Vladimir Putin exige que Ucrania ceda toda la región oriental de Donbas, renuncie a sus ambiciones de entrar en la OTAN, se mantenga neutral y mantenga a las tropas occidentales fuera del país, dijeron a Reuters tres fuentes conocedoras de las ideas del Kremlin.

Reuters

El presidente ruso se reunió con Donald Trump en Alaska el viernes para la primera cumbre entre Rusia y Estados Unidos en más de cuatro años y pasó casi toda su reunión a puerta cerrada de tres horas discutiendo cómo podría ser un compromiso sobre Ucrania, según las fuentes que solicitaron el anonimato para discutir asuntos sensibles.

En un discurso posterior junto a Trump, Putin dijo que era de esperar que la reunión abriera el camino hacia la paz en Ucrania, pero ninguno de los dos líderes dio detalles sobre lo que habían discutido.

En la información rusa más detallada hasta la fecha sobre la oferta de Putin en la cumbre, Reuters pudo esbozar el marco de lo que al Kremlin le gustaría ver en un posible acuerdo de paz para poner fin a una guerra en la que han muerto y han sido heridas cientos de miles de personas.

En esencia, según las fuentes rusas, Putin ha transigido en las demandas territoriales que expuso en junio de 2024, que exigían que Kiev cediera la totalidad de las cuatro provincias que Moscú reclama como parte de Rusia: Dontesk y Luhansk en el este de Ucrania -que conforman el Donbás– más Jersón y Zaporiyia en el sur.

Kiev rechazó esas condiciones por considerarlas equivalentes a una rendición.

En su nueva propuesta, el presidente ruso ha mantenido su exigencia de que Ucrania se retire completamente de las partes del Donbás que aún controla, según las tres fuentes. A cambio, sin embargo, Moscú detendría las actuales líneas del frente en Zaporiyia y Jersón, añadieron.

Rusia controla alrededor del 88% del Donbás y el 73% de Zaporiyia y Jersón, según estimaciones estadounidenses y datos de fuentes abiertas.

Moscú también está dispuesto a entregar las pequeñas partes de las regiones ucranianas de Jarkov, Sumy y Dnipropetrovsk que controla como parte de un posible acuerdo, dijeron las fuentes.

Putin también se aferra a sus anteriores exigencias de que Ucrania renuncie a sus ambiciones en la OTAN y de que la alianza militar liderada por Estados Unidos se comprometa de forma jurídicamente vinculante a no expandirse más hacia el este.

También a limitar el Ejército ucraniano y a acordar que no se desplegarán tropas occidentales sobre el terreno en Ucrania como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz, dijeron las fuentes.

Las dos partes siguen muy distanciadas, más de tres años después de que Putin ordenó la entrada de miles de tropas rusas en Ucrania en una invasión a gran escala que siguió a la anexión de la península de Crimea en 2014 y a los largos combates en el este del país entre los separatistas respaldados por Rusia y las tropas ucranianas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre las propuestas.

El presidente Volodímir Zelenski ha rechazado en repetidas ocasiones la idea de retirarse del territorio ucraniano reconocido internacionalmente como parte de un acuerdo, y ha afirmado que la región industrial de Donbás sirve de fortaleza que frena los avances rusos hacia el interior de Ucrania.

“Si estamos hablando simplemente de retirarnos del este, no podemos hacerlo”, dijo a periodistas en declaraciones publicadas por Kiev el jueves. “Es una cuestión de supervivencia de nuestro país, que implica las líneas defensivas más fuertes”.

El ingreso en la OTAN, por su parte, es un objetivo estratégico consagrado en la Constitución del país y que Kiev considera su garantía de seguridad más fiable. Zelenski afirmó que no corresponde a Rusia decidir sobre el ingreso en la alianza.

La Casa Blanca y la OTAN no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre las propuestas rusas.

La advertencia del régimen venezolano sobre la supuesta movilización de 4,5 millones de milicianos fue desacreditada por el analista Andrei Serbin, quien afirmó en conversación con Infobae en Vivo que Venezuela no posee armamento suficiente para sostener la cifra anunciada por Nicolás Maduro, en un contexto marcado por el avance militar de Estados Unidos en el Caribe.

