La noche del 14 de agosto de 1945, el general Korechika Anami, ministro de Guerra de Japón, se sentó en su residencia con su cuñado. Sirvieron sake. Hablaron poco. A las dos de la madrugada, Anami desenvainó su espada y se hizo seppuku. Dejó una nota de una sola línea: “Con mi muerte pido humildemente perdón al emperador por el gran crimen.”
Por: José Gustavo Arocha – La Gran Aldea
Japón había sido derrotado. Algunos generales se quitaron la vida. Otros enfrentaron tribunales. Más de cuatro mil fueron juzgados. MacArthur disolvió la Policía del Pensamiento, liberó presos políticos e impuso una constitución nueva. La derrota produjo algo que hoy suena elemental, pero que en la práctica militar lo decide todo: rendición de cuentas.
En Venezuela, la madrugada del 3 de enero de 2026, la operación Determinación Absoluta neutralizó Fuerte Tiuna en 27 minutos. La derrota fue total. Y sin embargo, ningún general renunció. Ninguno pidió perdón. Ninguno le explicó nada al país. Siguen ahí: ocupando los mismos cargos, vistiendo los mismos uniformes, administrando la misma retórica. En Japón, la derrota obligó a la responsabilidad. En Venezuela, la derrota no produjo ni un comunicado.
Políticos con uniforme
Amos Perlmutter, en su obra clásica sobre la relación entre militares y política, distingue entre ejércitos profesionales y ejércitos pretorianos. Los primeros se subordinan al Estado, desarrollan competencia técnica y cumplen una misión constitucional definida. Los segundos intervienen en la política, controlan recursos económicos y se perpetúan como actores de poder.
La distinción es útil, pero se queda corta. La FANB, bajo este Alto Mando, no es un ejército profesional ni un pretoriano clásico. Es algo más degradado: un aparato clientelar donde los generales no gobiernan ni combaten. Administran lealtades. Cobran rentas. Y cuando les toca responder por el fracaso, se quedan callados.
El caso de Francisco Ameliach lo ilustra con precisión casi involuntaria. Ameliach pidió su pase a retiro como mayor en 1999 para dedicarse a la política partidista. Durante veinticinco años no ejerció un solo día de mando operativo. En septiembre de 2025, Maduro lo ascendió a general de brigada por decreto, junto con otros militares retirados del 4F, en una ceremonia del CEOFANB que no tuvo nada que ver con mérito y todo que ver con mensaje político. Semanas después, Ameliach hablaba en radio de “resistencia activa y ofensiva permanente” y de “defensa integral de la nación”. Tres meses más tarde, Fuerte Tiuna caía en veintisiete minutos. Eso no es pretorianismo. Es teatro con charreteras.
Por qué un soldado obedece
Max Weber explicó que la obediencia en una organización burocrática racional no se funda en la sumisión personal al jefe, sino en supuestos que el subordinado asume como válidos: que el superior ocupa su cargo por vía legítima, que posee la competencia técnica que el cargo exige, que da órdenes dentro del marco legal, y que asume responsabilidad por sus consecuencias. Cuando esas cuatro condiciones se cumplen, la obediencia es racional. Cuando no, lo que queda es sometimiento.
Piensen en un teniente coronel que recibe una orden de su general de brigada. Sabe que su general no pisa un teatro de operaciones en años. Sabe que su ascenso fue por afinidad política, no por mérito. Sabe que la última vez que el sistema se puso a prueba —Apure, el 28 de julio, el 3 de enero— los resultados fueron desastrosos y nadie respondió. Y sabe que si le ordenan reprimir una protesta, esa orden no tiene base constitucional. Las cuatro columnas de la obediencia están rotas. No queda ninguna en pie.
Piensen en el capitán que custodió una mesa electoral el 28 de julio. Sabía lo que decían las actas. Sabía que le iban a pedir que mirara para otro lado. Y sabía que si no obedecía, terminaba en un calabozo de la DGCIM. O piensen en ese mismo teniente coronel viendo a su comandante de Región de Defensa Integral llegar con un reloj que cuesta más que el sueldo anual de todo su batallón. No hace falta leer a Weber para intuir que algo está podrido. Weber solo nos da el nombre técnico: cuando la autoridad racional-legal se corrompe, la obediencia deja de ser disciplina y se convierte en cálculo de supervivencia.
Valientes contra quien no puede responder
Hay algo que la sociedad venezolana observó durante años y que hay que decir sin eufemismos. La misma institución que sacó tanquetas contra estudiantes, que lanzó lacrimógenas a barrios enteros, que disparó perdigones a quemarropa contra mujeres y adolescentes, que permitió que colectivos armados actuaran con total impunidad, fue incapaz de articular una respuesta cuando un adversario real tocó la puerta. Un ejército entrenado para controlar a su propia población no sabe combatir. Un general cuya carrera se construyó amenazando subordinados no sabe liderar bajo fuego. La “valentía” que exhibieron contra gente desarmada se evaporó el 3 de enero porque nunca fue valentía. Fue abuso de poder contra quien no podía responder. Cuando apareció alguien que sí podía: silencio, parálisis y colapso.
