Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba han sobrevivido a todo tipo de sanciones, crisis económicas y presiones sociales a lo largo de su historia. Cada uno de ellos tiene un soporte dinámico, interconectado por conexiones políticas, económicas y de seguridad que le resisten. La inconsistencia radica en si este modelo se ha roto o encuentra nuevas formas de supervivencia.

The Conversation

Estos países, dominados por el desorden institucional, no se evalúan como territorios sin democracia ni libertades civiles. En el Índice de Democracia 2024 de The Economist Intelligence Unit (EIU), figuramos como regímenes autoritarios, en niveles inferiores de la clasificación global .

El Índice de Estado de Derecho indica que Cuba está permanentemente asimilada a un partido único , sin pluralismo político, y que Nicaragua se caracteriza por la justicia partidista, la persecución de la oposición y la concentración del poder en el Ejecutivo.

En conjunto, estos regímenes implican violaciones sistemáticas de los derechos humanos, falta de garantías democráticas y un estado de derecho reducido a escombros. Mientras tanto, proyectan una propaganda para la región que la desvirtúa en el ideal democrático.

El caso de la liga autoritaria

Durante años, Venezuela apoyó a Cuba y Nicaragua con petróleo subsidiado y cooperación que amortiguó el colapso de sistemas inviables. Cuba cuenta con apoyo estratégico para el poder venezolano, el control de seguridad y la inteligencia, y se centra en mantener la servidumbre de su amo, a un paso de la rebelión.

Nicaragua ha tomado su alimento y la palanca internacional que minaba el sandinismo simulaba su naturaleza de régimen forajido. Esta interdependencia ha sido un bloque que reproduce el mismo patrón: represión de la disidencia, manipulación electoral, proscripción de medios de comunicación libres.

Además, los indicadores del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024 de la CEPAL revelan una vulnerabilidad económica sin precedentes. La crisis de 2025 marca la mayor caída de la economía en décadas: Cuba proyecta un crecimiento del PIB del -1,5 % en 2025 y un pequeño aumento del 0,1 % en 2026, acompañado de la crisis energética y el colapso del turismo.

En Venezuela hay una inflación desbordada y la pérdida de una población privada de servicios básicos, que sobrevive con pensiones y salarios inferiores a un dólar mensual.

Entre apoyos dudosos y enfrentamiento directo

Rusia y China cuentan con pilares externos del autoritarismo latinoamericano, cada uno con fundamentos distintos. Moscú ofrece responsabilidad militar y diplomática, limitada a las sanciones y las pérdidas económicas de la guerra en Ucrania. Pekín favorece un apoyo pragmático mediante cambios estratégicos que permitan la captura de recursos y mercados.

Estados Unidos, por su parte, manifestó su oposición con una masiva operación militar y de seguridad en el Caribe, bajo el lema de la lucha contra el narcotráfico. Ante Nicaragua, impuso sanciones contra sus funcionarios y acrecentó las denuncias de violaciones de derechos humanos .

La extrema pauperación del pueblo cubano hace insostenible la narrativa que justifica el desmoronamiento del comunismo como consecuencia del embargo impuesto desde 1962.

La explosiva región

En Venezuela, la crisis humanitaria, el colapso económico y la migración masiva han hecho la situación insostenible. El conflicto trasciende las fronteras nacionales y se proyecta a nivel global.

En este contexto, es evidente que Estados Unidos no depende del petróleo venezolano para sostener su economía ni su seguridad energética: con una producción estimada en 13,6 millones de barriles diarios en 2025, se mantiene como uno de los mayores productores mundiales. En contraste, Venezuela oscila entre 956.000 y 1.132.000 barriles de periódicos, un panorama dramático que roza los más de 3 millones que produjo en sus primeros años.

La infraestructura petrolera venezolana está devastada: el deterioro de las refinerías y la reducción de la capacidad de extracción convierten a la industria en un símbolo de decadencia, más que en una actividad estratégica. De hecho, las acciones de Estados Unidos no se explican como una disputa por el control del petróleo venezolano.

