Armando Esteban Quito

Tan influyente era El Pollo Carvajal en tiempos de Hugo Chávez que en los círculos del poder revolucionario también se le conocía como el otro Hugo. Cuando la estrella del mayor general de la Inteligencia y Contrainteligencia comenzó a declinar, Nicolás Maduro no dudó en amenazar en 2014 a la isla holandesa de Aruba con emplear la fuerza de las armas para liberarle de la trampa que allí le puso Estados Unidos cuando oficiaba como cónsul venezolano.

El Mundo

De regreso a Caracas, El Pollo fue recibido como si se tratara de un héroe nacional. «Está vivo y libre gracias al milagro en el que vivimos permanentemente. Un venezolano de bien, un trabajador», se congratuló Maduro, tras enviar a su mujer, Cilia Flores, a recoger al espía al aeropuerto de Maiquetía.

Todas esas palabras se las tragó Maduro cinco años después, cuando Carvajal decidió escaparse a España con todos sus secretos encima. Ahora, a finales de 2025, el ojito derecho de Chávez ha reaparecido para convertirse en la prueba viviente de la existencia del Cártel de los Soles (CS) y de la complicidad del temido Tren de Aragua con Caracas, que tanto niegan los lobbies chavistas, petroleros y de tenedores de deuda en Estados Unidos.

«Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años», sorprendió en una impactante carta dirigida a Donald Trump. Carvajal confirmó hechos ya conocidos en torno al CS, pero añadió la novedad de que fueron los cubanos quienes sugirieron el plan de inundar con cocaína Estados Unidos. Una estrategia parecida a la que cimentó el siglo pasado el narcotraficante colombiano Carlos Lehder, cofundador del Cártel de Medellín, empeñado en enviar coca a Estados Unidos para destruir una «sociedad decadente».

Carvajal también desveló cuál fue la estrategia del poder bolivariano para usar bandas de delincuentes, como el Tren de Aragua, para defender sus intereses. Los armó y financió desde el principio, aseguró el «testigo personal» de cómo el CS convirtió a la cocaína en un arma mortífera contra Estados Unidos, con la ayuda de agentes cubanos y la colaboración de las guerrillas colombianas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La importancia de lo narrado por El Pollo trascendió de inmediato cualquier otra declaración previa en medio de la ofensiva Lanza del Sur contra el narcotráfico del chavismo. Como si fuera la pieza que faltaba en el puzzle de Washington. «Esta carta es un movimiento estratégico que desplaza el tablero completo de la relación Washington-Caracas. Es la memoria operacional de un narcoestado, la caja negra del CS», disparó el analista Antonio de la Cruz.

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El Gobierno de Sánchez reactivó hace unos meses el mecanismo que permite a ciudadanos de Marruecos canjear su permiso de conducir de forma telemática, sin necesidad de acudir a una oficina de la DGT. La medida afecta potencialmente a más de un millón de marroquíes y funciona siempre que la administración de su país confirme la validez del documento.

La Gaceta de la Iberosfera

El Ejecutivo presenta este procedimiento como un simple trámite administrativo, pero la realidad es mucho más compleja. Durante años, España llegó a convertirse en un coladero de carnés marroquíes falsos, con casos documentados de residentes que viajaban a Marruecos, compraban el permiso y lo convalidaban aquí sin mayores obstáculos. Aquella situación obligó a imponer una restricción: cualquier ciudadano marroquí con residencia en territorio español debía obtener el carné en España para evitar abusos. Sin embargo, la reactivación del sistema telemático vuelve a suavizar el proceso en un punto especialmente sensible.

La comunidad marroquí es la más numerosa de España. Cualquier decisión que afecte a sus trámites documentales tiene un impacto inmediato en sectores como el transporte, la logística o la restauración, donde disponer del permiso de conducir resulta clave. El nuevo sistema acelera la obtención del carné español y reduce controles que en el pasado se demostraron insuficientes. La confianza en la verificación documental marroquí vuelve a colocarse en el centro de la política española, pese al historial de irregularidades que motivó los cambios de hace años.

Este movimiento político y administrativo abre un debate incómodo. La reapertura del canje directo favorece a un colectivo muy numeroso mientras la DGT mantiene exigencias estrictas para otros grupos que también han solicitado homologar sus carnés sin éxito. La aparente facilidad con la que España flexibiliza normas cuando se trata de Marruecos alimenta la percepción de un trato preferente hacia Rabat, acostumbrado a recibir concesiones en materia fronteriza, migratoria y ahora también documental.