Infobae

El reciente despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe reavivó las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Donald Trump ordenó el envío de medios militares a la región, en un operativo dirigido a enfrentar el narcotráfico operado desde territorio venezolano, que involucra al Cártel de los Soles, considerado una organización terrorista desde julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En ese contexto, el dictador venezolano Nicolás Maduro aseguró ante la prensa local y extranjera que cuenta con la movilización de 4,5 millones de milicianos listos para defender el país. La cifra fue cuestionada de inmediato por Andrei Serbin, director de la consultora CRIES, en declaraciones a Infobae en VIVO.

“No hay armas para 4,5 millones de milicianos. Yo sigo el tema de armas hace mucho tiempo. No existen suficientes para esto”, afirmó Serbin. Además, el politólogo explicó que la cantidad declarada coincide llamativamente con el número de empleados estatales en Venezuela, sugiriendo que el anuncio es parte de una estrategia discursiva y no un reflejo de fuerzas efectivas.

Operativo estadounidense, estructura y objetivos

El despliegue norteamericano incluyó la llegada de una unidad expedicionaria compuesta por aproximadamente 5.000 marines, además de portahelicópteros considerados portaviones en cualquier ejército fuera de Estados Unidos, aviones de combate y embarcaciones para operaciones anfibias y aerotransportadas. La presencia de tres buques clase Berg Flight 2A aumentó la capacidad operativa, con sistemas de lanzamiento de hasta 96 misiles de diferentes tipos.

Serbin resaltó la magnitud del operativo: “Desde el punto de vista militar, el despliegue es contundente”, describió el especialista, quien también detalló la suma de recursos en juego, incluidos aviones de patrullaje marítimo y de inteligencia electrónica.

Según la perspectiva de Serbin, el gobierno estadounidense busca aprovechar la presión sobre la estructura de poder venezolano aumentando la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, cifra que pasó de 15 millones a 50 millones de dólares. El analista sostuvo: “Acá hay una combinación de lo que se puede dar como recompensa y lo que pueden ser las consecuencias. Esta es el garrote y la zanahoria en su más clara expresión”.

El experto puso en duda la verdadera motivación del régimen venezolano al anunciar una supuesta fuerza popular tan elevada. Relacionó la cifra de milicianos con la estructura estatal y la narrativa interna.

“Me parece que es más bien no tanto miliciano, sino yo voy a agarrar a cuanto encuentre en una dependencia estatal y lo voy a movilizar”, señaló.

Para el analista, la respuesta militar estadounidense se inscribe dentro de las políticas de seguridad y migración de Washington. Las agencias federales priorizan el combate al narcotráfico y la contención de flujos migratorios por encima de la promoción activa de cambios de régimen. Las concesiones petroleras a empresas como Chevron ejemplifican cómo ambos gobiernos ajustan su narrativa conforme a su agenda diplomática.

“Estados Unidos muchas veces prefiere estabilidad a cualquier tipo de cambio de régimen”, dijo.

Serbin aclaró que el interés estadounidense en Venezuela pasa, en primer lugar, por las amenazas derivadas de la migración y el narcotráfico, y solo en segundo plano por el escenario político venezolano y la influencia internacional de actores extrarregionales como China.

El especialista concluyó que el operativo militar en el Caribe responde más a una estrategia de presión y disuasión que a un inminente escenario de intervención directa. Las prioridades de Estados Unidos en la región, remarcó, son los flujos de drogas ilegales y el éxodo venezolano, ambos temas centrales en la agenda de seguridad estadounidense.

En la mañana del 10 de junio de 2025, el suroeste de Colombia se estremeció con una serie de atentados coordinados que dejaron un saldo devastador: al menos siete personas muertas, incluyendo dos policías y dos civiles, y decenas de heridos. Este episodio, descrito por medios como una “jornada de horror”, marcó un punto crítico en la creciente ola de violencia perpetrada por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias “Iván Mordisco”.

