La convocatoria a elecciones regionales y parlamentarias el 27 de abril son una emboscada de la dictadura electorera, es una cortina de humo para justificar la proclamación fraudulenta de Maduro y desconocer los resultados del 28 de julio en las que el mundo entero reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia por más de 4.000.000 millones de votos de ventaja, así lo informó JOSE LUIS PIRELA, Diputado a la Asamblea Nacional (2015), miembro de la fracción 16 J y Director General Nacional del Movimiento político VENEZUELA INDEPENDIENTE.

Nota de prensa

Las fuerzas políticas que han mostrado interés en participar coinciden en tres aspectos: 1.- hablan de pasar la página sin defender los resultados del 28 de julio; 2.- reconocen a Maduro como Presidente; 3.- argumentan la defensa de espacios cuando en realidad están aferrados a administrar la chequera ciudadana y la burocracia. La narrativa de proteger las regiones es una falacia; en el caso del Zulia hablan de defender la zulianidad. Ya basta del show del regionalismo oportunista, hasta cuando van a manosear el gentilicio zuliano, para encubrir la rendición con el régimen.
Los interesados en participar, asuman la verdad de defender sus privilegios, su parafernalia burocrática, los favores del Ejecutivo Nacional, la chequera pública sin rendición de cuentas, así como el abandono a las víctimas judicializadas por el régimen; por ejemplo, en el Zulia hay tres alcaldes presos y tres en la “cuerda floja”, ¿Cuántos hay en el país? Y ¿Cuántos están huyendo sin que esta oposición sedicente de grandes agallas electoreras se preocupe por su suerte y las de sus familias?

La impostura electorera convocada por el Régimen después de mantener escondidas las actas del 28 de julio, nos obligan a preguntarle a Elvis Amoroso ¿cuáles serán los escogidos como resultado de las elecciones del 27 de abril? o ¿será que aún no han terminado la componenda del reparto?
Es obligante recordarle a la oposición sedicente, que promueve la participación en ese sainete, que su actitud es un desconocimiento a las primarias del 22 de octubre, al mandato de 3.000.000 de venezolanos que le entregaron el liderazgo a María Corina, es una burla a la gesta electoral del 28 de julio que eligió a Edmundo González Presidente de la república y es una traición a casi 8.000.000 de venezolanos que votamos por él y a varios millones con la misma intención, a quienes se les negó el derecho humano de votar. La pretensión de sepultar la esperanza, de rescatar la democracia y la libertad va a fracasar, los títeres del régimen recibirán su oportuna condena histórica, el cambio político en Venezuela ya comenzó y lo seguiremos impulsando con fuerza y alegría

HASTA EL FINAL. CON DIOS POR DELANTE VENEZUELA VA PA LANTE.

Vivimos en una época de flagrantes contradicciones, donde el relato importa más que la realidad y la identidad de quien comete el acto pesa más que el acto en sí. El caso de Rubiales en España es prueba de ello.

Por: Javier Villamor – The European Conservative

Luis Rubiales fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA. Tras la conquista del Mundial femenino de fútbol de España en 2023, durante la celebración del triunfo, en un momento de emoción, besó en los labios a Jenni Hermoso, una de las mejores jugadoras del torneo y figura influyente en el equipo.

Un beso no consentido, criticable y reprobable, pero lejos de cualquier agresión sexual grave, se ha convertido en un escándalo de proporciones históricas. Un linchamiento mediático y judicial desproporcionado podría acabar con un hombre condenado a más de dos años de cárcel. En Inglaterra, durante décadas, se encubrió el horror de las redes de explotación sexual en ciudades como Rotherham, Rochdale o Telford, donde miles de niñas fueron violadas y abusadas por bandas de origen paquistaní. Los medios de comunicación y las autoridades miraron para otro lado por miedo a ser tachados de racistas. En Alemania, Francia y Suecia, cientos de mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales durante eventos como la Nochevieja de 2015 en Colonia y en otros ataques sistemáticos, pero estos incidentes no reciben la misma cobertura mediática indignada que un beso en una celebración deportiva. ¿Por qué?

