cambio. La élite cubana ha demostrado que su capacidad de posponer lo inevitable es casi infinita. Y aunque los tiempos históricos parecen acelerarse en América Latina, en Cuba el reloj oficial avanza a la velocidad que dicta un grupo de nonagenarios.

Si Maduro es capturado o hace las maletas, a corto plazo Cuba se hundirá en una mayor precariedad económica: menos petróleo, menos divisas, más tensión social. La Habana buscará sustituir lo que pierda en Caracas con nuevas alianzas —Moscú, México, quizás Argelia o Irán— y con más presión sobre los bolsillos nacionales: tarifas, impuestos, dualidades monetarias recicladas. También veremos más represión, porque cada crisis externa se traduce en paranoia doméstica. 

¿Qué pasará entonces? Probablemente lo que ya conocemos: reajustes, negociaciones discretas, nuevas fuentes de petróleo, viejas consignas recicladas. A mediano plazo, la desaparición del chavismo podría debilitar uno de los pilares simbólicos del castrismo: la idea de que su proyecto tiene herederos regionales. Un Maduro caído es un espejo roto. Y los regímenes no llevan bien las grietas en los espejos.

La detención del empresario y propietario de Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, ha sacudido con fuerza los cimientos de un rescate público que llevaba tiempo bajo sospecha. La operación, llevada a cabo este jueves por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), incluyó el registro durante varias horas de la sede de la compañía en Madrid y ha intensificado como nunca el foco sobre las conexiones entre la aerolínea, el entorno chavista y los apoyos políticos de alto nivel que facilitaron su salvamento con dinero público.

La Gaceta de la Iberosfera

El impacto del operativo va mucho más allá de la compañía aérea. Según fuentes del entorno del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consultadas por The Objective, el exjefe del Ejecutivo se encuentra «nervioso» tras la detención de Julio Martínez, con quien mantiene una relación personal desde hace años. Aunque públicamente Zapatero ha tratado de restar relevancia a los hechos y ha asegurado no estar preocupado, en privado la inquietud resulta evidente, según coinciden esas mismas fuentes.

La investigación policial llega en un momento especialmente comprometido para el expresidente, después de que The Objective revelara que intercedió personalmente ante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para garantizar que Plus Ultra obtuviera el certificado de empresa viable, requisito imprescindible para acceder al rescate de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sin ese aval, el dinero jamás habría salido de las arcas públicas.

Zapatero acudió al Ministerio de Transportes, en el Paseo de la Castellana, para reunirse con Ábalos con un objetivo claro: lograr que Plus Ultra fuera declarada “empresa estratégica”. Esa calificación resultaba imprescindible para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI y dependiente del Ministerio de Hacienda.

Las fuentes consultadas sostienen que Zapatero actuó como mediador directo en ese encuentro, empleando su influencia política dentro del Ejecutivo para desbloquear un proceso que, en condiciones normales, habría encontrado serios obstáculos debido a la situación real de la aerolínea. “Zapatero exigió que le concedieran el rescate a Plus Ultra”, asegura una fuente presente en las negociaciones.

La presión se canalizó, principalmente, a través de el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, cuyo informe resultaba determinante para que una empresa fuera reconocida como estratégica. El FASEE establecía criterios estrictos desde su creación: solo podían beneficiarse compañías con un peso relevante en la economía o cuya desaparición supusiera un riesgo real para un sector clave.

A pesar de esos requisitos, y contra el criterio técnico de varios responsables consultados posteriormente, Plus Ultra obtuvo finalmente el informe favorable de la Secretaría de Estado de Transportes. La Dirección General de Aviación Civil, dependiente de Saura, elaboró el documento que abrió la puerta al rescate.

El contenido del informe provocó sorpresa y preocupación dentro de la propia SEPI. Según fuentes conocedoras de los análisis internos, los datos no encajaban con los parámetros habituales para considerar estratégica a una aerolínea. Plus Ultra operaba apenas el 0,03% de los vuelos en España y ocupaba el puesto 166 entre las compañías activas en el país. Su flota se limitaba a cuatro aviones alquilados, con solo uno operativo en el momento de solicitar la ayuda. Tampoco destacaba por volumen de empleo ni por solidez financiera, ya que acumulaba pérdidas antes de la pandemia.

