Aislado por la comunidad internacional y enfrentando una histórica movilización popular en su contra, Nicolás Maduro quedó al desnudo por el minucioso informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que describe todos los actos de terrorismo de Estado que cometió para sostener la dictadura caribeña y evitar que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado inicien la transición democrática en Venezuela.
Por: Román Lejtman – Infobae
“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, concluye el dossier de la CIDH que se conoció hoy en Washington.
En este contexto, Maduro intentará retener su poder ilegal en un simulacro de ceremonia institucional convocada para el 10 de enero, mientras González Urrutia y María Corina Machado son apoyados por una desbordante mayoría de países que condenan los actos de fraude y represión estatal ejecutados por el regimen caribeño para preservar su estabilidad política y la trama de negocios de corrupción que están protegidos por Cuba, China, Rusia e Irán.
Durante las últimas setenta y dos horas, González Urrutia fue recibido por los presidentes Joe Biden, Javier Milei y Luis Lacalle Pou, en tanto que María Corina Machado ultima los detalles de una movilización popular que apunta a trastocar las intenciones de Maduro de asumir en el Palacio de Miraflores con la anuencia tácita de Lula da Silva, Claudia Sheimbaum y Gustavo Petro, sus aliados más influyentes en América Latina.
El informe de la CIDH tiene 45 fojas, dividido en cuatro capítulos, y fue aprobado el pasado 27 de diciembre. Se trata de una investigación minuciosa, que honra la trayectoria histórica de la Comisión Interamericana.
Más aún en el actual escenario geopolítico, que exhibe una fractura regional sin maquillaje: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguay, Uruguay y Costa Rica -por ejemplo- se enfrentan a la anomia institucional que aplican Brasil, Colombia, México y Bolivia al momento de adoptar medidas diplomáticas contra la dictadura caribeña.
El dossier denuncia lo siguiente:
1. “Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio (de 2024), el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder. En el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. Estos hechos sólo pudieron llevarse a cabo, sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas.
2. En el periodo preelectoral, el gobierno no sólo utilizó la maquinaria del Estado para favorecer la campaña de Nicolás Maduro, sino también para obstaculizar e impedir la participación política de la oposición. En esta etapa se registraron: inhabilitaciones administrativas de personas opositoras; obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras; impedimentos discriminatorios para el ejercicio del voto en el exterior; el retiro de misiones internacionales de observación electoral; así como detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales.
3. María Corina Machado fue inhabilitada por supuestas violaciones a la normativa administrativa y fiscal y por su apoyo a las sanciones internacionales contra Venezuela. En concreto, las autoridades la acusaron de participar en un esquema de corrupción orquestado por Juan Guaidó, que supuestamente llevó al “bloqueo criminal” de Venezuela y al desvío de activos nacionales en el extranjero.
4. Debido a la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, al menos 7,7 millones de personas han salido forzosamente del país desde el 2015 para salvaguardar sus vidas y la de sus familiares.
5. En los meses previos a las elecciones de 2024, el gobierno venezolano intensificó la represión contra personas de la oposición o percibidas como tales, utilizando fuerzas de seguridad para silenciar voces críticas y neutralizar campañas electorales. Este patrón incluyó detenciones arbitrarias y hostigamiento de, al menos, 50 opositores, así como de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
6. Las acciones evidencian un patrón de persecución contra Vente Venezuela, el comando de campaña de María Corina Machado, quien apoyó al candidato Edmundo González Urrutia. Las detenciones se llevaron a cabo en diferentes lugares y sin debido proceso, e involucrando distintas fuerzas de seguridad del Estado, así como personas no identificadas.
7. Las detenciones arbitrarias de personas líderes opositoras o percibidas como tales y personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social antes de la elección evidenciaron un patrón sistemático de persecución política en el país. Las acciones del gobierno buscaron silenciar voces críticas, desmantelar la oposición organizada y mantener un control absoluto sobre el panorama político y social.
8. La omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares, en particular, subrayan un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones.
