Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump ha generado una nueva controversia. Según información publicada por Camilo Montoya-Galvez en CBS News, la administración Trump estaría negociando un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para deportar a inmigrantes de terceros países a este territorio.

América Té Vé

El convenio, conocido como Safe Third Country (Tercer País Seguro), permitiría a Estados Unidos deportar a El Salvador a migrantes de otras naciones, incluidos aquellos vinculados a supuestas actividades delictivas.

Este tipo de acuerdo ya fue intentado durante el primer mandato de Trump (2017-2022), pero no se concretó y fue descartado por el presidente Joe Biden.

Ahora, la propuesta resurge en un momento crítico, en el que las tensiones diplomáticas con Colombia han llevado a Trump a amenazar con aranceles como represalia. En este contexto, El Salvador se presenta como un aliado estratégico en la región para ejecutar el plan de deportaciones.

Una de las mayores dificultades del plan de Trump es la deportación de ciudadanos venezolanos, debido a la falta de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

Según los reportes, este acuerdo con El Salvador podría facilitar la reubicación de migrantes venezolanos, incluidos aquellos sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua, una organización que Trump ha señalado como «terrorista» y responsable de crímenes contra estadounidenses.

En una de sus primeras llamadas como presidente tras asumir su segundo mandato, Trump habría discutido con Bukele la importancia de combatir la inmigración ilegal y desarticular redes criminales como el Tren de Aragua. Este grupo ha sido un foco de atención en la agenda de seguridad de Trump, quien ha vinculado a la banda con delitos graves en Estados Unidos.

En el marco de estas negociaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira por Centroamérica la próxima semana. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se espera que su visita a El Salvador incluya conversaciones clave para cerrar el acuerdo.

El posible convenio ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones humanitarias y de seguridad. Críticos argumentan que trasladar a migrantes a un país con sus propios desafíos sociales y económicos podría agravar la situación regional, mientras que defensores señalan que es una medida necesaria para frenar la inmigración ilegal y abordar problemas de seguridad transnacional.

El desenlace de estas negociaciones será crucial para el futuro de las políticas migratorias en la región.

Se espera que el presidente Trump firme el miércoles una orden ejecutiva que instruye a todas las agencias federales a identificar autoridades civiles y penales disponibles para combatir el antisemitismo, incluyendo la búsqueda de formas de deportar a activistas antijudíos que violaron las leyes, según supo The Post.

The New York Post

La orden requiere que los líderes de agencias y departamentos proporcionen recomendaciones a la Casa Blanca dentro de 60 días y describe planes para que el Departamento de Justicia investigue los grafitis y la intimidación a favor de Hamas, incluso en los campus universitarios , según un documento que describe la orden.

La orden ejecutiva exige la deportación de los extranjeros residentes, incluidos los estudiantes con visas, que violaron las leyes como parte de las protestas contra Israel tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 que provocaron la invasión de Gaza, dice el documento revisado por The Post.

El mes pasado, seis comités de la Cámara de Representantes liderados por republicanos emitieron un informe instando al gobierno federal a hacer más para abordar el antisemitismo, incluso condicionando la ayuda federal a las universidades para forzar políticas más estrictas contra el sesgo antijudío.

Ese informe se centró principalmente en la Universidad de Columbia, donde se encontraba un gran campamento en el que se registraron numerosos casos documentados de comentarios antijudíos contra activistas proisraelíes y estudiantes judíos, y señaló que universidades supuestamente permisivas recibieron 2.700 millones de dólares en fondos federales en el año fiscal 2023.

El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional bajo el presidente Joe Biden bloquearon las solicitudes de registros sobre el número de titulares de visas entre esos manifestantes, según el informe republicano de la Cámara de Representantes.

Trump, como candidato, pidió deportar a los estudiantes pro-Hamas que están en Estados Unidos con visas y la semana pasada firmó una orden ejecutiva diferente que parecía insinuar medidas hacia ese objetivo.

Esa orden contenía un pasaje que exigía a Estados Unidos “garantizar que los extranjeros admitidos y los extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos” no “apoyen a terroristas extranjeros designados”, aunque el efecto previsto de la redacción no estaba inmediatamente claro.

Los presidentes de universidades convocados al Congreso en diciembre de 2023 se negaron, tristemente, a decir si instar al genocidio de los judíos constituía una conducta punible, mientras eran interrogados por la representante Elise Stefanik (republicana por Nueva York), la candidata de Trump para servir como embajadora ante la ONU. Argumentaron que estaban en juego las protecciones a la libertad de expresión.

