Diputados y senadores opositores al régimen de Lula da Silva denunciaron una “escalada de autoritarismo” y el fin del Estado de Derecho en Brasil tras la decisión del juez-dictador del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de dictar arresto domiciliario contra el expresidente y perseguido político Jair Bolsonaro. En respuesta, impulsan un pedido de juicio político contra Moraes en el Senado.

La Derecha Diario

“Ante el agravamiento de esta escalada autoritaria, el Senado Federal tiene la obligación institucional y moral de actuar. Es urgente abrir de inmediato un proceso de destitución”, manifestaron los referentes opositores mediante un comunicado oficial. Además, en una reunión pública realizada fuera del Congreso, denunciaron que «hoy se decreta que nuestro país ya no es una democracia».

Además de la prisión domiciliaria, Moraes dispuso que Bolsonaro no pueda utilizar celulares, ya sea de forma directa o a través de terceros. También se le prohibió recibir visitas.

Las denuncias de la oposición

Según el juez amigo del dictador Lula, el expresidente incumplió en reiteradas ocasiones las «medidas impuestas previamente».“Bolsonaro no fue detenido por corrupción, ni por desvío de dinero público, ni por fraude o estafa a jubilados. Es inadmisible”, sostuvieron sus aliados en el Congreso.

En declaraciones a CNN, Flávio Bolsonaro aseguró que Brasil está “oficialmente bajo una dictadura” tras el fallo de Moraes, y acusó al magistrado de tener sed de venganza contra su padre.

En la misma línea, la líder de la minoría en la Cámara de Diputados, Caroline De Toni, sostuvo en un comunicado que “el intento de represalia y venganza es claro, incompatible con el Estado Democrático de Derecho”.

Por su parte, el senador Hamilton Mourão expresó en sus redes sociales que la prisión domiciliaria impuesta al expresidente “es el resultado de la incertidumbre jurídica sembrada por quienes deberían garantizar una justicia imparcial”.

“Los excesos, las injusticias y el autoritarismo judicial sólo instigan aún más el odio y la división social, contribuyendo a la inestabilidad del país”, agregó Mourão, quien fue vicepresidente durante la gestión de Bolsonaro.

La oposición busca mantener un encuentro con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para exigir acciones concretas contra Moraes, en coincidencia con la reanudación de la actividad legislativa este martes 5.

Cabe recordar que el Senado brasileño tiene la facultad de juzgar a los jueces del Supremo Tribunal Federal por faltas graves. Alexandre de Moraes ya acumula cerca de 30 pedidos de juicio político, aunque es el presidente del Senado quien debe decidir si los tramita.

La acusación del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre que la India revende el petróleo ruso “con grandes ganancias”, ha puesto el foco sobre un sistema, conocido como la “laguna de la refinería”, que permite que el crudo del Kremlin siga llegando a Europa a través de una puerta trasera india.

EFE

Trump afirmó que la India no solo compra masivas cantidades de crudo ruso, sino que lo revende, poniendo sobre la mesa una verdad a medias.

El sistema se sustenta en una compleja arquitectura comercial con varias claves:

La “laguna de la refinería”: ¿cómo funciona?

La India no revende el crudo directamente, sino que lo procesa y exporta como productos refinados (diésel, gasolina, combustible de aviación), un negocio que se ha disparado desde 2022 y que ha generado enormes beneficios para sus refinerías.

El mecanismo es legal y se basa en las “normas de origen” del comercio internacional.

Las sanciones impuestas por la UE y el G7 tras la invasión de Ucrania se aplican al petróleo crudo de origen ruso, pero no a los productos petrolíferos que han sido procesados en un tercer país.

Una vez que el crudo es transformado en diésel en una refinería india, el producto resultante se considera legalmente “Hecho en la India” y, por tanto, puede ser vendido y exportado a Europa o a otros países sin violar formalmente las sanciones.

¿Cuál es la magnitud de este comercio?

Desde 2022, la India ha pasado de importar menos del 2% de su petróleo desde Rusia a más de un tercio, convirtiéndose en su principal cliente marítimo.

Paralelamente, las exportaciones indias de productos refinados a Europa se han disparado, convirtiendo a la India en uno de los principales proveedores de diésel del continente, superando a socios tradicionales como Arabia Saudí.