“El informe elevaba a estratégica a una empresa que, por tamaño, plantilla y presencia en el mercado, no lo era”, explican fuentes que conocieron de primera mano la tramitación. La contradicción generó un profundo malestar interno, agravado por el hecho de que otras compañías con mayor peso económico y cientos de trabajadores vieron rechazadas sus solicitudes. El caso de la editorial SM, con 685 empleados, resultó especialmente ilustrativo.

María Corina Machado ha criticado la falta de respaldo del Gobierno de Sánchez a la oposición democrática frente al régimen de Nicolás Maduro. Lo ha hecho durante una rueda de prensa en Oslo, donde ha evitado un ataque frontal, pero ha dejado un mensaje claro: «La historia juzgará».

La Gaceta de la Iberosfera

La dirigente fue preguntada por un periodista de Informativos Telecinco acerca del «apoyo» recibido por parte del Ejecutivo socialista en el intento de restaurar la democracia en Venezuela. La cuestión cobra especial relevancia en un contexto en el que España todavía no ha reconocido la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales de julio de 2024. La respuesta de Machado resultó tan breve como contundente: «La historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado«.

Machado quiso subrayar, sin embargo, que no todos los gobiernos europeos han actuado de la misma manera. Según afirmó, algunos países sí han asumido un papel activo en la defensa del pueblo venezolano y de la causa democrática. «Ha habido otros gobiernos en Europa que han asumido el liderazgo«, recalcó.

La líder venezolana marcó también una diferencia clara entre las instituciones y la sociedad civil española. En ese sentido, expresó su agradecimiento al respaldo ciudadano recibido en España y a la acogida brindada a la diáspora venezolana. «Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al pueblo español, porque ese respaldo sí lo hemos sentido, y también la forma en la que han acogido a tantos venezolanos. Eso es lo más importante», afirmó.

Las declaraciones de Machado se producen en un contexto de silencio institucional por parte del Gobierno español tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora. Hasta el momento, no ha habido una felicitación oficial, algo que contrasta con la actitud mantenida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en ediciones anteriores del galardón.

Desde el Ejecutivo, en cambio, se ha puesto el acento en la supuesta implicación de España en la liberación de Machado cuando fue detenida por el régimen de Nicolás Maduro. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, recordó que «se trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión», y reiteró el compromiso del Gobierno español con los derechos humanos, la democracia y la paz.

Las palabras de la líder opositora llegan un día después de su llegada a la capital noruega y apenas dos días después de que su hija recogiera el Nobel en su nombre. Este viernes, María Corina Machado fue recibida en audiencia por el rey Harald V, la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon en el Palacio Real de Oslo. Tras el encuentro, regresó al hotel acompañada por el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje.

Un inmigrante africano ha torturado y violado a una joven italiana de 22 años en un episodio que ha sacudido por completo a la ciudad de Sassari, en Cerdeña. El agresor grabó parte de los hechos y envió las imágenes a la madre de la víctima, en lo que los investigadores describen como una acción deliberada destinada a intimidar y generar pánico.

La Gaceta de la Iberosfera

La alerta la dio precisamente la madre, que, tras recibir el vídeo, contactó de inmediato con la policía. A partir de ese aviso se activó un operativo urgente que permitió a los agentes localizar a la joven dentro del domicilio del sospechoso, donde fue rescatada aún con vida, aunque completamente desorientada y gravemente lesionada. Según los sanitarios, la joven presentaba signos evidentes de haber sido sometida a una violencia extrema, aunque los detalles clínicos se mantienen bajo reserva. Pese a ello, los médicos del hospital lograron estabilizarla y han confirmado que su vida no corre peligro.

Cuando la policía irrumpió en la vivienda, el hombre se resistió con tal fuerza que los agentes tuvieron que recurrir a una pistola táser para inmovilizarlo y proceder a su detención. Las autoridades han subrayado que no se trata de un individuo desconocido: acumula un historial delictivo notable y los investigadores trabajan con la hipótesis de que la agresión estuvo motivada por una supuesta deuda pendiente que el detenido habría exigido a la víctima.

La Fiscalía ha abierto una causa por secuestro con fines de extorsión, tortura y agresión sexual, delitos especialmente graves que han provocado un profundo impacto en la comunidad local. La investigación continúa bajo la máxima cautela, mientras Sassari permanece conmocionada ante la brutalidad del caso.