MFM

El 10 de junio de 2025, las regiones de Cauca y Valle del Cauca fueron escenario de 24 ataques coordinados, según reportes de la organización ASIS International. Los atentados, atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las FARC, incluyeron carros bomba, motocicletas con explosivos, disparos con rifles y posiblemente el uso de drones. Los objetivos principales fueron estaciones de policía, edificios municipales y civiles en zonas urbanas y rurales. En Cali, una de las ciudades más afectadas, las explosiones resonaron cerca de estaciones policiales, causando pánico y daños materiales significativos.

En Corinto, Cauca, un carro bomba detonó frente a una subestación policial, matando a un civil y dejando varios heridos. En Caloto, un francotirador acabó con la vida de un patrullero, mientras que en El Bordo, otro ataque con explosivos dejó daños estructurales. Según el Informe del Consejo de Seguridad de la ONU, estos ataques reflejan una intensificación de la violencia en regiones estratégicas para el narcotráfico, como el Cañón del Micay, donde las disidencias buscan mantener el control territorial.

El conflicto armado en Colombia tiene raíces profundas que se remontan a la década de 1960, cuando surgieron las FARC como un grupo guerrillero marxista-leninista. Aunque el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC logró la desmovilización de más de 13,000 combatientes, varios grupos disidentes, como el EMC, rechazaron el acuerdo y continuaron operaciones armadas. Según el Informe de Human Rights Watch de 2024, estas disidencias, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, han perpetuado la violencia, alimentada por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita.

En 2025, la situación se agravó. El Informe de ACLED señala que los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas de seguridad aumentaron un 21% en 2024, tendencia que continuó en 2025. Las disidencias de las FARC, particularmente el EMC, intensificaron sus ataques tras la ruptura de negociaciones de paz en abril de 2024, según el Reporte de la BBC. La suspensión de los diálogos, ordenada por el presidente Gustavo Petro, se debió a la percepción de que los grupos armados no mostraban voluntad de paz.

Los atentados del 10 de junio no solo afectaron a la Fuerza Pública. Según el Informe de Justice for Colombia, la violencia en Cauca y Valle del Cauca también cobró la vida de activistas comunitarios y excombatientes de las FARC reintegrados a la vida civil. Por ejemplo, Yidwar Mondragón, un exguerrillero y líder del Colectivo Jonathan Sabogal, fue asesinado el 27 de junio en Candelaria, Valle del Cauca. Este caso resalta la vulnerabilidad de quienes participan en el proceso de paz, con más de 290 excombatientes asesinados desde 2016.

Además, la población civil sufre las consecuencias indirectas. El Informe de la ONU reporta que entre enero y abril de 2025, 65,000 personas fueron desplazadas en el noreste de Colombia, especialmente en Catatumbo, debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. En Cauca, las comunidades indígenas, como los Nasa, enfrentan amenazas y desplazamientos forzados, según el Reporte de Human Rights Watch.

El gobierno de Gustavo Petro, que asumió el poder en 2022 con la promesa de una “paz total”, ha enfrentado críticas por los resultados limitados de su estrategia. Según el Análisis de International Crisis Group, las negociaciones con grupos armados han sido inconsistentes, y la reanudación de operaciones militares en 2024 buscó presionar a los grupos que violaron los ceses al fuego. Sin embargo, el Reporte de ACLED indica que estas operaciones han desviado recursos de los grupos armados, reduciendo temporalmente los enfrentamientos entre ellos, pero no los ataques contra civiles o la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa colombiano desplegó 9,352 soldados y 795 policías en operaciones simultáneas en regiones como Catatumbo tras los enfrentamientos de enero de 2025. Sin embargo, la BBC reporta que los grupos armados han adaptado tácticas, incluyendo el uso de drones, como se vio en un ataque en Buenaventura en agosto de 2025, que mató a tres soldados.

La violencia en Colombia no solo se mide en bajas. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, 2024 fue el año con peores consecuencias humanitarias en los últimos ocho años, con un aumento del 45% en incidentes violentos en los primeros tres meses de 2025. El desplazamiento forzado alcanzó a 7.3 millones de personas, posicionando a Colombia como uno de los países con mayor número de desplazados internos a nivel global.