Los datos: un comercio que se ha disparado

Las cifras concretas, analizadas por agencias de seguimiento de materias primas como Kpler, indican que antes de la guerra de Ucrania las exportaciones de productos refinados como el diésel desde la India a Europa eran residuales.

Sin embargo, para mediados de 2024, la India ya se había convertido en el principal proveedor de diésel de Europa, llegando a exportar picos de más de 230.000 barriles diarios.

La postura de la India: pragmatismo legalista

La India defiende esta práctica con un argumento legalista que establece que las normas de la UE prohíben la entrada de crudo ruso, pero no de productos refinados de terceros países.

“El crudo ruso es transformado sustancialmente en un tercer país y ya no es técnicamente ruso”, afirmó Jaishankar, resumiendo la lógica que sustenta esta arquitectura comercial.

El dilema de Occidente: pragmatismo o hipocresía

Aunque públicamente critican a la India, los gobiernos occidentales son conscientes de esta laguna, aparentemente la toleran de forma tácita.

Las enormes refinerías indias, como la de Jamnagar, compran crudo ruso con grandes descuentos y venden productos refinados a precio de mercado, obteniendo márgenes de beneficio históricos.

En la práctica, la India se ha convertido en un centro neurálgico del refino y la redistribución de energía a nivel mundial, aumentando su peso e influencia en el tablero geopolítico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que estaba considerando aumentar “sustancialmente” los aranceles sobre las importaciones indias en las próximas 24 horas debido a las compras de petróleo ruso por parte de ese país.

Infobae

“India no ha sido un buen socio comercial, porque hacen muchos negocios con nosotros, pero nosotros no hacemos negocios con ellos. Así que acordamos un 25%, pero creo que voy a aumentarlo considerablemente en las próximas 24 horas, porque están comprando petróleo ruso”, declaró Trump a CNBC en una entrevista televisada.

La amenaza arancelaria forma parte de una estrategia más amplia del presidente estadounidense para presionar tanto a China como a India para que dejen de comprar petróleo a Rusia y cesen de ayudar a financiar la guerra del Kremlin contra Ucrania.

Estrategia de presión hacia Putin

Trump plantea esta cuestión mientras busca presionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que acepte un alto el fuego en el conflicto ucraniano. Sin embargo, el petróleo ruso barato beneficia significativamente a las refinerías en esos países, además de satisfacer sus necesidades energéticas, por lo que no muestran ninguna intención de desistir de estas compras.

La advertencia del mandatario estadounidense llega en un momento en que las importaciones de energía rusa continúan siendo una fuente crucial de ingresos para Moscú, pese a las múltiples ronda de sanciones internacionales implementadas desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Los grandes compradores de crudo ruso

India, China y Turquía, se han convertido en los principales destinatarios del petróleo que anteriormente se dirigía a la Unión Europea. La decisión de Bruselas de boicotear la mayor parte del crudo ruso transportado por mar a partir de enero de 2023 provocó un cambio masivo en los flujos de crudo de Europa hacia Asia.

Desde el boicot del bloque europeo, China ha sido el principal comprador de energía rusa, con aproximadamente 219.500 millones de dólares en petróleo, gas y carbón, seguida por India, con 133.400 millones de dólares, y Turquía, con 90.300 millones de dólares.

Resulta especialmente significativo el caso de India, que antes de la invasión rusa de Ucrania importaba relativamente poco petróleo ruso. El dramático incremento en sus compras energéticas a Moscú representa un cambio fundamental en sus patrones de importación.

Hungría también importa algo de petróleo ruso a través de un oleoducto. Aunque es miembro de la Unión Europea, el presidente húngaro, Viktor Orban, ha sido crítico con las sanciones contra Moscú.

El atractivo del petróleo barato

Uno de los grandes motivos para estas compras masivas es el precio: el crudo ruso es considerablemente más barato. Dado que el petróleo ruso se comercializa a un precio más bajo que el Brent, el referente internacional, las refinerías pueden aumentar sus márgenes de beneficio cuando convierten el crudo en productos utilizables como el diésel.

Esta ventaja económica ha resultado ser un incentivo poderoso para que países como India y China mantengan sus importaciones de energía rusa, desafiando efectivamente la presión occidental para aislar económicamente a Moscú.

