Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución política en Venezuela al registrar al menos 20 detenciones y desapariciones forzadas en menos de 24 horas, en un contexto de alta tensión política previo a la juramentación presidencial prevista para el próximo 10 de enero. Entre los detenidos, se encuentran dirigentes opositores, activistas y familiares del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien insiste en que ganó los cuestionados comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

Infobae

El partido opositor Vente Venezuela (VV) denunció la detención arbitraria de seis activistas en los estados Trujillo y Bolívar, quienes fueron identificados como Darío Durán, Marianela Ojeda, Eduardo Briceño, Francisco Graterol, Robert Rea y Jeremy Santamaría. Según el coordinador de derechos humanos de VV, Orlando Moreno, cuatro de los detenidos pertenecen a las filas de su partido. Estas aprehensiones se suman a los casos de Enyer Abreu Jordan, detenido el pasado sábado en Trujillo, y Simón Vargas, arrestado el 2 de enero en Táchira.

“Esto es una muestra más de cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión para intimidar a quienes luchan por la democracia”, expresó Edmundo González Urrutia en sus redes sociales.

En total, las cifras más recientes del Comité de Derechos Humanos de VV señalan que 160 opositores han sido arrestados desde las elecciones de julio, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición y organismos internacionales.

Por otro lado, la desaparición forzada del ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, encendió nuevas alarmas. La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que Márquez fue interceptado por agentes encapuchados en la noche del 7 de enero, exigiendo al régimen de Maduro que informe su paradero. Márquez había sido un crítico abierto del fraude electoral, solicitando la publicación de las actas de votación y condenando la represión contra opositores como Juan Barreto.

Además, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, denunció este martes en la tarde el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, mientras este llevaba a sus hijos a la escuela en Caracas. Según González Urrutia, Tudares fue interceptado por hombres encapuchados que lo subieron a un vehículo sin dejar rastro de su paradero.

En paralelo, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció el hostigamiento por parte de agentes chavistas contra su familia, señalando que la vivienda de su madre en Caracas fue rodeada y vigilada con drones, además de sufrir un corte de electricidad. Machado afirmó que esta es una estrategia para silenciar a los opositores y atemorizar a sus seguidores.

La situación ha provocado críticas internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación y pidió que “no haya más represión” en los días previos al 10 de enero. Asimismo, la embajada de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá, condenó las recientes detenciones arbitrarias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también emitió un informe el 7 de enero, en el que documenta graves violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de julio. Según el informe, estas acciones represivas han dejado 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, 2.000 detenciones arbitrarias y casos de torturas y tratos crueles.

En un contexto de aislamiento internacional y creciente represión interna, Maduro anunció el martes la captura de siete supuestos “mercenarios” extranjeros, incluidos dos estadounidenses. Sin embargo, no presentó pruebas ni detalles sobre estas detenciones, las cuales, según opositores, buscan desviar la atención de la crisis interna.

Con apenas tres días para la toma de posesión, tanto Maduro como González Urrutia han llamado a sus seguidores a movilizarse en las calles. Mientras el chavismo convocó a actos masivos en apoyo al mandatario, la oposición insiste en organizar protestas para denunciar el fraude y exigir el respeto a los resultados que, aseguran, otorgan la victoria a González Urrutia.

Debido a un extraño contratiempo en el discurso público en la era de las redes sociales, muchos estadounidenses están descubriendo lo que en el Reino Unido se conoce como el “escándalo de las bandas de secuestradores”, un título suave para lo que bien puede ser recordado como una de las atrocidades más viles y tiránicas jamás cometidas por un gobierno elegido democráticamente contra sus propios ciudadanos. 

Por: José Addington – The American Conservative

El escándalo en sí tiene más de una década de antigüedad , con informes que sacudieron al público británico que aparecieron por primera vez en la conciencia pública en 2013, pero por algún capricho de la historia y el azar (la creciente ira populista por la inmigración, los cambios en el panorama de los medios, la reelección de Donald Trump, la compra de Twitter por Elon Musk), el escándalo se ha vuelto viral en las redes sociales anglófonas a principios de 2025. Incluso muchos británicos que sabían de la existencia del escándalo se han sorprendido por los detalles que ahora entran en la conciencia pública por primera vez.

Los hechos en sí son tan horribles que resultan casi inconcebibles. Desde finales de los años 80 hasta la actualidad, decenas de miles de jóvenes británicas, la mayoría de ellas de entre 10 y 15 años, han sido violadas, maltratadas y prostituidas a la fuerza por bandas de hombres musulmanes paquistaníes en el Reino Unido. Las autoridades británicas, desde la policía local hasta el ayuntamiento y los miembros del Parlamento, no sólo estaban al tanto de los abusos que se estaban produciendo, sino que obstaculizaron los intentos de detener los crímenes horrendos, llevar a los perpetradores ante la justicia o permitir que el público conociera la situación, todo ello con el fin de impedir que se produjeran “disturbios raciales”.

Las cifras en sí mismas son espantosas; algunas estimaciones sitúan el número total de víctimas en 250.000. Los detalles de los abusos son aún peores. Las niñas fueron violadas con botellas rotas, marcadas a fuego y vendidas por sus abusadores docenas o incluso cientos de veces. Otras fueron pasadas de mano en mano entre amigos y familiares: hermanos, tíos y primos, todos abusando de la misma víctima. A algunas las rociaron con gasolina y las amenazaron con cerillas encendidas. Muchas vieron a sus familias amenazadas con violación, tortura o asesinato. Algunas fueron asesinadas de formas horribles. A otras las obligaron a reclutar nuevas víctimas.

