El exfiscal general Tarek William Saab se ha convertido en tendencia en las redes sociales en medio de denuncias de ciudadanos de que se apropió de la cuenta de Instagram del Ministerio Público, que contaba con alrededor de 356.000 seguidores, luego de presentar su renuncia el miércoles.

El Nacional

Las denuncias en las plataformas señalan que Saab -que tiene en su cuenta de Instagram 1 millón de seguidores- cambió el nombre de usuario del perfil institucional de la Fiscalía a Budistaestoico7, apropiándose de una cuenta que pertenece a una entidad pública.

La acción provocó críticas entre usuarios en redes sociales, que afirman que el cambio se efectuó minutos después de que Saab oficializó su salida del Ministerio Público, institución que dirigió desde 2017 hasta el miércoles pasado.

Aunque los motivos de este cambio en la cuenta no han sido expuestos por Saab ni por el Ministerio Público, la situación no ha pasado desapercibida entre internautas y se ha viralizado rápidamente debido al volumen de seguidores de ambos perfiles.

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, recientemente excarcelado tras meses de detención y arresto domiciliario gracias a la controvertida Ley de Amnistía aprobada en febrero, reiteró su respaldo incondicional a la unidad opositora en una declaración difundida este jueves.

MFM

En un video compartido por el medio La Gran Aldea, Guanipa enfatizó que “el proceso comenzó el 22 de octubre de 2023 con las primarias y no ha concluido”. Designó a María Corina Machado —Premio Nobel de la Paz 2025— como “la candidata natural” de aquel proceso, al tiempo que expresó su acompañamiento tanto a ella como al diplomático Edmundo González Urrutia, reconocido por la oposición como ganador de las presidenciales de julio de 2024.

“La acompaño a ella, acompaño a Edmundo, acompaño a la unidad y acompaño a Venezuela”, afirmó el zuliano, subrayando la necesidad de mantener cohesionada a la Plataforma Unitaria Democrática frente al gobierno de Nicolás Maduro.

La declaración llega en un contexto de intensas tensiones internas y externas: mientras sectores opositores exigen respeto al resultado electoral de 2024 o la convocatoria de nuevas presidenciales con garantías internacionales, otros critican posibles contradicciones en el discurso de respaldar simultáneamente a Machado y González cuando el camino hacia elecciones libres sigue bloqueado.

Las reacciones en redes sociales fueron mixtas: algunos aplaudieron la muestra de lealtad y coherencia, mientras otros cuestionaron la viabilidad política de mantener dos figuras centrales sin definir un liderazgo único en esta etapa.Guanipa, cercano colaborador histórico de Machado, ha insistido en las últimas semanas en la irreversibilidad del cambio político y en la urgencia de condiciones como la liberación total de presos políticos, la reestructuración del CNE y acuerdos con actores internacionales —especialmente Estados Unidos— para avanzar hacia una transición democrática.

Estados Unidos ha confirmado que autoriza la exportación de petróleo y gas a Cuba, siempre y cuando el combustible se dirija exclusivamente a ciudadanos o empresas del sector privado cubano, informó este miércoles el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El Imparcial

¿Qué establece la nueva regulación?

Según la nota oficial y las directrices publicadas, las exportaciones de gas y otros productos petroleros podrán autorizarse bajo la llamada Excepción de Licencia SCP (Support for the Cuban People) siempre y cuando:

• Sean destinadas a personas o entidades del sector privado cubano para uso personal o económico privado.
• No beneficien ni financien al gobierno cubano ni a sus instituciones estatales o militares.
• Se ajusten a las regulaciones de exportación y reexportación vigentes del Departamento de Comercio y del Tesoro.

Esto significa que no se permitirá la venta de combustible al Estado cubano ni a sus agencias vinculadas, sino únicamente a actores privados dentro de la isla caribeña.

La decisión llega en medio de un colapso energético en Cuba, provocado por la interrupción de los suministros de petróleo venezolano tras sanciones y presión de Washington.

Esto llevó a que la isla enfrentara graves escaseces de combustible, afectando transporte, electricidad y servicios básicos.

Estados Unidos ha mantenido alguna presión política sobre La Habana, incluso vetando la venta de crudo venezolano a Cuba después de acontecimientos en Venezuela que alteraron el panorama regional del petróleo.

La nueva guía del Departamento del Tesoro y del Departamento de Comercio también deja claro que las exportaciones deben cumplir con todos los requisitos de la licencia SCP, y que los exportadores son responsables de verificar y demostrar que sus envíos cumplen con estas condiciones.

La administración estadounidense ha justificado la medida como una forma de apoyar directamente al pueblo cubano y al sector privado independiente, mientras mantiene prohibido el suministro de combustible al Estado o a las fuerzas armadas de Cuba, según explican las directrices oficiales.

Este cambio también coincide con otras acciones de ayuda anunciadas por Washington, como la entrega reciente de asistencia humanitaria a través de organizaciones como la Iglesia católica para hacer frente a desastres naturales recientes en la región.