La región del suroeste, especialmente Cauca y Valle del Cauca, sigue siendo un epicentro de violencia debido a su importancia para el narcotráfico. El Informe de ACLED destaca que la fragmentación de los grupos armados y la competencia por rutas de droga alimentan el conflicto. La reanudación de diálogos regionales, como los iniciados con la Segunda Marquetalia en Tumaco, ha mostrado resultados limitados, pero aún enfrenta desafíos por la falta de compromiso de algunos grupos.

La “jornada de horror” del 10 de junio de 2025 es un recordatorio de la fragilidad del proceso de paz en Colombia. Aunque el acuerdo de 2016 marcó un hito histórico, la persistencia de grupos disidentes y la incapacidad de desmantelar economías ilegales han perpetuado la violencia. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, el conflicto ha dejado más de 220,000 muertos y 5.7 millones de desplazados desde 1964, cifras que podrían seguir creciendo si no se abordan las causas estructurales como la desigualdad y el control territorial.

El camino hacia la paz requiere un enfoque integral que combine presión militar, diálogos efectivos y protección de comunidades vulnerables. Mientras tanto, la Fuerza Pública y los civiles en regiones como Cauca y Valle del Cauca siguen enfrentando el impacto de un conflicto que, lejos de resolverse, parece intensificarse. La comunidad internacional, a través de organismos como la ONU, continúa monitoreando la situación, pero el éxito dependerá de la voluntad de todas las partes para priorizar la seguridad y los derechos humanos.

El 5 de febrero de 2025, varios equipos de agentes federales estadounidenses fuertemente armados se desplegaron por Denver y ciudades cercanas en el estado norteamericano de Colorado, supuestamente buscando a más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua, la pandilla venezolana que se había convertido en una fijación del presidente estadounidense Donald Trump, quien asumió el cargo dos semanas antes. 

InSight Crime

Los agentes allanaron complejos de apartamentos y residencias, detuvieron a personas y confiscaron pruebas. Y prometieron volver, alegando que las autoridades federales debían actuar porque las políticas locales que protegían a los inmigrantes no autorizados habían permitido que delincuentes violentos se infiltraran en el país.

“Esto es algo que simplemente va a continuar”, dijo un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un video publicado en la plataforma de redes sociales X esa mañana. 

Pero los resultados del operativo no estuvieron a la altura de las expectativas. Los medios locales sugirieron que se detuvo a muchas más personas por infracciones migratorias civiles que por cargos penales. Las autoridades federales se negaron a proporcionar detalles, pero ABC News informó que solo un presunto pandillero fue arrestado. El «zar fronterizo» de Trump, Tom Homan, afirmó posteriormente que una filtración interna había comprometido el operativo.

Las redadas en el área de Denver fueron un ejemplo temprano de la intensa atención que las fuerzas del orden estadounidenses han puesto en Tren de Aragua, a medida que Trump ha intensificado su retórica contra la pandilla. También ilustran hasta qué punto Trump ha fusionado las supuestas medidas antipandillas con su amplia agenda de control migratorio.  

Al mismo tiempo, los resultados mediocres de las redadas subrayan que Tren de Aragua sigue teniendo una presencia criminal limitada en Estados Unidos. Los miembros de la pandilla —y los impostores que usan su nombre, cada vez más infame— amenazan principalmente a las comunidades vulnerables de migrantes venezolanos, lo que representa un riesgo limitado para la seguridad de la población en general. 

Es improbable que la magnitud de esa amenaza aumente. Tren de Aragua tiene pocas posibilidades de consolidar su poder criminal en Estados Unidos con tanta atención pública y policial centrada en él. 

Aun así, los actuales esfuerzos de control criminal y de inmigración del gobierno de Trump podrían reformular la naturaleza de las pandillas en Estados Unidos y cómo los nodos del Tren de Aragua con base en Estados Unidos interactúan con miembros de pandillas en el extranjero.

