El coordinador del Consejo Político Internacional del equipo de María Corina Machado, Antonio Ledezma, dijo este viernes a EFE que el creciente apoyo internacional a la alegada victoria opositora en las elecciones en Venezuela abre el camino a la proclamación de Edmundo Gonzalez Urrutia como presidente y crea las condiciones para que «se verifique una transición pacifica con garantías».

EFE

Ledezma, que está exiliado en Madrid, reclamó además que «la represión brutal desatada por el régimen de Maduro en estos últimos días» sea detenida «cuanto antes».

El dirigente opositor destacó la «clarisíma posición» tomada por la Administración de Joe Biden al reconocer el triunfo de González Urrutia y también el apoyo del G-7 y de países de América Latina para exigir transparencia sobre el escrutinio electoral al Gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido declarado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Todo ello «no da lugar a dudas de que la convicción que prima en el mundo es que las actas verificables adjudican el triunfo, con una inmensa ventaja, al candidato respaldado por María Corina Machado (González Urrutia) y votado masivamente por millones de venezolanos», subrayó.

Ledezma habló así horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitiera un comunicado en el que asegura que Washington concluye, en base a «pruebas abrumadoras», que el candidatos opositor González fue el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela y pide abrir una transición pacífica.

Las autoridades electorales venezolanas anunciaron el pasado domingo que, con el 80 % escrutado, Maduro tenía el 51,2 % de los votos, pero hasta ahora no han divulgado las actas electorales mesa por mesa como ha reclamado la comunidad internacional.

Sin embargo, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que afirma contar con más del 80 % de las actas gracias al trabajo de testigos y miembros de mesa, asevera que su abanderado, González Urrutia, ganó con una amplia ventaja.

Antes del comunicado de Blinken reconociendo el triunfo opositor, al que Maduro respondió pidiendo a EEUU que «no meta las narices» en Venezuela, el jefe del Estado venezolano se había mostrado dispuesto a reanudar el diálogo directo con Washington sobre la base de lo conversado en Catar a comienzos de julio (EE.UU. y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019).

En sus declaraciones a EFE, Ledezma subrayó que EEUU ha dejado claro que el dialogo de Catar, «al que se aferra maliciosamente» Maduro, es un «capítulo del pasado que no da lugar a tácticas para desvirtuar la actual realidad ni para tretas simuladoras de negociaciones sin buenas intenciones».

«En consecuencia la fase que se inicia es la de proceder a la proclamación de Edmundo Gonzalez Urrutia, al mismo tiempo que se crean las condiciones para que se verifique una transición pacifica con garantías para los factores políticos llamados a facilitar tal procedimiento», subrayó.

Sobre el hecho de que María Corina Machado, que no pudo ser candidata a la Presidencia por haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos, haya anunciado que está «en la clandestinidad», Ledezma indicó que lo hace para protegerse de «un estilo de represión que nunca antes se había vivido en Venezuela».

El dirigente opositor denunció que en la represión actúan «cuerpos policiales creados y entrenados para cumplir tan viles oficios», pero también «mercenarios procedentes de Rusia (Grupo Warner), de las Avispas Negras de Cuba y nicaragüenses a las órdenes del dictador Daniel Ortega».

Aun así, aseguró Ledezma, «la ciudadanía seguirá manifestándose pacíficamente, tal como lo anuncio ayer María Corina Machado y este sábado se realizarán concentraciones en todas las ciudades y pueblos de Venezuela. También lo haremos en la mayoría de los países del mundo en donde se encuentren venezolanos de la diáspora».

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, condenó este viernes «las medidas de detención adoptadas contra ciudadanos venezolanos, incluidos ítalo-venezolanos», tras las elecciones en Venezuela y mostró su preocupación «por las continuas restricciones a la libertad de prensa» en el país.

EFE

«Italia está al lado del pueblo venezolano, que ha expresado su voluntad», dijo Tajani en una nota en la que urgió «a respetar el voto democrático, pisoteado por las numerosas manipulaciones del resultado de la votación, especialmente en la transmisión de datos, registradas por observadores electorales independientes».

