Durante la trasmisión del programa número 88 Con Maduro+, transmitido el lunes 11 de agosto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció con entusiasmo la inauguración del Hotel Gran Cacique Maiquetía, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas.

El Pitazo

Durante el segmento, donde se dan mensajes con la visión de la propaganda oficial, la inauguración de la edificación es, de acuerdo a la visión de Nicolás Maduro, una señal de «la expansión del turismo en Venezuela», ya que el hotel es presentado como una estructura clave para el fortalecimiento de la conexión aeronáutica internacional. 

Maduro acotó en el mismo programa,  que la inauguración del hotel estaba prevista para finales de agosto o principios de septiembre de 2025, «como clara señal del avance de Venezuela como potencia turística».

En principio, fuentes de la construcción indicaron que la inauguración se realizaría entre el 18 y el 30 de septiembre, con trabajos a toda marcha y turnos de 24 horas. Sin embargo, una fuente aseguró a El Pitazo que la fecha pautada para la apertura es este 22 de septiembre.

Sin embargo, algunos detalles fueron omitidos por Maduro. Entre ellos, que la obra ha tenido un tiempo extremadamente largo de ejecución: 25 años, además de ser objeto de demandas, abandono por parte de contratistas, víctima del vandalismo ante la negligencia del Estado y que se requirió de una cuantiosa inversión para una culminación, que de acuerdo con los obreros que laboran actualmente en la estructura, es parcial, pues sólo estarán listos para la inauguración los seis primeros pisos, las áreas recreativas y el lobby. 

«Hasta ahora se está trabajando fuertemente para lograr tener todo listo antes que termine septiembre. En esta primera etapa se tendrá listo el lobby, la rampa de acceso directo entre la terminal internacional y el hotel, algunas áreas recreativas y habitaciones para poder hacer atractiva la operación de apertura. Se está haciendo un trabajo importante en cuanto la garantía de servicios, pues el tiempo sin uso, siempre juega en contra», señala uno de los obreros, que conversó con El Pitazo  el pasado primero de septiembre, con la solicitud de reservar su identidad. 

Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Pitazo

George Soros vuelve a estar en el centro del escándalo. Su fundación Open Society habría destinado más de 20 millones de dólares a organizaciones directamente vinculadas con el terrorismo doméstico en Estados Unidos, según un demoledor informe del Capital Research Center (CRC).

La Gaceta de la Iberosfera

El documento asegura que entre 2016 y la actualidad, la red de Soros ha canalizado al menos 80 millones de dólares a grupos extremistas en EEUU, Europa y Oriente Medio, algunos de ellos conectados con los Hermanos Musulmanes y con organizaciones que han llegado a glorificar públicamente la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamás contra Israel.

Lo más alarmante es que, de ese total, 23,27 millones fueron dirigidos a siete grupos que encajan en la definición de terrorismo doméstico del FBI: organizaciones que promueven o apoyan la violencia, el sabotaje económico, la destrucción de propiedades, el acoso político y otras actividades criminales.

El CRC advierte de que la evidencia es «incontestable» y que debería servir para abrir procesos de responsabilidad legal contra la fundación, incluyendo la posibilidad de retirarle su estatus fiscal privilegiado en Estados Unidos.

La investigación estalla justo cuando el FBI investiga a grupos de extrema izquierda por su presunta implicación en el asesinato del líder conservador Charlie Kirk. En ese contexto, el debate se centra ahora en si Alex Soros, heredero del multimillonario húngaro-estadounidense desde 2023, continuará «el legado oscuro» de su padre o buscará distanciarse.

En declaraciones a medios estadounidenses, el analista Glenn Beck aseguró que estos hallazgos constituyen «la pistola humeante que Trump puede usar para ir contra la red de Soros con cargos de crimen organizado bajo la ley RICO«. Este escándalo confirma lo que muchos ya advertían.

El exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas del gobierno de Evo Morales, Felipe Cáceres, fue aprehendido este martes en un operativo antidroga en la región cocalera de Bolivia.

Infobae

La detención se produjo en una intervención realizada en la madrugada del martes en el Sindicato Esmeralda en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, según los reportes de la prensa local, que difundió fotografías que muestran al ex viceministro detenido junto a una persona con uniforme policial camuflado.

Durante el operativo se procedió a la destrucción de los insumos encontrados en la fábrica de cocaína que incluían 2.000 litros de acetato, 200 litros de gasolina, 50 kilos de carbón activado, 50 kilos de bisulfito, 40 litros de ácido y 50 kilos de permanganato.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) confirmó la aprehensión pero hasta la publicación de esta nota no se emitió un reporte oficial. Cáceres, de 63 años, se encuentra en celdas de la Policía en la localidad de Chimoré, en Cochabamba, a la espera de una audiencia de medidas cautelares.

El detenido estuvo a cargo del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante casi todo el mandato de Evo Morales (2006-2019). Es un productor de hojas de coca y dirigente sindical en el bastión político del ex mandatario e inició su carrera política a mediados de la década del 90, cuando fue elegido alcalde de Villa Tunari.

En su gestión como viceministro tuvo que dar explicaciones públicas por el incremento de su patrimonio, que pasó de 1,9 millones de bolivianos a más de nueve, equivalentes a 1,2 millones de dólares. En 2019, declaró que era producto del “trabajo familiar, honesto y transparente”.

Cáceres dejó el cargo tras la renuncia de Morales en medio de los conflictos sociales por denuncias de fraude electoral en noviembre de 2019.

El ex ministro de Gobierno (Seguridad), Carlos Romero, de quien dependía el viceministerio que lideraba Cáceres, manifestó su sorpresa por la detención y pidió que se investigue lo ocurrido debido a que existirían versiones contradictorias sobre el hallazgo.

