Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas se presentó este lunes ante el Tribunal Primero Antiterrorista de la circunscripción judicial del Distrito Capital para solicitar que se le otorgue la libertad plena, bajo el cumplimiento de la ley de amnistía, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, su pedido no fue admitido.

El Nacional

“Luego de recibirme el escrito a las 10:00 am, se me hizo esperar por una hora, para comunicarme que no podían admitirlo dado que ‘no hay despacho’. Le manifesté a la secretaria del tribunal que me sentía burlado, dado que durante toda la mañana estaban laborando, procediendo a colocar a las 11:00 am un cartel en la puerta del tribunal que indicaba que ‘no hay despacho’, afirmando que eran las instrucciones del juez Edward Briceño”, denunció Cabezas en un comunicado compartido a la prensa.

El exministro aseguró que los tribunales, que “nos judicializaron arbitrariamente”, siguen siendo sus verdugos. “No se les puede permitir violentar la ley de amnistía”, agregó.

Cabezas informó que se comunicó con la diputada Nora Bracho, de la comisión parlamentaria de la AN, y con directivos de ONG de derechos humanos, para denunciar dicha irregularidad “que mantiene prisioneros de una injusticia a cientos de venezolanos”.

Rodrigo Cabezas fue detenido el 12 de junio en Maracaibo, estado Zulia, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sin orden judicial ni cargos públicos conocidos. 41 días después, fue excarcelado junto con otros dos economistas, bajo medidas cautelares.

El caso generó preocupación, especialmente por tratarse de una figura que, aunque formó parte del gobierno de Hugo Chávez como ministro de Finanzas entre 2007 y 2008, en los últimos años había asumido una posición crítica frente al régimen de Nicolás Maduro.

En 2017 se desvinculó del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual formó parte de la dirección nacional. Y para las presidenciales del año 2024 apoyó a la oposición democrática.

Durante su desaparición, familiares y activistas denunciaron el traslado de Rodrigo Cabezas de Maracaibo a Caracas sin presentación ante tribunales. Tampoco recibieron información oficial sobre su paradero.

«Ratifico que no he cometido delito alguno, que fui secuestrado por 41 días en el Helicoide, y reclamo como mi derecho humano, que se cierre el fraude procesal que me afectó junto a mis seres queridos. Solo así entenderé que el llamado a la reconciliación, convivencia, perdón y paz, es autentico», concluyó Cabezas.

3000 pedidos de amnistía

El caso de Rodrigo Cabezas es uno de los más de 3000 pedidos que han recibido los tribunales del país en la primera semana de vigencia de la ley.

El diputado chavista Jorge Arreaza aseguró este lunes que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos se han visto beneficiados en el marco de la ley de amnistía desde su promulgación.

«Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación», informó el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con «víctimas de la violencia política».

Asimismo, señaló que la comisión que preside ha recibido más de 3.000 solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en «algunos» tribunales del país.

En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

La noche de este lunes fue liberado José Vicente Romero Peña, el taxista detenido desde el pasado 8 de enero en la urbanización Colinas de Carrizal en los Altos Mirandinos por celebrar la operación militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. 

El Nacional

El diario regional El Tequeño reseñó que Romero fue arrestado mientras cumplía con un servicio de transporte, luego de que funcionarios policiales revisaran su teléfono celular y encontraran un mensaje privado de WhatsApp celebrando lo ocurrido el 3 de enero.

“Siii ya cayeron… falta Diosdado, somos libres”, fue el mensaje compartido en la aplicación que sirvió como evidencia para imputarle cargos de traición a la patria e incitación al odio.

Tras su liberación, Romero se reencontró con su hijo en el estadio de béisbol de Carrizal, donde familiares y vecinos celebraron el fin de su detención. 

Durante este lunes también fue liberado Eudi Andrade Boscan, mototaxista de Los Salias que fue detenido hace más de un año y permanecía en Yare I.

Ambas excarcelaciones forma parte de la ley de amnistía promulgada el jueves pasado. La iniciativa fue promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos han solicitado acogerse al beneficio y que unas 11.000 personas que se encontraban bajo régimen de libertad condicional obtendrán libertad plena con la nueva normativa.

Es raro el día en que no circule una nueva especulación sobre supuestas negociaciones entre Washington y La Habana. El rumor corre por los portales digitales, se cuela en los comentarios de la bodega y vuelve a aparecer, con añadidos, en las redes sociales.

Por: Yoani Sánchez – DW

En las calles cubanas, la gente se pregunta si será cierto que ambos gobiernos están hablando y que pronto saldrá a la luz una hoja de ruta para una transición democrática en la Isla. Sin embargo, los rumores avanzan por un carril y la terca realidad no hace más que retroceder por otro.

Los cubanos hemos aprendido a desconfiar. No por cinismo, sino por experiencia. Demasiadas veces se nos ha anunciado un nuevo proceso de transformación que termina siendo apenas un cambio de tono, una concesión reversible o una promesa que se evapora en pocas semanas. Si de verdad existen conversaciones, si no se trata solo de globos de ensayo lanzados para medir reacciones, entonces deberían venir acompañadas de señales claras, visibles y, sobre todo, de pasos irreversibles hacia la libertad.

Primera señal necesaria

El primero de esos necesarios movimientos no admite maquillaje ni eufemismos: la liberación de todos los presos políticos. Más de mil personas están hoy encarceladas en Cuba por pensar distinto, manifestarse pacíficamente o publicar un texto incómodo en internet. No se trata de excarcelaciones temporales, licencias extrapenales o destierros encubiertos, sino de una amnistía plena, sin amenazas ni vigilancia posterior. Mientras no logre sacar hasta el último preso de conciencia que quede tras las rejas, cualquier diálogo se quedará en mascarada. 

