La culminación del período presidencial de Gustavo Petro deja a Colombia en medio de una de las coyunturas más delicadas y definitorias de su historia contemporánea. La administración de Petro, marcada por un discurso populista, una profunda polarización ideológica y una gestión que distó mucho de las expectativas creadas en amplios sectores de la sociedad, arriba a su término en medio de un balance controvertido. Así, pese a los escasos resultados en materia económica, de seguridad y de fortalecimiento institucional, el mandatario conserva niveles de favorabilidad superiores a los que objetivamente cabría esperar, producto de una astuta narrativa política y de una maquinaria de movilización ideológica que ha sabido capitalizar el descontento social y la fragmentación de sus adversarios.

En este contexto, el panorama electoral colombiano adquiere una importancia que trasciende las fronteras nacionales. Lo que está en juego no es únicamente la orientación futura de Colombia, sino también el equilibrio político de América Latina y, particularmente, las expectativas de transición democrática en Venezuela. Las encuestas más recientes colocan a Iván Cepeda como líder de la contienda y prácticamente seguro participante en una segunda vuelta presidencial.

Mientras tanto, los dos principales candidatos del espacio democrático y de centroderecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, avanzan divididos en una competencia que, lejos de fortalecer una alternativa al continuismo ideológico del petrismo, amenaza con fracturar definitivamente el voto opositor. Diversos sondeos muestran que ambos mantienen opciones reales de disputar la presidencia en segunda vuelta, e incluso podrían derrotar a Cepeda en determinados escenarios. Sin embargo, la persistencia de una confrontación áspera entre ambos sectores abre heridas políticas que podrían tornarse irreparables en el momento decisivo.

El riesgo de que no se produzca un respaldo mutuo entre las fuerzas democráticas en una eventual segunda vuelta equivaldría, en la práctica, a un suicidio político colectivo. Algunos pronunciamientos provenientes de dirigentes cercanos a ambos sectores, así como voces influyentes del espectro moderado colombiano, han insinuado reservas frente a un eventual apoyo recíproco. Tal escenario significaría entregar anticipadamente la presidencia a Iván Cepeda y consolidar la continuidad de un proyecto ideológico profundamente negativo para la transformación del Estado colombiano.

Pero, ¿quién es realmente Iván Cepeda? No se trata simplemente de un dirigente de izquierda convencional. Cepeda representa una corriente marxista disciplinada, doctrinaria y estructurada ideológicamente, con una visión estatista y profundamente revisionista de las instituciones colombianas. Hijo del histórico dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, su trayectoria política ha estado marcada por la defensa de tesis afines a la izquierda radical latinoamericana, así como por una posición persistentemente complaciente frente a actores insurgentes y proyectos revolucionarios de la región. A diferencia de Petro, cuya personalidad política suele estar marcada por la improvisación, el personalismo y el desorden, Cepeda proyecta una imagen de mayor coherencia doctrinaria y disciplina ideológica, lo que paradójicamente podría convertirlo en un dirigente todavía más peligroso para el equilibrio institucional colombiano.

Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella encarnan, con diferencias de estilo y matices programáticos, opciones vinculadas a la defensa de la economía de mercado, la institucionalidad republicana y la seguridad democrática. Su fortaleza reside precisamente en la posibilidad de construir una mayoría nacional frente al proyecto de izquierda radical. Pero esa posibilidad sólo será viable si logran comprender que el adversario principal no está en el espacio democrático, sino en el riesgo de consolidación de un modelo estatista y populista de largo plazo.

Para Venezuela, el eventual triunfo de Cepeda tendría implicaciones particularmente graves. La cercanía política e ideológica mantenida tanto por Petro como por Cepeda respecto al régimen venezolano resulta inocultable. La tolerancia frente a los grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, así como la actitud ambigua frente a la naturaleza autoritaria y usurpadora del régimen chavista, constituyen señales alarmantes para quienes aún aspiran a una transición democrática en Caracas. Un gobierno de Cepeda probablemente consolidaría una alianza política y estratégica con las corrientes autoritarias de la región, debilitando aún más las posibilidades de presión internacional efectiva sobre la dictadura venezolana.