9. A lo anterior se suman las amenazas emitidas por las más altas autoridades del Estado ante una eventual derrota. En efecto, el 17 de julio (de 2024), durante un acto proselitista, Nicolás Maduro advirtió sobre un “baño de sangre y una guerra civil en el país” en caso de que la oposición lograra una victoria electoral.
10. El Panel de las Naciones Unidas concluyó que ´el proceso de gestión de resultados del CNE (Consejo Nacional Electoral) no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados. En la experiencia del Panel, el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano´.
11. El Centro Carter concluyó que la elección presidencial del día 28 de julio (de 2024) ´no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. (…) El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales´.
12. Las serias denuncias de irregularidades y fraude electoral motivaron cerca de 300 protestas masivas y espontáneas en todo el país que movilizaron distintos sectores sociales, en particular, de barrios populares. En respuesta, el régimen puso en marcha prácticas de terrorismo de Estado para infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme. Entre los principales perpetradores están las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como ´colectivos´, que están incorporados legalmente en el ´Sistema Popular de Protección para la Paz´.
13. Una característica distintiva de este pico represivo es que las más altas autoridades del régimen y las fuerzas de seguridad contribuyeron a alimentar el clima de terror con sus declaraciones y publicaciones en redes sociales.
14. El entonces diputado Diosdado Cabello, y quien sería posteriormente designado como Ministro del Interior, dijo durante un programa de televisión que, en el marco de la ´Operación Tun Tun´, serían arrestadas las personas periodistas que publicaran información sobre la controversia electoral.
15. Entre el 28 y el 30 de julio (de 2024) se registraron graves denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 25 personas, todos hombres entre 15 y 56 años.
16. Según información pública, 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales. De estas, ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los “colectivos”, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e, inclusive, están incorporados legalmente en el “Sistema Popular de Protección para la Paz”. Dos de los casos serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales. En los otros casos no se cuenta con información sobre el perfil de los presuntos responsables.
17. En relación con las causas de muerte, la información documental y testimonial permite concluir que todas las víctimas murieron por arma de fuego. Siete con disparos en el cuello, cinco en tórax, cuatro en la cabeza, tres en la espalda, dos en el abdomen, y tres en otras partes del cuerpo. La trayectoria de los proyectiles permite concluir que las armas fueron disparadas con intencionalidad letal.
18. Las protestas registradas los días 28, 29 y 30 de julio (de 2024) se desarrollaron principalmente en barrios populares y estuvieron protagonizadas por hombres jóvenes en situación de pobreza. Información documentada por la Misión Internacional Independiente indica que varias de las personas que fallecieron durante estos días trabajaban de obreros, mototaxistas, barberos y pequeños comerciantes.
19. La CIDH ha podido constatar que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal por parte de grupos “colectivos”, incorporados legalmente en el “Sistema Popular de Protección para la Paz”.
20. Tras las primeras manifestaciones del 28 de julio (de 2024), el régimen puso en marcha una serie de redadas barriales para detener masiva e indiscriminadamente personas. Si bien la mayoría de las detenciones ocurrieron durante las manifestaciones en los puntos de reunión, también se registraron arrestos de personas que no participaban de éstas y en lugares apartados.
21. Entre el 28 de julio y el 24 de agosto, organizaciones de sociedad civil registraron 1.542 detenciones, incluyendo mujeres y adolescentes; así como personas con discapacidad, personas indígenas y periodistas y trabajadores de la prensa.
22. Testimonios recabados por esta Comisión, así como por la Misión Internacional Independiente, indican que todas las detenciones ocurrieron sin órdenes judiciales de captura, y sin informar a los familiares del lugar de la detención.
23. Resultan extremadamente preocupantes las detenciones de niños, niñas y adolescentes en el contexto de las manifestaciones. Conforme información suministrada por la organización Foro Penal, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, al menos 158 adolescentes fueron detenidos arbitraria e indiscriminadamente.
24. En los procesos penales que siguieron a las detenciones se reportaron numerosas violaciones de derechos humanos, en particular a las garantías judiciales. Estas violaciones comprenden la imposición de defensores públicos de oficio, con lo que se niega el acceso a una defensa técnica de confianza; y la violación al derecho a ser juzgado por un juez natural en el caso de adolescentes que son presentados ante tribunales con competencia antiterrorismo.