Esto ocurrió con la complicidad del estado británico. Cuando las niñas denunciaron los abusos a las fuerzas de seguridad locales, se les dijo que no se podía hacer nada y las rechazaron . La policía se negó a abrir investigaciones penales, argumentando que niñas de tan solo 11 años mantenían relaciones sexuales consentidas. Cuando los padres comprendieron que la policía no los ayudaría, intentaron quitarles a sus hijas de las manos de sus violadores personalmente, pero terminaron siendo arrestados ellos mismos. En al menos un caso, la policía encontró a una niña que estaba siendo abusada por siete hombres y la arrestó por conducta ebria y desordenada, mientras dejaba a los hombres en libertad.

Varios intentos de llamar la atención de los funcionarios sobre el tema fueron ignorados: los investigadores independientes fueron marginados , los informes oficiales del gobierno fueron suprimidos . Cuando una investigadora, que fue contratada para investigar casos de abuso sexual en 2001, presentó un informe señalando que el problema estaba casi completamente contenido dentro de la comunidad musulmana paquistaní, un funcionario le dijo «nunca más debes referirte a eso» y luego fue asignada a tomar un curso de dos días sobre etnicidad y diversidad «para aumentar [su] conciencia de los problemas étnicos». Los oficiales de policía, funcionarios del gobierno y figuras de los medios de comunicación trabajaron constantemente para oscurecer la naturaleza y los perpetradores de los abusos, descuidando la clasificación o reportando las etnias de los criminales, oscureciendo datos para evitar sacar conclusiones obvias y declarando que tales acusaciones constituían un «pánico moral» que estaba siendo explotado por racistas y la extrema derecha. Un documental de 2004 para Channel 4, que se había realizado para resaltar el problema de la violación en grupo y el abuso sexual infantil, fue retrasado después de que la policía local y organizaciones sin fines de lucro «antifascistas» alegaran que «incitaría a la violencia racial».

Los sistemas políticos occidentales modernos presuponen que el Estado es una extensión de una nación única: un cuerpo cívico común con un contexto sociocultural relativamente uniforme, creencias morales, religiosas y políticas fundamentales y vínculos históricos, afectivos e idiomáticos comunes. Sólo una sociedad así es capaz de autogobernarse.

Ahora se están poniendo a prueba esas suposiciones. Mucha gente desdeña los vínculos y las fronteras tradicionales entre las naciones. Los avances en la tecnología moderna han simplificado la migración masiva, pero al mismo tiempo han hecho mucho más difícil la integración; los migrantes pueden, gracias a los modernos medios de transporte y telecomunicaciones, mantener sus vínculos familiares, su idioma, su cultura y sus medios de comunicación con pocas molestias. Los cambios en las combinaciones sociopolíticas hacen que la inmigración sea cada vez más atractiva económicamente, ya que la caída de las tasas de natalidad choca con un sistema de bienestar que depende del crecimiento económico y de una elevada proporción de trabajadores por cada persona dependiente. 

En Occidente, en consecuencia, casi todos los países han optado por permitir el ingreso y la ciudadanía a sus países de masas sin precedentes de inmigrantes de etnias y culturas distantes, con la esperanza de evitar el declive demográfico y económico y mantener la solvencia de sus sistemas de bienestar.

Ha sido, casi en todas partes, una decisión impopular. La población en general nunca ha sido particularmente favorable a la migración masiva con su delincuencia, desorden urbano, guetización y, en Europa, el auge del terrorismo islámico y el extremismo político que la acompañan. Pero las clases dominantes, por su naturaleza, están en gran medida aisladas de estas preocupaciones. A salvo en comunidades cerradas y protegidos por seguridad privada, los políticos de ambos partidos pudieron trasladar los costos de la inmigración a las clases bajas mientras cosechaban los beneficios ellos mismos.

Pero eso no significa que no hayan sido conscientes de los costos. De hecho, las élites son muy conscientes de los peligros potenciales de la inmigración masiva. En consecuencia, han gastado enormes cantidades de esfuerzo y dinero en «gestionar las tensiones raciales», desplegando iniciativas educativas, organizaciones sin fines de lucro, campañas en los medios, regulaciones e incentivos para corporaciones privadas y, por supuesto, los órganos del Estado para reprimir los posibles conflictos entre nativos y recién llegados. Los perturbadores de la paz son reprimidos, despedidos, condenados al ostracismo e incluso arrestados, algunos por un delito que no es mayor que el de expresar su opinión (en el Reino Unido, al carecer de las sólidas protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda, el encarcelamiento por publicar un discurso en Internet es una rutina). 

Las decenas de miles de jóvenes británicas violadas, torturadas y maltratadas por los paquistaníes fueron simplemente los sacrificios necesarios para mantener el nuevo Estado multicultural y posnacional en el Reino Unido. Su sufrimiento fue menos importante que el mantenimiento de la armonía social que exige el moderno orden sociopolítico que ha sucedido a la Gran Bretaña de posguerra.

Por supuesto, gran parte, quizá incluso la mayor parte de la conducta de la policía, los políticos o los medios de comunicación no fue un intento consciente de comprar la armonía social a costa de la violación de niños. Unos pocos funcionarios británicos aceptaron inocentemente la perspectiva religiosa del progresismo moderno, que considera la provocación del racismo en la sociedad como el pecado principal. Mucho más importante, todos eran conscientes de que, cualesquiera que fueran sus propias opiniones al respecto, esa perspectiva religiosa conlleva la sanción del Estado: los funcionarios que examinaran demasiado de cerca casos potencialmente incendiarios podrían encontrarse pronto frente a acusaciones de mala conducta. La policía ya estaba familiarizada con esas acusaciones: el Informe Macpherson de 1999 había acusado al Servicio de Policía Metropolitana de ser culpable de “racismo institucional” por su manejo del asesinato del hombre negro Stephen Lawrence en 1993.