Este doble rasero es una de las aberraciones más significativas de nuestro tiempo. La justicia selectiva y la indignación han creado un sistema en el que el crimen no importa tanto como la identidad del autor. Si el agresor es un hombre europeo blanco de cierto estatus, la maquinaria de cancelación y condena pública se desata sin freno. Si, por el contrario, el agresor pertenece a un grupo considerado vulnerable según el dogma progresista, las acusaciones se minimizan, las víctimas quedan desprotegidas y la indignación se desvanece.

Estamos presenciando la destrucción de valores y de cohesión social basada en la hipocresía y la conveniencia política. En esta distopía, la verdad está oculta, la justicia es selectiva y la igualdad ante la ley se ha convertido en una ilusión. El mensaje es claro: no importa el crimen, importa quién lo comete.

A lo largo de la historia, la justicia ha sido un pilar fundamental de la estabilidad social. Sin embargo, hoy en día, el sistema jurídico y los medios de comunicación parecen más preocupados por cumplir con los dictados ideológicos que por garantizar la igualdad ante la ley. La criminalización de sectores específicos de la población mientras se absuelve a otros bajo la premisa de la “opresión histórica” solo genera divisiones y resentimiento.

Pero no nos engañemos: no es casualidad. Saben que el resentimiento es un arma poderosa que, bien alimentada y dirigida por la propaganda mediática habitual, puede dar victorias electorales a políticos afines. La izquierda de hoy se nutre del resentimiento, lo necesita para mantenerse en el poder. En España también se vivió un caso similar con uno de los líderes de la izquierda radical: Íñigo Errejón. El exlíder de Podemos, más tarde una de las figuras clave del partido Sumar liderado por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, fue acusado de abusos sexuales por una mujer con la que supuestamente intentó acostarse. Tras la acusación, se supo que Errejón es adicto al sexo y a las drogas y, al mismo tiempo, un feminista acérrimo –o eso decía él–. La izquierda entera encubrió rápidamente el caso, que, aunque se discutió y se comentó, no afectó a su esfera política. ¿Por qué?

Bueno, Errejón no encaja en la imagen que se quiere imponer a los hombres blancos, heterosexuales y de cierto estatus. Pero Rubiales sí. Es blanco, heterosexual, un hombre con cierto poder e influencia. En cierto modo, derribar ciertas torres envía un mensaje poderoso: si han caído, cualquiera puede caer. Es una manera perfecta de inculcar la autocensura y el miedo a los demás.

Estas narrativas afectan la justicia, la seguridad y la confianza en las instituciones. Cuando se protege a perpetradores específicos por razones ideológicas, se deslegitima todo el sistema. Las víctimas de estos crímenes son doblemente silenciadas: primero por sus agresores y luego por una sociedad que se niega a reconocer el problema.

La verdadera igualdad comienza con que todos sean juzgados con los mismos criterios, independientemente de su raza, género o condición social. Hasta que esto ocurra, seguiremos viviendo en una realidad distorsionada en la que la justicia no es más que una farsa al servicio de una ideología política que prioriza su agenda sobre la verdad y la equidad.

La ex canciller alemana Angela Merkel, arquitecta de la crisis migratoria europea, ha vuelto a criticar al líder del partido de centroderecha CDU, Friedrich Merz, por permitir que el partido de derecha Alternativa para Alemania (AfD) apoye sus propuestas de endurecimiento de las leyes de asilo.

Por: Zoltán Kottász – The European Conservative

Sus críticas llegan mientras una nueva encuesta muestra que la mayoría de los alemanes no están de acuerdo con ella, y casi dos tercios de los ciudadanos del país quieren que los inmigrantes ilegales e indocumentados sean rechazados en la frontera.

Merkel, que dirigió la CDU (Unión Demócrata Cristiana) durante dieciocho años y fue canciller durante dieciséis años hasta 2021, reprendió la semana pasada a su sucesor, Friedrich Merz, afirmando que sus tácticas de cooperación con la AfD eran erróneas. 