Tajani también recordó la reciente declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G7, del que Italia ostenta la presidencia, y condenó el uso de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes.

«Reivindicamos el derecho a la información de los periodistas locales, italianos e internacionales que se encuentran actualmente en el país», agregó.

La declaración se produjo después de que Las autoridades venezolanas impidieron la entrada en el país de dos periodistas del canal de televisión pública italiana RAI1 y les obligó a regresar a Italia.

El periodista Marco Bariletti y el cámara Ivo Bonato que trabajan para los informativos de RAI1 llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía este jueves y fueron separados del resto de pasajeros en el control de pasaportes. Posteriormente, fueron expulsados ​​con la obligación de regresar a Italia, denunciaron ambos.

Bariletti explicó que, además, tras obligarlos a tomar un avión de regreso de la compañía TAP se les retiró el pasaporte y se les devolvió sólo después de aterrizar en Lisboa.

Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela y varias ONG denunciaron este jueves que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contacto con sus familiares, tras ser capturados cuando manifestaban contra el resultado de las presidenciales anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro.

EFE

El ente electoral le otorgó la victoria al dictador caribeño, por 704.114 votos de diferencia sobre Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, cuando faltaban más de dos millones de votos por computar, cuyo destinatario o destinatarios todavía se desconoce cinco días después, y con el sistema de conteo bajo un “ataque cibernético”, según la institución chavistaVenezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad de Caracas, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, afirmó que a algunos capturados los están presentando “en tribunales de terrorismo” y sin el acceso a una defensa con abogados privados.

Asimismo, mencionó que el Foro Penal registró “más de 250 personas detenidas”, de entre 15 y 65 años, aunque la cifra podría ser mayor, ya que las organizaciones recibieron unos “672 reportes de denuncias de familiares” desde el pasado lunes hasta la mañana de este jueves.

Según Migliorini, unas “75 personas” fueron trasladadas este miércoles a la cárcel Yare III, en el estado Miranda (centro), aunque hay reportes de traslados a otros penitenciarios que no han podido confirmar.

Varios familiares de los arrestados se negaron a dar declaraciones “por la seguridad” de los detenidos, “por temor” a que los vayan “a buscar a la casa” y porque “tienen prohibido dar información”.

Otros, bajo condición de anonimato, dijeron que sus allegados fueron capturados cuando se encontraban en su casa, “caminando” o “regresando del trabajo”, mientras que una parte confirma que fueron detenidos cuando participaban en las manifestaciones.

Por su parte, el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, “lo más grave”, es que “en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez”, como lo ordena la ley.

“Exigimos a las autoridades que se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos”, pidió Daniels.

Asimismo, denunció que los detenidos están recibiendo “acusaciones genéricas” y “no individualizadas”, un “patrón” que ya “ocurrió” en las protestas de 2014 y 2017.

“A todos los detenidos se les están imputando los mismos delitos, que son traición a la patria, instigación al odio, asociación para delinquir y (…) obstrucción a las vías públicas”, mencionó el activista.

Este miércoles, Maduro informó que más de 1.200 personas han sido apresadas, una cifra que supera la información previa dada por la Fiscalía, que cifró en 1.062 las detenciones.

Cárceles de máxima seguridad

Nicolás Maduro prometió este jueves aumentar la persecución contra la disidencia y adelantó sus próximos pasos, a pesar de las múltiples denuncias por abuso de la fuerza por parte de los comandos de seguridad chavistas.

Maduro, quien sostiene que en Venezuela se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y actores extranjeros, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar “uno por uno” a estos sujetos, que serán enviados a dos cárceles de máxima seguridad.

“Los ‘guarimberos’, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano les digo: Esta vez no va a haber perdón”, sostuvo el chavista, en un intento por justificar los arrestos que sus oficiales llevan a cabo cada día en todo el país

«Máxima unión y movilización popular, militar, policial perfecta».