Cómo ganó prominencia el Tren de Aragua

Días antes de las redadas en Denver, el 29 de enero, Trump enfatizó la preocupación de su administración por el Tren de Aragua al firmar la Ley Laken Riley, el primer proyecto de ley promulgado durante su segundo mandato en la Casa Blanca. Esta ley exige a las autoridades federales detener a inmigrantes no autorizados acusados ​​de delitos menores y permite a los estados demandar al gobierno federal por los perjuicios financieros presuntamente causados ​​por inmigrantes no autorizados. 

La legislación lleva el nombre de Laken Riley, un estudiante universitario del estado sureste de Georgia, asesinado en febrero de 2024 por un inmigrante no autorizado a quien los fiscales federales acusaron de estar afiliado al Tren de Aragua.

No había ninguna evidencia que sugiriera que el Tren de Aragua, como organización más amplia, tuviera algo que ver con el asesinato de Riley. Sin embargo, el caso cobró relevancia pública en medio de una oleada de informes dudosos sobre supuestas actividades del Tren de Aragua en todo Estados Unidos. 

La gran atención generada por el caso de Laken Riley marcó un punto de inflexión en la imagen pública del Tren de Aragua en Estados Unidos. Impulsó peticiones exitosas para la designación del Tren de Aragua como organización criminal transnacional durante el gobierno del predecesor de Trump, Joe Biden. Conforme se acercaba el día de las elecciones, Trump comenzó a referirse al Tren de Aragua por su nombre en sus discursos y declaraciones de campaña. 

“Son una pandilla salvaje, una de las peores del mundo, y cada vez son más grandes”, dijo en un mitin el 11 de octubre de 2024 en el área de Denver, donde habló con un fondo que decía “Acabemos con el crimen migratorio” y “Deportemos a los ilegales ahora”.

El suburbio de Denver, Aurora, donde Trump pronunció el discurso, se había convertido en un punto focal de la narrativa del Tren de Aragua debido a un video viral que provocó afirmaciones de que la pandilla había tomado el control de varios complejos de apartamentos en la ciudad. 

Pero la policía local y los residentes negaron esos rumores. Y aunque las autoridades locales sostienen que el Tren de Aragua tiene presencia en el área de Denver, han minimizado la amenaza. 

¿Qué está haciendo el Tren de Aragua ahora? 

Al igual que en Denver, la reputación del Tren de Aragua en Estados Unidos ha crecido más rápidamente que su presencia y actividades. La escala de las operaciones y las ganancias de la pandilla sigue siendo pequeña y se limita principalmente a las comunidades de migrantes venezolanos. 

Presuntos miembros o afiliados de la pandilla han sido vinculados a varios casos aislados de tráfico sexual, así como a asesinatos, asaltos, robos, extorsión, tráfico de armas y tráfico de drogas. 

Sin embargo, la revisión sistemática de InSight Crime de los informes públicos sobre presuntas actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos reveló que la mayoría eran engañosos o carecían de pruebas o contexto. Algunos eran completamente falsos , incluyendo varios informes publicados por una organización cuyo director ejecutivo fue posteriormente designado para un puesto en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

Sólo un puñado de las docenas de casos estadounidenses examinados por InSight Crime sugieren un alto grado de sofisticación criminal, y no ha surgido ninguna evidencia sólida de coordinación entre células locales del Tren de Aragua en Estados Unidos, o de comunicación con el liderazgo internacional de la pandilla. 

Dado que cualquiera puede afirmar ser miembro del Tren de Aragua, es difícil determinar cuándo los autores tienen vínculos reales con la pandilla, cuándo han sido identificados erróneamente o cuándo simplemente están tomando prestado su nombre.

Documentos del gobierno estadounidense muestran que las autoridades federales se han basado en criterios dudosos como los tatuajes para “validar” a inmigrantes como miembros del Tren de Aragua, lo que plantea dudas sobre la solidez de tales identificaciones.

Al mismo tiempo, las propias agencias de inteligencia de la administración Trump han evaluado que la presencia de la pandilla está compuesta principalmente por pequeños nodos, en lugar de una red nacional de células coordinadoras.