El miércoles 5 de febrero redobló sus críticas al decir en una entrevista que, a pesar de que rara vez comenta sobre la política cotidiana, se había sentido obligada a hablar: “Sentí que era correcto no permanecer en silencio en una situación tan crucial”.

Además, instó a los “partidos democráticos” a “volver a dialogar entre ellos”, porque no parece que ninguna formación política consiga la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias del 23 de febrero.

Los comentarios de Merkel llegan después de una semana de agitación política en Alemania, a raíz de que la CDU y la AfD votaran juntas para aprobar una moción no vinculante en el parlamento, bajo la cual los inmigrantes ilegales así como los refugiados genuinos sin documentos podrían ser rechazados en la frontera.

La medida de Friedrich Merz, que efectivamente eliminó el cordón sanitario en torno a AfD, fue motivada por el asesinato de un niño de dos años por parte de un solicitante de asilo rechazado y una serie de ataques con cuchillos cometidos por inmigrantes el año pasado, muchos de los cuales deberían haber sido deportados pero se les permitió permanecer en Alemania.

En lugar de centrarse en el problema en cuestión, es decir, los efectos negativos de la migración masiva, los partidos de izquierda estaban más preocupados por el hecho de que el llamado «cortafuegos» que rodeaba a la AfD fue derribado por la CDU.

Mientras tanto, la AfD está subiendo en las encuestas gracias a su postura firme sobre la inmigración. Según la mayoría de las encuestas, terminará en segundo lugar en las elecciones, obteniendo alrededor del 21 al 22% de los votos, pero una encuesta reciente del Democracy Institute, con sede en Washington DC, le da el 25%, a sólo dos puntos de la CDU.

En su entrevista del miércoles, Merkel rechazó las acusaciones de que su política migratoria era políticamente “equivocada” y se negó a asumir la culpa por el hecho de que la AfD haya ganado fuerza, diciendo que “ya no es mi responsabilidad”.

Sin embargo, lo cierto es que la decisión de Merkel de permitir la entrada de alrededor de un millón de inmigrantes en Alemania en 2015 fue lo que desencadenó la crisis migratoria europea. Desde entonces, millones de inmigrantes indocumentados han llegado al continente, pasando ilegalmente por varios países seguros antes de llegar a su destino deseado, Europa occidental.

La encuesta encontró que hasta el 52% de los alemanes acogieron con agrado las propuestas de Friedrich Merz de endurecer la política migratoria, incluso obteniendo la mayoría con la ayuda de la AfD, mientras que solo el 38% de los encuestados estuvo en desacuerdo con este enfoque.

Además, el 63% de los alemanes apoya la propuesta de rechazar sistemáticamente en las fronteras a los solicitantes de asilo sin permiso de entrada, mientras que sólo una cuarta parte rechaza la idea. 

La cuestión de la migración parece influir en las preferencias sobre posibles coaliciones de gobierno. Una encuesta reciente de Ipsos indica que el apoyo a una alianza entre la CDU y la AfD ha aumentado cinco puntos porcentuales en las últimas dos semanas, hasta el 23%, y ahora es la opción más favorecida entre los encuestados.

Mientras tanto, una coalición entre la CDU y los Verdes sólo es apoyada por el 5% de los encuestados, y la gran coalición (CDU-socialdemócratas) sigue manteniendo un bajo índice de aprobación del 19%, sin señales de mejora.

El 9 de febrero de 2025 Ecuador acudirá a las urnas para elegir a su próximo presidente en una contienda marcada por la polarización y la crisis económica y de seguridad que enfrenta el país. Los principales contendientes son Daniel Noboa, actual mandatario que busca la reelección tras su victoria en 2023 en unas elecciones extraordinarias; y Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana y cercana al expresidente Rafael Correa. Además de los dos, hay otros 14 candidatos que buscan llegar a la Presidencia, pero según las encuestas estos contendientes no llegan ni al 5% de la intención de voto.

Infobae

Ambos han presentado planes de gobierno con promesas para enfrentar los problemas que aquejan al país. Sus planes son parte del espectro ideológico de izquierda: en el caso de Noboa de centro izquierda y en el caso de González de la izquierda progresista. A continuación, se detallan las cinco principales propuestas de cada candidato, contrastadas con la experiencia de gobiernos anteriores y sus posibilidades de ejecución.