Otra prueba indispensable sería la despenalización real de la discrepancia y el desmontaje del aparato de la policía política. No bastan cambios legales cosméticos si el ciudadano sigue sabiendo que una opinión puede costarle el trabajo, la carrera o la libertad. Sin ese andamiaje del miedo, hecho de citaciones, actos de repudio y expedientes coercitivos, no hay transformación honesta, solo simulacro.

También habría que tocar el núcleo duro del poder: el fin del Partido Único y la convocatoria a elecciones plurales. No como un gesto lejano, prometido para un futuro impreciso, sino como un compromiso con calendario y reglas claras. Una transición no puede construirse con un solo jugador en el tablero. Y para que esas elecciones no sean una coreografía vacía, los medios públicos tendrían que abrirse a voces divergentes, permitiendo que distintas opciones políticas hagan campaña ante los ciudadanos. El día que veamos a un opositor explicar su programa ante las cámaras de la televisión oficial, podremos empezar a decir que algo está cambiando realmente en esta Isla.

El papel del exilio

En el plano económico, un paso irreversible sería poner fin a la absurda prohibición que impide a médicos, abogados y otros profesionales ejercer libremente en el sector privado. No hay país que se reconstruya atando de manos a su capital humano. Del mismo modo, debería desaparecer la práctica de las «regulaciones” migratorias por motivos políticos, que convierten el derecho a viajar en un privilegio condicionado a la obediencia o al silencio.

Finalmente, ninguna transición cubana será completa si ignora al exilio. Llamar a quienes se fueron, y a sus hijos, a incorporarse a la vida política nacional y a la reconstrucción del país no es una concesión, es una necesidad. Cuba es también esa diáspora que envía remesas, aporta ideas y conserva nuestra memoria.

Si las conversaciones existen y aspiran a algo más que a ganar tiempo, estas serían las señales. Todo lo demás, por seductor que suene, seguirá siendo ruido en medio de un largo estancamiento.

Rusia admitió este martes que la guerra en Ucrania continuará, después de cumplir cuatro años, porque el gobierno de Vladimir Putin aún no ha logrado «todos sus objetivos» en ese país.

EFE

«En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov dio así la razón al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien subrayó que Moscú no había logrado lo que pretendía cuando inició su campaña militar el 24 de febrero de 2022.

Pero sí consideró que el Ejército ruso alcanzó «el principal objetivo, que es garantizar la seguridad de la gente que vive en el Este de Ucrania y que estaba en peligro mortal».

Con ocasión del aniversario de la guerra, lamentó que la campaña militar contra Kyiv «se convirtiera, después de la injerencia directa en ese conflicto de los países de Europa Occidental y Estados Unidos, en un enfrentamiento mucho más grande entre Rusia y los países occidentales, quienes perseguían y aún persiguen el objetivo de aplastar a nuestro país».

Al mismo tiempo, aseguró que, mientras «la operación militar especial continúa, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos».

«Sea como sea, los intereses rusos serán garantizados», afirmó.

Más de 200.000 militares rusos muertos en cuatro años

De hecho, subrayó que la esperanza de lograr un arreglo pacífico en Ucrania no ha abandonado a Rusia «desde el mismo comienzo» de la contienda y culpó a Occidente de que el proceso de paz que comenzó en marzo de 2022 fuera abandonado y «se volviera al cauce militar».

«Proseguimos los esfuerzos en favor de la paz. Nuestra postura es clara y consecuente. Ahora todo depende de las acciones del régimen de Kyiv», señaló.

En cuanto a la cuarta ronda de negociaciones con mediación estadounidense, aseguró que aún no existe un acuerdo definitivo sobre las fechas y la sede de la reunión, aunque expresó su confianza de que «el trabajo continúe».

Peskov también destacó que la sociedad rusa ha sufrido cambios «fenomenales» en esos cuatro años, que se han traducido en la consolidación en torno a Putin, aunque sondeos independientes apuntan que la mayoría de los rusos desean un urgente cese de las hostilidades.

«A Rusia se le han abierto los ojos sobre muchos procesos internacionales, sobre cómo entablar relaciones con muchas organizaciones internacionales y capitales», aseveró.

Según informaron este martes medios independientes, el Ejército ruso ha perdido más de 200.000 hombres en cuatro años de un conflicto, que dura más que la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945).

El Kremlin se anexionó sobre el papel en 2022 cuatro regiones ucranianas, pero el Ejército ruso no ha podido conquistarlas, ya que Kyiv aún controla más de la quinta parte de Donetsk y un tercio de Jersón y Zaporiyia.

Las doñitas comunistas gringas que integran la organización feminista CODEPINK reaparecieron esta semana en Venezuela durante su visita a una sede bombardeada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), en Altos de Pipe, estado Miranda.

La Patilla

«Estamos aquí visitando el lugar donde dos misiles golpearon y destruyeron un centro de telecomunicaciones, justo aquí, y tuvieron un impacto a un kilómetro a la redonda», comentó Medea Benjamin en una grabación publicada en la red social X.

«Edificios, escuelas, aulas que estaban aquí y, por supuesto, afectó a la gente que trabajaba en este centro científico», apuntó, pese a que no hay reportes oficiales sobre bajas civiles en ese lugar.

«Nos sentimos horrorizados sobre lo que nuestro gobierno hace aquí», expresó Benjamin, quien se caracterizó por ser la principal propagandista de Nicolás Maduro en Estados Unidos, principalmente durante la toma ilegal de la embajada venezolana en Washington, donde fue la principal alborotadora.

Quién financia y cuánto dinero manejan estos turistas activistas

La ONG Code Pink (oficialmente CODEPINK: Women for Peace) es una organización estadounidense sin fines de lucro registrada como 501(c)(3), enfocada en activismo por la paz, anti-guerra y causas progresistas. Sus ingresos anuales recientes rondan alrededor de $1.2 a $1.4 millones (por ejemplo, en el año fiscal 2024 reportó aproximadamente $1.33 millones en ingresos, principalmente de contribuciones, según datos de ProPublica Nonprofit Explorer).