Rusia mantiene ingresos pese a las sanciones

A pesar de las múltiples sanciones internacionales, Rusia continúa obteniendo ingresos considerables de sus exportaciones energéticas. La Escuela de Economía de Kiev estima que Rusia recaudó 12.600 millones de dólares por la venta de petróleo solamente en junio.

Rusia sigue ganando sumas considerables aunque el Grupo de los Siete países industrializados del mundo ha intentado limitar sus beneficios imponiendo un tope al precio del petróleo. Ese máximo debe ser aplicado exigiendo a las compañías de transporte y seguros que se nieguen a gestionar envíos de crudo que superen esa cifra.

Sin embargo, Rusia ha logrado en gran medida evadir esta limitación moviendo petróleo a través de una “flota fantasma” de viejos buques y utilizando aseguradoras y empresas ubicadas en países que no aplican las sanciones occidentales.

Proyecciones de ingresos rusos

Se prevé que los exportadores de petróleo rusos recaudarán 153.000 millones de dólares este año, según el instituto de Kiev. Los combustibles fósiles constituyen la mayor fuente de ingresos presupuestarios del Kremlin.

Las importaciones de energía rusa no solo generan ingresos directos para Moscú, sino que también respaldan la moneda del país, el rublo, y ayudan al gobierno ruso a comprar bienes de otros países, incluidas armas y piezas para el equipo militar utilizado en el conflicto ucraniano.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este lunes incomunicación y restricciones en el ingreso de alimentos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde permanece recluido un grupo de presos políticos.

Infobae

En su cuenta de X, la organización señaló que familiares de los detenidos informaron que “solo podrán llevar comida los días viernes, suspendiendo la posibilidad de hacerlo diariamente como ocurría”.

La organización detalló que la medida afecta a “todos los presos políticos recluidos en El Helicoide, hombres y mujeres”.

“A varias familias este fin de semana, después de llegar a El Helicoide, no les aceptaron la comida que con esfuerzo llevaron a sus seres queridos”, manifestó la organización no gubernamental.

El CLIPP realizó un “llamado urgente” a la comunidad internacional, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a instancias nacionales competentes para que “intervengan de inmediato”.

La organización alertó que “esta situación constituye una violación al derecho a la alimentación, a la integridad personal y al debido proceso, y refleja el afianzamiento de un patrón de tratos crueles e inhumanos”.

Además, exigió el cese de “estas medidas arbitrarias, el restablecimiento de las visitas y las comunicaciones, y el respeto a la dignidad de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”, recordando que hay presos que llevan “hasta un año sin recibir visitas, sin poder comunicarse por llamadas telefónicas”.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 853 presos políticos, distribuidos en 759 hombres y 94 mujeres.

Por su parte, la familia del activista opositor venezolano José Riera denunció que lleva más de una semana sin conocer su paradero, después de que fuera detenido el 26 de julio por cuerpos de seguridad estatales, según declaraciones difundidas por el partido opositor Voluntad Popular (VP).

En un video publicado en X, las hermanas de Riera calificaron el caso como una “desaparición forzosa” y relataron que no han tenido “ninguna llamada, ningún contacto, ningún mensaje” desde la detención. Añadieron que al activista “no se le permite comunicarse con sus familiares, no se le permite comunicarse con sus abogados”, afirmando que esto constituye “una violación a sus derechos humanos”.

La familia informó que Riera padece hipertensión arterial y es alérgico, condición médica que consideran agravada por la falta de información sobre si ha recibido atención sanitaria tras su detención.

“Desconocemos si hasta este momento él ha recibido algún tipo de asistencia médica, lo cual podría desencadenar, de no ser así, algún episodio más grave de salud”, señaló una de las hermanas en el mensaje compartido por Voluntad Popular. El padre del activista solicitó “por favor” una fe de vida de su hijo.

Desde su cuenta en X, Voluntad Popular denunció que Riera “fue detenido arbitrariamente el 26 de julio y desde entonces es víctima de una desaparición forzada” y exigieron su liberación inmediata. Agregaron que “no hay fe de vida, no hay contacto, no hay respuestas. José necesita sus medicamentos, es alérgico y estaba bajo observación médica por su presión arterial. ¡Su vida corre peligro!”.