Pero la pregunta no se queda en el pasado. Eventualmente vendrán elecciones. El Plan República volverá a desplegarse en cada centro electoral. Y la Fuerza Armada tendrá que decidir si respeta la voluntad popular o repite el agravio del 28 de julio. Eventualmente habrá protestas legítimas de un pueblo que ya no está sometido a un gobierno ilegítimo. Y ese día, cada oficial que reciba la orden de reprimir tendrá que hacerse una pregunta simple: ¿voy a ser otra vez “valiente” contra la gente, aduciendo sorpresas o conspiraciones? ¿O voy a ser sumiso apenas aterrice el avión o aparezca la alfombra roja? El país entero ya conoce la respuesta histórica: fuertes con los débiles, dóciles ante quien los humilló. Esa ecuación es insostenible.
La humillación es de ellos, no de la institución
Conviene ser preciso. Esto no es, ni fue, un llamado a la confrontación con Estados Unidos. La posición de buena parte del cuerpo de oficiales durante años (la que nunca se pudo expresar en voz alta) era que la retórica antiimperialista no servía a los intereses de Venezuela, que la compra masiva de armamento ruso y chino era un negocio, no una estrategia, y que la confrontación permanente con el hemisferio nos dejaba aislados y vulnerables. El 3 de enero confirmó todo eso con una brutalidad que no dejó espacio para el debate.
La humillación de aquella madrugada no la causó la operación estadounidense. La causaron dos décadas de teatro bélico, adquisiciones motivadas por comisiones, y generales que hablaban de “guerra asimétrica” mientras no podían sostener una operación básica en Apure. Esa humillación le pertenece al Alto Mando. Que la carguen ellos. Pero que no arrastren a la institución ni a los miles de oficiales y suboficiales que no tuvieron voz en esas decisiones y que intentaron hacer su trabajo dentro de un sistema diseñado para impedirlo.
Con este Alto Mando, la reconstrucción es imposible
Quienes presidieron la destrucción no pueden liderar la reconstrucción. No es un asunto de voluntad ni de “reciclaje”. Un alto mando que demostró ser más político que militar, que carece de competencia técnica verificable, y que no asumió responsabilidad por ninguno de sus fracasos —Apure, el 28 de julio, el 3 de enero— no tiene legitimidad, credibilidad ni capacidad para reconstruir nada. No se les puede pedir que desarmen lo que ellos montaron, que formen a otros en competencias que nunca desarrollaron, ni que se subordinen a un poder civil democrático cuando toda su carrera se construyó sobre la subordinación a un proyecto partidista. Son la destrucción. No van a ser la solución.
El camino pasa por tres etapas sin atajos. La primera: desmontar la red clientelar —ascensos por lealtad, patronazgo económico, generales sin función operativa que cobran y no producen, cargos en empresas del Estado que convirtieron al generalato en clase rentista con uniforme—. La segunda: adiestrar a una fuerza hoy inservible. El 3 de enero demostró que no hay capacidad real de defensa ni liderazgo de combate. Reconstruir eso es tarea de años, no de decretos. Y la tercera, la más difícil: ganarse la confianza del único actor con legitimidad en Venezuela: el pueblo. El que votó el 28 de julio, recogió actas, marchó, fue reprimido y enterró a sus muertos. Al que este Alto Mando le dio la espalda. No habrá reconstrucción mientras no se demuestre, con conducta verificable, que la institución existe para servir a la gente y no para someterla.
Nada de esto debe quedarse en un plano abstracto. Cada una de esas etapas va a recaer sobre personas concretas: oficiales que hoy están en servicio, que no causaron esta crisis pero que van a tener que resolverla. Y ahí está el problema: no pueden empezar mientras quienes bloquearon cada cambio durante dos décadas sigan sentados en los mismos despachos, firmando las mismas órdenes, protegiendo las mismas redes.
En algún lugar de Venezuela, un oficial joven está leyendo esto. Tiene hijos pequeños, un sueldo que no alcanza y un uniforme que hoy pesa más por lo que representa que por lo que debería representar. Tiene que decidir si su carrera se va a definir por la lealtad a un sistema que lo humilló, o por el servicio a un país que lo necesita. Pero no puede tomar esa decisión mientras los mismos generales que causaron la catástrofe sigan en los cargos. Porque mientras ellos estén ahí, la única opción es la misma de siempre: obedecer, callar o irse. Y Venezuela ya no puede seguir perdiendo a quienes eligen irse.