El Gobierno insiste en que se trata de modernizar la gestión pública, pero el antecedente de los carnés falsificados y la dependencia de la verificación marroquí hacen que esta medida proyecte más dudas que certezas. Con un simple aval administrativo desde Rabat, miles de conductores obtendrán un permiso español sin examen, sin formación en normativa española y sin controles reforzados.

La decisión deja en el aire una cuestión que España no ha resuelto: cómo equilibrar la agilización burocrática con las garantías mínimas de seguridad vial y con un marco de homologaciones que resulte coherente. La reapertura del sistema para Marruecos no cierra una etapa, sino que vuelve a abrir un escenario en el que la política pesa más que el rigor administrativo.

El escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención tras un ataque con drones a principios de este año, señaló la agencia de control nuclear de la ONU.

BBC

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubrieron que la enorme estructura, construida sobre el lugar del desastre nuclear de 1986, había perdido «sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento».

En febrero, Ucrania acusó a Rusia de atacar la central nuclear, un señalamiento que el Kremlin negó.

La OIEA afirmó que las reparaciones eran «esenciales» para «prevenir una mayor degradación» del refugio nuclear. Sin embargo, el experto ambiental Jim Smith le dijo a la BBC que «no es algo por lo que debamos entrar en pánico».

El profesor Smith, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), quien ha estudiado las secuelas del desastre de Chernóbil, afirmó que el mayor peligro asociado al lugar era el polvo radiactivo.

Sin embargo, añadió que «el riesgo es bajo» porque el polvo contaminado está contenido dentro de un grueso «sarcófago» de hormigón cubierto por el escudo protector.

La explosión de Chernóbil en 1986 expulsó material radiactivo al aire, provocando una emergencia de salud pública en toda Europa.

En respuesta, la antigua Unión Soviética construyó el sarcófago sobre el reactor nuclear.

El sarcófago solo tenía una vida útil de 30 años, lo que provocó la necesidad de una cubierta protectora para evitar fugas de material radiactivo durante los siguientes 100 años.

La OIEA informó que un equipo completó una evaluación de seguridad del sitio la semana pasada, después de que resultara gravemente dañado por el ataque con drones.

El ataque provocó un incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero.

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Una semana después de las elecciones generales celebradas en Honduras, el país sigue sin conocer los resultados. Esto mientras el conteo oficial no se actualiza desde el viernes, aumentando la incertidumbre y atizando las denuncias de irregularidades.

EFE

El escrutinio se detuvo desde el pasado viernes sin que los hondureños supieran, sino hasta más de 24 horas después, que obedeció a «problemas técnicos». Esto según declararon las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.

Hall, consejera presidenta del CNE, dijo que quería «dejar muy claro» que ese organismo «tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua». Pero que la falla ha obedecido a «problemas técnicos ajenos al pleno» y «ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada (ASD, de Colombia), para disminuir la incertidumbre» entre los hondureños.

El proceso electoral en Honduras también ha sido empañado por marcadas diferencias y agrias confrontaciones entre los tres consejeros del CNE. Los cuales son militantes de los tres partidos mayoritarios del país: el izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y los conservadores Nacional y Liberal.

Esas diferencias se vieron nuevamente reiteradas el sábado. Principalmente cuando el consejero del partido Libre, Marlon Ochoa, no compareció ante la prensa con Hall y López. Cuando por norma siempre deben hacerlo los tres, salvo algún imprevisto.

«El diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente. Nosotros seguimos trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad. Todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el Consejo Nacional Electoral, con empresas a las cuales deben adjudicarse», recalcó López.

Incertidumbre y mucha suspicacia en las elecciones generales de Honduras

El escrutinio se detuvo el viernes con unos resultados oficiales preliminares del CNE con 88,02% de las actas escrutadas. Las cuales hasta entonces dejaron en el primer lugar al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura se imponía con 1.132.321 votos (40,1 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sumaba 1.112.570 votos (39,49%).

La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, quien apuesta por ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es tercera con 543.675 papeletas (19,30%).

La parálisis del escrutinio ha generado mucha suspicacia entre los ciudadanos, los cinco partidos que participan en la contienda y observadores nacionales e internacionales.

Conteo muy ajustado del CNE

El último conteo de votos del CNE, muy ajustado entre Asfura y Nasralla, también ha elevado las exigencias de verificación, escrutinio especial y revisión de actas. Lo que prolonga la incertidumbre de un proceso que, incluyendo las elecciones primarias e internas que el 9 de marzo celebraron los partidos Libre, Nacional y Liberal, le cuesta a los hondureños alrededor de 4.000 millones de lempiras (alrededor de 150 millones de dólares).