Pero los crímenes son demasiado numerosos y las pruebas demasiado condenatorias como para que los implicados puedan mantener algún tipo de inocencia, incluso si no hubo una conspiración. Los agentes y los políticos eran perfectamente conscientes de los horribles crímenes que estaban fomentando, ya fuera con intenciones de “por el bien de la sociedad” o de salvar el pellejo. “Creo que debe haber concejales y diputados en todo el país que sabían lo que estaba pasando pero estaban aterrorizados”, dijo Anne Cryer, una política que abogó sin éxito por la investigación de los casos de abusos sexuales cometidos por hombres paquistaníes en su distrito en 2002. “Es un miedo genuino, estar aterrorizado de ser etiquetado como racista. Nadie quiere ser llamado racista, y menos aún alguien que no lo es”.

A largo plazo, puede que no haya sido prudente intentar preservar la armonía racial permitiendo abusos racializados y horrendos contra la población nativa, pero la lógica de la sociedad multicultural exige que el Estado y los órganos de opinión de las élites privilegien a las minorías y repriman los acontecimientos potencialmente divisivos. La reconstrucción de la nación exige un reordenamiento moral, y el nuevo código debe colocar la diversidad y la armonía étnica como las principales virtudes y el racismo como el principal vicio, para que el nuevo modo y orden funcionen. De lo contrario, podrían legitimar un rechazo del multiculturalismo a la luz de algún bien social superior, como la protección de los niños.

Y no fue necesariamente una apuesta desacertada. El escándalo ha superado hoy sus límites, pero hasta principios de esta semana parecía haber estado bien contenido. Han pasado más de diez años desde que se conoció la noticia de que el gobierno británico era cómplice de la violación sistemática de miles de niñas. ¿Qué consecuencias han sufrido los culpables? 

Ninguna, en absoluto. Nadie ha sido procesado por su complicidad en estos horribles crímenes. Ningún agente de policía ha perdido siquiera su trabajo por este asunto. Las consecuencias políticas han sido mínimas: el jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona entre 2008 y 2013, cuando estalló el escándalo, no era otro que Keir Starmer, actualmente primer ministro del Reino Unido. La cobertura del escándalo por parte de la prensa dominante fue mínima, pero no inexistente, y las leyes draconianas relativas a la publicidad de los juicios penales hicieron que muchos de los peores detalles salieran a la luz en silencio después de los hechos. 

Incluso los propios criminales –violadores, torturadores, asesinos– han salido airosos. Muchos de ellos han recibido sentencias de diez años o menos y ya han regresado a ensuciar las calles de Gran Bretaña.

En Venezuela todo el mundo sabe que el candidato a la presidencia que obtuvo mayoría de votos en las elecciones del 28 de julio 2024 ha sido Edmundo González Urrutia. La soberanía nacional, que reside en el pueblo, se manifestó mediante el voto en forma contundente a favor de EGU. Maduro, la AN y el TSJ, y todo órgano del Estado emana de la soberanía popular y a ella están sometidos (art.5). El pueblo eligió a EGU y todos los poderes públicos deben acatar ese mandato popular. El CNE conforme al artículo 228 tenía que proclamar presidente al candidato que obtuvo mayoría de votos. No lo hizo. En complicidad con las altas esferas del poder desconoció la soberanía popular, por ende, la Constitución Nacional.

Por: Rodrigo Rivera Morales – El Nacional

Debemos recordar que acorde con el artículo 25 todo acto que menoscabe los derechos protegidos en la Constitución es nulo, los funcionarios son responsables de esa violación, no es excusa que se cumplían órdenes superiores. En estos momentos han incurrido en desconocimiento de la soberanía popular y de la Constitución los poderes públicos. Están al margen de la ley. El candidato oficial, repudiado aplastantemente por la soberanía popular, con el apoyo del TSJ, la AN y la cúpula militar corrupta, pretende juramentarse contrariamente a lo dispuesto en el artículo 231 constitucional, lo que significa que está usurpando la presidencia.

EGU es quien debe juramentarse ante la AN o en su defecto ante el TSJ, porque fue el candidato elegido. El problema radica en que los poderes públicos han sido tomados fraudulentamente por una pandilla cívico-militar que ha desconocido el Estado de derecho, la Constitución y el mandato del pueblo. Evidentemente, esa camarilla no juramentará a EGU, pues su plan es perpetuarse en el poder. La Constitución no prevé otra vía, fue elaborada bajo visión democrática, un órgano en defecto de aquellos.

Acorde al artículo 333 la Constitución no pierde su vigencia, por acto de fuerza o cualquier otro acto que la desconozca, y el artículo 350 dispone que el pueblo desconocerá toda autoridad que sea contraria a la Constitución. Esto ratifica la supremacía constitucional y la soberanía popular (art. 7). La Constitución crea los poderes públicos, les asigna sus funciones y competencias. Es ella quien regula la actuación del poder público y garantiza los derechos de los ciudadanos. Con fundamento en esa supremacía podemos afirmar que los vacíos deben ser llenados en una correcta interpretación constitucional. Si es ella quien dispone dónde debe juramentarse el presidente electo, pero los poderes públicos desconocen su mandato, EGU debe declarar su plena vigencia y juramentarse ante la propia Constitución, ante una asamblea de ciudadanos. Precisamente, la gran marcha nacional, somos mayoría, sería el escenario para juramentarse, aunque sea en forma digital.