Escenarios bajo otra lógica

Detectó los intereses del presidente gobernante, Donald Trump, de activar una crisis internacional monitoreada, una narrativa de seguridad nacional que se proyectó internamente y sirvió de justificación a medidas constitucionales.

Las elecciones al Congreso se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones, una posibilidad de desequilibrio político que Trump está bloqueando. Como parte de un cambio de autoridad administrativa y política exterior que no se aplica retroactivamente, existen varias posibilidades:

• Una disrupción inminente: la desilusión con los resultados electorales cerró la vía negociada. La juramentación de Nicolás Maduro se realizó hace 10 años y fue un proceso pacífico que podría concretarse en una transacción política. La presión norteamericana, mediante ataques selectivos contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico, podría precipitar la demolición del régimen, con una primera causa de anarquía y violencia. Luego, establecerá un gobierno aprobado para la legitimidad de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de julio de 2024.
• Transición militar-constituyente: la falta de credibilidad de los negociadores dificulta un acuerdo. Nicaragua y Cuba enfrentan presiones internas similares. En un momento constituyente, los factores militares pueden asumir el control y, con influencia externa, canalizar una fuerza constituyente para la restauración democrática.
• Continuidad del autoritarismo: la concordia de factores políticos y la eventual neutralización de Estados Unidos permiten la supervivencia del autoritarismo. Consolidamos alianzas regionales e intensificamos la represión interna para mantener el poder. Un panorama improbable considerando los intereses de la administración Trump para justificar su dinámica con la crisis caribeña.

Transición incidental, costo seguro

La definición depende de una combinación de factores. La interconexión entre Venezuela, Nicaragua y Cuba convierte cada ruptura en un fenómeno regional. El papel de Estados Unidos, Rusia y China es decisivo: si hay algún desacuerdo entre ellos, la transacción será extremadamente conflictiva.

Por lo tanto, la crisis actual no se ve afectada por la seguridad energética, sino por la política interna y la estrategia de Trump. Lo que se considera inexorable es que el precio de esta guerra autoritaria recaerá, en última instancia, sobre el pueblo venezolano.

El petróleo no es lo que Donald Trump busca en Venezuela. Esta hipótesis ha ganado fuerza después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusara a Estados Unidos en una carta a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de querer apoderarse de sus vastas reservas petroleras.

Por: David Gómez – El Orden Mundial

Hasta ahora, el presidente estadounidense ha apelado a la lucha contra el narcotráfico para justificar la presión militar de los últimos meses contra Caracas. Sin embargo, Venezuela tiene un papel secundario en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Además, Trump ha ofrecido un indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense en 2024 por tráfico de drogas.

Ni el petróleo ni el narcotráfico explican la presión militar de Estados Unidos contra Venezuela. La estrategia de Trump forma parte de una agenda política más amplia: además de controlar recursos, busca acabar con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, reafirmar el dominio estadounidense en América Latina, contrarrestar la influencia de China en la región y fortalecer su posición interna.

Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela

Estados Unidos ha sido históricamente el principal comprador de petróleo de Venezuela. Washington llegó a importar más de treinta millones de barriles de crudo venezolano al mes de media entre 1993 y 2010. Pero Venezuela ya no está entre los principales proveedores de petróleo a Estados Unidos. De hecho, una petrolera estadounidense, Chevron, sigue operando en territorio venezolano gracias a que Trump revocara la decisión de cancelar su licencia en mayo. La mayoría del petróleo importado por Washington procede de Canadá, México, Arabia Saudí, Irak y Brasil.

El punto de inflexión se produjo con el embargo que impuso la primera Administración Trump al petróleo venezolano en 2019. Washington bloqueó su exportación a Estados Unidos y prohibió a las refinerías estadounidenses pagar a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, por procesar el crudo venezolano en sus instalaciones. El embargo dificultó la capacidad de Venezuela para exportar petróleo, ya que al ser crudo pesado dependía de las refinerías estadounidenses en el golfo de México para tratarlo y venderlo a gran escala. Como resultado, la producción y las exportaciones de petróleo venezolano se desplomaron.

