Los rebeldes hutíes de Yemen señalaron el lunes que ahora limitarán sus ataques en el corredor del Mar Rojo a los barcos afiliados a Israel después de que comenzó un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero advirtieron que podrían reanudarse ataques más amplios si fuera necesario.

AP

El anuncio de los hutíes probablemente no sea suficiente para alentar a las empresas globales a volver a ingresar a la ruta que es crucial para los envíos de carga y energía que se mueven entre Asia y Europa. Sus ataques han reducido a la mitad el tráfico a través de la región, lo que ha reducido profundamente los ingresos de Egipto, que administra el Canal de Suez que une el Mar Rojo con el Mediterráneo.

“El alto el fuego se considera frágil”, dijo Jakob P. Larsen, el jefe de seguridad marítima de BIMCO, la asociación internacional más grande que representa a los propietarios de barcos.

“Se evalúa que incluso pequeñas desviaciones de los acuerdos de alto el fuego podrían conducir a hostilidades, lo que posteriormente impulsaría a los hutíes a dirigir nuevamente amenazas contra una gama más amplia de envíos internacionales”.

Así lo subrayó un discurso emitido el lunes por el enigmático líder supremo de los hutíes, Abdul-Malik al-Houthi.

Estamos “manteniendo una disposición constante para intervenir de inmediato si el enemigo israelí reanuda cualquier escalada, comete actos de genocidio, impone un asedio a Gaza o niega alimentos y medicinas al pueblo de Gaza”, dijo al-Houthi. “Estamos listos para volver a la escalada de nuevo junto a nuestros hermanos, los combatientes en Palestina”.

Los hutíes hicieron el anuncio inicial a través de su Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias, diciendo que estaban “deteniendo las sanciones” a los otros buques que habían atacado previamente desde noviembre de 2023.

Para los barcos israelíes, esas “sanciones… se detendrán tras la implementación completa de todas las fases” del alto el fuego, agregó.

Sin embargo, el centro dejó abierta la posibilidad de reanudar los ataques contra Estados Unidos y el Reino Unido, que han lanzado ataques aéreos contra los rebeldes por sus ataques marítimos.

“En caso de cualquier agresión… se restablecerán las sanciones contra el estado agresor”, dijo el centro. “Se les informará de inmediato de dichas medidas en caso de que se implementen”.

Los hutíes han atacado más de 100 buques mercantes con misiles y drones desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, han capturado un barco y hundido dos en una campaña que también ha matado a cuatro marineros. Otros misiles y drones han sido interceptados por distintas coaliciones lideradas por Estados Unidos y Europa en el Mar Rojo o no han logrado alcanzar sus objetivos, que también han incluido buques militares occidentales.

Los rebeldes han sostenido que atacaban a barcos vinculados a Israel, Estados Unidos o el Reino Unido para obligar a Israel a poner fin a la campaña contra Hamas en Gaza. Sin embargo, muchos de los barcos atacados tenían poca o ninguna conexión con el conflicto, incluidos algunos que se dirigían a Irán.

El ritmo de los ataques hutíes se ha ralentizado en las últimas semanas, sobre todo en lo que respecta a los buques en el mar. Esto puede deberse en parte a la campaña de ataques aéreos de Estados Unidos. Estados Unidos y sus socios han atacado a los hutíes más de 260 veces, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Sin embargo, los rebeldes han seguido lanzando drones y misiles contra Israel, que ha advertido que seguirá atacando a los dirigentes hutíes.

Otro factor imponderable es el presidente Donald Trump, que podría volver a aplicar a los hutíes la designación de organización terrorista extranjera que el presidente Joe Biden revocó, lo que podría provocar nuevos ataques.

“La incertidumbre se ve agravada aún más por la investidura de Trump hoy”, dijo Larsen. “No está claro cómo actuará la administración Trump en el conflicto con los hutíes y si se considerarán posibles acciones punitivas contra ellos”.

En su primer día en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump adelantó que Estados Unidos aplicará aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero debido a que éstos no han hecho lo suficiente para detener la migración y el tráfico de fentanilo.