“No es muy clara la noticia, por un lado dicen que encontraron al señor Cáceres en inmediaciones de un laboratorio en un predio que sería de su propiedad, otra versión dice que lo que estaba en su propiedad era una fábrica de áridos y el laboratorio estaba cerca de su propiedad”, manifestó en una rueda de prensa.

La aprehensión del ex viceministro se dio menos de dos días después de la detención de Elba Terán, una mujer con antecedentes delictivos y de narcotráfico, cuya hermana es señalada como allegada a al ex presidente Morales.

Terán fue capturada en posesión de 10 kilos de cocaína en la región del Chapare y enviada a prisión preventiva por 30 días. En 2008, Elba y una de sus hermanas fueron encarceladas tras el hallazgo de 146 kilos de cocaína en una vivienda que habitaban, pero lograron su libertad después de estar recluidas por más de tres meses y pagar una fianza.

En 2020 volvió a ser detenida por portar un documento de identidad falso y posteriormente sentenciada a 15 años de cárcel por narcotráfico, pero su reciente detención confirma que no se cumplió esa condena.

Morales no se ha manifestado públicamente sobre ninguna de estas detenciones, pero el senador Leonardo Loza, dirigente cocalero y leal al ex presidente, denunció que existe un plan para vincularlo con el narcotráfico. “Como no pueden derrotarnos electoralmente, socialmente, democráticamente, a toda costa, pretenden involucrarnos, particularmente, al hermano Evo con temas ilícitos e ilegales”, indicó Loza a los medios.

Un juzgado provincial rechazó este martes el recurso presentado por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el procesamiento por su presunta contratación irregular en una institución pública, lo que lo sitúa a un solo paso de ir a juicio.

EFE

La Audiencia Provincial de Badajoz (este de España) dictó un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que confirma el procesamiento de David Sánchez y otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del partido socialista, Miguel Ángel Gallardo.

El hermano de Sánchez está siendo investigado por supuesta contratación irregular en la Diputación de Extremadura (institución que ejerce el gobierno y la administración de una provincia), por lo que ha sido acusado de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Según la acusación, la Diputación creó un puesto a medida para el hermano del presidente como coordinador de las Actividades de los Conservatorios y simuló una entrevista para darle legalidad al procedimiento.

Es la segunda vez que se rechaza la petición de Sánchez de que desestimen su procesamiento judicial, pues ya en mayo la jueza Beatriz Biedma desestimó su recurso considerando que debería ir a juicio.

En esta ocasión, el tribunal considera que existen indicios suficientes sobre «el presunto carácter delictivo» de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por la jueza Biedma, y acuerda «proseguir el procedimiento», remarcando que no ha existido «quebranto alguno de la presunción de inocencia» del investigado.

La investigación sobre la contratación de David Sánchez comenzó a raíz de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias, cuyo fundador se vincula con grupos de ultraderecha, que encabeza también la acusación popular unificada en la que se incluyen, entre otros, el partido ultraderechista Vox.

El caso ha generado polémica política y mediática, pues tanto el presidente de la Diputación de Badajoz como Pedro Sánchez, que comenzó a gobernar en 2018, pertenecen al Partido Socialista.

Este no es el único caso de un familiar directo de Sánchez investigado por los tribunales, ya que un juez de Madrid abrió hace más de un año una causa contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que luego amplió a los de apropiación indebida o intrusismo.

No obstante, la Audiencia de Madrid ha acotado la labor del juez a investigar si la mujer del presidente del Gobierno ofreció «supuestas influencias» a cambio de «contraprestaciones» para proyectar su carrera profesional.

El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz ha abierto una causa al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y al empresario de ese país Leopoldo Alejandro Betancourt, por presuntos delitos de blanqueo a través de la sociedad Derwick Associates Corporation.

EFE

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía procedieron a practicar registros en propiedades de ambos, en cumplimiento de una comisión rogatoria cursada desde Suiza, que tiene abierto otro procedimiento por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

Ambas actuaciones se encuentran bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz, según las fuentes consultadas por EFE.

Algunas de las operaciones bajo sospecha se habrían realizado a través de entidades bancarias suizas. Ese es el motivo por el que la Fiscalía de la Confederación Helvética reclamó el registro.

La causa abierta por Pedraz trata de determinar la posible utilización de Derwick Associates Corporation en la presunta trama de blanqueo. Uno de los accionistas de esta empresa es Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente puesto en libertad bajo fianza.

Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas se encontraría el castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, quien fue condenado hace años por la Audiencia Nacional por el llamado caso Marsans, un proceso abierto por alzamiento de bienes y vaciamiento patrimonial.

Según un informe policial, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra «un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético».

Un hecho que se considera que se da «ya que Derwick obtuvo en el periodo de estas transferencias varios contratos con la empresa pública venezolana Electricidad de Caracas».

Villalobos se encuentra procesado ya en el caso Duro Felguera, que se centró en los presuntos sobornos del grupo español homónimo a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunció este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el deterioro de la situación política y humanitaria en Venezuela, que calificó de “verdaderamente alarmante”.

Monitoreamos

“Lamentablemente, la situación en Venezuela se ha vuelto verdaderamente alarmante. A las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales se suman acciones contrarias al derecho internacional y la persecución a líderes políticos”, expresó durante su discurso en Nueva York.

Peña señaló además que el proceso electoral de julio de 2024 “pisoteó la voluntad del pueblo venezolano” y recordó que más de siete millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país a causa de la crisis.

El mandatario paraguayo hizo un llamado a la comunidad internacional a no ser indiferente frente a esta realidad y advirtió que el éxodo venezolano ya tiene un impacto profundo en toda la región.