Por el contrario, Estados Unidos no depende del petróleo venezolano. De hecho, es el principal productor mundial de petróleo y acaba de alcanzar máximos históricos de producción con cerca de catorce millones de barriles de crudo al día en septiembre. Esta realidad contrasta con la de Venezuela. La producción de crudo venezolano apenas alcanza ahora el millón de barriles diarios, un tercio de lo que se llegó a producir con Hugo Chávez en el poder entre 1999 y 2013.

La caída de Maduro: un objetivo principalmente político

Lejos de una mera lógica extractivista, las motivaciones de Trump para tumbar a Maduro son políticas. El presidente estadounidense busca impulsar un nuevo intervencionismo en América Latina. Considera que asegurar el papel de Estados Unidos como potencia global pasa por reafirmar el dominio en su hemisferio: América y el Pacífico. Esta visión conecta con la política exterior estadounidense de finales del siglo XIX, basada en el imperialismo, el proteccionismo económico y la amenaza del uso de la fuerza.

Para ello, Trump pretende alinear a los Gobiernos latinoamericanos con los intereses de Estados Unidos y contrarrestar la influencia de China en la región. En este sentido, la presión militar contra Venezuela se enmarca en un plan más extenso. Esta línea dura incluye las amenazas de apoderarse del canal de Panamá, el cambio de nombre del golfo de México a “golfo de América”, la retirada de la ayuda a Colombia, los aranceles a Brasil por la condena al expresidente Jair Bolsonaro o el rescate a Argentina para apoyar al presidente Javier Milei.

La caída de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua ocupa un lugar prioritario en esa agenda regional de Estados Unidos, en gran medida debido a la influencia del secretario de Estado, Marco Rubio. Para Trump, estos Gobiernos representan los últimos vestigios del socialismo en América Latina. Acabar con ellos escenificaría la hegemonía de Estados Unidos en la zona y fortalecería su imagen entre los conservadores republicanos y los latinos de origen cubano y venezolano en Florida, liderados por Rubio, un cubanoamericano de Miami. Además, al propiciar un cambio de régimen en Caracas, podría reforzar su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que ganó este año la líder opositora venezolana María Corina Machado.

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Durante los últimos diez años, Nicolás Maduro ha intentado moldear al Estado venezolano como una máquina político-militar capaz de cerrar filas ante cualquier presión externa. En el relato que impulsa el propio Gobierno venezolano, ese entramado permitiría incluso resistir ante un eventual choque con Estados Unidos, en un momento de fuerte tensión entre los dos países con amenazas de Donald Trump de operaciones en suelo venezolano de por medio. Aunque heredó el andamiaje ideológico y diplomático de Hugo Chávez, Maduro ha ido dando forma a su propia versión del “mundo multipolar”, la doctrina que sigue guiando la estrategia internacional del chavismo.

Por: Alonso Moleiro – El País

Cuando Chávez murió en 2013, muchos —dentro y fuera de Venezuela— pensaron que el proyecto bolivariano se vendría abajo sin su figura central. Pero ocurrió lo contrario: su ausencia terminó de convertirlo en mito dentro de los cuarteles y del aparato estatal, y ese impulso simbólico ayudó a consolidar lo que desde entonces se concibe como un “Estado revolucionario”.

Maduro aprovechó ese momento para emprender una tarea silenciosa pero decisiva: incrustar los valores del chavismo dentro del universo militar y policial. Lo hizo en medio del derrumbe socioeconómico de Venezuela y del desgaste progresivo del capital político del movimiento, con un objetivo claro: asegurar que las Fuerzas Armadas, los cuerpos de inteligencia y la policía actuaran según la lógica revolucionaria, más allá de cualquier coyuntura.