Además, el lento escrutinio a una semana de las votaciones mantiene la tensión política en el país, con sectores pidiendo claridad, mayor celeridad, impugnaciones. Incluso la anulación del proceso en la fórmula presidencial, como lo hizo el sábado el partido Libre a través de uno de sus apoderados legales.

El sábado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), que encabeza el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, llamó «a agilizar el proceso de escrutinio. Garantizando así las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados».

«Hasta el momento, en un contexto de evidentes demoras, la MOE/OEA se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado«, subrayó el organismo observador.

Otra muestra de los múltiples problemas en las elecciones generales de Honduras, es que, en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, sus habitantes solo pudieron hoy en unos comicios en los que podrán ejercer el sufragio unas 5.000 personas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio a conocer la nueva estrategia de defensa nacional en medio del despliegue militar en el Caribe. Durante un discurso en la Biblioteca Reagan este sábado describió cuatro líneas de esfuerzo que adoptarán para garantizar la paz en los próximos años.

El Nacional

Indicó que la política de Donald Trump prioriza a las Fuerzas Armadas y se busca potenciarlas. “Que quede claro: el presidente Trump está empeñado en mantener y acelerar el ejército más poderoso que el mundo haya visto jamás. El más poderoso, el más letal y de fabricación estadounidense… el Arsenal de la Libertad”, expresó.

Pete Hegseth revela estrategia de defensa nacional

A su juicio, es necesario priorizar las cuatro líneas de esfuerzo clave en el Departamento de Guerra. Estas son: defender el territorio estadounidense y su hemisferio, disuadir a China a través de la fuerza en lugar de usar la fuerza, aumentar la distribución de la carga entre Estados Unidos y sus aliados, y potenciarla base industrial de defensa de Estados Unidos.

Pete Hegseth indicó que la frontera estadounidense debería ser la última línea de defensa en vez de la primera. Por este motivo, el Departamento de Guerra prioriza la lucha contra los narcoterroristas en el hemisferio occidental.

“Estos narcoterroristas son los al-Qaeda de nuestro hemisferio, y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión que cazamos a al-Qaeda”, manifestó.

Por otro lado, recalcó que los aliados de Estados Unidos también ayudan en la lucha contra el narcotráfico.

Con respecto a China, mencionó que las relaciones entre el país asiático y Estados Unidos son más fuertes de lo que han sido en muchos años. “El presidente Trump y esta administración buscan una paz estable, un comercio justo y relaciones respetuosas”, expresó.

El funcionario reiteró que la administración de Trump está comprometida a poner a Estados Unidos en primer lugar al perseguir la paz a través de la fuerza. “Estamos reviviendo el espíritu guerrero, estamos reconstruyendo nuestro gran ejército y, cada día, nuestros guerreros están restableciendo la disuasión”, agregó.

Panamá afirmó que está dispuesto a asumir un papel de mediación entre Estados Unidos y Venezuela en un contexto marcado por el incremento de la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro.

EFE

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, explicó que el país centroamericano analiza opciones para facilitar un canal diplomático directo entre Washington y Caracas, incluida la posibilidad de brindar acogida temporal a personas vinculadas al entorno de Maduro, como parte de un eventual proceso de negociación.

El presidente José Raúl Mulino ha sido claro en que, si se requiere recibir a ciertos actores para facilitar un acuerdo, Panamá estaría dispuesto a evaluarlo de forma temporal”, declaró Hoyos durante su participación en el Foro de Doha.

Las declaraciones se producen meses después de que ambos países reactivaran parcialmente los servicios consulares, un vínculo que había quedado en pausa tras las objeciones de Panamá a las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

En aquel proceso, Maduro fue declarado vencedor en medio de denuncias de manipulación electoral. Estados Unidos y varios gobiernos de la región cuestionaron la transparencia de los resultados, mientras la oposición venezolana argumentó que el proceso se desarrolló sin garantías.

El incremento de tensiones también coincide con el despliegue de unidades militares estadounidenses en el Caribe. Washington sostiene que la operación busca frenar redes de narcotráfico, pero la dictadura chavista afirma que se trata de una maniobra que podría servir como plataforma para acciones orientadas a forzar un cambio político.

En una declaración reciente, Maduro aseguró que “Venezuela enfrenta una amenaza inaceptable” y acusó a Estados Unidos de promover “una política de presión permanente”.

A esto se suma el aviso emitido por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que instó a las aerolíneas a extremar la precaución durante vuelos sobre Venezuela y áreas del sur del Caribe.

El comunicado advirtió sobre un “entorno operativo impredecible” en la región, lo que generó efectos inmediatos en la conectividad aérea hacia y desde el país sudamericano, ya afectado por restricciones previas.

