El presidente Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.
Por: Helene Cooper – Maggie Haberman – Charlie Savage y Eric Schmitt / The New York Times
La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición del Sr. Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.
Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a los grupos, dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las sensibles deliberaciones internas.
Pero ordenar a los militares que tomen medidas enérgicas contra el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, entre ellas si se consideraría «asesinato» si las fuerzas estadounidenses, actuando fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso sospechosos de delitos, que no representan una amenaza inminente.
No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva o si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.
Este año, Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para cortar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha incrementado los esfuerzos de vigilancia y de interdicción de drogas.
Cuando regresó al cargo en enero, Trump firmó una orden que ordenaba al Departamento de Estado comenzar a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras .
El Sr. Trump ha atacado especialmente a organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varias otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían «una amenaza para la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional».
Hace dos semanas, la administración Trump agregó al Cártel de los Soles venezolano a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está encabezado por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y otros funcionarios de alto rango de su administración.
El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto del Sr. Maduro, acusado de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como cabecilla de un cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que «no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes».
Cuando se le preguntó sobre la autorización del Sr. Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”.
El Departamento de Defensa se negó a hacer comentarios sobre la nueva directiva.
Los ataques militares unilaterales contra los cárteles constituirían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel protagónico en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas. Una campaña sostenida también probablemente plantearía nuevos problemas relacionados con el intento de Trump de usar las fuerzas armadas de forma más agresiva para respaldar diversas políticas, a menudo a pesar de restricciones legales y constitucionales.
La participación militar estadounidense en operaciones antidrogas en Latinoamérica ha sobrepasado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, dichas operaciones se presentaron como apoyo a las autoridades policiales.
En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 tropas a Panamá para arrestar a su líder fuerte, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
Antes de la operación , William P. Barr, quien entonces dirigía la Oficina de Asesoría Jurídica y fue fiscal general durante el primer mandato del Sr. Trump, redactó un polémico memorando en el que afirmaba que Bush tenía la autoridad de ordenar arrestos de fugitivos en el extranjero por parte de las fuerzas del orden sin el consentimiento de otros Estados. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción de Panamá como una «flagrante violación del derecho internacional».
En la década de 1990, el ejército estadounidense colaboró con las fuerzas de seguridad antidrogas de Colombia y Perú compartiendo información sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas, como datos de radar e intercepciones de comunicaciones. Sin embargo, después de que esos gobiernos comenzaran a derribar dichos aviones, la administración Clinton suspendió la asistencia durante meses en 1994 .
La Oficina de Asesoría Jurídica emitió un dictamen que establecía que los oficiales militares que proporcionaron dicha información, a sabiendas de que se utilizaría para derribar sumariamente dichas aeronaves, podrían estar exponiéndose a un posterior procesamiento judicial . El Congreso finalmente modificó la legislación estadounidense para permitir dicha asistencia.
La Armada ha participado desde hace tiempo en la interceptación de buques en aguas internacionales sospechosos de contrabandear drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, los buques de guerra suelen hacerlo como parte de una operación policial, bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. Según una ley de 1878, la Ley Posse Comitatus , generalmente es ilegal utilizar a las fuerzas militares para realizar funciones policiales.
El ejército estadounidense también ha realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, incluyendo tropas colombianas y mexicanas. Asimismo, proporcionó equipo y aeronaves a antiguos escuadrones de la DEA que asesoraron y desplegaron, e incluso participaron en combates con, agentes antidrogas locales en países como Honduras. El programa finalizó en 2017.
Pero la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o maten directamente a personas involucradas en el tráfico de drogas.
Etiquetar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad”, declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista con el medio católico EWTN . “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”.
Los especialistas legales dijeron que bajo la ley estadounidense, imponer sanciones contra un grupo declarándolo entidad “terrorista” puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros hagan negocios o viajen, pero no proporciona autoridad legal para operaciones de estilo bélico dirigidas contra él con la fuerza armada.
Durante su primer mandato, Trump quedó cautivado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, describió más tarde como ridícula en sus memorias y que provocó la indignación de los funcionarios mexicanos.
Sin embargo, la idea de usar la fuerza militar se arraigó entre los republicanos y se convirtió en un tema de conversación en el ciclo electoral de 2024. Trump prometió durante la campaña electoral desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, como él mismo dijo, declarar la guerra a los cárteles.
El contralmirante retirado James E. McPherson , quien se desempeñó como el principal abogado uniformado de la marina a principios de la década de 2000, dijo que sería «una importante violación del derecho internacional» usar la fuerza militar en el territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno a menos que se cumplieran ciertas excepciones, pero que tales límites no se aplican a los buques sin bandera en aguas internacionales.