Juramentado EGU es el presidente constitucional y debe designar a su gabinete. En primer lugar, tiene el deber de cumplir y hacer cumplir esta Constitución. Asume el carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que significa que los militares deben acatar sus órdenes. Debe designar vicepresidente (MCM). Se conoce que hay militares con formación institucional y rechazan el comportamiento de la alta jerarquía, lo que quedó demostrado en las elecciones del 28 de julio, pues más del 60% de los componentes de las Fuerzas Armadas votaron contra Maduro y a favor de EGU. En estos momentos dramáticos para la patria, estos militares deben dar un paso al frente y colocarse al lado del pueblo y de la Constitución. La camarilla corrupta y criminal debe ser destituida y sometida a proceso.

EGU, en virtud de que los poderes públicos AN y TSJ están al margen de la Constitución, debe disolver la AN y convocar a nuevas elecciones. El fundamento constitucional está en los artículos 25, 138 y 333, pues han actuado contra la Constitución y son cómplices de la usurpación del poder.

Es claro que EGU y el pueblo venezolano se encuentran en un momento político crucial para Venezuela y las Américas. EGU tiene que enfrentar la inmensa problemática social. Debe tomar medidas de emergencia. Pues, en Venezuela ha ocurrido un terremoto, por la ineficacia y corrupción gubernamental, que ha provocado grandes catástrofes. La economía venezolana está en ruinas, las instituciones desmanteladas y ruina moral en algunos sectores de la sociedad. La tarea debe ser con la concurrencia de todos con espíritu auténticamente venezolano.

Tenemos una profunda fe en el pueblo venezolano, tenemos la convicción de que los militares institucionalistas acompañarán al pueblo en su marcha hacia la libertad y combatirán a las fuerzas cubanas, nicaragüenses y bolivianas que la camarilla gobernante tiene a manera de guardia pretoriana, si actúan contra el pueblo. Unidos pueblo y ejército institucionalista conquistaremos la libertad y enrumbaremos la patria hacia la democracia y el progreso en justicia social. ¡Hasta el final!

Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Procesal y Constitucional. Bloque Constitucional Capítulo España.

En medio del tumulto del mundo contemporáneo, hallar paz y calma puede parecer una empresa titánica. Sin embargo, aquellos que cultivan la virtud logran desarrollar una calma interna que permanece inalterable frente a las adversidades externas. La virtud, cuando se cultiva desde nuestro ser más profundo, sin la necesidad de buscar validación externa, nos otorga una fortaleza inquebrantable que nos permite navegar por las tempestades de la vida con gracia y serenidad.

La virtud no es solo una cualidad moral, sino una luz que se manifiesta en nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Es un faro en la oscuridad, brindándonos dirección clara y una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. Aquellos que cultivan la virtud comprenden que la verdadera fuerza proviene del interior, no del exterior. En la práctica diaria de la virtud, hallamos una paz que permanece inalterada ante el caos del mundo.
Vivir conforme a nuestros valores y principios nos libera de la necesidad de buscar aprobación externa. Al actuar desde un lugar de autenticidad, alineamos nuestra vida con nuestra verdad interior, brindándonos una sensación de integridad y permitiéndonos conectar más profundamente con nosotros mismos y con los demás.

Vivir con resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades y continuar adelante con fortaleza y determinación. Aquellos que cultivan la virtud desarrollan una resiliencia que les permite enfrentar los desafíos de la vida con una calma y claridad excepcionales. Como dijo Nelson Mandela: «La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre.» La virtud nos da la fuerza para levantarnos, una y otra vez, sin importar cuántas veces caigamos.

La felicidad no es un destino, sino un estado de ser que se cultiva a través de nuestras acciones diarias. Practicar la virtud nos permite hallar felicidad en los momentos simples de la vida. Al vivir conforme a nuestros valores y principios, encontramos una felicidad genuina que no depende de circunstancias externas.

La virtud fortalece nuestras relaciones al actuar con compasión, empatía y respeto hacia los demás. Esto no solo mejora nuestras relaciones personales, sino que también crea una comunidad más fuerte y unida. Como dijo Desmond Tutu: «Mi humanidad está ligada a la tuya, porque solo podemos ser humanos juntos.»

Practicar la virtud nos permite trascender las dificultades y encontrar un propósito más elevado en la vida. Nos ayuda a ver más allá de las preocupaciones mundanas y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Como dijo Viktor Frankl: «La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito.»

Vamos por más…
@jgerbasi

«¡Exprópiese!».

El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez convirtió esta palabra en su grito de guerra y desde 2007 la utilizó para anunciar la estatización de fábricas, bancos, hoteles, empresas de telecomunicaciones y de energía, así como de cinco millones de hectáreas de tierras.

Por: Juan Francisco Alonso – BBC News Mundo

Las expropiaciones fueron uno de los pilares en los que se asentaba el nuevo modelo político, económico y social que el mandatario impulsó en el país a principios de los años 2000: el llamado socialismo del siglo XXI.

Sin embargo, su sucesor desde 2013, Nicolás Maduro, quien se proclama «hijo de Chávez» y defensor de su legado, en el último lustro y sin muchas estridencias se ha ido alejando del proyecto económico de su mentor.