Aunque no firmó ninguna orden ejecutiva sobre esta materia, el mandatario norteamericano dejó abierta la posibilidad de restringir el comercio con sus dos vecinos, aún cuando está vigente un Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones.

“Estamos pensando en términos del 25% a México y Canadá, pues están permitiendo (el ingreso) un enorme número de personas. Canadá también abusa fuertemente, grandes cantidades de gente viniendo, y de fentanilo llegando”, declaró desde Washington.

Trump impulsa política proteccionista de su economía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este lunes su intención de imponer aranceles a las importaciones extranjeras como parte de una estrategia para fortalecer la economía nacional.

Durante su discurso inaugural en el Capitolio, el mandatario destacó que estas medidas buscan proteger a los trabajadores y las familias estadounidenses, al tiempo que prometió una reestructuración del sistema comercial del país.

Trump aseguró que estas acciones permitirán que “en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondré aranceles a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”.

Durante su campaña electoral, Trump había propuesto gravar con un 60 % las importaciones provenientes de China, un 25 % las de Canadá y México, y entre un 10 % y un 20 % los productos de otras regiones, incluida la Unión Europea.

Estas cifras han generado preocupación entre expertos y sectores económicos debido a su posible impacto en el comercio global y en los consumidores estadounidenses.

En su discurso, Trump también anunció la creación de un “Servicio de Ingresos Externos” destinado a recaudar los aranceles provenientes de las importaciones.

No obstante, no quedó claro cuál sería la función específica de este organismo, dado que Estados Unidos ya cuenta con un servicio aduanero encargado de estas tareas.

El mandatario aseguró que esta medida permitirá a Washington recibir “enormes cantidades de dinero” provenientes de fuentes extranjeras, aunque no ofreció más detalles sobre cómo se implementará esta iniciativa.

Trump ha sido un defensor abierto de los aranceles como herramienta económica. Según recordó la prensa, el mandatario ha llegado a declarar que “arancel” es, para él, “la palabra más bonita del diccionario”.

Esta postura ha sido una constante en su discurso desde la campaña electoral, donde prometió priorizar los intereses de los trabajadores estadounidenses frente a lo que considera prácticas comerciales desleales de otros países.

Sin embargo, no todos en su equipo comparten esta visión. Según reportó la cadena CNN, algunos asesores cercanos al presidente estarían intentando persuadirlo para que limite el alcance de los aranceles.

La preocupación radica en que medidas demasiado amplias podrían tener un impacto negativo en la economía estadounidense, encareciendo productos para los consumidores y afectando a las empresas que dependen de insumos importados.

En una carta dirigida a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Dra. Nancy Hernández López, y demás jueces del organismo, el Presidente Electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, solicitó la cooperación activa de la Corte frente a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, agravada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La Patilla

Edmundo González destacó que su elección como mandatario es fruto de una lucha liderada por María Corina Machado y respaldada por millones de venezolanos comprometidos con la restauración de la democracia.

Sin embargo, denunció que el régimen chavista ha intensificado la represión, configurando un contexto de terrorismo de Estado, término previamente empleado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para describir la situación en Venezuela.

Denuncias de violencia sistemática

En su misiva, el mandatario electo expuso cifras alarmantes sobre la represión pre y post electoral: más de 2,000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, casos de tortura y al menos 25 asesinatos.

Asimismo, señaló el asedio a manifestantes, líderes opositores y defensores de derechos humanos, citando el reciente secuestro temporal de María Corina Machado y la reclusión prolongada de miembros de su comando de campaña en la Embajada de Argentina en Caracas.

Entre los hechos más graves, mencionó la desaparición de su yerno, Rafael Tudares; del ex candidato Enrique Márquez; y del defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien fue liberado recientemente tras días de detención arbitraria.

Restricción del espacio cívico y crisis humanitaria

Edmundo González también denunció el impacto de leyes represivas que buscan criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, junto con la censura de medios y plataformas digitales.

Además, recordó que la emergencia humanitaria compleja ha obligado a más de siete millones de venezolanos a migrar, poniendo en crisis a los países vecinos.

Llamado a la Corte Interamericana

González instó a la Corte IDH a evaluar la posibilidad de reforzar la cooperación con otros sistemas de justicia nacional e internacional, subrayando que sus fallos son fundamentales para combatir la impunidad y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.