Eso reclamó el presidente Nicolás Maduro a sus simpatizantes ante la ola de protestas que estalló en Venezuela tras las elecciones del domingo.

Por: Juan Francisco Alonso – BBC News Mundo

Los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, han sido cuestionados por la oposición y también por más de una veintena de países. Según esos números, Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de su rival, Edmundo González Urrutia, con el 80% del escrutinio.

Pasados los días no se han publicado más datos ni las actas que refrenden esos números.

La oposición, por su parte, ha publicado un 80% de las actas conseguidas por sus testigos, con las que han demostrado un claro triunfo de González. El gobierno niega la veracidad de las mismas.

Desde que se anunció el triunfo de Maduro se han registrado unas 300 manifestaciones en 21 de los 23 estados del país, decenas de las cuales fueron reprimidas por las autoridades dejando alrededor de una docena de fallecidos, de acuerdo con datos de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal y Laboratorio de Paz.

Asimismo, 1.062 personas han sido detenidas y se enfrentan ahora a la posibilidad de ser enjuiciadas por delitos como “terrorismo” e “incitación al odio”, según el Ministerio Público.

Antes de que estallara la actual crisis ya Maduro prometió «mano de hierro» contra todo aquel que buscara “manchar el proceso electoral” y aseguró que garantizaría “la paz” de Venezuela gracias a la “unión cívico-militar-policial perfecta”.

¿Pero qué este concepto? ¿De dónde salió y qué implicaciones tiene? Para responder estas preguntas BBC Mundo consultó a ex altos funcionarios venezolanos, analistas y activistas de derechos humanos.

Un aliado poderoso

La propuesta de la unión cívico-militar no es algo nuevo para los venezolanos, pues ya el fallecido Hugo Chávez la puso sobre la mesa.

“La Fuerza Armada Nacional (FAN) junto al pueblo es la ecuación perfecta”, llegó a decir en más de una ocasión el fallecido mandatario, que como militar lideró un intento de golpe de Estado antes de llegar al poder de manera democrática.

“Chávez trataba de inspirarse en el pensamiento de (el Libertador) Simón Bolívar, que en algunas cartas, documentos y discursos decía que la Independencia había sido posible porque se construyó una alianza entre las distintas clases que había en aquel momento, y el sector militar”, explicó el periodista y sociólogo Juan Barreto, quien fue el primer vocero del gobierno de Chávez.

Sin embargo, el politólogo Benigno Alarcón considera que el planteamiento lo que buscaba era acabar con la neutralidad de la institución castrense y convertirla en un aliado del gobierno.

“Chávez, que venía de dar un golpe de Estado (el de 1992 contra el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez), también temía que le pudieran dar un golpe a él, como en efecto ocurrió en 2002; y para ello fue construyendo una FAN leal”, aseguró el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

¿Cómo moldeó a la institución castrense el exmandatario? “Colocando a la gente más cercana y de su confianza en puestos claves, al tiempo que comenzó a vigilar estrechamente a la institución mediante los mecanismos de inteligencia proporcionados por Cuba y más recientemente por Rusia”, agregó Alarcón.

Otro mecanismo fue el clientelismo y la posibilidad de que los militares pudieran ganar dinero con otras actividades.

“Buscó darle poder a quienes lo ayudaron a mantenerse en el gobierno y les permitió enriquecerse como compensación al colocarlos en donde se firman los contratos, custodiando una mina, una aduana o una frontera, donde el enriquecimiento (ilícito) puede ser casi instantáneo”, apuntó.

Maduro, por su parte, no solo ha buscado mantener la alianza que Chávez forjó con los militares, sino que ha compartido el poder con ellos, aseguró Barreto.

“El discurso de la alianza cívico militar ha ido degenerando poco a poco en una alianza militar civil, donde el peso del estamento militar en las decisiones del mundo civil es cada vez mayor”, admitió quien fuera diputado y alcalde de Caracas por el partido oficialista.