El mandatario, que pese a los cuestionamientos sobre su legitimidad espera iniciar el 10 de enero un tercer mandato, ha dejado a un lado el enfrentamiento con los empresarios que marcó tanto el inicio de su gestión como la de Chávez, y ha optado por tender puentes hacia ellos.

«¿Para qué sirvió el conflicto estéril, la guerra entre nosotros y el no escucharnos? Para el retroceso y para infligirnos daños (…) Saquemos la economía de la diatriba y la guerra política y concentrémonos en trabajar para producir», pidió el gobernante a los industriales y ganaderos venezolanos en julio pasado, buscando que el conflicto político interno no se traslade a la economía.

Y para ello, además de las palabras, Maduro ha tomado medidas concretas. En los últimos años, ha devuelto centros comerciales y fincas a sus dueños originales e incluso se ha abierto a la posibilidad de privatizar empresas.

En noviembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el gobierno planeaba transferir al capital privado 350 empresas de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas.

Todos estos gestos hacen creer que el país sudamericano consolida un nuevo modelo que algunos expertos han definido como «capitalismo autoritario».

La permanencia de la «élite gobernante»

Pero ¿qué es el capitalismo autoritario y cuáles son sus características?

«Es un sistema donde se permite al capital privado enriquecerse, pero en el que, simultáneamente, se socavan los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos para favorecer la permanencia en el poder de las élites gobernantes«, explicó a BBC Mundo Antulio Rosales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de York (Canadá).

En similares términos se pronuncia el politólogo Guillermo Tell Aveledo, quien, sin embargo, cree que el capitalismo autoritario venezolano no es convencional.

«La ‘apertura’ carece de una racionalidad económica profunda, mientras que el sistema político permanece cerrado y fuertemente centralizado. Este esquema no representa una ruptura con el socialismo del siglo XXI, sino que es una adaptación pragmática que busca perpetuar el poder bajo nuevas condiciones«, puntualizó a BBC Mundo el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.

En el último lustro, los venezolanos han visto como, casi de la noche a la mañana, desaparecieron los controles de precios y de divisas vigentes desde 2003; se despenalizó el uso del dólar internamente, hubo una dolarización de facto de la economía que redujo la inflación; y se relajaron los trámites para importar productos.

La medidas pusieron fin a la acuciante escasez de alimentos y medicamentos, desatada tanto por las regulaciones de precios como por la mala gestión de las empresas estatizadas.

Sobre todo en Caracas, la capital, proliferan negocios pensados para el consumidor de clase alta que eran imposibles de ver hace apenas cinco o siete años.

Sin embargo, junto a ese boom de mayor consumo y lujo también se dispararon los precios de los productos y servicios y sumieron a millones en la pobreza, pues las medidas no vinieron acompañadas de ningún plan compensatorio.

El pragmatismo

Los ajustes sirvieron para que el país saliera de la histórica hiperinflación en la que entró en 2017 y para que su economía tenga 13 trimestres consecutivos creciendo, según datos el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para los expertos consultados este giro no fue producto de una revisión ideológica ni de una rectificación por parte de las autoridades, sino que fue algo forzado por las circunstancias.

«La apertura se da porque colapsa la renta petrolera, debido a la combinación de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales que se produce a partir de 2014 y de la reducción de la producción nacional», afirmó a BBC Mundo el economista Francisco Monaldi.

El petróleo es la principal fuente de divisas de Venezuela, pero de producir tres millones de barriles diarios a principios del siglo, el país pasó a medio millón en 2020, una caída que dejó al Estado sin más del 90% de sus ingresos, dijo Maduro en julio pasado.

«La falta de dinero obligó a las autoridades a acudir a aquellos que podían tenerlo y a los que tradicionalmente vio como sus enemigos: los empresarios«, precisó Monaldi, profesor de la Universidad de Rice (Estados Unidos).

Antulio Rosales, por su parte, también considera que el giro económico fue impuesto por la crisis generada por el propio modelo socialista, pero agregó otro factor externo: las sanciones que distintos gobiernos han impuesto en los últimos años al gobierno de Maduro por socavar la democracia y violar derechos humanos.

«El gobierno vio obstaculizado los caminos para continuar con el socialismo rentístico, es decir, para vender petróleo en el mercado internacional y redistribuir esos fondos internamente. Esto, sumado a las presiones internas (malestar social y protestas) por la escasez y la inflación, lo forzaron a generar ciertas aperturas para continuar en el poder«, agrega el economista.

El grueso de las sanciones impuestas en los últimos años por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países han estado dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos o sus allegados.

No obstante, algunas de estas medidas han sido dirigidas en contra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), del Banco Central (BCV) y de otras instancias gubernamentales, las cuales han visto cómo se le cerraban las puertas a los mercados internacionales tradicionales.

Monaldi, por su parte, cree que las sanciones internacionales solo fueron un ingrediente más.

«En 2017, cuando se impusieron las sanciones financieras (a Pdvsa y al BCV) Venezuela estaba a punto de un default financiero [impago de deuda] generalizado», recordó el economista, quien insiste en que la razón fundamental del giro dado por el gobierno fue la crisis económica «autoinfligida» que estalló en 2017.

«Las hiperinflaciones llevan a los gobiernos a ser pragmáticos, inclusive a aquellos que son más de izquierda», dice.

Y como prueba de lo anterior menciona dos decisiones que, según él, hubieran sido imposibles de imaginar hace un par de años atrás.

La primera, la aceptación de que la petrolera estadounidense Chevron maneje la empresa mixta que tiene con Pdvsa, pese a que la legislación venezolana lo prohíbe; y la segunda, la entrega de Ferrominera del Orinoco, la mayor productora de hierro del país, a la empresa india Jindal.