El mandatario concluyó su mensaje reiterando su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos y abogando por el retorno pleno de Venezuela a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH. “El próximo retorno a la democracia debe ir acompañado del respeto de nuestras obligaciones internacionales y del cumplimiento de las sentencias de este alto Tribunal hemisférico”, afirmó.

La carta refleja no solo la gravedad de la situación en Venezuela, sino también la esperanza de que los organismos internacionales actúen como aliados clave en la defensa de los derechos humanos y el restablecimiento del orden democrático.

En su primer día de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este lunes la orden ejecutiva que el ex mandatario demócrata Joe Biden había firmado el pasado 14 de enero para retirar a Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo.

EFE

Esta decisión restablece las restricciones que pesan sobre la isla desde su inclusión en dicho listado en enero de 2021, durante el primer mandato de Trump.

La orden de Biden, firmada a pocos días de abandonar la Casa Blanca, buscaba facilitar la liberación de 553 presos cubanos como parte de un proceso negociado con la mediación del Vaticano. Además, había suspendido temporalmente la capacidad de ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de EEUU por la expropiación de propiedades en Cuba y levantó ciertas sanciones financieras.

El regreso de Cuba al listado implica nuevamente restricciones como la prohibición de venta de armas, mayores controles a las exportaciones, restricciones en la ayuda exterior, limitaciones en el acceso a visados y la reimposición de diversas sanciones económicas. Estas medidas suponen un endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla, en línea con la postura adoptada por Trump durante su primer mandato (2017-2021), cuando incrementó las sanciones tras frenar el proceso de “deshielo” impulsado por Barack Obama (2009-2017).

La inclusión inicial de Cuba en el listado en 2021 se justificó por la presencia en la isla de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla colombiana que había viajado a La Habana para iniciar negociaciones de paz con el Gobierno de Colombia. En ese momento, el régimen cubano negó estas acusaciones, considerándolas un pretexto para recrudecer el embargo económico.

Marco Rubio, recién confirmado como secretario de Estado, respaldó la decisión de reincorporar a Cuba al listado. Durante su audiencia de confirmación, Rubio declaró que tenía “cero dudas” de que la isla es un estado promotor del terrorismo.

La medida se produce en un contexto de tensas relaciones entre Washington y La Habana, marcado por el mantenimiento del embargo económico y la presión diplomática contra la dictadura cubana.

Entretanto, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, calificó de “burla” la orden de Trump de incluir a la isla nuevamente en la lista de países patrocinantes del terrorismo.

En una serie de mensajes en la red social X poco después de conocerse la orden ejecutiva, Díaz-Canel consideró “un acto de arrogancia y desprecio por la verdad” la vuelta del país a la lista y argumentó que el “objetivo” tras este paso es fortalecer “la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación”.

”Este acto de burla y abuso confirma el descrédito de los listados y mecanismos unilaterales de coerción del Gobierno de EE.UU. Prevalecerá la legítima y noble causa de nuestro pueblo que una vez más vencerá”, agregó.

Presos políticos

La dictadura de Cuba excarceló a 114 presos políticos, según informó este domingo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en el marco de un proceso gradual que prevé la liberación de 553 personas, la mayoría encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con el OCDH, las excarcelaciones comenzaron el miércoles de la semana pasada, un día después de que la dictadura de La Habana anunciara el proceso. Entre los liberados se encuentran figuras destacadas de la oposición, como Tania Echevarría Menéndez, integrante del colectivo Damas de Blanco, quien cumplía una condena de seis años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J.

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, confirmó la liberación de Echevarría a través de su perfil en Facebook, indicando que aún quedan tres integrantes del colectivo por ser liberadas: Sissi Abascal, Sayli Navarro y Aymara Nieto.

Navarro, quien es considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional, fue detenida junto a su padre, el opositor histórico Félix Navarro, quien también fue excarcelado este fin de semana.

El Ministerio Público, a través de un comunicado publicado en la red social Instagram, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro “desmanteló” al “Tren de Aragua” en todo el país.