Implicaciones prácticas

• Las empresas estadounidenses (y, en algunos casos, extranjeras bajo excepciones) pueden solicitar autorizaciones o aprovechar la Excepción SCP para exportar combustibles siempre que cumplan con las condiciones mencionadas.
• Los destinatarios finales deben ser actores privados en Cuba, lo que abre una puerta para pequeñas empresas, comerciantes o incluso consumo personal directo.
• Cualquier transacción que involucre al gobierno cubano o sus instituciones queda expresamente excluida.

La decisión de Estados Unidos representa un ajuste notable en su política de sanciones hacia Cuba, orientado a aliviar la crisis de combustibles en la isla al permitir que el sector privado cubano acceda a petróleo y gas importados, mientras se mantiene firme en negar suministros que beneficien al Estado o al régimen cubano.

Este enfoque busca equilibrar la presión estratégica con un alivio económico limitado que llegue directamente a la población civil y al sector privado independiente de Cuba.

Desde la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana hicieron público, la mañana de este jueves, su respaldo a la Ley de Amnistía, recién aprobada por la Asamblea Nacional, y de la cual formaron parte en el proceso de consulta pública.

Alberto News

En voz de la doctora Neida Pérez Morillo, abogada y especialista en derecho penal, y directora de esta organización; señalaron como un gran avance en materia de Derechos Humanos.

«Como establece el artículo número dos de esta Ley (de Amnistía), en su ordinal dos, en Venezuela apostamos a la promoción de la paz, de la convivencia, de la rectificación y de la reconciliación (…) Que impere la justicia, la equidad y la transparencia», recalcó la profesional del derecho en rueda de prensa.

Presos políticos militares

Por su parte, la doctora Lilia Camejo Gutiérrez, también directora de Justicia Venezolana y experta en justicia penal militar, señaló de forma enfática que «no es cierto que los presos políticos militares no estén cubiertos dentro de la Ley de Amnistía».

Al ahondar en la materia castrense, Camejo adelantó que el artículo ocho del citado instrumento jurídico, en su numeral 10, establece que los hechos violentos que se suscitaron entre enero hasta abril del 2019, entran dentro del amparo de la amnistía, exceptuando la rebelión militar.

Al respecto, precisó que en el denominado «Caso Cotiza», y en los hechos suscitados el 30 de abril en las adyacencias de La Carlota, ninguno de los involucrados fue acusado, ni condenado por el delito de rebelión militar. «Nosotros fuimos defensa técnica en ese caso y todos esos oficiales fueron acusados y condenados por el delito de motín, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, desobediencia en tiempo de paz», detalló para sostener que fueron absueltos por el delito de traición a la Patria.

Al recapitular sobre lo acaecido el 30 de abril de 2019 en La Carlota, la máxima portavoz de la ONG Justicia Venezolana recalcó que fueron imputados, acusados y condenados en la jurisdicción especial de terrorismo.

Camejo además ejemplificó el tema de los presos políticos militares que deben salir en libertad con el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados del Ejército, sobre quienes dijo que si bien no están dentro de las fechas tipificadas en la Ley de Amnistía, ya cumplieron la pena y todavía no han sido puestos en libertad.

«Dentro de todos estos casos hay mucha gente inocente, y que está siendo condenada con unas penas exorbitantes de 30 años», lamentó Camejo para hacer un llamado en el que ratificó la postura del diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento de la Asamble Nacional para este tema, quien manifestó que la jurisdicción penal militar debe analizar muchos de estos expedientes.

Tras reiterar su disposición a seguir sumando todos los esfuerzos en procura de la liberación de estos oficiales que puedan ser beneficiarios de la ley y la coyuntura que vive el país en procura de la consolidación de la paz, las voceras de Justicia Venezolana enfatizaron su solidaridad con los familiares y víctimas militares de la violencia política suscitada en el país el pasado 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado la deportación de las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib después de que ambas lo acusaran públicamente de ser responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

La Gaceta de la Iberosfera

Las representantes, de origen somalí y palestino respectivamente, interrumpieron desde sus escaños la intervención presidencial, increpándolo y acusándolo de haber «matado estadounidenses», en referencia a los fallecimientos de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota durante operaciones federales vinculadas a la política migratoria de la Administración.

Trump respondió posteriormente a través de su red Truth Social, donde cargó duramente contra ambas legisladoras. El presidente calificó su comportamiento de «descontrolado» durante un acto que definió como «importante y solemne» y aseguró que su actitud resultaba «perjudicial para el país».

En su mensaje, el mandatario sostuvo que, dado que ambas son inmigrantes o hijas de inmigrantes, «deberían ser enviadas de vuelta al lugar de donde vinieron lo antes posible», afirmando que su actuación política solo causa daño a Estados Unidos.

Durante el discurso ante las dos cámaras del Congreso, que se prolongó durante casi dos horas, Trump defendió con firmeza su política migratoria y volvió a señalar los efectos negativos de la inmigración ilegal en determinados estados. En ese contexto, criticó duramente la situación en Minnesota y vinculó problemas de seguridad y corrupción a lo que calificó como una política de fronteras abiertas promovida por sus adversarios políticos.

El presidente pidió además a los legisladores que se pusieran en pie si creían que la prioridad del Gobierno debía ser proteger primero a los ciudadanos estadounidenses frente a la inmigración ilegal, gesto al que respondieron mayoritariamente los congresistas republicanos.