El panorama tampoco sería alentador en materia de seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y estabilidad institucional. Durante el gobierno de Petro se ha consolidado una política de tolerancia y coexistencia con estructuras irregulares armadas, bajo el discurso de la llamada “paz total”, cuyos resultados han sido profundamente cuestionados. El debilitamiento progresivo de las fuerzas militares, la pérdida de autoridad territorial del Estado y el crecimiento de organizaciones criminales en numerosas regiones del país configuran un escenario de enorme fragilidad institucional.
Particular preocupación despierta además la insistencia del petrismo y de los sectores encabezados por Cepeda en impulsar un proceso constituyente. La experiencia latinoamericana demuestra que los procesos constituyentes promovidos desde proyectos revolucionarios terminan frecuentemente convirtiéndose en instrumentos para la colonización institucional, la concentración del poder y la erosión de los contrapesos democráticos. Colombia corre el riesgo de seguir una senda similar a la transitada por Venezuela, Bolivia o Nicaragua, mediante una nueva Carta Magna orientada por principios socialistas, estatistas, centralizadores y autoritarios.

La reciente reunión promovida por Pedro Sánchez en Barcelona, con la presencia de Gustavo Petro y figuras vinculadas a la izquierda iberoamericana, junto al activismo permanente de José Luis Rodríguez Zapatero, y de políticos como el expresidente Ernesto Samper Pizano, confirman la articulación estratégica de un bloque político regional que reedita, bajo nuevas formas, los objetivos históricos del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla. La batalla electoral colombiana, por tanto, no debe interpretarse únicamente como un episodio doméstico, sino como una pieza clave en la disputa geopolítica e ideológica del continente.

En esta recta final hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Colombia aún está a tiempo de reflexionar con serenidad y responsabilidad histórica. El país enfrenta una decisión que marcará su destino durante décadas. No se trata solamente de escoger entre candidatos, sino entre dos modelos profundamente distintos de sociedad, economía y democracia. De un lado, la defensa imperfecta pero indispensable de la institucionalidad republicana, la inversión y las libertades; del otro, la posibilidad de avanzar hacia un modelo de inspiración marxista, estatista y populista, cuyas consecuencias han resultado devastadoras allí donde se ha implantado.

Colombia posee todavía reservas morales, democráticas y sociales suficientes para evitar ese desenlace. Pero ello exige madurez política, desprendimiento personal y una comprensión clara de la magnitud del momento histórico. Los ciudadanos colombianos tienen en sus manos no sólo el futuro de su nación, sino una parte decisiva del futuro democrático de América Latina.

Pedro F. Carmona Estanga

La muerte de Víctor Hugo Quero Navas ha conmovido a la nación. Y cuando digo nación, digo a la que aún respira dentro de este territorio sitiado y a la que habita por fuera, en esa geografía del exilio que todo lo ve con el espanto de quien ya no se asombra de nada. Hasta aquellos que, desde las vitrinas de una falsa oposición, aplauden con disimulo al régimen, se han visto obligados esta vez a soltar un lánguido mensaje en X, como quien vomita una condena a cuentagotas para lavar su propia complicidad.

Escuche lo que dijo su madre, Carmen Navas, de 82 años, cuando por fin le revelaron la verdad: “Me decían que estaba bien, que pronto volvería. Yo le planchaba la ropa esperándolo.” Esa voz es la que ningún poder puede comprar ni acallar.

¿Por qué? ¿Por qué este crimen, entre tantos, ha logrado ese milagro cínico de unir en el repudio a verdugos y cómplices?