El nivel del río Orinoco registró una leve disminución de dos centímetros en la cota del afluente este lunes 4 de agosto, informó el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez.

El Nacional

En un mensaje publicado en Instagram, Rodríguez detalló que el Orinoco se ubicó este lunes en 53,42 metros sobre el nivel del mar (msnm), luego de alcanzar los 53,50 msnm el domingo.

“Es una buena noticia para nuestras comunidades. Sabemos que muchas personas debieron dejar sus hogares por las inundaciones, y hoy sienten esperanza al ver que el río baja”, expresó el mandatario regional en Instagram.

Y agregó: «Dios es grande, y de ésta también vamos a salir en los próximos días».

El estado de alerta se mantiene en varias localidades de la región, como Caicara y El Jobal, donde funcionarios de Protección Civil continúan monitoreando el comportamiento del río Orinoco y prestando asistencia a los afectados por el desbordamiento.

Sin embargo, el temor de los residentes crece a medida que el agua se acerca a sus hogares y los recuerdos de pérdidas materiales se hacen presentes.

Protección Civil detalló que se han intensificado las labores de patrullaje, monitoreo y atención en las zonas más vulnerables. “Nuestros funcionarios están desplegados para brindar atención inmediata a quienes pudieran resultar afectados por esta situación climática”, precisó el organismo.

Más de 38.000 familias afectadas por las lluvias

El pasado mes de julio, más de 38.000 familias han resultado afectadas por las intensas lluvias en varios estados de Venezuela, según informaron las autoridades locales y nacionales.

En la región de Amazonas, cerca de 1.000 personas han sido trasladadas a refugios temporales. 

Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre los estados impactados por las lluvias, que comenzaron a finales de junio y también mantienen en alerta a Delta Amacuro, Monagas, Táchira, Trujillo y otras regiones occidentales del país.

El verano de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia política de Estados Unidos. Mientras el sistema judicial era instrumentalizado para atacar a Donald Trump, en la sombra operaba una maquinaria coordinada desde la Casa Blanca de Joe Biden para neutralizar al líder republicano. Esa es la principal tesis del libro Breaking the Law: Exponiendo la instrumentalización del sistema legal estadounidense contra Donald Trump, que documenta con nombres, fechas y casos concretos cómo el Partido Demócrata utilizó el poder judicial como arma política.

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El objetivo era claro: si no podían frenar a Trump en las urnas, lo harían en los tribunales. Joe Biden llegó a decirlo abiertamente en octubre de 2024: “Tenemos que encerrarlo”. Mientras tanto, en su entorno, se daba por hecho que Trump estaría en prisión antes del día de las elecciones.

La Casa Blanca, altos funcionarios demócratas, fiscales financiados por George Soros, megadonantes como Reid Hoffman y operadores judiciales vinculados a la campaña de Biden trabajaron en paralelo para impedir que el expresidente volviera a la Casa Blanca. Se trató de una ofensiva sin precedentes: seis casos legales, cuatro penales y dos civiles, diseñados para destruir política y económicamente al líder republicano.

Una red perfectamente engranada

En el caso del juicio por los pagos a Stormy Daniels, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, impulsado por fondos de George Soros, logró una condena por falsificación de registros comerciales. El proceso estuvo plagado de irregularidades: el juez Juan Merchan era donante de Biden, y su hija, Loren Merchan, dirige una consultora que recaudó millones para los demócratas en el ciclo electoral. El fiscal principal del caso, Matthew Colangelo, había sido número tres del Departamento de Justicia de Biden, antes de descender súbitamente para sumarse al equipo de Bragg.

El caso RICO en Georgia, dirigido por la fiscal demócrata Fani Willis, también estuvo manchado por la intervención política. Su pareja, el fiscal Nathan Wade, mantuvo reuniones de ocho horas en la Casa Blanca antes de presentar cargos contra Trump. La propia Willis se reunió durante cinco horas con la vicepresidenta Kamala Harris. Y Jeff DeSantis, exasesor de Biden, actuaba como enlace directo entre la oficina de Willis y la Casa Blanca.