Las sanciones personales llevaron también a que muchos emprendedores con fortunas invirtieran en negocios en el país y demandaran en casa un consumo de alto valor que antes podían satisfacer en el extranjero.

De enemigos a aliados

El cambio de actitud de las autoridades hacia los empresarios, en particular los tradicionales, tiene sus condiciones.

«Los empresarios, sobre todo los nacionales, saben que hay algunas reglas que deben respetar, y una de ellas es jugar con el gobierno«, agrega Rosales.

¿Qué significa esto? «Que los empresarios no deben meterse en política o mejor dicho, si se van a meter en política es para apoyar las iniciativas del gobierno, pero no a la oposición ni a ningún tipo disidencia», explica.

«Los empresarios saben que si cumplen esto, se les abren las puertas a unas oportunidades de grandes ganancias en unos mercados con enormes distorsiones», remata.

Los hechos confirman las palabras del experto. En el último lustro, también se ha producido un giro en la actitud de las patronales hacia el gobierno.

Los principales gremios empresariales, los cuales en el pasado reciente formaron junto a los sindicatos, partidos políticos opositores y otras organizaciones civiles un bloque para enfrentar al chavismo en las calles y en las urnas, parecen ahora haberse acercado al oficialismo.

«Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo nacional, regional y municipal con todos los sectores económicos están articuladas y trabajando conjuntamente para solucionar los desafíos» económicos que enfrenta el país, dijo en abril pasado la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en un comunicado.

En el documento, la organización rechazaba la posibilidad de que EE.UU. reimpusiera medidas contra el sector petrolero venezolano tras las críticas al gobierno de Maduro por el hecho de que las elecciones presidenciales del 28 de julio no fueron competitivas ni transparentes.

«Lo que ha ocurrido en los últimos años es muy positivo y lo ha logrado un gobierno con el que hemos tenido profundas diferencias y que está sancionado», dijo a BBC Mundo Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras, la principal organización gremial del país.

Cussano defendió la nueva actitud empresarial en los siguientes términos: «El país necesita construir confianza para atraer inversiones, y eso pasa porque la conflictividad política deje de existir y se abra un proceso de negociación y verdadero diálogo para hacer la institucionalidad venezolana más robusta e inclusiva».

La tesis de empresarios como Cussano ha sido fuertemente criticada por la oposición política venezolana, que teme que esa alianza mine los esfuerzos para el cambio político que se evidenció en las elecciones del 28 de julio de acuerdo a las actas de resultados publicadas por la oposición, en las que se demostró el triunfo de Edmundo González.

Más parecido a Rusia que a China

«(La economía venezolana) Está en una transición que tiene como referencia al modelo chino», dijo a finales de 2023 Rafael Lacava, miembro de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y gobernador del estado Carabobo, para explicar los cambios económicos que se están produciendo en el país.

Sin embargo, los expertos dudan de que la comparación se ajuste a la realidad.

«Esta ‘apertura’ se caracteriza por una aparente libertad de mercado sin competencia real, el predominio de élites económicas vinculadas al oficialismo y la ausencia de una planificación económica sofisticada, a diferencia de los modelos vietnamita o chino que poseen estructuras coherentes y unas élites relativamente serias», analiza el politólogo Guillermo Tell Aveledo.

Coincide Monaldi, quien considera que las autoridades venezolanas parecen estar copiando el modelo ruso más que el chino.

«Maduro sigue el modelo que (Vladimir) Putin impuso en Rusia, donde el Estado tiene una intervención muy significativa, pero hay una oligarquía de empresarios cercanos al régimen que tienen una influencia tremenda sobre la economía».

El ascenso del controversial empresario colombo-venezolano Alex Saab hasta el gabinete ministerial de Maduro, así como las informaciones que aseguran que unas 48 empresas estatales ya han sido entregadas a privados, muchos de ellos cercanos al altos funcionarios, según datos de Transparencia Venezuela, refuerzan esta tesis.

Consolidación o retroceso

Ahora se inicia un nuevo período presidencial marcado de nuevo por el conflicto político: muchos países considerarán como presidente legítimo al opositor Edmundo González, claro vencedor de las elecciones de julio de acuerdo a los resultados publicados, pero será Maduro quien detente el poder.

Y en ese contexto surge la pregunta: ¿Este experimento es sostenible en el tiempo? Los expertos difieren.

«Estas aperturas surgieron por pragmatismo: había que hacerlo para mantener cierta estabilidad y seguir en el poder. Pero yo diría que ahora, luego de 4 o 5 años, son irreversibles«, afirma Rosales.

Los sectores que se han beneficiado del nuevo modelo son para el experto una de las razones que asegurarán su supervivencia.

«Las bases de sustento del poder están entre otros lugares, en los militares, que se han beneficiado económicamente de este cambio, y en el sector privado, el cual ha sido disciplinado e incluso se ha convertido en un nuevo aliado del régimen político«, explica.

Monaldi, por el contrario, tiene sus dudas y apela a la historia para justificarlas.

«La gran pregunta para mí es: si se levantan las sanciones y se recupera la producción petrolera, ¿Maduro seguiría pragmático y liberalizador o volvería a querer controlar todo?».

Y acto seguido recuerda: «Los cubanos han liberalizado como tres o cuatro veces la economía desde la caída de la Unión Soviética para después retroceder, porque le temen mucho a los actores independientes en la economía porque no pueden controlarlos. Xi Jinping [presidente de China] está haciendo lo mismo con los ricos ahora mismo».