El discurso de odio en general es legal en Estados Unidos, pero el informe del Partido Republicano de la Cámara de Representantes publicado el mes pasado sostiene que la ley federal prohíbe a los receptores de fondos de los contribuyentes tolerar la discriminación, lo que permite una forma de obligar a los receptores a endurecer las políticas.

Los tribunales federales también han determinado que los no ciudadanos tienen menos derechos de libertad de expresión.

La Corte Suprema dictaminó en el caso histórico de 1972 Kleindienst v. Mandel que el gobierno podía negar una visa a un marxista belga, después de que casos judiciales anteriores afirmaran la deportación de anarquistas y comunistas no ciudadanos.

Algunos de los ejemplos más conocidos de activismo en apoyo de Hamás, que masacró a unos 1.200 residentes judíos del sur de Israel, ocurrieron en Washington, DC, cuando varios manifestantes portaban pancartas de apoyo al grupo mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigía al Congreso en julio .

Zaid Mohammed Mahdawi, de 26 años, presidente de la sección de Richmond, Virginia, de Musulmanes Americanos por Palestina, fue arrestado por presuntamente treparse a un monumento cerca del Capitolio y pintar con aerosol “HAMAS ESTÁ VIENE”.

El intento de Trump de acabar con el antisemitismo (probablemente incluso reteniendo fondos federales) viene después de sus órdenes de congelar temporalmente la ayuda federal y la distribución de subvenciones federales pendientes, esta última suspendida el martes por un juez federal.

En su primer mandato, Trump también utilizó la amenaza de retirar fondos federales en respuesta a los disturbios antipoliciales en todo el país tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020.

Trump ordenó retirar fondos a las ciudades de Nueva York, Portland y Seattle por supuestamente haber hecho muy poco para sofocar los disturbios. Dejó el cargo antes de que se cumpliera esa amenaza , aunque el Departamento de Justicia certificó que las ciudades serían eliminadas.

La administración Trump está revocando el estatus de protección temporal para más de 600.000 migrantes venezolanos en todo Estados Unidos, anunció el miércoles por la mañana la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

The New York Post

La recién confirmada secretaria del DHS criticó a su predecesor, Alejandro Mayorkas, por atarle las manos a la administración Trump y firmar una orden que otorga a una asombrosa cantidad de inmigrantes venezolanos un estatus de protección temporal para que puedan «quedarse aquí y violar las leyes» durante otros 18 meses.

“Hoy luchamos contra eso. Firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional que dice que no vamos a seguir adelante con lo que hicieron para atarnos las manos”, anunció en “Fox & Friends”.

La nueva orden permitiría a los agentes federales “evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluidos los venezolanos que están aquí y los miembros del TdA [Tren de Aragua]”, dijo Noem.

Noem, de 53 años, señaló que durante su participación en las primeras redadas en la ciudad de Nueva York desde la represión de Trump, los residentes agradecían a los agentes federales en las calles por atrapar a los extranjeros criminales.

“La gente de este país quiere que estos debates se lleven a cabo. Quieren que sus comunidades sean seguras. Fue increíble para mí ver a la gente pasar por la calle a primera hora de la mañana y simplemente decirnos gracias, gracias por estar aquí”, dijo.

La medida de la administración Biden, que otorgaría a los inmigrantes venezolanos 18 meses adicionales para acceder a permisos de trabajo a través del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), recibió una extensión poco más de una semana antes de que Trump volviera a ingresar a la Casa Blanca.

El TPS proporciona permisos de trabajo a inmigrantes de hasta 16 países que desean permanecer en Estados Unidos en lugar de regresar a sus países de origen y enfrentar conflictos armados, inestabilidad política u otras condiciones amenazantes.

La administración Biden citó la “grave emergencia humanitaria” de Venezuela al anunciar la extensión.

Trump, de 78 años, eliminó el TPS durante su primer mandato y expulsó a unos 400.000 inmigrantes antes de enfrentarse a desafíos legales.

Las extensiones existentes no expiran hasta abril, o septiembre para algunos, y la revocación de Noem requiere que ella decida qué hacer con esas protecciones antes del sábado, informó el New York Times.

Los migrantes venezolanos han huido a Estados Unidos en los últimos años luego de que el líder autoritario de su país, el presidente Nicolás Maduro, ha provocado un colapso económico y una ruina generalizada.