Panamá observa estos desarrollos con preocupación, en particular por la posible repercusión en el Canal, uno de los principales corredores marítimos del comercio global.

Hoyos recalcó que cualquier hecho que altere la estabilidad regional podría afectar el tránsito seguro.

El Canal es crítico para el comercio internacional y para nuestra economía. Una interrupción tendría efectos globales”, explicó.

Autoridades panameñas han recordado que cada año la vía genera ingresos esenciales para el presupuesto estatal y sostiene una porción significativa del movimiento marítimo entre Asia, Norteamérica y Europa.

Respecto al papel de Estados Unidos en la protección de la vía interoceánica, Hoyos sostuvo que ambos países mantienen coordinación técnica constante.

“Estados Unidos siempre ha mostrado interés en garantizar que el Canal opere sin interrupciones”, afirmó.

Agregó que Panamá preserva el principio de neutralidad establecido por los tratados que regulan el funcionamiento de la ruta marítima.

Las relaciones entre Washington y Panamá habían sufrido fricciones a comienzos de año tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien comentó que su administración buscaría “revisar la situación del Canal”.

Aquellas palabras generaron inquietud política dentro de Panamá, pero Hoyos señaló que el episodio quedó atrás.

Ese impás está totalmente superado. Hoy las conversaciones se concentran en comercio, migración y seguridad”, dijo.

Funcionarios estadounidenses han reiterado en múltiples ocasiones que su interés principal consiste en mantener el funcionamiento estable de la vía.

Las autoridades panameñas esperan que la mediación contribuya a evitar un deterioro mayor en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Según Hoyos, cualquier incidente de carácter militar en el Caribe tendría consecuencias inmediatas en la región. La postura de Panamá busca reducir la incertidumbre en un escenario donde se combinan tensiones geopolíticas, disputas electorales en Venezuela y decisiones de seguridad adoptadas por Estados Unidos.

Tras la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, se iniciaron las averiguaciones para determinar su causa. Esto puesto que se mantenía recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas.

El Nacional

Aunque las autoridades comunicaron a los familiares que el exmandatario regional habría sufrido un infarto el viernes 5 de diciembre, la información sobre las circunstancias previas al deceso continúa siendo limitada. Lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a exigir claridad inmediata.

La ONG Provea se pronunció a través de su cuenta en X para condenar el fallecimiento del exgobernador. Y luego de comunicarse directamente con allegados de Díaz, explicó que si bien la versión oficial señala el infarto como causa de muerte, no detalla si recibió atención médica adecuada. O, por otro lado, si existieron signos previos que advirtieran una emergencia.

Para Provea, esta falta de precisión resulta especialmente delicada. Principalmente debido a que el fallecido se encontraba bajo custodia del Estado. En tal sentido, sería una condición que implica obligaciones estrictas en cuanto a salud, supervisión y resguardo de integridad física.

Díaz, detenido desde hace un año, permaneció incomunicado durante todo ese periodo. Incluso sin posibilidad de recibir visitas de familiares ni de abogados. Una situación que la organización considera recurrente en detenciones políticas y que, afirma, vulnera derechos fundamentales.

Por tal motivo, la ONG sostiene que esta incomunicación prolongada no solo entorpece el derecho a la defensa, sino que constituye un trato que afecta gravemente tanto al detenido como a su entorno.

El fallecimiento del exgobernador se suma a otros cinco registrados entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 en centros de detención estatales. «Una cifra alarmante que refleja las precarias condiciones de reclusión de los detenidos. Y revela el incumplimiento de las obligaciones estatales con los estándares internacionales de protección a los reclusos, incluidas las Reglas Mandela de Naciones Unidas», agregó la organización.

Asimismo, indicó que la situación también ha estado observada desde el ámbito internacional. En septiembre, «la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas concluyó que tenía motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia». Esto en cuanto a muertes anteriores de presos políticos, citando ausencia de atención de salud oportuna y prácticas consideradas tratos crueles o degradantes.

«Reiteramos que las muertes ocurridas bajo custodia del Estado, son responsabilidad del Estado. En ese sentido, exigimos una investigación inmediata para determinar las causas de la muerte del Sr. Alfredo Díaz y el establecimiento de las responsabilidades por su muerte», concluyó.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar responsabilizó directamente al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte del exgobernador de Nueva Esparta y preso político Alfredo Díaz Figueroa, fallecido este viernes en El Helicoide, según denuncias realizadas por dirigentes políticos y ONG en redes sociales.

El Nacional

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la legisladora afirmó que el dirigente opositor “murió porque el régimen lo dejó morir”.