Las propuestas de Daniel Noboa

El actual mandatario fue la sorpresa de las elecciones extraordinarias del 2023. Aunque en su discurso inaugural aseguró no seguir la corriente “anti” en referencia al anticorreísmo, ahora su campaña se ha basado en la confrontación con esa tienda electoral. Noboa ha debido enfrentar la crisis de seguridad y también la sequía que provocó apagones de hasta 14 horas no consecutivas.

Las cinco principales propuestas de Noboa fueron tomadas del plan de gobierno del candidato, el cual está registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

• Seguridad y lucha contra el crimen organizado

Noboa ha hecho de la seguridad un eje central de sus propuestas: “Se establecerán estrategias para mejorar la seguridad ciudadana con el fortalecimiento de las instituciones encargadas del orden público y la justicia”, indica su plan. Durante su gestión como presidente, ha adoptado medidas que, según indica, buscan el fortalecimiento de la policía y el despliegue militar en zonas de alta criminalidad, aunque los resultados a largo plazo siguen en evaluación. Por ejemplo, enero de 2025 cerró con 700 homicidios intencionales.

• Transformación del sistema de salud

El presidente plantea garantizar el acceso universal a la salud y mejorar los servicios públicos. “Garantizar el acceso a salud sexual y reproductiva, asegurando la disponibilidad de insumos y la atención adecuada en todos los niveles del sistema de salud”, destaca su propuesta. Hasta el momento, según indica el gobierno, se han implementado medidas para en mejorar la infraestructura hospitalaria, pero persisten problemas de abastecimiento de medicinas y personal médico.

• Impulso a la economía y generación de empleo

El actual mandatario apuesta por la modernización del sector productivo y la atracción de inversión extranjera. “Se fomentará la transformación productiva, la innovación tecnológica y la inversión para mejorar la competitividad del país”, indica su plan. A pesar de los incentivos fiscales promovidos en su gobierno, la economía aún muestra signos de estancamiento. No obstante, el riesgo país tiene una tendencia a la baja, lo cual favorece la confianza de los inversores externos.

• Educación y desarrollo tecnológico

Noboa planea una reforma educativa enfocada en la investigación y la innovación. “Se impulsará el acceso universal a la educación y el fomento a la investigación e innovación como pilares para el desarrollo nacional”, menciona su documento, pero falta un desarrollo más detallado sobre su implementación.

• Transición energética y sostenibilidad ambiental

Su propuesta busca modernizar el sector energético e impulsar el uso de energías limpias. “Se trabajará en la transición energética y la conservación ambiental con un enfoque de mitigación del cambio climático”. Sin embargo, las inversiones en este sector aún son limitadas y el plan no establece con claridad cómo se realizará su ejecución.

Las propuestas de Luisa González

• Justicia económica y redistribución de la riqueza

Luisa González plantea un modelo económico basado en la intervención del Estado para garantizar la equidad en la distribución de la riqueza. Su plan de gobierno señala que “nos comprometemos a promover una distribución justa de los recursos y las oportunidades económicas. Promovemos políticas fiscales progresivas, que aseguren una carga equitativa sobre aquellos que tienen mayor capacidad contributiva”. Sin embargo, no se detallan mecanismos específicos para su aplicación. Este enfoque es similar al del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que se basó en una economía con alta inversión pública financiada por el endeudamiento externo –principalmente con China– y un incremento del gasto social.

• Fortalecimiento del sistema de seguridad

La candidata propone recuperar el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. “Establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos”, destaca su plan de gobierno. No obstante, no especifica las fuentes de financiamiento ni la logística para implementar esta estrategia. Durante la administración de Correa, la seguridad se manejó con un fuerte control sobre las instituciones del Estado y una disminución del número de prisioneros mediante indultos y amnistías, lo que generó críticas sobre el manejo del orden público. En 2017, antes de dejar el poder, Correa indultó a los presos que tenían sentencias por haber sido “mulas” en el tráfico de drogas.