Es “el principio del fin” para una violenta pandilla de inmigrantes atrincherada en la Gran Manzana.

The New York Post

Diez miembros de alto rango de la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua —los “peores de los peores” pandilleros migrantes— fueron eliminados esta semana en una audaz redada a nivel nacional liderada por el Departamento de Policía de Nueva York, según supo The Post.

La policía confiscó un alijo de más de 30 armas ilegales, incluidos rifles de asalto AR-15 y una Glock de 9 mm con una modificación del gatillo que la convierte en automática, y atrapó a cuatro de los matones inmigrantes ilegales en la ciudad.

Otros cuatro se encuentran actualmente bajo custodia en otros lugares, incluso en Florida y Texas, y dos están prófugos.

“[TDA] fue posiblemente el mayor desafío que la policía haya enfrentado jamás, ya que nos enfrentamos, posiblemente, por primera vez, a lo que yo llamo ‘delincuentes fantasma’”, dijo el subdirector del Departamento de Policía de Nueva York, Jason Savino, a The Post. “Un delincuente fantasma es un individuo que no conocemos, que puede haber falseado su nombre y que realmente no está en nuestro radar. Así que eso es un desafío en sí mismo.

“Este equipo está derribando a 10 de los peores pandilleros y criminales de toda la ciudad y estoy orgulloso”, dijo Savino. “Siéntanse orgullosos”.

La operación de decomiso de armas del Departamento de Policía de Nueva York, denominada «Operación Descarrilamiento de Tren», se produjo poco después de una redada federal no relacionada que atrapó a Anderson Zambrano-Pacheco, de 25 años , un líder de la pandilla buscada por una orden judicial en Colorado.

La violenta pandilla callejera venezolana se estableció en los cinco distritos después de ingresar a Estados Unidos en medio de una avalancha de migrantes procedentes de la frontera con México.

ya ha retirado más de 60 armas TdA de las calles, dijeron las autoridades.

Entre los pandilleros atrapados por la policía de Nueva York en la Gran Manzana se encontraba Eduardo García, quien tuvo un altercado con la policía en el vestíbulo de su edificio de apartamentos en Morris Heights, en el Bronx.

Su novia, Rosemary Sánchez, fue arrestada dentro del apartamento de la pareja, dijo la policía.

Brian Aguilar, de 21 años, quien tenía antecedentes por robo y posesión de armas, fue detenido en 242nd Street y White Plains Road en el Bronx como parte de la redada.

Finalmente, el miembro de TdA, Alejandro Moises Randon Serano, de 19 años, quien tiene antecedentes de arrestos por robo y armas, fue detenido en un hospital local, donde estaba siendo tratado por una lesión no relacionada.

Otros cuatro están bajo custodia fuera del estado, incluidos dos en Texas y Florida, y otros dos están bajo arresto.

Los pandilleros detenidos por la policía de Nueva York fueron procesados ​​​​en un tribunal en Queens, donde se originó la operación, el miércoles, y se programó una conferencia de prensa para más tarde ese mismo día.

“Hemos tenido investigaciones a largo plazo en el pasado”, dijo el capitán de policía de Nueva York, Jeff Heilig, a The Post.

“El mensaje se transmite por todo el país y resuena”, afirmó. “En la calle nos llegó el mensaje de que los delincuentes se enteran de lo que ocurre en la ciudad de Nueva York y de los arrestos que se producen, y tienen miedo de hacer negocios en la ciudad de Nueva York.

“Creo que este derribo, esta investigación, significa el comienzo del fin de TdA”.

Fuentes policiales dijeron que la pandilla reclutaba agresivamente dentro de los refugios municipales financiados con impuestos para solicitantes de asilo, incluso dentro de una enorme ciudad de tiendas de campaña erigida en Randall’s Island, en Manhattan, para manejar la afluencia de inmigrantes.

Edmundo González, reconocido por Estados Unidos como presidente electo de Venezuela, está advirtiendo a la administración Trump contra llevar a cabo un acuerdo de deportación con el presidente autoritario del país, Nicolás Maduro.

The Washington Post

Negociar directamente con Maduro le permitiría al autócrata “utilizar a los venezolanos que regresan para su beneficio político”, dijo González. En cambio, él y su equipo han instado a los funcionarios estadounidenses a enviar a los deportados venezolanos a un tercer país.