Salazar calificó a El Helicoide como un “centro de tortura” controlado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien acusó de ser “cómplice directa del aparato criminal de Nicolás Maduro”.

Rechazó la narrativa del New York Times que presenta a Rodríguez como una figura moderada dentro del chavismo para una posible destrucción y sostuvo que forma parte de una estructura “que tortura, encarcela y mata”.

En su mensaje, la representante republicana por Florida destacó que en Venezuela más de 1.000 presos políticos continúan privados de libertad en condiciones que calificó de “inhumanas”. “Cada día allí es una sentencia de dolor, enfermedad y muerte”, expresó.

Salazar enfatizó que la muerte de Díaz y la situación de miles de presos políticos no puede ser tratada como un incidente administrativo ni como un conflicto diplomático. “Esto no es un problema diplomático. Es un crimen. Y el mundo debe tratarlo como tal”, puntualizó.

El fallecimiento de Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año detenido por motivos políticos, ha reavivado las denuncias sobre torturas, tratos crueles y falta de atención médica en centros de reclusión controlados por el Sebin y otras instituciones de seguridad del Estado.

Organizaciones de derechos humanos insisten en que la muerte del exgobernador se suma a una lista de presos políticos muertos bajo custodia oficial.

El régimen de Maduro no ha emitido hasta ahora una versión oficial sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, informó este sábado 6 de diciembre que un total de 17 presos políticos han fallecido bajo custodia del régimen chavista desde el año 2014. La cifra se desprende del registro actualizado que lleva la organización defensora de derechos humanos.

La Patilla

A través de un mensaje difundido en la red social X, el abogado penalista recordó las obligaciones legales que recaen sobre las autoridades respecto a la integridad de los privados de libertad. «El Estado y quien ejerce la custodia son responsables de la vida y salud de la persona detenida», sentenció Romero.

Este pronunciamiento surge en medio de la conmoción generada por el reciente fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.

La organización ha denunciado reiteradamente la falta de atención médica oportuna y las condiciones de reclusión a las que son sometidos los disidentes encarcelados, factores que han sido determinantes en el desenlace fatal de estos 17 casos registrados.

  1. Rodolfo Pedro González Martínez (marzo 2015)
  2. Carlos Andrés García (septiembre 2017)
  3. Junior José Monasterios (noviembre 2017)
  4. Fernando Albán (8 octubre 2018)
  5. José Alberto Márquez (31 octubre 2018)
  6. Rafael Acosta Arévalo (29 junio 2019)
  7. Luis Alberto Quintero (agosto 2020)
  8. Salvador Franco (3 enero 2021)
  9. Gabriel Medina Díaz (agosto 2021)
  10. Raúl Isaías Baduel (12 octubre 2021)
  11. Armando Flores Piñango (agosto 2022)
  12. Leoner Azuaje Urrea (noviembre 2024)
  13. Jesús Rafael Álvarez (diciembre 2024)
  14. Osgual Alexander González Pérez (diciembre 2024)
  15. Marino Lugo (2024)
  16. Reinaldo Araujo (febrero 2025)
  17. Alfredo Díaz (diciembre 2025)

Los líderes de la oposición democrática María Corina Machado y Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado conjunto expresando su profunda consternación por el fallecimiento de Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, ocurrido mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en El Helicoide.

La Patilla

En el documento difundido en X, ambos dirigentes responsabilizaron directamente al régimen de Nicolás Maduro por el suceso, argumentando que la integridad y la vida del exmandatario regional eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían bajo custodia. Machado y González Urrutia rechazaron que el deceso sea tratado como un fallecimiento común, catalogándolo en su lugar como «un crimen bajo la responsabilidad del régimen» ocurrido en una sede denunciada internacionalmente como un centro sistemático de torturas.

El texto denuncia que este hecho no es aislado, sino que forma parte de una «alarmante y dolorosa cadena» de muertes de presos políticos en el contexto de la represión postelectoral iniciada tras los comicios del 28 de julio de 2024. Los líderes opositores  detallaron que, con la muerte de Díaz, suman siete los detenidos fallecidos bajo custodia del régimen desde esa fecha, listando en este grupo a Edwin Santos, Jesús Martínez, Lindomar Amaro, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González y Reinaldo Araujo.

Los dirigentes políticos señalaron que estas muertes ocurren pese a las reiteradas advertencias de organismos como la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Describieron un patrón de represión estatal caracterizado por la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y tratos crueles, utilizado para «perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto».

Finalmente, extendieron sus condolencias a los familiares de Díaz y a la militancia de Acción Democrática, advirtiendo que documentarán cada omisión y responsabilidad para garantizar que no haya impunidad y que la justicia llegue para todas las víctimas.

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