• Reinstitucionalización y democracia participativa

González enfatiza la necesidad de reformar las instituciones estatales para garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos. “Poner en marcha todas las reformas normativas necesarias para recuperar la estructura institucional de nuestro país y el reconocimiento de derechos humanos”, se lee en su propuesta. Sin embargo, no especifica qué reformas se implementarían ni cómo se lograría un equilibrio entre el poder Ejecutivo y otros poderes del Estado.

• Soberanía energética y desarrollo sostenible

La candidata plantea fortalecer la infraestructura energética y recuperar la participación del país en organismos internacionales del sector. “Redefinir la agenda de integración del país en escenarios regionales e internacionales, con énfasis en: seguridad energética, ciencia y desarrollo tecnológico, empleo, igualdad y protección del medio ambiente”. En el gobierno de Correa, la inversión en hidroeléctricas fue una prioridad incluyendo la Coca Codo Sinclair, cuya vida útil debía ser de 50 años, pero expertos aseguran que solo durará 15 años. En dichas inversiones se ha denunciado irregularidades.

• Protección de mujeres y niñas

El plan de González incluye políticas para combatir la violencia de género y garantizar el acceso a derechos fundamentales para las mujeres. “Nos comprometemos a luchar contra todas las formas de violencia, incluyendo la violencia doméstica, la violencia sexual y el acoso en cualquier circunstancia”, sostiene. Sin embargo, no se especifica un presupuesto asignado ni mecanismos concretos para garantizar su aplicación. Aunque su plan se presenta como de izquierda progresista, el líder del correísmo, Rafael Correa, es contrario a temas como el aborto. Mientras fue presidente amenazó a tres de sus legisladoras por intentar votar a favor de un artículo relacionado con el aborto por violación.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado que prepara una denuncia contra el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de ‘lesa humanidad’. Esta decisión llega un día después de que el Gobierno confirmara la retirada del país de la OMS.

La Gaceta de la Iberosfera

De acuerdo con la información adelantada por varios medios locales, Milei argumenta que la OMS habría violado el artículo 7 del Estatuto de Roma, que define y condena los crímenes de ‘lesa humanidad’, incluyendo la esclavitud y otros actos inhumanos. El mandatario sostiene que las cuarentenas impulsadas por la organización durante la pandemia de Covid-19 constituyeron una forma de esclavitud, según lo estipulado en dicho estatuto. Este documento especifica que se considerará crimen de lesa humanidad cualquier acto cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque.

La iniciativa del Gobierno argentino podría tener repercusiones internas. Se prevé que la Casa Rosada impulse también acciones judiciales a nivel nacional contra el expresidente Alberto Fernández y el exministro de Salud, Ginés González García, por las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia. Cabe recordar que González García falleció en 2024.

Esta semana, en una entrevista concedida al medio francés Le Point, Milei calificó a la OMS como una «organización criminal», afirmando que sus acciones durante la pandemia constituyeron crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Además, el presidente adelantó su intención de retirar a Argentina del Acuerdo de París, intensificando su postura crítica hacia los organismos internacionales.

Estados Unidos impondrá sanciones contra el personal del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, que haya participado en causas contra Washington, ciudadanos estadounidenses, o aliados como Israel. Así lo indica una nueva orden ejecutiva que el presidente republicano ha firmado este jueves en el Despacho Oval, y que critica explícitamente la decisión de esta corte, de la que no forma parte EE UU, encargada de procesar crímenes de guerra y contra la humanidad, de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, como sospechosos de crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza. El TPI, en un comunicado escueto, ha condenado la decisión y ha pedido a sus 125 Estados parte unidad en la defensa de la justicia y los derechos fundamentales.

El País

El paquete de castigo de Trump incluye sanciones económicas como la congelación de bienes en territorio estadounidense, además de prohibiciones de viaje para esos funcionarios y sus familiares más cercanos, según indica el texto de la orden ejecutiva difundido por la Casa Blanca. El Departamento de Estado tendrá 60 días para presentar los nombres de personas a sancionar.