Con el paso del tiempo, la llamada unión cívico-militar-policial —que Chávez promovía desde su fallido alzamiento de 1992— dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en el candado que mantiene al chavismo cohesionado y con absoluto control en una crisis como la actual. Ese engranaje ha sido una de las herramientas más efectivas de Maduro para manejar la conflictividad interna y sostener su hegemonía, incluso mientras el mapa político regional cambia de color en cada elección.

Toda esta construcción está siendo clave en los últimos meses en los que la relación con Estados Unidos está marcada por una hostilidad en máximos: un despliegue naval y aéreo en el Caribe sin precedentes, sanciones contra el chavismo, cierre del espacio aéreo y amenazas de ataques en territorio venezolano contra narcotraficantes ―el argumento usado por Washington para hundir lanchas supuestamente cargadas de droga en aguas del Caribe en acciones que han causado ya 87 muertes―. A pesar de todo, Trump mantiene abierta la posibilidad de una salida negociada a la crisis y cada vez menos la invasión de un país que desencadenaría un terremoto regional con réplicas al otro lado del océano.

La política exterior venezolana se apoya desde hace 25 años en la tesis del “mundo multipolar”, formulada por Chávez incluso antes de llegar al poder. Bajo Maduro, ese esquema continúa plenamente vigente. Desde 2004, Caracas asumió como eje de su diplomacia un antimperialismo frontal hacia Estados Unidos, lo que convirtió al país en un adversario declarado de Washington y asentó una visión internacional arraigada en los sectores más radicales de la izquierda venezolana.

Ese marco ideológico permitió tejer alianzas con centros de poder alejados de la órbita estadounidense, preferiblemente regímenes autoritarios como China, Rusia, Irán, Bielorrusia o Turquía. En América Latina, se fortalecieron vínculos con Cuba y Nicaragua, dos dictaduras consolidadas y los aliados más cercanos del chavismo. La estrategia incluyó también relaciones con Gobiernos de la izquierda democrática regional —Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, los Kirchner en Argentina, el boliviano Evo Morales, o Rafael Correa en Ecuador— que durante años ayudaron a Chávez a camuflar sus ambiciones continuistas mientras avanzaba en su confrontación con Washington.

Ese puente comenzó a deteriorarse tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor sin mostrar las actas que lo acreditaban, mientras la oposición exhibía las que logró recoger por todo el país para demostrar su victoria. La reelección forzada generó incomodidad en Petro y Lula, que intentaron sin éxito mediar en la crisis. El chileno Gabriel Boric, en cambio, rompió por completo con Caracas al denunciar que el chavismo se “robó” la elección.

Chávez también abrió caminos más allá de las estructuras diplomáticas convencionales: estableció relaciones con la guerrilla colombiana, el grupo chií libanés Hezbolá, el libio Muamar el Gadafi, distintos liderazgos palestinos y organizaciones africanas. El Movimiento de los No Alineados se convirtió en un espacio cómodo para la diplomacia venezolana, un refugio entre países con instituciones democráticas débiles o inexistentes.

A eso se sumó la habilidad de Chávez para explotar el resentimiento hacia Estados Unidos en sectores del tejido social latinoamericano, una estrategia que incluso le abrió puertas en escenarios europeos. Maduro, que participó activamente en esa expansión durante sus cinco años como canciller, ha seguido trabajando sobre ese mismo capital político y simbólico.

Desde 2014, Maduro bajó ligeramente el tono de Chávez hacia Estados Unidos, pero profundizó la dependencia de los aliados estratégicos, sobre todo China y Rusia. Con Moscú, Venezuela ha modernizado parte de su parque militar, ha recibido formación especializada para varios de sus efectivos y ha afinado la maquinaria de inteligencia del Estado. En la narrativa oficialista, son estos aliados los que funcionarían como padrinos en caso de un escenario de fuerza mayor.

En esa combinación —un aparato interno sólido, alianzas con potencias enfrentadas a Estados Unidos y un ecosistema diplomático alternativo compuesto por regímenes autoritarios y organizaciones armadas— se sostiene el andamiaje que el chavismo presenta como su defensa frente al asedio de Washington y ante cualquier escenario extremo.