Los empresarios, por su parte, aspiran a que el nuevo modelo se consolide. Y con ellos como aliados, voluntarios o involuntarios, también Maduro busca sostenerse en el poder un tercer mandato a pesar del conflicto político interno y el rechazo internacional.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y el líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, se reunieron en el Palacio de Las Garzas.

La Estrella

González Urrutia fue recibido por el canciller, Javier Martínez-Acha, en el Palacio de Las Garzas y posteriormente siguió a reunirse con Mulino y un grupo de expresidentes de latinoamericana en el Salón Amarillo.

El presidente electo estuvo acompañado por su esposa, Mercedes López; el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma y dirigentes de la diáspora venezolana en Panamá.

Se espera que después de la reunión entre Mulino y González Urrutia ambos mandatarios comparezcan a una conferencia de prensa.

El líder venezolano llegó en la noche de este 7 de enero a suelo panameño en el vuelo comercial CM444, con procedencia de Washington, D. C., Estados Unidos, en donde sostuvo una reunión con el mandatario, Joe Biden.

Todo esto como parte de su gira en América Latina que inició el pasado sábado en Argentina, con una reunión con el presidente Javier Milei. La idea de las visitas del líder opositor es conseguir apoyo para su toma de posesión, programada para el 10 de enero.

La dirigente opositora María Corina Machado señaló en varias ocasiones el año pasado que González Urrutia tomará posesión como presidente electo este viernes 10 de enero.

Maduro, en tanto, ofreció una recompensa de 100 mil dólares para obtener información para capturarlo, por los supuestos delitos de conspiración y complicidad en el uso de actos violentos contra Venezuela.

Por su lado, Machado continúa en la clandestinidad porque también es acusada por el régimen de Maduro de varios delitos por su actividad opositora.

El partido de la líder antichavista María Corina Machado, Vente Venezuela (VV), denunció este martes la detención de seis activistas políticos opositores, cinco de ellos del estado Trujillo (oeste) y uno de Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

EFE

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de VV, Orlando Moreno, dijo a EFE que, hasta las 22:00 hora local (2:00 GMT del miércoles), habían confirmado la detención de Darío Durán, Marianela Ojeda, Eduardo Briceño, Francisco Graterol y Robert Rea, de Trujillo, y de Jeremy Santamaría, de Bolívar.

Moreno indicó que este grupo de antichavistas, de los cuales cuatro son miembros de VV, se suman a Enyer Abreu Jordan, integrante de la misma formación en Trujillo detenido el pasado sábado, y a Simón Vargas, aprehendido en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) el pasado 2 de enero.

Tras estos recientes arrestos, el Comité de DD.HH. de VV computa un total de 160 dirigentes de oposición y activistas detenidos, principalmente, luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuando se desató una crisis a raíz de la proclamación del mandatario Nicolás Maduro como ganador por parte del organismo electoral, un resultado denunciado como “fraudulento” por la oposición mayoritaria.

Este martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que espera que en Venezuela “no haya más represión en los días venideros, especialmente esta semana“, para cuando está prevista la toma de posesión presidencial, a la que tanto Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica la victoria, aseguran que acudirán a jurar como mandatario para el período 2026-2031.

Además, también hoy, Machado denunció el sobrevuelo de drones en la casa de su madre, Corina Parisca, en Caracas, por parte de “agentes del régimen”, quienes, según la exdiputada, rodearon el inmueble.

Entretanto, González Urrutia alertó del “secuestro” por “hombres encapuchados” de su yerno Rafael Tudares, cuando se dirigía a llevar a sus hijos a la escuela en Caracas.

De momento, se desconoce si este hecho está relacionado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ni si se trata de una detención o, por el contrario, es un secuestro, como dijo González Urrutia y su hija Mariana González -esposa de Tudares-, quien defendió la inocencia de su pareja.

El futuro depende de lo que hagas hoy”.
Mahatma Gandhi

Venezolanos, hoy nos encontramos en una encrucijada decisiva. La historia nos llama a todos, sin distinción, a ser protagonistas del cambio. No es un llamado cualquiera, es la oportunidad de nuestras vidas, la posibilidad de conquistar lo que durante años nos ha sido negado: la libertad, la dignidad y el derecho a construir un futuro digno para todos.

El régimen que nos ha oprimido durante tanto tiempo quiere seguir aferrado al poder, utilizando el miedo, la represión y la amenaza como sus principales armas. Pero lo que no entienden es que ya no les tememos. El miedo fue su herramienta más poderosa, pero hoy se vuelve contra ellos. Porque un pueblo que ha perdido el miedo es un pueblo que no se detiene hasta alcanzar su objetivo. Ahora es el miedo el que debe temer a nuestra determinación.

Nuestra fuerza radica en la intención de un pueblo que lucha por su libertad. Si todos nos mantenemos firmes y avanzamos juntos, la maquinaria de intimidación del régimen no tendrá el poder suficiente para detenernos. En cambio, si nos dividimos, si permitimos que el cansancio o la indiferencia nos separen, le estaremos regalando a la corporación criminal la posibilidad de perpetuarse en el poder. Por eso, hoy más que nunca, debemos actuar con unidad de propósito y acción. Todos tenemos un rol en esta lucha: cada voz que se alza, cada paso que se da, cada acto de valor cuenta.