Code Pink afirma en su sitio web que se financia principalmente por donaciones individuales de ciudadanos preocupados por la paz y el anti-militarismo, a través de una red de organizadores locales, simpatizantes en línea y donantes generosos. Sin embargo, reportes independientes, investigaciones periodísticas y formularios fiscales públicos (IRS Form 990) revelan donantes específicos y patrones controvertidos:

Donaciones individuales y pequeños donantes, representan la mayor parte según la propia organización.

Neville Roy Singham: Es la fuente más destacada y controvertida. Singham es un empresario estadounidense (de origen indio-srilanqués) millonario, esposo de la cofundadora Jodie Evans desde 2017. Según una investigación del New York Times (2023) y reportes posteriores (incluyendo del Congreso de EE.UU. en 2025-2026), desde 2017 alrededor del 25% de los fondos de Code Pink (más de $1.4 millones) provienen de grupos o entidades vinculadas a Singham. Estos incluyen: Organizaciones sin fines de lucro que actúan como conductos (como fondos anónimos a través de UPS Store nonprofits o charities de Goldman Sachs).

Singham ha sido acusado de financiar redes de influencia alineadas con el gobierno chino (propaganda del Partido Comunista Chino), lo que ha generado investigaciones del Congreso (por ejemplo, cartas de senadores como Tom Cotton en 2025 pidiendo indagaciones por posibles violaciones a la Foreign Agents Registration Act – FARA) y llamados a revisar su estatus. Code Pink niega rotundamente cualquier financiamiento directo del gobierno chino o del PCC, y afirma que sus decisiones son independientes.

Benjamin Fund: Gestionado por la cofundadora Medea Benjamin. En 2022 donó $355,350 a Code Pink. Este fondo tiene activos de unos $47.9 millones.

Otras fundaciones y donantes conocidos:

Tides Foundation: Donó $54,500 en 2020 (y posiblemente más en otros años).

Otras menciones en reportes incluyen Threshold Foundation, New Priorities Foundation, Barbra Streisand Foundation y Global Exchange (donaciones menores o puntuales).

Code Pink, obviamente, no publica una lista completa de donantes (como muchas ONG, prioriza la privacidad), lo que genera críticas por falta de transparencia. Sus ingresos provienen casi exclusivamente de contribuciones (95-100%), sin ingresos significativos por servicios o inversiones grandes.

Controversia significativa

Fuentes conservadoras, congresistas (como comités del Congreso en 2023-2026) y medios la vinculan a influencia china vía Singham, mientras que la organización lo rechaza categóricamente y dice pasar auditorías.

Organizaciones sin fines de lucro de extrema izquierda en la mira mientras un legislador las expone por «sembrar el caos» en EE. UU.

Un alto líder republicano dijo que las organizaciones sin fines de lucro estadounidenses deben «negarse a actuar como instrumentos de gobiernos extranjeros hostiles».

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, intensificó su investigación sobre el magnate tecnológico marxista nacido en Estados Unidos y radicado en China, Neville Roy Singham, quien supuestamente ha estado «sembrando caos y difundiendo propaganda china, posiblemente en coordinación con un gobierno extranjero».

La amnistía no resuelve la historia: la ordena para que la historia pueda seguir sin que la violencia sea la única jugada disponible. En términos políticos, la medida puede interpretarse como una forma de desactivar tensiones internas

ORLANDO VIERA-BLANCO
24/02/2026

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en Venezuela es, sin duda, una pieza relevante en la historia política reciente. No garantiza la paz y la reconciliación nacional, porque no contamos con la estructura política e institucional para hacer memoria y justicia, por ahora…El momento histórico llegará cuando restauremos el estado de derecho y la democracia.

La Amnistía es sólo un vehículo político de contención a los abusos del régimen y a la criminalización de la política.

Sabemos que el régimen tiene en sus manos la posibilidad de abrir las cárceles. Pero también es necesario crear un ambiente de cese de la persecución sistemática. La amnistía representa una oportunidad concreta para liberar a presos políticos, aliviar tensiones y abrir espacios de convivencia. No todos los presos obtendrán libertad plena e inmediata ni están todos los que deberían estar tan las rejas [criminales de lesa humanidad]. Pero ese momento llegará.

Aunque la amnistía está lejos de constituir una herramienta de justicia transicional integral, en tanto carece de mecanismos sólidos de verdad, reparación, garantías de no repetición e independencia judicial, sin embargo cumple un fin inmediato: desarma al verdugo y libera a miles de víctimas de persecución y cárcel […] Más que un puente hacia una reconciliación profunda, parece ser una alfombra cuando menos pragmática, y cuando más, un instrumento de cierre político condicionado en medio de una complejidad latente.

La amnistía como herramienta política: Una alfombra azul sobre la roja.

La amnistía-en términos jurídicos-es una medida que extingue legalmente la responsabilidad penal de ciertos actos cometidos antes de su promulgación. A diferencia del indulto individual, que simplemente perdona una pena, la amnistía borra el delito en abstracto para un grupo de personas, dejando sin efecto las sanciones que pudieran derivarse de hechos ya consumados. En tiempos de criminalización de la justicia, la despenalización de tipos delictivos—además difusos y elásticos—es un hecho relevante.

Tras las guerras mundiales, hubo pacificación a costa de equilibrios frágiles. En los dos grandes conflictos del siglo XX, las amnistías jugaron papeles muy distintos según los contextos nacionales.

Después de la I Guerra Mundial—en países como Alemania durante la República de Weimar—se aprobaron amnistías para liberar a miles de prisioneros políticos encarcelados en los tumultuosos años de 1918-1919.

