El testimonio de una segunda mujer ha intensificado el escrutinio sobre el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien enfrenta ahora nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada.

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Según información obtenida por The Guardian, esta denunciante sostiene que, al inicio de su carrera, fue objeto de una “avalancha constante” de insinuaciones por parte de Khan, quien niega rotundamente cualquier irregularidad.

La investigación, a cargo de un organismo de control de la ONU, incorporó este año la declaración de la segunda mujer, cuyas denuncias se remontan a 2009. En ese entonces, la denunciante, que tenía poco más de 20 años, trabajaba como becaria no remunerada para Khan, quien ya era un abogado de alto perfil en la CPI y otros tribunales de crímenes de guerra en La Haya.

En su testimonio, la mujer, que solicitó anonimato por temor a represalias, describió cómo Khan habría abusado de su posición de autoridad, presionándola repetidamente para mantener relaciones sexuales y sometiéndola a insinuaciones no deseadas. “No debería haberlo hecho”, afirmó. “Era mi jefe”. La denunciante decidió presentarse tras conocer las acusaciones recientes de una funcionaria de la CPI contra Khan.

Ambos relatos, el de la nueva denunciante y el de la funcionaria de la CPI, presentan similitudes notables. Según personas familiarizadas con las denuncias, ambas mujeres afirman que Khan las invitaba a trabajar en su domicilio, donde, sentados juntos en un sofá, él las tocaba, besaba e intentaba persuadirlas para mantener relaciones sexuales. La funcionaria de la CPI, abogada de unos 30 años, sostiene que la conducta inapropiada se extendió durante un periodo prolongado entre 2023 y 2024.

Los abogados de Khan han rechazado abordar detalles específicos, pero han declarado: “Es totalmente falso que haya participado en algún tipo de conducta sexual inapropiada”. Añadieron que Khan “niega categóricamente” haber acosado, maltratado o abusado de su posición, y que ha presentado pruebas detalladas a la investigación que, según ellos, “contradicen totalmente las acusaciones” y “en varios aspectos materiales muestran que esas acusaciones son manifiestamente falsas”.

Khan, de 55 años, fue elegido en 2021 para un mandato de nueve años como fiscal jefe de la CPI, tribunal que actúa como última instancia para investigar y juzgar crímenes de guerra y atrocidades.

Desde su llegada, ha elevado el perfil del tribunal, emitiendo órdenes de arresto contra figuras como el presidente ruso, Vladimir Putin; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. No obstante, su gestión se ha visto afectada desde que se hicieron públicas las primeras acusaciones de abuso sexual el año pasado.

La denunciante, identificada bajo el seudónimo Patricia, relató que antes de iniciar la pasantía consideraba la oportunidad como significativa y prometedora, dada la reputación y los contactos de Khan. Sin embargo, describió que trabajar para él “tuvo un costo que no debería haber tenido, y ese costo me perturbó y me angustió durante algún tiempo después”.

Según Patricia, uno de los primeros incidentes ocurrió en las oficinas del tribunal, donde Khan le habría “tocado los pechos con una caricia prolongada que fue completamente sin consentimiento”. “No fue algo como: ‘Uy, te rocé el dorso de la mano, lo siento’. Estaba demasiado cerca”, explicó.

El episodio la dejó “confundida y humillada”, pero debió seguir colaborando estrechamente con Khan en la preparación de un caso. Durante ese periodo, él le pidió en al menos seis ocasiones que trabajara en su casa en La Haya, donde estarían solos.

En el apartamento, Patricia relató que debía negociar las insinuaciones de Khan mientras intentaba cumplir con sus tareas. “Intentaba encontrar la manera de quedarme con su favor y adquirir experiencia laboral sin acostarme con él y sucumbir”, afirmó.

“Recuerdo que inventaba todo tipo de excusas absurdas para no acostarme con él, solo para intentar no hacerlo enfadar”, detalló.