Prueba de lo anterior es que hoy casi 40% de los ministros del gabinete son militares activos o retirados.

Asimismo, los uniformados han ido incursionando en sectores económicos como el petróleo y la minería, donde cuentan con una empresa propia; y además han llegado a dirigir 60 de las más de 500 empresas estatales, según datos de Transparencia Venezuela.

Un paso más allá

Sin embargo, con Maduro un nuevo actor entró en la alianza: los cuerpos policiales.

Para los analistas consultados esta incorporación se debe al rol que han venido desempeñando en los últimos años los organismos de seguridad en el control social.

«El aparato policial es más grande que el militar, no en capacidad de fuego, pero sí de hombres”, explicó Alarcón, que acusa a la policía de ser el brazo de «represión».

En similares términos se pronunció Barreto, quien dijo: “En la medida en que quienes gobiernan van perdiendo legitimidad de origen el aparato policial va siendo un instrumento fundamental para su sostenibilidad y, por ello, lo incorporan a su nomenclatura, lo meten en el afiche y en la foto para darle peso político a esa fuerza que ahora es influyente, decisiva y que tiene voz propia”.

En las protestas de 2014 y 2017, el rol central lo jugó la Guardia Nacional (policía militarizada). Sin embargo, en las manifestaciones de los últimos días la Policía Nacional Bolivariana, que es un cuerpo policial civil, ha jugado un papel más activo, aseguró a BBC Mundo la periodista Ronna Risquez, quien se especializa en temas de seguridad ciudadana.

¿Por qué este giro? Los cuarteles están menguados por las deserciones y las bajas provocadas por la crisis económica que azotó al país en los últimos años; y, por lo tanto, no hay suficientes tropas, aseguraron fuentes del mundo castrense.

El Ministerio de la Defensa, en su página web, asegura que la FAN está conformada por entre 95.000 y 150.000 uniformados, lejos de los 350.000 que llegó a tener en la década pasada. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia estima que hay 175.000 agentes policiales en el país.

Una combinación peligrosa

“Nosotros sabemos hacer lo que vamos hacer”, alertó el martes el diputado y segundo vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, quien aseguró que con “la perfecta unión cívico militar policial y les vamos a dar (a los opositores) la lección de las lecciones (…) ¡Los vamos a joder!”.

Por las redes sociales han vuelto a circular imágenes de guardias y policías nacionales, junto a miembros de los llamados “colectivos” atacando a manifestantes.

Los «colectivos» son grupos de civiles simpatizantes del chavismo que históricamente han defendido a la llamada revolución bolivariana desde los tiempos de Chávez.

También han surgido informaciones y grabaciones sobre detenciones sin órdenes judiciales de dirigentes opositores como el exdiputado Freddy Superlano, las cuales habrían sido practicadas por los servicios secretos (Sebin y/o DGCIM).

Miembros de todos los cuerpos militares y policiales antes mencionados han sido señalados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela como autores de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Las nuevas amenazas de las autoridades y los primeros saldos de víctimas han disparado las alarmas en dicha instancia, desde donde recordaron lo ocurrido en el pasado reciente.

“En varias de las operaciones (contra el crimen y de represión a manifestaciones) donde hemos documentado violaciones a los derechos humanos hubo presencia y la participación coordinada de cuerpos policiales y militares, así como las alegaciones de presencia de civiles armados”, afirmó a BBC Mundo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La jurista portuguesa apuntó que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos los militares no deberían participar en labores de orden público, más que en casos excepcionales.

“Pero en Venezuela es algo casi cotidiano”, lamentó.

Sin visos de ruptura

La ola de manifestaciones internas y las exigencias de la comunidad internacional para que las autoridades muestren todas las actas de escrutinio de las votaciones del 28 de julio parecen no haber hecho mella en la unión cívico-militar-policial, al menos por ahora.