Pero esta batalla no es solo nuestra. Hacemos un llamado claro y directo a nuestra Fuerza Armada y Policial. Sabemos que muchos de ustedes también sueñan con una Venezuela libre. Sabemos que en sus corazones late el mismo anhelo de cambio que nos mueve a todos. Les pedimos que escuchen el clamor del pueblo y se unan a él, respetando la soberanía popular manifiesta el pasado 28 de julio. No les pedimos que traicionen sus principios; les pedimos que honren la Constitución Bolivariana de Hugo Chávez. Su juramento es con la patria, no con una cúpula que ha saqueado a la nación y traicionado a su pueblo.

El tiempo se agota y el momento de actuar es ahora. Cada minuto que pasa, cada día que dejamos ir sin movernos con firmeza, es una oportunidad perdida. Este es un llamado a todos los venezolanos, dentro y fuera del país: debemos estar en cada calle, en cada plaza, mostrando con nuestra presencia que no retrocederemos. Que esta es una lucha por nuestras familias, por nuestros hijos, por el derecho a vivir en una Venezuela donde no haya miedo al salir a la calle, donde podamos abrazar a nuestros seres queridos sin temor a la separación o al exilio.

No basta con esperar que el cambio llegue por sí solo. No basta con desear un futuro mejor. El cambio necesita de cada uno de nosotros. Necesita nuestra voluntad, nuestro coraje y nuestra acción. Y no se trata solo de lograr que un nuevo gobierno asuma el poder; se trata de construir una Venezuela donde las decisiones se tomen con justicia, donde el respeto a la soberanía popular sea la norma y no la excepción.

Nos enfrentamos a una organización criminal que hará todo lo posible por mantenerse en el poder. Pero cada día que pasa su fuerza se desgasta, no tiene seguidores. Cuanto más se aferran al poder, más grande es el costo de su obstinación. Y ese costo, tarde o temprano, se volverá insostenible. Maduro y compañía deben entender que esta lucha no tiene vuelta atrás. El pueblo de Venezuela se ha despertado y no volverá a dormir mientras la justicia y la libertad sigan siendo una promesa incumplida.

Venezolanos, la victoria está en nuestras manos si actuamos con firmeza y unidad. Esta es una lucha de resistencia, de perseverancia, de saber que cada día que pasa estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. No nos detendremos. No retrocederemos. Porque hemos decidido ser libres y cuando un pueblo decide ser libre no hay fuerza que lo detenga.

Adelante con honor, con valentía y con la convicción de que estamos escribiendo uno de los capítulos más importantes de nuestra historia. Que el miedo nos tenga miedo, porque el tiempo del cambio es ahora. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó. Unidos, venceremos.

¡Gloria al bravo pueblo! ¡Adelante!

La ONG Espacio Público informó que se encuentra desaparecido su director ejecutivo, Carlos Correa desde la tarde de este martes 7 de enero.

La Patilla

De acuerdo a la ONG, no han podido establecer comunicación con Correa desde las 5:00 de la tarde aproximadamente.

“Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados”, señalan.

Por último, exigieron al chavismo que aparezca sano y salvo.

La profesora Mabel Calderín, esposa de nuestro director Carlos Correa, exige no solo información sobre su paradero, sino también su liberación inmediata.

“Exijo a las autoridades que respondan por la vida y la salud de Carlos“.

“Se desconoce el paradero de nuestro director ejecutivo Carlos Correa desde las 5:00 pm (21:00 GMT) aproximadamente, de este 7 de enero. No ha sido posible establecer comunicación. Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados. Exigimos al Estado que aparezca sano y salvo“, publicó la organización en la red social X.

La desaparición de Correa fue denunciada también por diversos activistas, que exigen conocer su paradero, a la vez que condenan su supuesta “detención“.

Nicolás Maduro firmó este martes 7 de enero un decreto presidencial que ordena la activación de las Organizaciones de Defensa Integral (ODI).

La Patilla

Según el decreto, las ODI, que son estructuras de defensa a nivel estatal, municipal, parroquial y comunal, se activarán desde esta noche del 7 de enero hasta el 9 de enero, abarcando toda la nación.

Las ODI incluyen la integración del poder político, el poder popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y las fuerzas policiales, creando supuestamente un frente unificado de defensa.

Maduro indicó que esta medida es esencial para los días que están por venir, sugiriendo una respuesta a las tensiones políticas y sociales que se anticipan antes de la investidura presidencial.

Las implicaciones

La activación de las ODI por parte de Maduro tiene varias implicaciones tanto a nivel nacional como internacional:

Primero, implica un incremento significativo en la presencia y control de las fuerzas de seguridad y defensa en todo el territorio venezolano. Las ODI, que combinan elementos del poder político, popular, militar y policial, se posicionan como un mecanismo de control social y político. Esto podría traducirse en una mayor vigilancia y posible represión de cualquier actividad considerada como una amenaza a la estabilidad del chavismo.

Segundo, esta medida sugiere una preparación para posibles disturbios o protestas, especialmente en el contexto de la juramentación presidencial del 10 de enero. La presencia de Edmundo González Urrutia, quien reclama la presidencia, podría generar intentos de movilización que el régimen busca prevenir o controlar con esta activación.

Tercero, a nivel político, la activación de las ODI podría interpretarse como una demostración de fuerza y cohesión interna del régimen, enviando un mensaje a la oposición y a la comunidad internacional de que el chavismo está dispuesto a defender su posición con todos los recursos a su disposición.

Finalmente, en términos de derechos humanos y libertades civiles, la activación de estas organizaciones podría aumentar las preocupaciones sobre la represión y la vigilancia excesiva. Históricamente, tales medidas han sido vistas como oportunidades para la intimidación de opositores, activistas y ciudadanos comunes, limitando la expresión pública y la movilización política.

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