A pesar de sentirse triste y deprimida, Patricia decidió permanecer en la pasantía, motivada por la necesidad de una carta de recomendación positiva. Al finalizar, recibió una excelente referencia de Khan, lo que describió como “un pacto con el diablo”.

Mantuvo contacto profesional con él durante años, hasta que en 2019 recibió un mensaje inesperado en el que Khan le agradecía su “buena compañía” y por ser “una muy buena amiga”. Ella respondió: «Karim, no me alegra saber de ti, por eso no te contesto. Ojalá no me contactaras; por favor, no lo hagas más“. No volvió a tener noticias de él.

Tras conocer las denuncias de la funcionaria de la CPI, Patricia contactó a The Guardian y prestó testimonio formal ante la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de la ONU, que investiga las acusaciones. Una fuente cercana a la investigación confirmó que el organismo revisó el material aportado por Patricia y entrevistó a personas de su entorno. Un portavoz de la OSSI declinó hacer comentarios sobre sus actividades.

Durante los últimos nueve meses, los investigadores han examinado las denuncias de la funcionaria de la CPI, que incluyen acusaciones de conducta sexual coercitiva y abuso de autoridad. Según varias fuentes, la presunta conducta inapropiada de Khan habría ocurrido en habitaciones de hotel durante viajes de trabajo, en su oficina y en su domicilio.

Se reportan múltiples casos de presunto abuso sexual en la vivienda de Khan, donde, según dos fuentes, él llevaba a la empleada a un sofá, la tocaba e intentaba persuadirla para tener relaciones sexuales. La empleada describió las insinuaciones como “incesantes” y, en un registro de las acusaciones, afirmó: “Intentaba besarme y yo siempre apartaba la cabeza y me movía hacia atrás, y él me decía que parara y decía ‘bésame, bésame’”.

El bufete Carter-Ruck, representante de Khan, sostiene que su historial es impecable y que está “cooperando plena y transparentemente” con la investigación, aunque expresa “serias dudas sobre si la investigación podría garantizar el debido proceso”.

Entre 2000 y 2025, Venezuela pasó de carecer de capacidad para drones a construir un arsenal diverso de sistemas aéreos no tripulados para vigilancia, reconocimiento y combate.

Por: Antonio María Delgado – Miami Herald

Este desarrollo refleja más de dos décadas de cooperación entre Venezuela e Irán, una alianza que permitió al país sudamericano desarrollar una de las industrias de drones más modernas de la región.

Estos son los tipos de drones que se sabe que tiene Venezuela:

• Arpía 1 (ANSU-100/Mohajer-2): Dron basado en el diseño iraní Qods Mohajer-2. Ensamblado en Venezuela; utilizado para vigilancia táctica de fronteras e infraestructura. Operado por el Grupo Aéreo de Inteligencia N.º 8 de la Aviación Militar de Venezuela.
• Antonio José de Sucre-100: Modernizado con apoyo iraní. Unidad ligera de combate y observación con capacidades de reconocimiento en tiempo real y ataque de precisión, como munición antitanque y antipersonal con munición guiada de fabricación rusa.
• Antonio José de Sucre-200: Diseño venezolano con apoyo iraní; unidad furtiva multifunción para vigilancia de mediano alcance, ataques aire-tierra, combate con drones y defensa aérea. Aún experimental.
• Mohajer-6: Diseño iraní, suministrado a Venezuela a partir de 2020. Plataforma de reconocimiento y ataque con misiles Qaem; utilizada para proteger zonas estratégicas. Operada por la Aviación Militar.
• Orlan-10: Diseño ruso, suministrado a partir de 2020. Dron de reconocimiento táctico para vigilancia fronteriza, identificación de objetivos y corrección de fuego de artillería. Alcance de 120 kilómetros.
• ANT-3X “Gavilán”: Desarrollo experimental venezolano diseñado para vigilancia luminosa y entrenamiento de ingenieros.
• Zamora V-1: Diseño venezolano basado en el Shahed-136 iraní. Este es un dron kamikaze, diseñado para sobrevolar un área hasta caer sobre un objetivo y explotar.