La designación del fiscal especial Jack Smith también estuvo cargada de irregularidades. Nombrado por el fiscal general Merrick Garland, Smith fue elegido en plena ola de maniobras judiciales contra Trump. Conocido por sus condenas revocadas y un historial de alineamiento con los demócratas, su nombramiento fue finalmente declarado inconstitucional, pero no antes de pasar 18 meses filtrando documentos e interfiriendo en plena campaña electoral.

El caso Carroll y la bancarrota política

El caso civil impulsado por E. Jean Carroll fue financiado por Reid Hoffman, megadonante de Biden, y promovido por George Conway, férreo opositor a Trump. Según detalla el libro, Hoffman visitó cinco veces la Casa Blanca de Biden en 2022, mientras apoyaba económicamente la demanda de Carroll, una acción legal que, lejos de tener base sólida, sirvió para manchar la imagen de Trump antes de las elecciones.

En paralelo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también demócrata, logró que Trump fuera condenado a pagar casi 500 millones de dólares por un caso sin víctimas, basado en la supuesta sobrevaloración de sus activos. El juez del caso, Arthur Engoron, tenía como secretaria principal a Allison Greenfield, donante demócrata cuya foto con Chuck Schumer desató un nuevo escándalo. Greenfield fue señalada por el propio Trump como la “autora intelectual” del proceso. James, por su parte, visitó en varias ocasiones la Casa Blanca durante la investigación.

Una conspiración a cielo abierto

Cada caso expuesto en Breaking the Law revela una misma constante: la Casa Blanca de Joe Biden estuvo directa o indirectamente implicada en todos ellos. Si Biden hubiera querido, podría haber frenado esta maquinaria. Pero no lo hizo. Sabía que su mejor opción para mantenerse en el poder era asegurar que Trump estuviera en el banquillo, no en la campaña.

La guerra legal contra Trump no fue solo una serie de procesos judiciales: fue un intento coordinado de destruir políticamente al principal rival de la izquierda norteamericana. Hasta la fecha, nadie ha rendido cuentas. Pero si no se investiga y se actúa, esta estrategia puede repetirse en futuras elecciones.

El congresista republicano Tim Burchett ha solicitado formalmente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que cite a George Soros y a Leonard Benardo, alto directivo de Open Society Foundations (OSF), para que comparezcan en una audiencia pública.

La Gaceta de la Iberosfera

Según Burchett, ambos deben responder por su posible participación en el montaje del llamado Russiagate, una operación de intoxicación política que buscó vincular falsamente a Trump con el Kremlin durante las elecciones presidenciales de 2016. En caso de que se nieguen a acudir de forma voluntaria, el congresista exige que se recurra al poder de citación: «No podemos permitir que actores maliciosos interfieran en nuestra democracia».

La petición llega tras la desclasificación de nuevos documentos por parte de Tulsi Gabbard, actual directora de Inteligencia Nacional, que revelan lo que Burchett ha calificado como «pruebas abrumadoras» de que la administración de Barack Obama, en coordinación con Hillary Clinton y varios altos cargos de seguridad, promovió una narrativa falsa de injerencia rusa para deslegitimar la candidatura de Trump.

Entre los documentos figuran menciones directas a Open Society Foundations, así como un correo electrónico atribuido a Benardo que supuestamente detalla una estrategia para socavar a la naciente administración republicana desde dentro del aparato institucional.

«La ciudadanía estadounidense merece respuestas claras sobre el intento coordinado de subversión institucional que vivimos en 2016», advirtió Burchett, quien denunció además que el gobierno de Obama bloqueó deliberadamente información que demostraba la inexistencia de vínculos entre Trump y Rusia, alimentando así una narrativa mediática sin sustento.

La semana pasada, Tulsi Gabbard presentó una denuncia penal formal contra Barack Obama ante la fiscal general Pam Bondi, reforzando las acusaciones de manipulación política y encubrimiento de pruebas. Según Gabbard, no sólo se trató de una guerra sucia electoral, sino de un ataque directo al funcionamiento democrático del país.

Este nuevo frente judicial podría derivar en audiencias históricas con figuras clave del poder globalista dando explicaciones ante la Cámara de Representantes.