El líder opositor exiliado, que habló con The Washington Post durante su segunda visita a Washington este mes, enfatizó que no quiere interferir en asuntos internos “sensibles y delicados” de Estados Unidos, en los que la inmigración se ha convertido en una prioridad clave para la nueva administración Trump. Pero González dijo que ve una oportunidad para un resultado mutuamente beneficioso.

“A Estados Unidos le conviene seguir una estrategia que ayude a garantizar que Nicolás Maduro ya no esté en el poder”, dijo González a The Post. “Una vez que eso suceda, cientos de venezolanos regresarán a nuestro país”.

Trump ha amenazado con una “deportación masiva” de migrantes, pero repatriar a los ciudadanos venezolanos —que han huido en masa en medio de la crisis económica, política y humanitaria del régimen de Maduro— requeriría la cooperación de Maduro, quien se ha negado a recibirlos de regreso. En momentos en que algunos gobiernos latinoamericanos plantean dudas sobre el trato que reciben los deportados, el gobierno de Trump enfrenta opciones limitadas para terceros países que podrían recibir a deportados venezolanos.

Maduro ha dado señales de estar dispuesto a permitir vuelos de deportación a cambio de la preservación de las licencias petroleras y el aumento de las exportaciones de crudo, según informó anteriormente The Post . Pero los líderes de la oposición argumentan que un acuerdo de ese tipo podría dar legitimidad a Maduro.

Un líder de la oposición dijo que el equipo de González no ha discutido sobre terceros países específicos a los que la administración Trump podría considerar enviar deportados.

Puedes leer la nota completa en The Washington Post

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, fue recibido este miércoles por la mandataria Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno de Lima, Perú, donde continua con su gira latinoamericana para sumar apoyos a su victoria en las urnas.

La Patilla

Horas antes, el despacho de Boluarte había emitido un breve comunicado para darle la bienvenida al líder opositor venezolano.

“El Perú da la bienvenida al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y saluda su liderazgo e inquebrantable lucha por la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela. Con esta visita, el Perú reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la garantía y protección de las libertades fundamentales del pueblo venezolano”, expresaba el texto.

Boluarte, otorgó este miércoles la máxima condecoración del Estado peruano al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien reiteró su reconocimiento como mandatario legítimo.

La condecoración con la orden de El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, se realizó en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, a donde González Urrutia llegó para reunirse con Boluarte como parte de una gira latinoamericana en la que busca apoyo internacional ante un eventual retorno a Venezuela.

La resolución oficial señaló que se decidió condecorar a González Urrutia por su defensa de los valores democráticos, respeto a los derechos humanos y el liderazgo y la defensa de las libertades fundamentales del pueblo venezolano que ha sido reconocido a nivel internacional.

Añadió que, “a pesar de las circunstancias adversas en el contexto político venezolano”, González Urrutia ha realizado iniciativas significativas orientadas a la restauración del orden constitucional en su país.

Tras recibir la condecoración de manos de Boluarte, el líder venezolano aseguró que es un reconocimiento que lo honra y que valora en nombre de todo el pueblo venezolano.

Boluarte reiteró, por su parte, que González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela, porque fue elegido democráticamente el 28 de julio del 2024.

“Es un deber patriótico con el pueblo venezolano y latinoamericano recibirlo en el Palacio de Gobierno”, acotó antes de decir que la condecoración es “el reconocimiento a su liderazgo y valentía en cada una de las acciones que ha emprendido en defensa de la voluntad soberana del pueblo”.

González Urrutia llegó al Palacio de Gobierno de Lima acompañado por su esposa, Mercedes López, y fue recibido por Boluarte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y el canciller, Elmer Schialer.

Un avión Cessna Citation 550 matrícula YV3561 se precipitó a tierra, la mañana de este miércoles, en el esctor El Volcán del municipio Baruta del estado Miranda.

La Patilla

La aeronave había despegado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota.

Las columnas de humo se ven desde varias zonas de Caracas, los organismos de Seguridad y Emergencia ya se encuentran atendiendo el evento.

Tripulación de el Avión Cessna Citation
Capitán: Tcnel. Henner Perozo
Copiloto: PTte. José Almazan
Jefe de máquina: Sm2. Eduardo Rodríguez

Además el periodista Román Camacho informó a través de su red social X que la aeronave pertenecía al Ministerio de Interior Justicia y Paz.

Los tres funcionarios, “aviadores militares” de Venezuela, fallecieron este miércoles cuando el avión en el que viajaban se precipitó a tierra en una zona montañosa de Caracas, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que no detalló si se trata de militares.

