El ex presidente boliviano Evo Morales enfrenta una de las crisis judiciales y políticas más graves desde que dejó el poder en 2019: acumula procesos por trata agravada de personas, estupro, sedición, terrorismo, fraude electoral y corrupción. Fue declarado en rebeldía por la Justicia, tiene órdenes de captura y permanece refugiado en el Chapare, su bastión político y cocalero, protegido por grupos afines que impiden su detención.

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El Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de haber alentado protestas, bloqueos y episodios de violencia durante los últimos meses que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos en distintas regiones.

Morales rechaza los cargos, atribuye las movilizaciones al malestar social y denuncia “persecución política”.

A continuación, las principales causas abiertas contra Evo Morales en Bolivia:

La causa en Tarija: trata agravada de personas y relación con una menor

El expediente más avanzado se tramita en Tarija. La Fiscalía acusa a Morales de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años mientras ejercía la Presidencia de Bolivia y sostiene que de ese vínculo nació una hija en 2016.

Según la investigación, los padres de la menor habrían recibido beneficios políticos y favores estatales a cambio de permitir la relación. El expediente reúne más de 170 pruebas: mensajes, testimonios, documentación oficial y un certificado de nacimiento en el que Morales figura señalado como padre.

La Justicia abrió un juicio oral en mayo de este año, pero el ex mandatario no asistió a las audiencias. Su defensa calificó el proceso como “ilegal” y denunció persecución política. Ante las reiteradas ausencias, el tribunal lo declaró en rebeldía, ordenó su captura y dispuso restricciones patrimoniales y migratorias. La madre de la menor también está involucrada y en rebeldía.

La Fiscalía solicitó una condena de hasta 20 años de prisión por trata agravada.

Morales negó los cargos y afirmó que el caso busca impedir su retorno a la política. “No busco impunidad”, escribió en redes sociales, donde reclamó una Justicia “imparcial”.

Bloqueos, desabastecimiento y violencia: los cargos por desestabilización

El Gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó al ex presidente izquierdista por la escalada de bloqueos, cercos y protestas violentas que paralizaron rutas estratégicas y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos en distintas regiones del país. Las autoridades sostienen que varias de esas acciones impidieron incluso el traslado de oxígeno medicinal y afectaron servicios de salud en medio de la crisis.

Según el Ejecutivo, Morales habría promovido las movilizaciones como mecanismo de presión política para desestabilizar al Gobierno y forzar decisiones institucionales favorables a su situación judicial y política. En ese marco, enfrenta denuncias por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentados contra servicios públicos, daños económicos al Estado y acciones orientadas a alterar el orden interno.

“Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (…) la pacificación, transición, elección en 90 días”, expresó Morales en su programa semanal de radio.

El líder cocalero insistió además en que la salida a la crisis pasa por la renuncia presidencial.

“Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” la dimisión de Rodrigo Paz y la designación de un “presidente de transición” que convoque a elecciones en un plazo de tres meses.

Sedición y terrorismo: el rastro de la crisis de 2019

Tras su salida del poder en noviembre de 2019, Morales quedó acusado de haber promovido acciones violentas y bloqueos durante la crisis política posterior a las elecciones cuestionadas de ese año.

Entre los expedientes más conocidos figura el denominado “caso audio”, que analizó una supuesta conversación entre Morales y un dirigente sindical en la que, según la acusación, el ex mandatario coordinó cercos a ciudades y bloqueos de alimentos para presionar al gobierno interino instalado tras su renuncia.

Las autoridades impulsaron cargos por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Organismos internacionales y sectores defensores de derechos humanos cuestionaron parte de esas investigaciones al advertir motivaciones políticas y fallas procesales.Crecen las protestas antigubernamentales promovidas por seguidores de Evo Morales

Varios de esos procesos perdieron fuerza con el regreso del MAS al poder en 2020, pero algunas causas continuaron abiertas y se reactivaron en el marco de la disputa interna entre Morales y sectores del oficialismo.

Fraude electoral y el forzamiento de la reelección

Otra de las investigaciones que persisten contra Morales está ligada a las elecciones presidenciales de 2019, anuladas tras las denuncias de manipulación e irregularidades en el conteo de votos. La Organización de Estados Americanos (OEA) detectó anomalías graves en el proceso y recomendó repetir los comicios, en medio de una crisis política que derivó en protestas masivas, fuertes disturbios y finalmente la renuncia del entonces mandatario.

A partir de esos hechos, la Justicia boliviana abrió expedientes por presunto fraude electoral y posibles alteraciones en el sistema de transmisión rápida de resultados. Morales rechazó siempre las acusaciones, negó cualquier manipulación y sostuvo que su salida del poder fue consecuencia de un “golpe de Estado”.