Los republicanos de la Cámara de Representantes citaron el martes a casi una docena de ex funcionarios federales y políticos, incluidos Bill y Hillary Clinton , así como registros del Departamento de Justicia, en medio de una investigación en expansión sobre el pedófilo fallecido Jeffrey Epstein .

The New York Post

Los funcionarios, incluidos los ex directores del FBI James Comey y Robert Mueller, así como seis ex fiscales generales de Estados Unidos, fueron obligados a testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El presidente de supervisión, James Comer (republicano de Kentucky), anunció la medida menos de dos semanas después de que funcionarios del Departamento de Justicia entrevistaran a la fallecida cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell , quien cumple una condena de 20 años en una prisión federal por conspirar para abusar sexualmente de niñas.

“Los hechos y circunstancias que rodean los casos del Sr. Epstein y la Sra. Maxwell han suscitado un inmenso interés y escrutinio público”, escribió Comer en todas las cartas. “Mientras el Departamento se esfuerza por descubrir y divulgar públicamente información adicional relacionada con los casos del Sr. Epstein y la Sra. Maxwell, es imperativo que el Congreso supervise la aplicación de las leyes de trata sexual por parte del gobierno federal en general y, en particular, su gestión de la investigación y el enjuiciamiento del Sr. Epstein y la Sra. Maxwell”.

La investigación se inició después de que el presidente Trump enfrentara una reacción violenta por un memorando de dos páginas, publicado por su Departamento de Justicia y el FBI el 6 de julio, que encontró que una «revisión sistemática» de la evidencia no descubrió ninguna «lista de clientes» de Epstein de asociados ricos y bien conectados implicados en sus repugnantes crímenes.

Epstein, de 66 años, se suicidó en su celda de la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019, según determinaron múltiples investigaciones médicas federales e independientes, pero sus vínculos bien documentados con estrellas de Hollywood, abogados poderosos, políticos y líderes empresariales influyentes han provocado  furiosas especulaciones  durante años.

La actual fiscal general de Trump, Pam Bondi, había  indicado que había una lista de clientes  «en su escritorio» para su revisión en febrero, y que la Oficina de Campo del FBI en Nueva York estaba «en posesión de miles de páginas de documentos relacionados con la investigación y acusación de Epstein».

Pero el memorando del 6 de julio decía que «no se encontró evidencia creíble de que Epstein chantajeara a individuos prominentes como parte de sus acciones» y ninguna «evidencia que pudiera fundamentar una investigación contra terceros no acusados».

El documento del FBI-DOJ también señaló que los crímenes de Epstein afectaron a “más de mil víctimas”.

El 17 de julio, Trump  publicó en Truth Social : “Basado en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la Fiscal General Pam Bondi que presente todos los testimonios pertinentes ante el Gran Jurado, sujetos a la aprobación del Tribunal”.

“¡Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debe terminar ahora mismo!”, añadió.

Trump también habló a los periodistas sobre el derecho del público a acceder a información previamente no revelada sobre Epstein: «Cualquier cosa que sea creíble, yo diría, déjenles tenerla».

El fiscal general adjunto Todd Blanche entrevistó a Maxwell el 24 y 25 de julio en la oficina del fiscal de Estados Unidos en Tallahassee, Florida, antes de que fuera trasladada a un  espacioso centro correccional  en Bryan, Texas, la semana pasada.

Maxwell, a quien se le otorgó inmunidad limitada, respondió todas las preguntas sobre “100 personas diferentes”, según su abogado, Oscar David Markus.

Las discusiones se produjeron en medio de especulaciones de que el equipo legal del ex asociado de Epstein podría estar buscando clemencia para su cliente, quien fue condenado en diciembre de 2021 y sentenciado en junio de 2022.

Sus abogados ya han apelado su condena ante la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando que debería haber estado fuera del alcance de los fiscales en virtud de un acuerdo de culpabilidad alcanzado cuando Epstein fue acusado inicialmente de delitos sexuales. Los jueces considerarán su petición a finales de septiembre.

El financiero caído en desgracia tuvo que registrarse como delincuente sexual después de declararse culpable de los cargos de Florida de solicitar sexo a una menor en 2007, pero continuó organizando lujosas fiestas y disfrutando de relaciones profesionales con asociados como el Príncipe Andrés y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Bill Clinton viajó varias veces en el avión privado de Epstein en el extranjero, apodado “Lolita Express”.