A través de una publicación en Instagram, el INAC indicó que la aeronave modelo C-550, matrícula YV3561, se precipitó a las 08.11 hora local (12.11 GMT) luego de salir de la base aérea militar de La Carlota, en Caracas, con destino al aeropuerto Santiago Mariño del estado insular de Nueva Esparta.

“Este trágico evento tuvo lugar durante la realización de un vuelo de comprobación, en el que se llevaban a cabo tareas rutinarias de verificación de procedimientos operativos“, añadió.

Asimismo, dijo que los equipos de búsqueda y salvamento se encuentran en la zona donde cayó el avión, para la “atención a la emergencia“.

Funcionarios de Protección Civil, bomberos, Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que no permiten a los medios acceder al lugar exacto en el que se encuentra siniestrado el avión, se encuentran en la zona.

Los habitantes del sector reportaron en redes sociales haber escuchado un “fuerte golpe“, al tiempo que informaron de un incendio en la montaña conocida como El Volcán.

El Ministerio Público de Chile presentó una acusación formal el martes contra 19 presuntos integrantes de una facción del Tren de Aragua. Están señalados por su implicación en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y otros delitos graves.

El Nacional

Las audiencias de imputación continuarán hasta el próximo martes, abordando cargos que incluyen asociación criminal, secuestro y homicidio, reseña la agencia de noticias The Associated Press.

Entre los acusados figuran dos individuos capturados la semana pasada durante un operativo de desmantelamiento de los Piratas de Aragua, célula local de la organización criminal. Además, imputarán a tres personas en ausencia tras su detención fuera del país gracias a la cooperación internacional.

«Estos tres imputados detenidos en el extranjero serán formalizados (acusados formalmente) en ausencia, para iniciar la extradición», explicó el Ministerio Público de Chile.

Tren de Aragua en Chile: posibles motivaciones políticas

El Ministerio Público confirmó que la investigación sigue en curso y que las evidencias apuntan a motivaciones políticas en el crimen de Ojeda, lo que ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Autoridades chilenas vinculan el asesinato con altos mandos del régimen de Nicolás Maduro, mencionando específicamente al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El subsecretario de Interior, Luis Cordero, no descartó que Cabello pueda ser objeto de persecución penal en Chile y destacó que cualquier persona involucrada en delitos cometidos en el ese país puede enfrentar un proceso judicial, incluyendo la posibilidad de extradición.

«Un crimen por encargo para disidentes políticos es un delito serio cualquiera sea el lugar donde ocurra», dijo.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, respaldó la posición del gobierno de Gabriel Boric y subrayó que la Fiscalía perseguirá a todos los responsables, sin importar su cargo o ubicación. Aunque reconoció que la investigación sigue abierta, enfatizó que se están recopilando elementos que refuerzan la acusación.

En paralelo, indica la AP, Chile trabaja en coordinación con autoridades de Estados Unidos para solicitar la extradición de alias el Turco, señalado como líder de los Piratas de Aragua y actualmente detenido en territorio estadounidense.

El domingo 26 de enero Colombia estuvo a punto de sufrir una debacle por el impasse con Estados Unidos provocado por Gustavo Petro.

Por: Nitu Pérez Osuna – La Gaceta de la Iberosfera

Y es que el mandatario de izquierda se negó a recibir dos aviones con migrantes ilegales colombianos deportados desde los Estados Unidos, como lo había anunciado el señor Trump, no solo en su discurso inaugural como presidente de esa nación del norte, sino desde que era candidato presidencial. 

Esa fue quizás su oferta principal durante el tiempo de campaña, así que, avisados están los gobiernos que -por razones varias- han lanzado fuera de sus territorios a tantos y tantos ciudadanos. 

Petro escribió de forma airada en su plataforma X lo siguiente: «Hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos… Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos».

A continuación, el Presidente Trump respondió en la plataforma Truth Social, con una ráfaga de medidas diplómaticas y económicas que causarían una gravísima recesión en Colombia.

Durante las horas que duró esta crisis, algunos voceros del centro y de la derecha política cayeron en las manipulaciones de Petro, según la cual, los colombianos debían unirse frente al «imperialismo norteamericano». Otros se dirigieron a Trump, pidiéndole no aplicar las sanciones, porque estas perjudicarían al pueblo, lo cual sin duda era cierto.

Petro retrocedió: la Cancilleria neogranadina anunció a través de un video que los migrantes serían recibidos en su tierra. La administración de Trump puso en hold las medidas anunciadas.