El episodio también reavivó los cuestionamientos sobre su intención de perpetuarse en el poder. Morales buscó competir por un nuevo mandato pese a que en 2016 los bolivianos rechazaron en referéndum la posibilidad de habilitar otra reelección presidencial. Aun así, el entonces oficialismo recurrió a fallos judiciales para permitir nuevamente su candidatura, una decisión que profundizó la crisis política y social que terminó estallando en 2019.

Corrupción, tráfico de influencias y las denuncias en el Chapare

A lo largo de sus casi 14 años en el poder, Evo Morales quedó envuelto en múltiples escándalos de corrupción, tráfico de influencias y presuntos vínculos con estructuras ilegales. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Gabriela Zapata, su ex pareja y ejecutiva de una empresa china que obtuvo contratos millonarios con el Estado boliviano mientras mantenía una relación con el entonces mandatario. El escándalo desató investigaciones por posibles favores políticos y uso indebido de influencias desde la Presidencia.

A ello se sumaron las denuncias por millonarios desvíos de recursos del Fondo Indígena, un programa estatal destinado a financiar proyectos campesinos y sociales que terminó bajo investigación por corrupción, obras inconclusas y manejo irregular de dinero público. Aunque varios ex funcionarios y dirigentes fueron procesados, la oposición mantuvo los cuestionamientos sobre la responsabilidad política del entorno de Morales.

En paralelo, distintos sectores denunciaron durante años una supuesta protección al narcotráfico en el Chapare, la principal región cocalera de Bolivia y bastión histórico del ex mandatario. Las acusaciones apuntaron a la expansión del narcotráfico y al debilitamiento de controles antidroga durante su gestión.

Iris Varela, exministra del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, rechazó este sábado el ejercicio que Estados Unidos realizó en su embajada en Caracas como parte de un simulacro de evacuación ante contingencias y que fue autorizado por el régimen de Delcy Rodríguez.

EFE

“Váyanse al carajo yankees de mierda! El pueblo venezolano jamás se dejará aplastar por imperio alguno. Hagan lo que hagan, la patria vencerá”, dijo la exministra del Servicio Penitenciario en un mensaje en X.

Así mismo, Varela indicó que “en la guerra asimétrica la respuesta a la confrontación no es como la planifica el enemigo”, y recordó la estrofa del himno nacional que dice: “compatriotas fieles, la fuerza es la unión”.

Estados Unidos realizó este sábado un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban al jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y un contingente militar a bordo.

El simulacro, que también sirvió para que autoridades del régimen chavista se encontraran con Donovan, se realizó entre las 10:00 y las 14:00 horas locales (14:00 y 18:00 GMT).

Mientras el ejercicio ocurría, decenas de chavistas se concentraron en una plaza del centro de Caracas para protestar contra lo que consideraron como una “injerencia” de Estados Unidos.

Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett.

En un esfuerzo coordinado por fortalecer el frente democrático venezolano en el ámbito internacional, el Secretario General Nacional del partido político Centrados en la Gente, José Luis Farías, asistió este viernes 22 de mayo a un trascendental encuentro en la Ciudad de Panamá, tras responder a una invitación formal extendida por la Líder Nacional de Venezuela, María Corina Machado.

NDP

La reunión presencial ratifica la postura inequívoca de Centrados en la Gente como una fuerza comprometida con la restitución institucional del país y la articulación de acciones conjuntas con los liderazgos legítimos de la oposición.

Puntos de consenso y agenda común

Durante el intercambio, José Luis Farías y María Corina Machado evaluaron la compleja realidad venezolana y fijaron posiciones firmes sobre los ejes transversales que guiarán la lucha política de la organización:

Libertad inmediata de los presos políticos: Ambos líderes coincidieron en que no puede existir una democracia real ni un proceso de pacificación sin la liberación plena de todos los ciudadanos civiles y militares privados de libertad por motivos políticos.

Rescate de la soberanía y la dignidad nacional: Se enfatizó la urgencia de devolverle el poder de decisión al ciudadano común, restituyendo el valor de las instituciones y la dignidad de las familias venezolanas tanto dentro como fuera de las fronteras.

Garantía Democrática: La consolidación de una ruta pacífica y constitucional que permita canalizar el deseo inquebrantable de cambio que manifiesta el pueblo venezolano.

Al término del encuentro, el Secretario General Nacional, José Luis Farías, destacó que este tipo de alianzas estratégicas apuntan a edificar una base sólida para el futuro inmediato de la nación.

“Desde Centrados en la Gente asumimos con absoluta responsabilidad el llamado de la historia. Nuestro norte es claro: sumar esfuerzos en torno a una estrategia común que ponga los derechos y el bienestar del pueblo en el centro de la agenda de cambio político”, afirmó Farías.