Tras la II Guerra Mundial, las respuestas fueron mixtas. En Europa occidental y central las amnistías no constituyeron un gran pilar de los procesos de reconstrucción, y en muchos casos se optó por juicios por crímenes de guerra y la reversión de leyes injustas. Países como Francia o Dinamarca encararon a colaboracionistas con el régimen nazi en tribunales, y aunque hubo perdones limitados, no hubo amnistía generalizada como política estructural, reflejando que el castigo a violaciones graves se volvió una norma emergente.

En Italia sin embargo, se adoptó una amnistía de alcance amplio en 1946 (la llamada amnistía de Togliatti) para liberar tanto presos fascistas como partisanos de la posguerra, con la intención de reconciliar a una sociedad profundamente dividida. Su aplicación práctica mostró sesgos: muchos ex-fascistas fueron liberados con mayor facilidad que quienes habían combatido la ocupación, lo que sembró críticas de injusticia y desigualdad.

El postulado que quién claudica no legisla amnistías, no encaja en el caso venezolano.

En nuestro caso la claudicación del régimen no ha sido total y absoluta, aunque asemeje una rendición. El régimen tiene el control territorial del país. También cuenta con las FFAA, policías, más control de milicias y colectivos.

La visita del General Francis Donovan—Jefe del Comando Sur de los EEUU—no es una exageración decir, tiene tanto o más peso que una Amnistía. Recuerda la entrada de MacArthur tras la claudicación de Japón; Maxwell Thurman en Panamá; Clay en Alemania; Clark en Kosovo o Petraeus en Irak. Pero en todos aquellos casos post conflicto, EEUU o la OTAN obtuvieron una victoria total. En Venezuela la incursión fue impecable, pero aun subsiste un orden opresor que debe ser decantado. La Amnistía no se agota en sí misma.

Otros: El régimen deberá hacer lo que indique EEUU en términos de desarme, reestructuración de las FFAA, desmontaje de colectivos, milicias urbanas, entrega de perseguidos por la justicia norteamericana y libertad real de presos políticos, al tiempo de imponer una reintegración de los poderes públicos, garantías fiscales, apertura aduanera y seguridad ciudadana.

En este sentido la Amnistía—aun siendo condicionada—es [positivamente] un salvoconducto de habilitación política. No nos extrañe ver pronto a un Freddy Superlano candidato a la gobernación de Barinas, a Perkins Rocha como Presidente del TSJ, Enrique Márquez o Juan Pablo Guanipa formando parte de un gobierno colegiado; una nueva composición del CNE [en medio de un proyecto de Ley de modificación de los procesos electorales] o Maria Corina entrando a Caracas de la mano de la Sra. Laura Dogu o el citado General Francis Donovan. Sepamos esperar la decantación

La amnistía como partida de ajedrez: no es jaque mate, es contención estratégica

En los procesos de transición política, la amnistía suele ser juzgada con un criterio binario: o es justicia, o es impunidad; o es victoria moral, o es traición ética. Ese marco es pobre para comprender su verdadera función en escenarios de poder asimétrico, donde el régimen autoritario no ha sido derrotado militarmente ni colapsado institucionalmente.

En esos casos, la amnistía se parece menos a un veredicto final y más a una jugada intermedia en una partida de ajedrez: no busca jaque mate inmediato, sino neutralizar piezas del adversario, descomprimir el tablero y ganar tiempo político.

Como en el ajedrez hay partidas que no se ganan por fulminación del rey enemigo, sino por ahogo estratégico. Se limitan los movimientos del rival, se reducen sus piezas activas, se lo obliga a jugar en defensiva. La amnistía no derrota al régimen por sí sola, pero le quita capacidad de coerción, rompe la lógica de rehenes políticos, y vacía de eficacia el terror como herramienta de control social. Así la amnistía no es claudicación: es contención de la opresión.

Es estrategia, no moralismo. es una jugada y no una rendición […] La amnistía, cuando se diseña con exclusiones claras para crímenes de lesa humanidad y delitos graves, actúa como una jugada de “desarme parcial”: reduce el número de piezas activas del régimen (presos políticos como instrumento de chantaje), limita su narrativa de enemigo interno y debilita su monopolio del miedo.

Carl von Clausewitz definió la guerra como “la continuación de la política por otros medios”. En transiciones políticas incompletas, la política es la continuación del conflicto por medios no violentos. La amnistía se inserta ahí: no cancela el conflicto, lo traslada a otro plano. No resuelve el antagonismo estructural, pero cambia el terreno de juego: de la cárcel y la tortura, al espacio institucional y simbólico. Eso explica por qué la amnistía incomoda tanto a los maximalistas de ambos bandos: i.-Al autoritarismo, porque pierde un arma de dominación; ii.-Al moralismo punitivo, porque no ofrece una victoria total inmediata.

Neutralizar sin absolver: la amnistía como purga funcional del conflicto, no como borrón y cuenta nueva

Hannah Arendt distinguía entre perdón y comprensión política. El perdón, decía, pertenece al ámbito moral; la política opera con categorías de responsabilidad colectiva, estabilidad y futuro común. La amnistía no perdona en sentido moral: “reordena el campo de responsabilidad para hacer posible la convivencia política mínima” [Dixit Arendt].

Es clave de la teoría de juego: no se trata de perdonar a la reina enemiga; se trata de sacarla del centro del tablero, forzarla a jugar sin movilidad ofensiva, y abrir espacios para que el juego deje de ser una masacre unilateral.

Reinhold Niebuhr advertía contra la ingenuidad moral en política: “La capacidad del ser humano para la justicia hace posible la democracia; la inclinación del ser humano a la injusticia hace necesaria la coerción”. Habría que agregar: Sin coerción no hay orden, sin orden no hay justicia y sin justicia no hay paz. Luego a la paz y a la moral, la preceden el orden punitivo que suprime el poder tirano.