Aún quedan cosas por conocerse de este impasse en profundidad, como por ejemplo, a qué se debió la ausencia del señor Petro del Palacio de Nariño durante la crisis, así como la destitución del embajador encargado de la embajada estadounidense en Colombia, Francisco Palmieri y la salida anticipada del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo que estaba acordada para el 31 de este mes.

Sin temor a equivocarme, esta no será la última crisis que originará el mandatario colombiano. En el tiempo que lleva ejerciendo la presidencia ha demostrado ser el hombre equivocado, en el momento equivocado y en el sitio equivocado. Ya hemos visto el horror que se vive en el Catatumbo, donde ciudadanos por miles han corrido a «refugiarse» en la Venezuela cargada de problemas e inseguridades.

Así que, la posición correcta del mundo politico colombiano es y será concentrar todo el esfuerzo en destituir a Gustavo Petro mediante un juicio político, por un delito que ha sido plenamente comprobado: la violación de los topes de financiación de su campaña electoral.

Por algún incomprensible motivo, la oposición no se ha decidido a enjuiciar a Petro. Quizás,  porque unos han recibido sobornos del gobierno; otros, porque consideran que un «impeachment» sería un mal precedente; y otros, porque se aferran en demasía al concepto de que todo presidente debe terminar su período, aunque gobierne mal.

Sin embargo, el caso de Petro no puede catalogarse solo como un mal Gobierno, sino que es una amenaza a la seguridad y a la paz de Colombia. Primero, por sus nexos con Maduro; segundo, por favorecer a los grupos terroristas, entre ellos, la Primera Línea; y tercero, por sus posiciones complacientes con el narcotráfico.

Esperar a que Petro termine su gestión de cuatro años es un grave error, porque durante ese período puede provocar una catástrofe humanitaria semejante a la de Venezuela. Lo ocurrido el pasado 26 de julio debería servir de escarmiento.

Por todo lo expuesto, considero que la oposición colombiana debería redefinir sus metas, unirse en la promoción conjunta de la destitución de Petro, antes de que sea demasiado tarde.

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela de la ONU alertó sobre el progresivo aislamiento del país y el cierre de espacios de diálogo con la comunidad internacional.

El Nacional

Marta Valiñas, presidenta de la misión, señaló que el régimen de Nicolás Maduro incumple sus compromisos en materia de derechos humanos y evita la cooperación con organismos multilaterales.

“Lo que hemos visto es que estos compromisos y obligaciones no se están cumpliendo”, afirmó Valiñas en una entrevista con Noticias ONU desde Portugal.

Explicó que Venezuela ha reducido su participación en instancias internacionales y ha debilitado la relación con países como Brasil y Colombia, que históricamente habían sido aliados cercanos.

“El gobierno venezolano se ha cerrado cada vez más al diálogo con estos actores y también con la Unión Europea”, agregó.

El rechazo a la supervisión internacional se ha acompañado de una actitud hostil hacia altos funcionarios de la ONU.

Aumenta la vulnerabilidad de los venezolanos

“El presidente Maduro y otras personas de su entorno han insultado en numerosas ocasiones al secretario general de Naciones Unidas y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos”, denunció la experta.

Según Valiñas, este escenario incrementa la vulnerabilidad de la población venezolana.

A pesar de la negativa del régimen a permitir el ingreso de la misión, afirmó, la misión sigue recabando información a través de organizaciones de derechos humanos dentro del país y de testimonios de exiliados.

“Estamos en contacto diario con personas que viven tanto dentro como fuera de Venezuela”, explicó Valiñas, quien destacó el aumento de las detenciones arbitrarias en el país.

“Vemos a gente como Carlos Correa, Rocío San Miguel y Javier Tarazona y otros nombres conocidos, defensores de los derechos humanos que están en la cárcel ahora mismo, simplemente por hacer su trabajo”, advirtió Valiñas.

Misión de la ONU sobre Venezuela pide justicia

Ante este panorama, la experta hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil venezolana y garantizar que los responsables de violaciones de los derechos humanos enfrenten la justicia. La Corte Penal Internacional mantiene en marcha una investigación sobre los crímenes cometidos en el país, con la expectativa de avanzar en la rendición de cuentas.

En octubre, la ONU renovó el mandato de la misión por dos años más, con el objetivo de documentar hechos recientes y analizar la responsabilidad de autoridades estatales en violaciones de derechos humanos.

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