Porque más allá de lo repudiable de todo crimen —y en este país ya deberíamos tener un diccionario aparte para clasificar tantos—, más allá de que esta muerte sea una más en una lista que las ONG Provea y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) documentan con nombres y fechas: 27 presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde 2014; más allá de que el Foro Penal, por su parte, confirme al menos 17 muertes en el mismo periodo y su presidente, Alfredo Romero, haya denunciado que se trata de un “esquema sistemático” de violaciones; más allá de la ilegalidad de su detención, certificada por informes de la ONU; más allá de la condición humilde de Quero, buhonero del sector La Hoyada, en el mismo corazón de Caracas, donde sudaba su sustento diario y el de los suyos; más allá incluso de que, sabiéndolo muerto, un juez del horror le negara el beneficio de la Ley de Amnistía —esa que la señora interina Delcy Rodríguez ha decretado fenecida, mostrando su desprecio por el derecho, ella que es abogada, aunque el oficio le quepa como anillo al puño—, está la burla contra su madre.

Una anciana de 82 años. A ella le ocultaron primero la detención. Luego la muerte. Durante más de un año le mintieron con la saña de quienes ya no distinguen el crimen del trámite. Un procedimiento avieso y abominable donde se dan la mano el crimen directo del régimen de Maduro y la complicidad sepulcral del régimen interino de Delcy Rodríguez. Un pacto de silencio entre dos caras de la misma podredumbre.

Dirán algunos, desde sus tribunas oficiales, que fue un hecho aislado, que hubo excesos de subalternos. Miente quien lo afirme. La cadena de mando que firmó su detención ilegal, que ordenó su traslado y que después instruyó el silencio es la misma que hoy finge investigarse desde el escritorio. No se salven los nombrados. En este suplicio tienen responsabilidad directa, para el momento de los hechos, el ministro de Interior y Justicia, el ministro de la Defensa, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Es decir: casi todo el estamento del poder político venezolano. Esa cadena de mandos que debió proteger a un ciudadano y que, en vez de ello, lo desapareció, lo mató y lo enterró en el sigilo de la burocracia del horror.

Hay un detalle pequeño, humano, imposible de inventar. Sus zapatos aún están en el cuarto de su madre, junto al puesto de buhonero que dejó armado la última noche, con la mercancía que nunca volvió a vender. Ese detalle es la pica en la carne de la impunidad.

Contra esa podredumbre los venezolanos —los de a pie, los que aún creen que es posible otra cosa— exigimos cuanto antes un cronograma electoral nacional, un CNE totalmente independiente y garantías para un proceso limpio. No por fe en los salvadores de turno, sino por puro y elemental instinto de supervivencia. Para que ningún otro buhonero, ningún otro hijo, ninguna otra madre anciana tenga que morir dos veces: primero en una celda, y luego en el silencio cómplice de quienes deberían dar la cara.

Y sí, exigimos investigación. No una simulación. Exigimos que la Fiscalía —independiente, no la que hoy obedece— publique en un plazo de 48 horas la hora exacta, la causa médica de la muerte y la lista de todos los custodios presentes durante su reclusión. Exigimos una investigación de verdad, de esas que duelen, de esas que desnudan a los poderosos y los sientan en el banquillo de los acusados. Porque mientras no haya un solo responsable tras las rejas —no un chivo expiatorio, no un subalterno al que se le quiebra la voz en una rueda de prensa—, la muerte de Víctor Hugo Quero Navas será apenas un número más en la estadística del horror. Un número que se suma a los 27 de Provea y JEP, o a los 17 de Foro Penal: cualquiera de las dos cifras es una condena.

Caiga con todo rigor el peso de la justicia. Pero, ¿de qué justicia hablamos en un país donde la ley se pliega como un junco al viento del régimen? Hablamos de esa justicia que aún no nace, la que tendrá que venir con un cambio político verdadero, con jueces que no juren lealtad al verdugo, con fiscales que no reciban órdenes por teléfono. Mientras tanto, los nombres de aquellos que estuvieron al frente del Ministerio de Interior y Justicia, de la Defensa, del Supremo, de la Fiscalía y de la Defensoría deben ser escritos en letras de hormigón. Para que la memoria, esa vieja tozuda, no los olvide.