La amnistía opera en ese dilema: no presupone virtudes morales en los actores del régimen, sino que busca reducir su margen de daño, crear incentivos para la desmovilización de la represión y permitir que sectores intermedios abandonen la lógica de guerra interna, porque hay un poder coercitivo sobre ellos que impide abatirse o negarse. Es una purga funcional del conflicto, no su negación. Decanta: separa lo que es políticamente transitable de lo que es penalmente intolerable.

No resolverlo todo es parte del diseño.

Isaiah Berlin recordaba que los conflictos entre valores son trágicos e irresolubles en términos absolutos: libertad, justicia, paz y verdad no siempre se armonizan plenamente. Exigir que la amnistía lo “resuelva todo” es pedirle a una jugada de naturaleza intermedia—por ahora—que haga el trabajo de un partido final.

La amnistía no hace justicia completa. La amnistía no garantiza reconciliación emocional. La amnistía no sana la memoria colectiva. Lo que sí hace—cuando está bien diseñada—es cambiar la geometría del conflicto:

i.-Reduce el costo humano inmediato; ii.-Rompe la economía del terror; iii.-Abre ventanas para procesos posteriores de verdad, reparación y justicia transicional.

George Kennan, arquitecto de la política de “contención”, defendía que frente a regímenes autoritarios no siempre se trata de derrocar de inmediato, sino de limitar, cercar, desgastar su capacidad de expansión y daño hasta que el sistema colapse por sus propias contradicciones. La amnistía cumple una función análoga: contiene la opresión, no la redime; reduce la presión, no la borra; desarma mecanismos, no almas.

La amnistía como sacrificio táctico.

La amnistía implica un sacrificio simbólico: se posterga una parte de la justicia punitiva inmediata para ganar oxígeno político y social. No es olvido; es priorización estratégica del cese de la violencia estatal como condición posible para la justicia futura.

Henry Kissinger—con todo lo polémico de su legado—formuló una máxima cruda del realismo político: “La estabilidad suele preceder a la justicia; sin un mínimo de orden, la justicia es impracticable y moralmente ilusoria”.

Leído críticamente, esto no legitima la impunidad: describe una secuencia política. La amnistía busca descomprimir primero la violencia estructural para que luego puedan operar mecanismos más exigentes de verdad y responsabilidad. Es una jugada de “ganar el medio juego”, no el final moral de la partida.

Entender la amnistía como jaque mate es un error conceptual. Entenderla como rendición, también. No hay romanticismo en esto. Hay realismo político: sin neutralizar la represión, no hay transición; sin reducir el terror, no hay política; sin abrir el tablero, no hay final de partida posible.

La amnistía no resuelve la historia: la ordena para que la historia pueda seguir sin que la violencia sea la única jugada disponible. En términos políticos, la medida puede interpretarse como una forma de desactivar tensiones internas y permitir un reinicio institucional tras el período de Maduro, esto es, reducción de cargas judiciales y penitenciarias como incentivar la participación política de grupos excluidos y cerrar capítulos traumáticos sin reabrir conflictos latentes.

La Ley de Amnistía de Venezuela 2026 se convierte en un ejemplo esclarecedor de cómo la justicia, en contextos de transición incompleta, puede ser tanto una herramienta de esperanza como un espejo de las limitaciones del poder político en tiempos de cambio; una Amnistía condicionada que no tiene la misión de sustituir a la justicia hoy, sino hacerla posible mañana.

En consecuencia, desde una visión de poder, la amnistía no es sólo una medida jurídica, sino una herramienta de gobernabilidad. En palabras de Guillermo O’Donnell: “Las transiciones pactadas suelen producir democracias delegativas, donde los pactos de salida priorizan la estabilidad del poder antes que la consolidación del Estado de Derecho.” En otras palabras, es la búsqueda de autoridad, control y seguridad antes que la refundación de la república.

Este marco conceptual resulta útil para analizar la amnistía venezolana: no emerge de una transición institucional plena, sino de una reconfiguración interna del poder que busca estabilizar el sistema político sin desmontar los dispositivos que permitieron la persecución.

Por eso—más que una política de justicia transicional—la ley opera como un mecanismo de pacificación selectiva [sic], una herramienta suspensión condicional de la persecución política y un instrumento de control político blando sobre disidentes y ex perseguidos. Riesgos prácticos: intimidación, selectividad y chantaje político.

En este contexto el orden tutelado por los estados unidos tendrá otras tareas de estabilización en la cartilla: re-conformación del poder judicial; reestructuración de las policías judiciales; de inteligencia militar, vigilancia política y contrainteligencia. Como advierte Carlos Nino al analizar los límites del derecho penal en contextos autoritarios: “Cuando el Estado utiliza el proceso penal como herramienta política, todo acto de sometimiento procesal deja de ser una garantía y se convierte en un riesgo para el ciudadano.” Esto lo sabe Washington, la CIA, El Departamento de Justicia y el Pentágono. La decantación no basta con la Amnistía.

Para cerrar vale la pena recordar algunas frases de las reseñas de los juicios de Nuremberg: “Ahí estaban los hombres poderosos de Hitler. Ahora reducidos, moralmente abatidos, materialmente rotos, invadidos de terror y aislamiento. Pasaron de verdugos miserables o pequeños hombres, indefensos y míseros […] Frente a la justicia ahora lucían perplejos, acorralados, disminuidos, sin poder casi respirar y con la mirada al suelo. La historia rápidamente los bajó de la cumbre del poder, la soberbia y la barbarie, a seres humanos sin alma, sin fuerza, sin escapatoria.

La Amnistía no redime al criminal, tampoco lo habilita ni lo libera de su miseria. La historia los juzgará irremisiblemente. Y los reducirá a lo que hoy exhiben sus caras: terror, abatimiento, soledad, miseria y ruptura. No hay romanticismo en esto decíamos, es realismo político. Es una amnistía condicionada, para tirios y troyanos, que abre el tablero y facilita el quiebre gradual [y final] del poder.