La congresista María del Carmen Alva presentó una moción de orden del día en el Congreso de la República para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. El documento sostiene que la presencia y operación de este grupo representan una amenaza transnacional y un foco de inestabilidad para la región.

Por: Ricardo Mc Cubbin – Infobae

El documento de propuesta de la parlamentaria se fundamenta en disposiciones constitucionales sobre la defensa de la persona, la seguridad ciudadana y la obligación estatal de proteger a la población de amenazas contra su integridad y bienestar, sobre todo de esta organización criminal a la que países como Argentina, Paraguay y Estados Unidos la han declarado como organización terrorista.

La moción cita el marco jurídico peruano e internacional, como la Política Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo, la Ley contra el Crimen Organizado, el Decreto Ley N.° 25475 y la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU, que faculta a los Estados a clasificar y sancionar a agrupaciones criminales y terroristas. Sobre esta base, Alva propone declarar formalmente al ‘Cártel de los Soles’ como organización terrorista, por sus métodos violentos, su estructura jerárquica y su impacto en el entorno constitucional del Perú y la región.

La propuesta también encarga al Gobierno de Dina Boluarte a incluir al Cártel de los Soles en la lista nacional de organizaciones terroristas, aplicar sanciones financieras y operativas para bloquear sus fuentes de financiamiento y logística en el país, y coordinar acciones conjuntas con organismos multilaterales como la ONU y la OEA, así como con acuerdos bilaterales con Estados que ya han clasificado al grupo de igual manera. El documento ordena remitir la iniciativa al Poder Ejecutivo para su conocimiento y cumplimiento.

Este documento deberá, en primera instancia, ser debatido en la Junta de Portavoces y posteriormente en el Pleno del Parlamento la próxima semana, que los parlamentarios retornan de su semana de representación.

Edmundo González Urrutia puso en duda la supuesta lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) hacia Nicolás Maduro

La Patilla

«Los militares son leales hasta que dejan de serlo. Debe más de uno estar pensando, ‘caramba, ¿vale la pena nosotros arriesgarnos a una confrontación armada por un régimen que está aferrado al poder, solo por el hecho de aferrarse al poder?’», comentó González durante un video que publicó en sus redes sociales.

«Algo que yo presencié en la televisión, cuando la guerra en Irak: no habían caído las primeras bombas cuando ya estaban los elementos aguerridos de la Guardia Republicana corriendo en interiores por la calle», recordó el líder opositor sobre su pasado como diplomático.

Además, rememoró uno de los momentos finales del fallecido dictador iraquí.

«Pocos momentos antes estaba Saddam Hussein diciendo ‘les vamos a hacer morder el polvo de la tierra’. Los tipos no habían terminado de decir eso cuando ya estaban corriendo en ropa interior por las calles, quitándose los trajes de la Guardia Republicana», dijo González.

En referencia a las recientes demostraciones de supuesta lealtad en el chavismo frente al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caiber, González sentenció que «todo eso es de la boca para afuera».

Según su criterio, «Ser leal a la patria es defender la dignidad de cada familia, incluso la propia. La verdadera lealtad no se mide en obediencia ciega, sino en compromiso con la justicia, la libertad y el bienestar de nuestro pueblo».

Aquiles Salas, médico internista y geriatra, máster en salud pública y profesor de la Universidad Central de Venezuela, señaló que la transición demográfica en Venezuela se aceleró y ya contamos con una población mayor de 60 a 65 años de alrededor del 10%.

Por: Lismar Rebolledo – Unión Radio

“En esa franja de edad es probable que exista alguna enfermedad; las más comunes son cardiovasculares, tumorales y articulares”, afirmó.