“El pequeño tamaño de las células de la TDA, su enfoque en actividades delictivas de baja cualificación y su estructura descentralizada hacen que sea muy poco probable que la TDA coordine grandes volúmenes de trata de personas o tráfico de migrantes”, según una evaluación conocida como memorando de sentido de la comunidad que se distribuyó a los funcionarios en abril de 2025 y luego se desclasificó.

La evaluación no menciona los indicadores clásicos de una red cohesionada, como un liderazgo centralizado que imparte órdenes y recibe fondos de células locales. También refuta la afirmación de Trump y otros de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dirige las actividades de los pandilleros en Estados Unidos. 

Las conclusiones del memorándum coinciden en gran medida con las ofrecidas por un ex miembro del Tren de Aragua consultado por InSight Crime.

La presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos, afirmó, no forma parte de un plan coordinado por altos pandilleros ni por Maduro. En cambio, la mayoría de los miembros reportados eran jóvenes venezolanos que habían huido de la pobreza y ahora buscan lucrarse con el nombre del Tren de Aragua, mientras que algunos eran afiliados que buscaban usar lo aprendido de la pandilla para establecer nuevas empresas delictivas independientes de la organización.

Cómo podría cambiar el Tren de Aragua en EE.UU.

Mientras agentes federales vestidos de armadura realizaban redadas en Denver y sus alrededores el 5 de febrero, a miles de kilómetros de distancia, en Washington, DC, la recién confirmada Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, estaba finalizando un memorando que pedía la “eliminación total” del Tren de Aragua y otros grupos criminales latinoamericanos.

En el memorando, Bondi ordena al Departamento de Justicia de EE. UU. perseguir a Tren de Aragua y a otros grupos utilizando todas las herramientas a su disposición, incluyendo cargos de terrorismo. Sin embargo, en lugar de procesar a personas de bajo perfil sin estatus migratorio legal, el Departamento de Justicia procedería a su deportación. 

En las semanas siguientes, Trump designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y eliminó las protecciones migratorias para cientos de miles de venezolanos. También declaró al Tren de Aragua como una fuerza invasora e invocó una ley que permite a su administración arrestar y deportar rápidamente a presuntos miembros. 

Pero esta estrategia de adoptar una postura retórica fuerte contra la pandilla y utilizar acusaciones de vínculos con ellas como base para deportaciones en gran escala de ciudadanos venezolanos podría resultar contraproducente de varias maneras.

Buscar la deportación en lugar de presentar cargos criminales contra presuntos miembros del Tren de Aragua podría privar a los fiscales de la oportunidad de obtener información sobre la pandilla a través de acuerdos de culpabilidad, que implican ofrecer reducir posibles sanciones penales a cambio de cooperar con la policía. 

Además, enviar un flujo masivo de personas de regreso a Venezuela, sumida desde hace tiempo en crisis económicas y políticas, podría brindar oportunidades para el reclutamiento criminal y la formación de conexiones internacionales entre agentes de pandillas que aún no existen.

Por otro lado, la intensidad de la atención policial sobre el Tren de Aragua podría volver tóxica la imagen de la pandilla en Estados Unidos. Incluso los impostores podrían verse disuadidos de usar el nombre por temor a atraer atención innecesaria.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, condenó este jueves el desplazamiento de tres buques de guerra estadounidenses en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, y aseguró que «los pueblos del mundo» defenderán a la «revolución bolivariana» que encabeza Nicolás Maduro.

La Patilla

En una publicación en X, Morales expresó su condena a la «campaña de mentiras y el despliegue de buques de guerra estadounidenses en los mares de América Latina y el Caribe».

«Nosotros sabemos muy bien que el imperio usa una serie de excusas para apropiarse de nuestros recursos naturales. El pueblo venezolano y los pueblos del mundo sabremos defender a la Revolución Bolivariana», señaló.

«Sabremos defender a la Revolución Bolivariana y a su Presidente y comandante Nicolás Maduro», agregó el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

El exmandatario fue aliado de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela, alianza revalidada por el presidente Luis Arce al iniciar su Administración en 2020.