Huelga ahora pedir discreción y prudencia a aquellos que cuestionan la amnistía ferozmente, desde una retina personal. Con esa misma ferocidad e incomprensión serán tratados por la historia […] La amnistía no es jaque mate, no es moral, no reconcilia la verdad, la justicia, la paz y la libertad [Dixit I.Berlin]. No lo resuelve todo…

Es contención, es abonar caminos, es bajar el costo político y ciudadano del terror al opresor, y es facilitar su quibre y caida definitiva.

Abogado. Activista de DDHH
Ex Embajador en Canadá
vierablanco@gmail.com
@ovierablanco

En una democracia madura, la voz es libre, pero el ejercicio comunicacional exige ética, equilibrio y responsabilidad social.

Diario El Caribeño

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. En República Dominicana, este derecho ha sido conquistado y defendido a lo largo de décadas como garantía esencial del pluralismo, la crítica y el debate público.

Sin libertad de expresión no hay democracia. Pero sin responsabilidad en el ejercicio de esa libertad, la democracia puede deteriorarse.

El rol de los comunicadores en la actualidad es más complejo que nunca. La inmediatez de las redes sociales, la competencia por la atención del público y la viralidad como medida de impacto han transformado el ecosistema mediático. Hoy, una opinión puede recorrer el país en segundos. Una acusación puede amplificarse sin filtros. Una frase puede incendiar el debate nacional.

En ese contexto, la ética periodística no es un adorno académico; es una necesidad democrática.
La crítica es legítima. La investigación es indispensable. El cuestionamiento al poder es saludable. Pero cuando el discurso público cruza la línea hacia la descalificación personal, la incitación al odio o la estigmatización, deja de fortalecer la democracia y comienza a debilitarla.

El discurso de odio no siempre se presenta de forma explícita. A veces se disfraza de humor, de opinión frontal o de libertad sin límites. Sin embargo, cuando se normaliza la agresividad constante, se erosiona el respeto que debe sostener el debate público.

Los medios de comunicación y los comunicadores no son simples espectadores de la realidad. Son formadores de opinión, constructores de narrativa y referentes para miles de ciudadanos. Esa posición implica una responsabilidad mayor.

La libertad de expresión protege el derecho a opinar, incluso de manera incómoda. Pero no exime del deber de verificar, contextualizar y actuar con prudencia. Una democracia sólida no teme a la crítica; teme a la desinformación y al odio sistemático.

República Dominicana enfrenta el reto de mantener un debate firme, plural y vigoroso, sin caer en la banalización del ataque personal ni en la polarización permanente. La crítica responsable fortalece. El odio divide.

El desafío no es limitar la voz. Es elevar el nivel del discurso.La ética no restringe la libertad. La dignifica.

Durante siglos, la arquitectura de la psique humana se ha cimentado sobre una falacia tan antigua como peligrosa: la idea de que la justicia es una transacción simétrica de dolor y que el honor se recupera únicamente devolviendo el golpe. Sin embargo, hoy emerge una vanguardia existencial que entiende que la verdadera rebelión no es contra el agresor externo, sino contra el guion de victimismo que el pasado intenta imponernos, pues como bien advertía Miguel de Cervantes en su sabiduría imperecedera, «confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades». Esta confianza no es una espera pasiva, sino un ejercicio de soberanía íntima donde la victoria definitiva no consiste en mimetizarse con el daño recibido, sino en negarse rotundamente a ser el espejo de lo que nos hirió. En esta nueva economía del alma, el rencor se revela como una inversión ruinosa, una hipoteca emocional que nos obliga a pagar intereses perpetuos sobre una deuda que nosotros no contrajimos, convirtiéndonos en prisioneros de una celda cuya llave entregamos voluntariamente al verdugo.

Entender que no poseemos «presupuesto para el odio» es el acto de inteligencia financiera del espíritu más radical que un ser humano puede realizar en la era del ruido y el conflicto. Es comprender, desde una psicología profunda, que si usamos nuestra energía vital para alimentar el resentimiento, estamos permitiendo que quien nos dañó siga habitando nuestras noches, cobrando un alquiler gratuito en una mente que debería ser un santuario de posibilidades. La vieja máxima de que un ladrón que roba a otro merece perdón es, bajo esta lupa disruptiva, una trampa de mimetismo ontológico; la realidad es que el odio mutuo no equilibra la balanza, sino que duplica la oscuridad, y quien busca justicia a través de la herida ajena incurre en lo que los antiguos llamaban la «hybris» del alma, perdiendo su propia esencia en el proceso. La verdadera madurez no endurece el corazón para sobrevivir, pues la rigidez es el estado previo a la ruptura; por el contrario, la verdadera fortaleza reside en la permeabilidad, en la audacia de mantenerse sensible en un mundo que premia la coraza, reconociendo que «la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso», y que transitar la primera requiere una elegancia que el rencor jamás podrá costear.

Por todo esto, la decisión de sembrar en tierras de convicción y no en el árbol seco del resentimiento es una maniobra de alta sofisticación ética que rompe el paradigma de la supervivencia básica para entrar en el reino de la trascendencia. Nadie ha logrado construir una vida con significado desde los escombros de la venganza, ya que el odio es un arquitecto que solo sabe diseñar ruinas. Ser feliz deja de ser entonces un anhelo ingenuo o un estado de ánimo volátil para convertirse en el acto de desobediencia civil y metafísica más potente de nuestra historia personal. Es el momento en que notificamos al ayer que su contrato de arrendamiento ha expirado y que nuestro presente ha sido declarado territorio libre de fantasmas. Al final, en honor a cada batalla que nos dejó cicatrices —esas que hoy no son marcas de vergüenza sino brújulas de experiencia—, la mayor subversión contra el dolor es la capacidad de florecer con una intensidad tal que el pasado se convierta, simplemente, en una nota al pie de página en un libro que ya no nos define, porque como sentenciaría el Quijote ante la libertad recobrada: «Cada uno es artífice de su propia ventura», y la nuestra se escribe hoy con la tinta de la paz y el pincel de la alegría.