Con este encuentro de alto nivel en Panamá, el partido reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes, dentro y fuera del territorio nacional, para alcanzar la libertad y la reinstitucionalización de Venezuela.

Nuevas imágenes difundidas este sábado 23 de mayo mostraron el momento en que efectivos del Comando Sur de Estados Unidos desembarcaron en la Embajada estadounidense en Caracas durante el operativo militar autorizado por el régimen de Delcy Rodríguez.

La Patilla

En los registros audiovisuales se observa una de las aeronaves MV-22B Osprey dentro de la sede diplomática y el despliegue de al menos 20 efectivos militares estadounidenses que acompañaban al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, y al encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett.

El operativo formó parte del denominado “ejercicio de respuesta militar” confirmado por la propia Embajada de Estados Unidos y supervisado personalmente por Donovan, quien realizó su segunda visita oficial a Caracas en medio del creciente acercamiento entre Washington y las nuevas autoridades del régimen chavista.

Las aeronaves utilizadas atravesaron el espacio aéreo venezolano desde el buque USS Iwo Jima, ubicado frente a las costas de La Guaira, mientras helicópteros y otros equipos militares realizaron maniobras durante varias horas sobre Caracas.

El ejercicio ocurre apenas meses después de la operación militar del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y profundiza las versiones sobre una nueva etapa de cooperación política, militar y diplomática entre Estados Unidos y el nuevo poder instalado en Miraflores.

Estados Unidos (EE UU) realizó este sábado un simulacro de evacuación en las instalaciones de su embajada en Caracas. La actividad logística incluyó el sobrevuelo coordinado de helicópteros con personal militar a bordo, así como el ingreso de unidades de bomberos y ambulancias al recinto diplomático.

El Nacional

El despliegue de las aeronaves Marines Ospreys V-22 captó la atención de los venezolanos, quienes utilizaron las redes sociales para comentar sobre el alcance real del acontecimiento.

Una parte de los usuarios enfatizó la normalidad con la que transcurrió la jornada en los sectores comerciales y residenciales de la ciudad, desmarcando el operativo de la dinámica diaria.

«Bueno ya hoy 23 de mayo, el día del fulano simulacro, y mientras en la calle lo que hay es un calor normal y la gente resolviendo su día», comentó uno de los internautas.

Por otro lado, la presencia de equipamiento militar de última generación generó asombro y comparaciones técnicas respecto a las dinámicas operativas tradicionales del país.

Algunos ciudadanos destacaron el impacto visual del componente aéreo al señalar que es la «primera vez que se ven estas máquinas», mientras que otros cuestionaron la efectividad de las maniobras, con comentarios como: «Para una extracción, esos aviones están lentos» y «¿Y los milicianos y los colectivos que van a defender la patria donde están?», se cuestionaron.

Asimismo, surgieron comparaciones directas con la gestión interna al afirmar que el evento no tenía «nada que ver con los simulacros de Maduro y sus milicianos».

Interpretaciones geopolíticas del despliegue

La demostración de fuerza y la naturaleza del acuerdo bilateral para permitir el ingreso de militares estadounidenses también suscitaron suspicacias políticas. Otros usuarios le atribuyeron intenciones estratégicas al ejercicio de evacuación, interpretándolo como una proyección de poder de Washington.

«Demostrando que EE UU puede hacer lo que le dé la gana». Bajo esa misma línea, otro perfil aseveró que «esto es más que un ejercicio, es una advertencia…».

Finalmente, la desconfianza institucional y el hermetismo sobre las agendas diplomáticas llevaron a una parte de los observadores a dudar de los argumentos netamente médicos expuestos en los comunicados de las embajadas.

Las expresiones en las plataformas digitales reflejaron la búsqueda de segundas lecturas ante el evento con frases como «¿cuál será la realidad de ese supuesto simulacro?» u «ojalá que ese simulacro tenga un significado oculto».

En paralelo, el análisis del entorno regional llevó a un internauta a concluir: «Viendo estás imágenes, me doy cuenta de que Suramérica es una zona de confort militar, pero corrupta políticamente llena de grupos narcos y guerrilleros».

Desarrollo del ejercicio y la postura institucional

El gobierno de Venezuela, bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó previamente que otorgó los permisos correspondientes a la administración de EE UU para ejecutar este procedimiento, al que catalogó como parte de «los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática».

Los despachos oficiales precisaron que las aeronaves contaron con el aval del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) y de otros órganos institucionales nacionales encargados de fiscalizar el espacio aéreo y coordinar la seguridad vial en las inmediaciones de la sede diplomática, en Caracas.