También existen restricciones legales internas. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el poder ejecutivo califica de terroristas.
Eso significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en una afirmación sobre la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, quizás contra las sobredosis de fentanilo. El almirante McPherson señaló que la administración ha impulsado agresivamente una interpretación amplia del poder unilateral de Trump.
No está claro qué reglas de combate regirían la acción militar contra los cárteles. Sin embargo, cualquier operación que pretendiera asesinar personas basándose en su presunta pertenencia a un cártel autorizado, y fuera del contexto de un conflicto armado, plantearía problemas legales relacionados con las leyes contra el asesinato y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos, afirmó Brian Finucane , exabogado del Departamento de Estado y especialista en el derecho de la guerra.
“Bajo la práctica tradicional del poder ejecutivo, sería difícil imaginar que un narcotraficante cualquiera pudiera alcanzar el umbral de la excepción de legítima defensa a la prohibición del asesinato”, dijo.
Como alternativa, los militares podrían llevar a cabo operaciones de captura, reservando la fuerza letal para la autodefensa si las tropas encontraran resistencia.
Pero las capturas podrían plantear otros problemas legales complejos, añadió el Sr. Finucane, como el alcance de la facultad militar para retener a prisioneros como detenidos de guerra sin autorización del Congreso. O, en su lugar, el ejército podría transferir a cualquier prisionero al Departamento de Justicia para su procesamiento en un tribunal civil.
En febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, despidió a los principales abogados de las fuerzas armadas , o jueces generales. Se supone que estos abogados uniformados de tres estrellas brindan asesoramiento independiente y apolítico sobre el derecho internacional de la guerra y las limitaciones legales nacionales que afectan a las fuerzas armadas.
La administración también ha dejado en gran medida de lado a la Oficina de Asesoría Jurídica , el brazo del Departamento de Justicia que tradicionalmente sirve como un poderoso guardián del gobierno estadounidense, incluso al decidir si las políticas propuestas son legalmente permisibles.
A finales del mes pasado, el Senado confirmó a Earl Matthews como asesor general del Pentágono y a T. Elliot Gaiser como director de la Oficina de Asesoría Jurídica. Interpretar lo que sería legalmente permisible en cuanto al uso de la fuerza militar contra los cárteles podría ser una prueba temprana para ambos nuevos nombramientos.
La presión para etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas se ha extendido a varios que tienen su base en México, así como a una coalición de bandas haitianas que han ayudado a hundir a su país en el caos.
En abril, el Sr. Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permitiera al ejército estadounidense luchar contra los cárteles de la droga en territorio de su país, pero ella rechazó la idea.
Al anunciar hace dos semanas que impondría sanciones al grupo venezolano Cártel de los Soles, el Departamento del Tesoro acusó al cártel de brindar apoyo material al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa en México, los cuales, según dijo, a su vez estaban “amenazando la paz y la seguridad de los Estados Unidos”.
Dos días después, el Sr. Rubio emitió un comunicado acusando al Sr. Maduro de robar elecciones y diciendo que él no era el presidente de Venezuela y que su “régimen no es el gobierno legítimo”.
“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles, designada como tal, y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró el Sr. Rubio. “Maduro, actualmente acusado por nuestra nación, ha corrompido las instituciones venezolanas para facilitar el esquema criminal de narcotráfico del cártel hacia Estados Unidos”.
La cuestión de cómo combatir los cárteles que trafican drogas, personas y otros bienes ilícitos ha animado gran parte de la política interna y exterior de Trump en su segundo mandato.
Desde el principio, Estados Unidos intensificó los vuelos secretos con drones sobre México para buscar laboratorios de fentanilo, según funcionarios estadounidenses.
El programa encubierto comenzó bajo la administración Biden, pero se intensificó bajo el gobierno de Trump, cuando él y su director de la CIA, John Ratcliffe, prometieron acciones más agresivas contra los cárteles mexicanos.
La CIA no ha recibido autorización para usar drones con fines letales, y las autoridades no prevén emplear esa opción. Por ahora, los agentes de la CIA en México transmiten la información recopilada por los drones a las autoridades mexicanas.
Además de los esfuerzos de la CIA, el Comando Norte del ejército estadounidense también ha ampliado su vigilancia fronteriza. Sin embargo, a diferencia de la agencia de espionaje, el ejército estadounidense no está invadiendo el espacio aéreo mexicano. El Comando Norte ha realizado unos 330 vuelos de vigilancia sobre la frontera entre Estados Unidos y México utilizando diversas aeronaves de vigilancia, como U-2, RC-135 Rivet Joints, P-8 y drones, según oficiales militares.