Vamos por más…

@jgerbasi

En las últimas décadas los procesos de democratización han marcado un avance significativo en diversas regiones. No obstante, en America Latina estos logros siguen siendo frágiles debido a la persistente debilidad de la cultura cívica y la ausencia de liderazgos políticos comprometidos con la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder. Esa carencia ha favorecido la recurrencia del caudillismo, el populismo y la corrupción, prácticas que erosionan la legitimidad del sistema político, obstaculizan el desarrollo y ponen en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas.

En el contexto de esas tendencias Venezuela se juega la recuperación de su democracia en un escenario adverso que no admite improvisaciones: requiere liderazgo real e inteligencia política.

Las reflexiones que siguen surgen de la necesidad de reconocer que la consolidación democrática no depende únicamente de normas formales o procesos electorales, sino del fortalecimiento de un liderazgo político responsable, ético y con vocación institucional. En este sentido, resulta imprescindible enfrentar las tentaciones caudillistas, promover la formación política de los ciudadanos y fortalecer, a través de la educación cívica, el capital social como base indispensable para una democracia efectiva, participativa y sostenible.

La conducta de los dirigentes políticos suele verse afectada por distorsiones derivadas del ejercicio inadecuado del poder. Así, el líder político —cuya influencia se funda en la legitimidad, la confianza, la honestidad, la competencia y los valores— puede involucionar hacia el caudillo cuando sustituye el proyecto por su ego y transforma la autoridad en dominio personal.

El líder posee una visión clara, apertura al diálogo y capacidad de autocrítica. Acepta límites, rinde cuentas y entiende que el proyecto colectivo está por encima de su figura.

El caudillo, en cambio, concentra el poder, decide de manera unilateral, promueve el culto a su personalidad y desprecia tanto a los expertos como a las instituciones. Necesita enemigos para legitimarse y lealtades personales para sostenerse.

La fuente del poder marca la diferencia:

* En el líder, es la confianza y la legitimidad.
* En el caudillo, el carisma personal y la coerción.

En el sistema caudillista, el caudillo no gobierna: encarna. La crítica se convierte en traición, la lealtad reemplaza a la competencia, y el relato suplanta a la realidad. No es casual que el caudillismo sea una vía frecuente de acceso al poder para el populismo.

Diversos estudios han analizado el caudillismo como una verdadera patología de la política. El psiquiatra Manuel Ángel Franco, del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, y el neurólogo británico David Owen han descrito un patrón de comportamiento asociado al ejercicio prolongado del poder, caracterizado por la pérdida de moderación, el desprecio por los límites y una percepción grandiosa de la propia misión histórica. A este cuadro lo denominaron “síndrome de Hubris”, en referencia a la mitología griega, donde la diosa Hubris simbolizaba la insolencia y la desmesura, conductas consideradas deshonrosas y socialmente censuradas.

En la tradición griega, esta falta de moderación solía manifestarse en héroes que, tras alcanzar la gloria —especialmente en el ámbito bélico—, infringían las normas de convivencia y desafiaban los límites impuestos por la comunidad y los dioses. En política, el resultado suele ser menos épico y bastante más costoso, en términos económicos y de violacion de derechos humanos.

El caudillismo, acompañado por el síndrome de Hubris, constituye uno de los males recurrentes de la vida política en América Latina. Está profundamente vinculado a una cultura personalista que facilita que los jefes de Estado adopten posturas cuasi monárquicas y autoritarias, debilitando las instituciones y erosionando la democracia.

Frente a esta realidad, resulta imprescindible fortalecer la educación cívica como estrategia central para construir una democracia de ciudadanos capaces de elegir con criterio y de sancionar a quienes traicionan la confianza recibida. Esa es la barrera más eficaz contra el caudillismo y el populismo.

Juan Bautista Alberdi lo advirtió con crudeza y lucidez en el siglo XIX: “La ignorancia no discierne: busca un tribuno (líder) pero toma un tirano (caudillo). La miseria no delibera: se vende.”

América Latina sufre las miserias del subdesarrollo por el déficit de líderes y la abundancia de caudillos. Nada que agregar. Dos siglos después, el diagnóstico sigue vigente… y la factura sigue llegando.

José Ignacio Moreno León

Decenas de agentes armados del chavismo llenaron las oficinas del productor de camarones Grupo Lamar, una empresa familiar que se había convertido en uno de los mayores exportadores de Venezuela tras el colapso de la industria petrolera.

Por: Paul Kiernan – The Wall Street Journal

Los propietarios son «terroristas», dijeron agentes a trabajadores petrificados. «Ahora trabajas para el Estado venezolano», dijeron los agentes, según personas familiarizadas con lo ocurrido.

En una rueda de prensa sobre la incautación, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, afirmó que los propietarios del Grupo Lamar habían estado conspirando para derrocar al gobierno, sabotear la red eléctrica e incluso arruinar la temporada navideña.

«Es el mismo manual de siempre: intentar cancelar la Navidad en Venezuela», dijo Cabello, responsable de sofocar la disidencia contra el régimen.

Las autoridades venezolanas destituyeron a altos directivos de Grupo Lamar y tomaron el control de las operaciones. En poco tiempo, las exportaciones de camarón caían incluso más rápido que la producción de petróleo años atrás. Nadie se sorprendió: el régimen lleva más de dos décadas confiscando empresas y llevándolas a la ruina, convirtiendo lo que fue el país más próspero de América Latina en uno de los más pobres.