25. De otra parte, en el contexto de la represión poselectoral se registraron viejas prácticas intimidatorias, como la marcación de casas de personas opositoras o percibidas como tales con una ´X´.
26. En el contexto de la persecución política, varios líderes opositores buscaron protección en la residencia del embajador de Argentina en Caracas. Entre ellos se encuentran Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales; Claudia Mancero, coordinadora de comunicaciones; Omar González, secretario político; Magalli Meda, coordinadora de planificación estratégica; y Humberto Villalobos, coordinador electoral.
27. El 6 de septiembre, la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas (bajo la custodia del Estado brasileño desde el 1 de agosto) fue hostigada por agentes del Estado. Ello, en una intervención integrada por al menos 20 funcionarios públicos armados, quienes se apersonaron en dicha sede y procedieron a cortar el suministro de electricidad y suspender el ingreso de alimentos por al menos 24 horas.
28. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) continuaron documentando severas restricciones a la libertad de expresión en Venezuela, especialmente en asuntos críticos al gobierno. El ejercicio periodístico enfrenta obstáculos significativos por el temor a la violencia, el hostigamiento y la posible criminalización de la labor informativa.
29. Las organizaciones defensoras de derechos humanos también se ven afectadas por reformas legislativas que amenazan su financiación e independencia.
30. En la primera mitad de agosto, tras las elecciones del 28 de julio (de 2024), se documentó la detención de, al menos, nueve periodistas; cuatro de los cuales fueron imputados por delitos de terrorismo.
31. Como ya han señalado la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, las detenciones de periodistas representan una de las principales tácticas utilizadas por el Gobierno para intimidarlos o como represalia por el ejercicio de su trabajo; y suelen realizarse sin orden judicial o fundamento jurídico.
32. Al final de 2023, organizaciones de la sociedad civil documentaron el cierre de, por lo menos, 408 medios de comunicación en Venezuela durante los últimos 20 años, resultado de un prolongado proceso de restricción de espacios informativos y del ejercicio del periodismo en el país. De acuerdo con reportes públicos, las emisoras de radio han sido las más afectadas, con 285 estaciones cerradas en las dos últimas décadas, lo que representa un 71 % del total de medios clausurados.
33. La Comisión y su Relatoría Especial han documentado diversas prácticas represivas y actos de violencia contra activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores y testigos electorales.
34. Los casos de violaciones a la libertad de expresión en internet han incrementado durante 2024. En particular, en marzo de ese año, se registraron caídas masivas del servicio en diversas regiones del país, ocasionadas presuntamente por fallas en el suministro eléctrico.
35. Además, el gobierno habría utilizado el bloqueo de portales digitales como una estrategia para silenciar a la prensa independiente y a organizaciones no gubernamentales.
36. Tras las elecciones presidenciales, el gobierno ha intensificado la represión en el ámbito digital, utilizando tecnología para perfilar, vigilar e intimidar a opositores y voces críticas. Se han documentado bloqueos de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, así como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a delatarse entre sí.
37. Según reportes públicos, las fuerzas de seguridad del Estado estarían monitoreando activamente las redes sociales y pidiendo a sus partidarios que informen sobre actividades disidentes, lo que ha llevado a detenciones y allanamientos sin orden judicial. A las personas detenidas se les estaría negando el acceso a un juicio justo y estarían siendo enviados a “centros de reeducación”.
38. La criminalización, persecución, amenazas, acoso y detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad educativa y defensores de derechos humanos, motivadas por razones políticas, siguen siendo prácticas recurrentes denunciadas por organizaciones de la sociedad civil venezolana”.
Al finalizar su exhaustiva denuncia, la Comisión cuestiona al regimen caribeño porque aún no presentó » las actas de votación que respaldan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dieron como ganador a Nicolás Maduro”.
Y concluye con un llamado “a la comunidad internacional a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país”.
Este llamamiento público de la CIDH puede ser la herramienta clave que permita evitar la usurpación del poder que Maduro pretende coronar el próximo 10 de enero en Caracas. La dictadura no quiere correr riesgos y ya ha blindado a la capital de Venezuela.