Que sepa la madre de 82 años, esa a quien le robaron el derecho al duelo, que no estamos dispuestos a cerrar los ojos. Que sepa el buhonero de La Hoyada, el que cada mañana extiende su mercancía sobre una lona raída, que su vecino muerto no caerá en el vacío de la indiferencia. Porque si algo nos queda en esta Venezuela herida es la exigencia: la exigencia de investigación, de justicia, de cambio. Y, sobre todo, la exigencia de que ningún poder, ni el de palacio ni el de las sombras, pueda volver a enterrar la verdad bajo el escombro de su impunidad.

Convocamos a la comunidad internacional —a la ONU, a la CIDH, a los gobiernos que aún conservan un resto de decencia— a solicitar formalmente la lista de todos los funcionarios presentes en el lugar de reclusión de Víctor Hugo Quero Navas desde el día de su detención hasta la fecha confirmada de su muerte. Sin esa lista, toda condena es teatro.

Víctor Hugo Quero Navas no pidió gestas. Solo pedía vivir. Y el poder, ese monstruo de dos cabezas que se odian y se abrazan, decidió que eso era demasiado.

Esa muerte nos señala. Y no hay vuelta atrás.

José Luis Farías

La lección que el mundo se niega a aprender sobre Venezuela y por qué sin María Corina Machado no hay cambio real posible.

Por: Elizabeth Sánchez Vegas

EE.UU. tiene armas. Qatar tiene dinero. El régimen tiene petróleo. Machado tiene algo que ninguno de ellos puede comprar ni reemplazar: el único mandato legítimo sobre Venezuela.

Eso lo cambia todo. O debería.

Machado es incómoda. No para el régimen, eso ya lo sabíamos. Sino para cualquier poder que quiera una Venezuela «estable» sin tener que responder ante los venezolanos.

Ella exige elecciones reales. Exige rendición de cuentas. Exige que el petróleo beneficie al pueblo y no a acuerdos secretos entre cancillerías. No es manejable. No se sienta a negociar la continuidad disfrazada de cambio.

Por eso no estaba en la mesa de Doha. No porque le falte respaldo, tiene más que nadie. Sino porque su presencia habría obligado a que esa mesa fuera honesta. Y nadie en esa habitación quería honestidad. Querían una transacción.

𝑳𝒂 𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖𝒚𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅é𝒃𝒊𝒍. 𝑳𝒂 𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖𝒚𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔 𝒍𝒂 ú𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐 𝒔𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆.

Delcy Rodríguez gobierna. El limbo político continúa. La diáspora no regresa. La economía no se recupera. La desconfianza es total.

¿Sorprende? No debería. Las transiciones construidas sobre acuerdos petroleros y cuentas bancarias en Qatar no producen democracias. Producen más de lo mismo con diferente etiqueta. Venezuela lo está viviendo en tiempo real.

Lo que falta no es otro negociador. No es otro acuerdo entre élites. Lo que falta es lo que siempre faltó en ese cuarto de Doha: la legitimidad que solo viene del pueblo venezolano.

Las transiciones construidas sobre acuerdos de conveniencia no duran. La historia de América Latina está plagada de ejemplos: pactos que prometían estabilidad y entregaron más de lo mismo con diferente etiqueta. Se firmaron. Se celebraron. Y se cayeron, porque sin el pueblo adentro, ninguna arquitectura política aguanta.

Lo que viene para Venezuela, si el país quiere un cambio real y no otro ciclo de ilusiones, requiere lo que siempre ha requerido: que el pueblo decida y que quienes lo representan genuinamente estén en la sala donde se toman las decisiones.

𝑬𝒔𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒗í𝒂 𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒃𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒂 𝑴𝒂𝒓í𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒊𝒏𝒂 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐. 𝒀 𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒆𝒔𝒕é 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅𝒆𝒓𝒐 𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒆𝒛𝒖𝒆𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒎𝒃𝒊é𝒏 𝒍𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓á.