“Hay un golpe de Estado en marcha para lo cual el presidente Nicolás Maduro se ha puesto en frente para detenerlo y junto a él el pueblo de Venezuela, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional (FAN), y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más”, aseguró esta misma semana el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

Esta declaración y las imágenes de militares y policías dispersando manifestaciones con gases lacrimógenos o arrestando a personas confirman la alineación de los militares y de los cuerpos de seguridad con el gobierno, afirmó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, José Vicente Carrasquero.

“La estructura de mando depende del partido de gobierno. Por eso, en Venezuela hay 2.000 generales y almirantes, un número que es superior a los 900 que tiene Estados Unidos, para tener a una cúpula bien pagada que controle al resto”, explicó el analista.

Asimismo, el experto agregó otro ingrediente para explicar el comportamiento: el miedo.

“Mientras no se rompa ese ciclo de miedo impuesto por la escuela cubana, a través de la cual nadie confía en nadie y donde todos temen que alguien los acuse de traidores o conspiradores para así ascender, es poco probable que haya algún cambio en los cuarteles”, advirtió.

Durante la campaña Maduro dejó en claro de qué lado está la institución armada.

«La FAN me apoya. La FAN es chavista, es bolivariana y es chavista (…) ¿Quién tiene detrás un poder como el que tengo yo?», se preguntó.

Desde que se implementó el sistema electoral, usado en Venezuela, se vendió entre sus bondades que deja unas trazas físicas en papel y otras digitales o electrónicas; que podría ser herramientas usadas en las futuras validaciones o comprobaciones de resultados u operatividad.

Aníbal Sánchez

Podemos partir para esta disertación, de que una vez cerrado el proceso el operador del sistema integrado OSI, imprime el original del acta de escrutinio en la máquina de votación EC-21 la cual una vez revisada y refrendada, por Miembros de la Mesa y Testigos se guarda en el Sobre No1 el cual es custodiado por el plan república, al igual que las máquinas una vez hecha la operación de repliegue, donde incluso de acuerdo al protocolo, se debieron realizar las auditorías de II Fase tanto de verificación en un número sorteado de mesas en 198 Centros 1%.

Continuemos con el tema, impresa el Acta con sus respectivas copias que van a los partidos que obtuvieron las mejores votaciones. El dispositivo máquina/modem envía o trasmite a través de líneas dedicadas y encriptadas con tres capas de seguridad al CTN 1 y 2; los resultados de la votación en esa mesa.

En las salas el CNE se encarga de recopilar y totalizar la información.

Los testigos de los diferentes partidos que se encuentran a la hora del escrutinio reciben sus copias en papel, que emite la misma máquina.

Si la mesa y máquina fue seleccionada para la verificación ciudadana (I Fase), se abre su correspondiente caja de resguardo de las papeletas otra traza en papel sobre el acto de selección de una opción, que realizó cada uno de los electores y se coteja la información digital del acta, una vez verificado el número de participante con respecto al cuaderno, otra traza física, sobre quienes asistieron; así se llega al conteo manual.

Un sistema que incluso antes de archivar el voto en los discos y memorias de la EC-21 contempla una verificación del elector, y archivado el voto una segunda verificación en papel (comprobante) que va a la caja de resguardo “La caja con los votos (papel) solamente queda como respaldo físico”.

Las actas tienen unos elementos de codificación que permiten certificar su veracidad. Por un lado, el número código geográfico que identifica la ubicación y hasta mesa al que corresponden.

En segundo lugar, tienen un código denominado «hash» una especie de firma o algoritmo que es «único, irrepetible, y sirve para identificar el acta en las bases del CNE». También se muestra la fecha y hora en que se emitió el acta. Después tenemos el cuerpo del acta con los candidatos y votos distribuidos por partidos de acuerdo a un orden y código de la organización

En la parte inferior del Acta aparece otro código, que se genera entre la dirección MAC de la máquina, un identificador que corresponde solo a este dispositivo dentro de la red y los datos específicos de la elección.

