La campaña de deportaciones que inició el Gobierno de Donald Trump, con vuelos que ya han aterrizado en Guatemala, Brasil y Colombia, transportando a personas que se encontraban de forma ilegal en territorio estadounidense, forma parte de uno de los pilares de la política migratoria impulsada por el republicano. Y amenaza con generar disputas con Gobiernos latinoamericanos, como la que ya protagonizaron Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el domingo (26.01.2025).
Esa discrepancia pudo resolverse por medio de la diplomacia. Sin embargo, Estados Unidos no la tendrá tan fácil con Gobiernos menos afines. Cuba, Nicaragua y Venezuela no son precisamente los amigos de Trump en el barrio, y ni La Habana, ni Managua ni Caracas se han prestado a cooperar con la potencia norteamericana en el pasado. Cuba incluso forma parte de la lista de países que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos considera «recalcitrantes» a la hora de recibir deportados.
Para ellos, Trump dispone de medidas de presión, como la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite al Ejecutivo suspender todas las visas a los nacionales de los países recalcitrantes. A eso se deben sumar otras medidas, como las ejercidas contra Colombia (amenazas de aranceles), o recortes de ayudas, presión política, etcétera. Sin embargo, no es descabellado pensar que nada de eso vaya a importar demasiado en las oficinas gubernamentales cubanas, venezolanas y nicaragüenses.
Sanciones pueden ser contraproducentes
«Todos los países deberían aceptar el retorno de sus connacionales, pero la estrategia del presidente Trump de imponer sanciones o aranceles para que otros Gobiernos acepten deportaciones no funcionará de la misma manera que sucedió con Colombia. Los Gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela no dependen tanto del comercio y los tratados con Estados Unidos como dependen Colombia y México, por ejemplo», dice a DW Ariel Ruiz, analista sénior del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), de EE. UU.
Incluso, dice Ruiz, aumentar las sanciones podría ser contraproducente, pues «podría agudizar las condiciones económicas que ya son muy difíciles para los pueblos de estos países y, por ende, hacer que más de ellos decidan emigrar».
«Yo no subestimaría la capacidad de presión del Gobierno estadounidense», matiza Luis Rubio, analista y presidente del centro de pensamiento México Evalúa. «La cosa es qué intercambiará Trump, por ejemplo, con Maduro. En una de esas le concede legitimidad a cambio de unos miles de migrantes…, lo que sería catastrófico, pero no inconcebible», dice el experto a DW. «Yo supongo que las presiones sobre esos Gobiernos, sobre todo sobre Venezuela y Nicaragua, van a crecer dramáticamente, pero la salida práctica más probable es que muchos de los migrantes acaben en México», pondera Rubio.
Y, efectivamente, México ha sonado en más de una ocasión como posible «tercer país seguro» para enviar a los irregulares que sean deportados y sus países no los reciban. Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no permitirá que ese escenario se concrete, en Washington lo siguen barajando para sacar a los 42.084 cubanos, 45.995 nicaragüenses y 22.749 venezolanos que, según un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas publicado por Fox News, cuentan ya con órdenes de deportación pendientes de cumplir.
Cambiar el enfoque
«Forzar a países gobernados por dictaduras a aceptar deportaciones es una tarea compleja. Estos regímenes, por lo general, utilizan la migración como una herramienta política», explica a DW Facundo Robles, coordinador del Programa para Latinoamérica del Wilson Center. «Los acuerdos de deportación dependen en gran medida de negociaciones bilaterales, y un enfoque unilateral, como la imposición de sanciones, puede endurecer aún más la postura» de estos Gobiernos, dice el experto, para quien un mejor enfoque sería vincular acuerdos migratorios con incentivos, como la flexibilización de sanciones o iniciativas de cooperación humanitaria.
Además de comenzar a deportar mediante vuelos militares, Trump también ha reforzado la presencia militar en la frontera sur de su país. «Lo de la Guardia Nacional seguramente va a lograr de forma inmediata disminuir los nuevos ingresos, al menos por las fronteras formales tradicionales», dice Rubio.
Sin embargo, «eso no controlará el flujo que empieza mucho más al sur», agrega Ruiz. «Cuando no hay otra manera de entrar al país legalmente o solicitar refugio en la frontera de México y Estados Unidos, el despliegue de soldados o muros suele hacer que migrantes intenten cruzar por rutas más peligrosas», señala el experto del Instituto de Política Migratoria.
«Estas estrategias pueden disuadir a corto plazo a algunos migrantes, pero no abordan las causas fundamentales de la migración, como la persecución política, la falta de oportunidades económicas, el cambio climático o la inseguridad alimentaria. Una respuesta integral debe incluir tanto medidas de seguridad fronteriza como programas que fomenten la estabilidad y el desarrollo en los países de origen», sentencia Robles, del Wilson Center.