Tras el arresto de Epstein por cargos de tráfico sexual en julio de 2019, un representante de Bill Clinton dijo a Newsweek que el expresidente «no había hablado con Epstein en más de una década» y «no sabe nada sobre los terribles crímenes».

Se ha pedido a Hillary Clinton que comparezca el 9 de octubre, mientras que a Bill Clinton se le ordenó prestar su declaración el 14 de octubre. Sus representantes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La declaración de Mueller está programada para el 2 de septiembre; la de Comey, para el 7 de octubre.

También fueron convocados el fiscal general del expresidente Joe Biden, Merrick Garland, los fiscales generales de Trump, Bill Barr y Jeff Sessions, los fiscales generales del expresidente Barack Obama, Loretta Lynch y Eric Holder, así como el fiscal general del expresidente George W. Bush, Alberto González.

Barr, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, tiene previsto declarar el 18 de agosto, Gonzales el 28 de agosto, Lynch el 9 de septiembre, Holder el 30 de septiembre y Garland el 2 de octubre.

Los representantes del Departamento de Justicia se negaron a hacer comentarios, Gonzales no respondió de inmediato, mientras que Comey, Mueller, Garland, Sessions, Lynch y Holder no pudieron ser contactados de inmediato para realizar comentarios.

El Departamento de Justicia tiene hasta el 19 de agosto para entregar los “archivos Epstein completos, exhaustivos y sin redactar”.

El partido de extrema izquierda atraviesa su peor momento financiero desde su fundación. Tal como desvela Okdiario en un informe, Podemos ha acumulado pérdidas por más de 7,2 millones de euros entre 2022 y 2024, situándose en una espiral descendente que, de no corregirse, podría conducir a su colapso en 2027 por falta de liquidez y su desaparición total.

La Gaceta de la Iberosfera

Los datos proceden de las cuentas anuales auditadas por AOB Global Auditoría de Cuentas, que dejan en evidencia una caída sostenida en ingresos, una reducción drástica de plantilla y una dependencia crítica de subvenciones públicas, todo ello en medio de una pérdida acelerada de relevancia electoral.

Podemos cerró 2024 con pérdidas de 2,1 millones de euros, que se suman a los 4,7 millones perdidos en 2023 y los 388.000 euros de 2022. Una sangría económica que contrasta con los modestos beneficios obtenidos en 2021 (438.448 euros) y que ha erosionado su patrimonio neto, que cae de 13,7 a 11,5 millones en solo un año.

A este ritmo, y si no se produce una transformación radical de su modelo económico, la formación se quedará sin liquidez operativa en 2027 y agotará su patrimonio restante en 2029.

El coste humano del colapso también es evidente. La plantilla de Podemos ha pasado de 251 trabajadores en 2022 a apenas 63 en 2024, una reducción del 75%. Los grupos parlamentarios autonómicos han sido los más afectados, y el desequilibrio regional es claro: nueve federaciones autonómicas presentan pérdidas, y sus déficits casi triplican los beneficios de las once restantes.

La raíz del problema es estructural. En 2024, Podemos ingresó 4,6 millones de euros, pero gastó 5,4 millones, generando un déficit operativo de casi 850.000 euros sólo en su actividad ordinaria. Más de la mitad de ese gasto se va en personal, incluso tras los recortes.

La dependencia del dinero público se ha intensificado: el 63% de sus ingresos provienen de subvenciones estatales. Las aportaciones de grupos institucionales se han desplomado, reflejo de la pérdida de representación tras las elecciones del 28-M. Las cuotas de militancia se mantienen estables, pero las contribuciones de cargos públicos se han reducido a la mitad, de casi un millón en 2023 a apenas 475.000 euros en 2024.

La situación de la fundación Instituto República y Democracia, antaño dirigida por Monedero y ahora por el Julio Rodríguez, no es mejor. Sus cuentas de 2024 reflejan pérdidas de 56.405 euros, frente a los beneficios de 59.886 euros en 2023. La tesorería ha caído un 76% y el patrimonio neto se ha reducido un 53%, pasando de 115.000 a 54.000 euros. La caída de ingresos en la fundación ha sido brutal: de 330.000 euros a apenas 56.000.