LaPatilla

En dicho comunicado señalan que, han realizado “una ardua tarea” y que el supuesto desmantelamiento se dio en “dos etapas”, señalando también la presunta vinculación de los dirigentes opositores Leopoldo López, Miguel Pizarro y Carlos Vecchio, además de los expresidentes colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe.

“Desde los inicios de nuestra gestión, hemos desarrollado una ardua tarea para desmantelar grupos delictivos como el Tren de Aragua, o las bandas de El Koki, de Wilmer Bachiller, de El Conas, de Carlos Capas, de Eduardo Delicias y de El Yiyi Boscán, entre otras”, reza parte del texto, destacando también la detención de 48 personas.

A continuación el comunicado en integro:

“COMUNICADO

Venezuela desmanteló en su territorio banda conocida como el Tren de Aragua

El Ministerio Público informa a la opinión pública nacional e internacional que la lucha contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada es un eje central de su trabajo en defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos.

El proceso para desmantelar el Tren de Aragua fue realizado en dos etapas, la primera inició en 2021 y consistió en la ubicación u detención de sus líderes e integrantes.

La Segunda Etapa se inició tras la toma del penal de Tocorón, realizada el 20 de septiembre de 2023, y consistió en la desarticulación definitiva de la organización criminal y de su músculo financiero.

En total hay 48 detenidos y juzgados por su participación en dicha agrupación delincuencial, además de varios de sus miembros fallecidos en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Aparte de que un número importante de sus secuaces cuentan con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol.

Igualmente expresamos como una de las barreras que han impedido mayor avance en el juzgamiento de los integrantes del Tren de Aragua: es el cobijo que reciben en territorio colombiano.

La entrada de estos criminales a ese territorio fue facilitada por el ex presidente Iván Duque y su jefe Álvaro Uribe.

De Colombia algunos de ellos se trasladaron hacia Estados Unidos a donde entraron con el apoyo de extremistas venezolanos como Leopoldo López, Miguel Pizarro y Carlos Vecchio, apoyados por el homicida Gilber Caro, hoy detenido en ese país: el FBI cuenta con varios testimonios que documentan estas viles acciones.

Existe evidencia de la comunicación entre Gilbert Viloria como intermediario de Lepoldo López con pranes dentro de las prisiones venezolanas, a quienes pidieron apoyo para generar violencia tras su derrota en las elecciones del 28 de julio.

Como institución garante de la legalidad, estamos comprometidos en la lucha contra el delito y dispuestos a retomar la cooperación penal con el gobierno de los Estados Unidos para lograr la extradición de cualquier integrante venezolano de los grupos delictivos trasnacionales que cometen crímenes a lo largo del continente”.

La aplicación móvil CBP One, que permitía a migrantes ingresar a EE.UU. a través de los puertos de entrada en la frontera con México, dejó de funcionar este lunes, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en su página web.

EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó posesión este lunes y, en su discurso inaugural, ya adelantó sus planes para llevar a cabo deportaciones masivas y militarizar la frontera.

A través de CBP One, los migrantes que estaban en territorio mexicano podían llenar un formulario con sus datos y solicitar una cita para presentarse a un puerto de entrada de la frontera sur.

En el mensaje en la web de CBP, que se refiere a los migrantes en tránsito en México como “extranjeros indocumentados”, se avisa además de que las citas “agendadas” ya han sido canceladas.

A través de esta aplicación, que empezó a funcionar en enero de 2023, más de 930.000 personas se presentaron en los puertos de entrada para que las autoridades procesaran sus casos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En diciembre, el último mes en el que se publicaron datos oficiales, cerca de 44.000 personas entraron a EE.UU. bajo este proceso.

La aplicación liberaba 1.450 espacios cada día para siete puertos de entrada en la frontera.

El programa fue creado por el Gobierno de Joe Biden como una estrategia para controlar la migración a través de la frontera, al igual que frenar los cruces irregulares.

Las principales nacionalidades que lograron entrar a EE.UU. con una cita de CBP One fueron “Venezuela, Cuba y México”, según informó CBP la semana pasada.

El proceso fue a su vez duramente criticado por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, que señalaron que la aplicación restringía el acceso al asilo en la frontera sur y obligaba a los migrantes a esperar en México, expuestos a la violencia de los carteles.