Tanto el código inferior como el código superior en el acta son los que servirían en una hipotética auditoría a expertos verificar la autenticidad del acta; esto aún sin meternos en las trazas electrónicas en la memoria física o en las removibles (flash cards)

El acta tiene un código QR que al escanearlo muestra el número de la mesa y su ubicación geográfica, más la cantidad de votos recibidos en esa máquina para cada uno de los partidos en el mismo orden que aparecen por escrito arriba en el cuerpo del mismo comprobante.

Si el CNE volviese a imprimir las actas almacenadas en la memoria de las máquinas, tanto el hash como la fecha y hora y la firma digital cambiarían.

Ante la existencia de dos actas con Hash distintos, se verifica con el asentado y respaldo en la auditoría de software y producción; si aparecen dos actas de una misma mesa de votación con igual código hash y firma digital, pero con diferentes datos de cantidad de votos, se pueden revisar las cajas de resguardo de papeletas guardadas en el CNE y realizar el conteo manual de esa mesa

A esto se le suma que un Acta para ser certificada tiene elementos propios como el sello de mesa, la firma y datos de los miembros de Mesa más los datos de los Testigos que estuvieron al momento del escrutinio.

Para tratar de acercarnos a una verdad, se debe partir de:

1. El Sistema de Totalización no suma actas (físico, papel) acá llega un paquete de datos electrónicos
2. Los Comandos si hacen sus cómputos a partir de tabular los datos reflejados en las actas
3. La constatación de de datos, en Acta y Papeletas que se hace en la verificación Ciudadana es clave. De este acto queda una prueba en físico, otra acta, que ha sido poco mostrada
4. La intromisión o ataque al sistema debe probarse e investigarse; a qué nivel fueron en transmisión o a nivel central

Se debería cerrar el ciclo electoral con las auditorías programadas:

1. Telecomunicaciones
2. Datos de Electores “quienes confrontaron el SAi y sus incidencias”
3. Como la verificación ciudadana (1%) “constata acta (1), papeleta, cuaderno, transmisión”

Esto también puede darnos indicios que nos acerque

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff,y el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD, pidieron hoy en la Justicia argentina que se ordene la “inmediata orden de detención internacional” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las desapariciones forzadas de personas y otros delitos de lesa humanidad que el régimen cometió tras las elecciones del domingo pasado.

Infobae

“Los hechos públicos (aquellos que se transmiten todos los días en redes sociales y canales televisivo) que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa”, señalaron en el escrito que presentaron y al que accedió Infobae.

El planteo fue hecho ante el juez federal de Comodoro Py, Sebastián Ramos, que tiene bajo su cargo una causa por justicia universal por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Wolff y Farini Duggan pidieron que “se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano”.

La ampliación de la denuncia es por la desaparición forzada de personas en perjuicio de Rafael Sivira, coordinador juvenil en Caracas de la organización La Causa RVe, de Freddy Superlano, dirigente opositor y ex diputado, de 25 estudiantes de la UNES, por 749 detenciones de manifestantes que serán acusados de alteración del orden público, instigación al odio y terrorismo, y por 132 detenciones ocurridas esta semana durante las manifestaciones contra el fraude electoral del gobierno.

“Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolas Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte”, sostiene la presentación.

La presentación se suma a la causa en la que se investigan distintos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela como secuestros, torturas y homicidios de dirigentes opositores. El juez Ramos ya le tomó declaración a una docena de testigos y libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos.

El expediente ya cuenta con tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.

El primero de los informes detalló casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y afirmó que altos funcionarios se encontrarían involucrados. Allí se sostiene que esos actos fueron cometidos por dos motivos: para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo.

Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.

El último de los informes de la Misión, incorporado a la causa, identifica los patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas.

Entre la violencia física aparece “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, o “cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas”, entre otros. Hay además casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas. Y el detalle sobre las condiciones de alojamiento: la “privación de alimentos y agua”, obligarlos a comer en el suelo en medio de heces, falta de aseo personal y violencia psicológica.