Salas indicó en entrevista concedida a Gladys Rodríguez para el Circuito Éxitos que el Estado debe estratificar las políticas de salud pública para adaptar los planes a cada región. “La migración masiva continúa y afecta al sector productivo, lo que complica la capacidad de atención”.

Salas subrayó que “los servicios deben habilitarse para brindar cobertura a los adultos mayores con probable presencia de enfermedades crónicas”.

La disputa con Venezuela por la región del Esequibo marca la campaña electoral en Guyana, donde el partido gobernante cuestiona los vínculos con Caracas del empresario sancionado Azruddin Mohamed, rival del presidente Irfaan Ali en las elecciones del próximo 1 de septiembre.

EFE

Las acusaciones contra Mohamed cobraron fuerza en junio pasado cuando un congresista estadounidense afirmó en redes sociales que el empresario, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco de acciones contra la corrupción pública en Guyana, es un «candidato títere» de Nicolás Maduro.

Mohamed, aspirante presidencial de Invertimos en la Nación (WIN, en inglés), negó las afirmaciones y acusó al Gobierno de Guyana de perjudicar su candidatura presidencial al contratar y dirigir a una firma de cabildeo estadounidense para presionar en su contra.

A principios de agosto, el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo, reveló que Mohamed había visitado la Embajada de Venezuela en Guyana, lo que el empresario negó, exigiendo al Gobierno que presentara pruebas sobre esos hechos.

Queenela Cameron, profesora de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Guyana, explica a EFE que el partido gobernante «ha capitalizado» las supuestas conexiones del candidato de WIN con Venezuela para «desacreditar su campaña y para presionar aún más a Estados Unidos».

Estados Unidos impuso sanciones en junio de 2024 a Mohamed por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, a fin de eludir el pago de más de cincuenta millones de dólares en aranceles aduaneros al Gobierno de Guyana.

El actual despliegue estadounidense en el Caribe

Si bien la disputa fronteriza del Esequibo no ha dominado las campañas políticas en Guyana, algunos líderes políticos han hecho llamados específicos para el desmantelamiento de las redes criminales.

Estas declaraciones coinciden con el despliegue de más de 4.000 militares, aviones, barcos y lanzamisiles ordenado por el presidente Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

El pasado sábado, en un mitin del Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), el presidente Ali advirtió de que los desafíos de seguridad en el Caribe son «un riesgo para la soberanía» de Guyana.

El candidato presidencial del PPP/C alertó de que estos riesgos podrían desestabilizar Guyana y el Caribe. «Pueden ser el trabajo de regímenes delincuentes, y sabemos que Venezuela representa una amenaza para Guyana», afirmó.

También se ha llamado la atención de los votantes guyaneses acerca del riesgo de «convertir» a Guyana en «otra» Venezuela, debido a que Mohamed está sancionado por Estados Unidos, según dijo una exparlamentaria de la Alianza para la Unidad Nacional (APNU), Meryvn Williams.

Todos coinciden en defender el Esequibo

A pesar de la retórica política y las acusaciones, los partidos políticos que compiten en las elecciones de Guyana se han comprometido a proteger la soberanía del país, incluido el WIN de Mohamed.

Guyana mantiene una dura disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo, rica en petróleo y recursos naturales, que es administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

«Mejorar nuestra seguridad nacional es vital para proteger nuestra soberanía, preservar la paz y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos», asegura el manifiesto de WIN.

La APNU, una coalición de seis partidos encabezada por Aubrey Norton, señala que el país enfrenta «graves y crecientes amenazas a su integridad territorial y soberanía», y que la respuesta debe ser «enérgica, con un frente unido y patriótico».

Por su parte, el PPP/C subraya que preservar la soberanía e integridad territorial de Guyana es «una responsabilidad nacional que involucra a todos los ciudadanos» y que «no se escatimarán esfuerzos ni recursos».

«No cabe duda de que todos los partidos políticos tienen un interés particular en que nuestra controversia territorial se resuelva a nuestro favor», concluye la catedrática Queenela Cameron.