La investigación contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaba tiempo como un secreto a voces, se ha convertido en una realidad esta semana. La noticia saltó el martes por la mañana, pero fue por la tarde, con la publicación del auto del juez Calama, cuando se disiparon la mayoría de dudas sobre qué indicios existían para imputar al expresidente, por presuntamente liderar “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias”. Ahora, toca esperar a conocer más detalles, y al desarrollo del proceso judicial, para saber si realmente estuvo implicado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, con 53 millones de euros de dinero público, y si recibió alguna mordida camuflada, o si todos los ingresos se corresponden con su actividad habitual y legal.

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El caso Plus Ultra no se limita a España. La investigación al expresidente comenzó cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió un aviso de las autoridades de Suiza y Francia. En Europa, ya analizaban a fondo a la aerolínea por un supuesto uso de ese rescate para blanquear dinero obtenido de forma ilegal en Venezuela. En medio de sus indagaciones apareció el nombre de Zapatero. Además, el juez Calama explica que también recibió información relevante de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La relación cercana entre el antiguo líder del PSOE y el régimen de Venezuela es conocida desde hace muchos años. Como presidente del Gobierno en España, entre 2004 y 2011, se convirtió en uno de los líderes más cercanos a Hugo Chávez. Desde entonces, ha mantenido vínculos con Nicolás Maduro o Delcy Rodríguez. En los últimos meses, había destacado por su papel como mediador para lograr la puesta en libertad de cientos de presos políticos de esta dictadura. Ahora, con el caso que ha estallado esta semana, sus relaciones con Venezuela le pueden convertir en el primer presidente de España condenado por la justicia.

De los buques militares a polémicas adjudicaciones

En 2005, durante el inicio del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, España y Venezuela estrecharon sus relaciones. En el primer viaje que realizó el español al país caribeño, Hugo Chávez buscaba modernizar sus Fuerzas Armadas y firmó con España la compra de ocho buques a Navantia por más de 1.000 millones de euros. Los barcos se entregaron en los seis años siguientes y hoy forman parte de la flota venezolana.

No obstante, esta adquisición, muy sonada en su momento por las críticas que recibió España por entablar una relación con el régimen venezolano, también desembocó en un caso judicial por supuestas comisiones, pero acabó archivado. Recientemente, en los últimos meses de Maduro al frente del país, estos buques fueron actualizados y movilizados en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

Durante su presidencia, Zapatero también promovió la entrada de empresas españolas en Venezuela, incluso en un sector tan estratégico como el petrolero. En 2005, Repsol, ya presente en el país, firmó con PDVSA un acuerdo para duplicar reservas y aumentar producción, en un viaje de los directivos junto a Zapatero. Después, en 2009, la compañía descubrió el campo de gas La Perla, que se convirtió en el más grande de la historia de la empresa.

Más allá del petróleo, se impulsaron grandes contratos de infraestructuras. Uno de ellos ha llevado a que la Fiscalía Anticorrupción pida una multa de 160 millones de euros para la empresa asturiana Duro Felguera. También exige penas de prisión para dos expresidentes y varios exfuncionarios venezolanos por presuntos sobornos en la adjudicación de la central termoeléctrica Termocentro en Venezuela en 2009. Informes de inteligencia de Venezuela y antiguas figuras del régimen han señalado a Zapatero por facilitar esa adjudicación, pero no han presentado evidencias de estas acusaciones.El empresario Julio Martínez Martínez se ha acogido a su derecho a no declarar en la ‘comisión Koldo’ del Senado por estar siendo investigado. (Senado)

Últimos meses como mediador y el caso Plus Ultra

Más recientemente, Zapatero ha participado como mediador en la crisis venezolana, pues mantiene una relación fluida con figuras clave de la dictadura de Maduro. El expresidente afirmó haber facilitado la liberación de presos políticos, para lo que habría dialogado frecuentemente con Delcy Rodríguez.

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Ahora, la situación ha cambiado por completo con su imputación. La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear de sus cuentas el dinero que supuestamente llegó desde Análisis Relevante, la empresa que hacía los informes para la aerolínea. El juez Calama afirma que se trata de un total de 490.000 euros. Zapatero aseguró que eran pagos por un servicio legal, pero Sergio Sánchez, autor de los informes, sostiene que el expresidente no colaboró en su creación.

En un vídeo publicado esta semana, el expresidente quiso “reafirmar con toda contundencia” que no tuvo papel alguno en el rescate de la aerolínea, y defendió que ha desempeñado su labor profesional privada bajo la legalidad y declarando todos sus ingresos, mostrando su “disposición a colaborar con la Justicia”. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez defiende a Zapatero, pero sigue el caso con inquietud. Según fuentes cercanas a la situación, próximamente se publicará un segundo auto que podría contener información sensible, tras el volcado íntegro de los discos duros de Zapatero.