“El TPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, pues ninguno de los dos países es signatario del Estatuto de Roma o miembro del tribunal. Ninguno de los dos ha reconocido nunca la jurisdicción del TIP, y ambos son democracias florecientes cuyas fuerzas armadas se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra”, sostiene el texto de la orden. “Sin una base legítima, el tribunal ha establecido su jurisdicción y ha abierto investigaciones preliminares que afectan a personas de EE UU y algunos aliados, incluido Israel, y ha abusado más aún de su poder al emitir órdenes de arresto contra [Netanyahu y Gallant]”.

Esos pasos, continúa el documento firmado por el presidente estadounidense, “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a militares estadounidenses “al exponerlos a acoso, abuso y posible detención”, y perjudica “la seguridad nacional” del país.

Trump ha firmado la orden ejecutiva cuando Netanyahu se encuentra en Washington para reuniones con las autoridades del país. El primer ministro israelí se vio con el presidente norteamericano en la Casa Blanca el martes, y ambos líderes ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que el presidente propuso “tomar el control de Gaza” y expulsar a los cerca de dos millones de palestinos de la Franja. Este jueves, el mandatario matizaba que Estados Unidos se haría cargo del territorio después de que Israel se hubiera hecho cargo de la operación de reasentamiento de los gazatíes.

La firma de la orden en el Despacho Oval también se produce una semana después de que la oposición demócrata en el Senado bloqueara un intento de la mayoría republicana de sancionar al TPI por su decisión contra las autoridades israelíes.

Trump ya había amenazado durante su campaña electoral con nuevas medidas contra el TPI. En diciembre, el presidente del tribunal, el juez Tomoko Akane, advirtió que la imposición de sanciones estadounidenses “socavaría rápidamente las operaciones de la corte en todos los casos y situaciones, y pondría en peligro incluso su propia existencia”.

En la nota difundida este viernes, el TPI se ha comprometido a seguir proporcionando “justicia y esperanza” a millones de “víctimas inocentes de atrocidades” en todo el mundo. La cuenta oficial en la red social X de la institución recoge el encuentro entre su presidenta, Tomoko Akane, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, celebrado este jueves en Bruselas. Costa incidió en el apoyo de la UE a la labor “esencial” del TPI con “las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo”. El hilo de X del tribunal recoge estas palabras del mandatario: “La independencia e imparcialidad son características cruciales del trabajo del TPI”.

Con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, su labor » es esencial en la lucha contra la impunidad”, ha declarado Caspar Veldkamp ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos.

En el año 2020, durante su primer mandato -2017-2021- como presidente estadounidense, Trump ya dictó una orden ejecutiva separada imponiendo prohibiciones de viaje y la congelación de activos contra la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda. La jurista, de Gambia, llevaba a cabo una investigación preliminar sobre las denuncias de crímenes de guerra cometidos en Afganistán y en los territorios palestinos ocupados. Las denuncias abarcaban al Ejército israelí y a los miembros de Hamás. En 2021, la investigación preliminar dio paso a una de carácter penal formal, heredada por el fiscal actual, Karim Khan. Este, británico de origen paquistaní, la aceleró después de los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre y el posterior bombardeo y ofensiva de Gaza por parte de Israel.

El TPI comenzó a funcionar en 2002, tras la aprobación del Estatuto de Roma, como la única instancia permanente para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, delitos de genocidio y agresión territorial cuando los Estados miembros no quieren o pueden hacerlo por sí mismos. Cuenta con el apoyo de numerosos países y la Unión Europea, pero no el de naciones como EE UU, Rusia, China o Israel. Todos ellos temen que se pudiera utilizar esta institución para juzgar a sus ciudadanos por motivos políticos.

En mayo, el fiscal jefe de este órgano de 125 personas, el británico Karim Khan, encontró que hay “motivos razonables para creer” que Netanyahu y Gallant eran “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. El letrado también pidió a los jueces la detención de tres líderes de Hamás, entre ellos, su jefe en Gaza Yahia Sinwar —muerto a manos israelíes en septiembre pasado—. Aunque Israel no es miembro del TPI, el paso elevó la presión sobre ese Gobierno y complica en la actualidad los desplazamientos al exterior de sus líderes.