El presidente Donald Trump apuesta ahora a que esos mismos funcionarios pueden resucitar la economía venezolana y hacer que el país sea seguro para los 100.000 millones de dólares en inversión privada que intenta captar de las compañías petroleras estadounidenses. Es una tarea difícil dado el historial de 27 años del régimen de corrupción, anarquía y la hiperinflación que ha provocado escasez de alimentos.

Después de que comandos estadounidenses sacaran del país el mes pasado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, Delcy Rodríguez quedó al mando como «presidenta interina». Ella, junto con Maduro, Cabello y otros informados, había gobernado una economía que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que se contrajo casi un 70% entre 2013 y 2025. Más de ocho millones de venezolanos han huido al extranjero desde 2014, superando al número que escapó de guerras en Siria y Ucrania.

Mientras tanto, la familia y sus aliados de Maduro supuestamente obtuvieron beneficios ilícitos que, según los fiscales estadounidenses, ascienden a miles de millones de dólares. Funcionarios estadounidenses alegan que Maduro convirtió a Venezuela en un estado narco.

«Estamos tratando con personas allí que han pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres», dijo el secretario de Estado Marco Rubio en una audiencia del Senado el 28 de enero.

Familiares de Flores, esposa de Maduro, controlaban la financiación en Petróleos de Venezuela SA, la petrolera estatal conocida como PdVSA, y la venta de petróleo en el mercado negro, y se dedicaban al lavado de capitales, según fiscales estadounidenses y expertos en Venezuela. Maduro y Flores están bajo custodia estadounidense a la espera de juicio por cargos de tráfico de drogas. Han negado haber cometido irregularidades.

Para asegurar su lealtad, el régimen dio luz verde a miembros del ejército y las fuerzas de seguridad venezolanas para operar negocios paralelos como la minería ilegal de oro en las selvas venezolanas, extorsiones y extorsiones, según fiscales estadounidenses. Alejandro Andrade, tesorero nacional de 2007 a 2010, admitió haber embolsado más de 1.000 millones de dólares en sobornos para permitir que empresarios realizaran transacciones ilícitas en divisas.

Cabello ha sido acusado por el exfiscal principal de Venezuela de aceptar 100 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña de construcción Odebrecht a cambio de contratos estatales. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

A través de una portavoz, Cabello negó las acusaciones relacionadas con Odebrecht y disputa la afirmación de que dirija milicias armadas.

Estados Unidos confía en que Rodríguez mantenga la paz. Pero expertos venezolanos afirman que su poder será puesto a prueba si los grupos armados controlados por sus aliados pierden el acceso a los flujos de dinero procedentes del petróleo, el contrabando de oro y el narcotráfico. Cabello y el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, supuestamente supervisan una red de generales y altos funcionarios conocida de forma laxa como el «Cártel de los Soles», que se ha beneficiado permitiendo el paso de miles de toneladas de cocaína a través de Venezuela, según funcionarios estadounidenses y colombianos.

A pesar del papel de larga data de Rodríguez en el régimen, los funcionarios estadounidenses se han mostrado satisfechos con su presidencia interina hasta ahora. «Me encanta Venezuela», dijo Trump a los periodistas el mes pasado. «Han trabajado tan bien con nosotros. Ha sido tan agradable.»

Los analistas dicen que no está claro cómo Estados Unidos logrará atraer a inversores extranjeros de vuelta a Venezuela, dado el historial del régimen de confiscar empresas y arrestar a ejecutivos.

«Creo que podemos resolver esos problemas y desafíos y avanzar hacia las enormes oportunidades que tenemos por delante», dijo el secretario de Energía, Christopher Wright, en una rueda de prensa el 11 de febrero junto a Rodríguez en Caracas.

Venezuela, hogar de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, fue el principal exportador mundial de petróleo durante décadas tras aumentar la producción en los años 20. A principios de los años 60, su producción económica per cápita era superior a la de Japón.

Las raíces del sistema actual venezolano se remontan a los 14 años de gobierno del expresidente Hugo Chávez, un ex paracaidista elegido en 1998 tras casi dos décadas de creciente desigualdad de riqueza y estancamiento del nivel de vida.

Chávez nacionalizó cientos de empresas privadas, desmanteló instituciones democráticas y derribó la compañía petrolera estatal reemplazando a expertos técnicos por designados políticos. El carismático hombre fuerte desarrolló un seguimiento fiel entre los ciudadanos empobrecidos de Venezuela, ayudado por un histórico auge en los precios del petróleo durante los años 2000 que enmascaró la caída de la producción.

Maduro, vicepresidente de Chávez, ganó su primera elección tras la muerte del líder en 2013. Pero el exconductor de autobús no tenía ni el carisma ni el poder político de su mentor. Para empeorar las cosas, los precios del petróleo cayeron a la mitad en los dos primeros años de la presidencia de Maduro, lo que hundió las finanzas públicas.

«A medida que la economía se desplomaba, la economía ilícita se disparó», dijo Patrick Duddy, embajador de Estados Unidos en Venezuela de 2007 a 2010.

La caída de los precios del petróleo llevó a la economía venezolana a una espiral que provocó una crisis de hambre. El consumo per cápita de carne cayó de 185 libras en 2013 a menos de 40 libras en 2018, según el Departamento de Agricultura de EEUU. La mayoría de la población perdió peso, y un informe de 2020 encontró que el 13% de los niños menores de 5 años tenían retraso en el crecimiento.

La debilidad de Maduro le obligó a compartir el poder, inculcando lealtad a través del clientelismo. Bajo Maduro, el grupo gobernante venezolano operaba como una alianza de familias mafiosas, dijeron fiscales y analistas políticos. El régimen es «una coalición de feudos de corrupción», dijo Francisco Monaldi, experto venezolano en el sector petrolero del país en la Universidad Rice.

Lea más en The Wall Street Journal

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top