Presentación del informe técnico-electoral en el Parlamento de Madrid sobre la victoria de Edmundo González Urrutia el 28 de julio.
Los Estados miembro de la Unión Europea elevan la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro y han aprobado este viernes nuevas sanciones contra 15 personas por la falta de transición democrática en Venezuela, han confirmado varias fuentes diplomáticas a Europa Press, unas medidas en respuesta a la crisis abierta tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al presidente sin presentar las actas que acrediten el resultado.
En una reunión a nivel de embajadores, los países de la UE han dado el visto bueno añadir a 15 personas más en la ‘lista negra’ de la UE en la que ya figuran 55 dirigentes chavistas, entre ellos Delcy Rodriguez, actual ministra de Economía y vicepresidenta Ejecutiva, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia.
Desde hace semanas los Estados miembro trabajaban a nivel técnico en nuevas sanciones contra Venezuela por la deriva democrática en el país, que entró en una nueva fase tras las elecciones en la que se proclamó ganador Maduro pese a que el candidato opositor Edmundo González presentó un escrutinio parcial que demostraría su triunfo.
En septiembre huyó del país y permanece con asilo político en España, desde donde ha asegurado que hará valer la voluntad popular apuntado que estará en Venezuela para la toma de posesión del cargo presidencial.
Así las cosas, la reunión de este viernes estaba marcada para la adopción de más restricciones que, en todo caso, entrarán en vigor el próximo 10 de enero, coincidiendo con la fecha en la que debería producirse el cambio de poder en la presidencia.»
Los planes de los 27 ya los adelantó en octubre el entonces Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, cuando en su penúltima reunión de ministros de Exteriores del bloque avanzó que la UE iba a «revisar el sistema de sanciones» contra un gobierno que «no considera que haya ganado las elecciones». De esta forma, la UE daba pasos para aumentar la presión sobre el régimen chavista con la vista puesta en enero de 2025.
Por el momento, el bloque europeo ha subrayado que no reconoce la legitimidad democrática de Maduro, pero ha evitado dar pasos para señalar a González como presidente electo, pese a que ha sugerido en sus comunicados que los resultados en Venezuela «indican» un triunfo opositor «por una mayoría significativa».
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes el regreso del Servicio Cívico, un programa que había impulsado en su última gestión durante el gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri de presidente. Según aclararon a Infobae, “no se trata de un servicio militar”, sino que es una instrucción de valores cívicos y la inscripción es voluntaria. “Es una capacitación que puede servir para el empleo público, privado e incluso para quienes quieran pertenecer a una fuerzas de seguridad”, agregaron.
“Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores. De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales”, expresó Bullrich en sus redes sociales junto a un video en el que se la ve junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Según anunció la ministra de Seguridad, el programa se implementará en 11 ciudades del país donde “esperan que haya una buena recepción”, confesaron en su equipo. Se espera que en los próximos días se anuncien los detalles, como por ejemplo, los modos de inscripción, requisitos y locación. A diferencia de la última implementación, este año contarán con el apoyo y participación del Ministerio de Capital Humano.
El Servicio Cívico fue implementado en 2019, a través de la Gendarmería Nacional. En total se anotaron 1200 jóvenes, de entre 16 y 20 años, para compartir una “experiencia educativa y reflexionar sobre los valores democráticos, sus derechos y responsabilidades”.
El programa estuvo compuesto por talleres basados en temáticas de promoción de la salud, orientación vocacional e inmersión al mundo educativo y laboral, liderazgo y trabajo en equipo. Además, hubo capacitación en construcción de la ciudadanía y prevención y reducción de riesgos ante situaciones de desastres o catástrofes, así como talleres de oficios para que los jóvenes aprendan distintas tareas. Contó con sedes a lo largo y a lo ancho del país, siendo un primer paso para que los jóvenes puedan acceder a un mejor futuro, con más herramientas.
En ese entonces, las sedes fueron Campo de Mayo, Ciudad Evita, González Catán y Mercedes, en provincia de Buenos Aires; sumadas a las de Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. En el primero que se dictó se anotaron 1.200 jóvenes. “Fue una experiencia para compartir una experiencia educativa y reflexionar sobre los valores democráticos, sus derechos y responsabilidades”, suele recordar la ministra de Seguridad.
El programa fue coordinado por el director de Violencia Institucional, Daniel Barberis, y buscaba el fomento del “compromiso personal y para con la comunidad de hábitos responsables, el estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”, se informó en el decreto de su creación.
La puesta en marcha del Servicio Cívico en Córdoba tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello”, ubicada sobre la calle 28 de Julio 1635, Jesús María, y estuvo a cargo de Gabriel Huespe, director de Elaboración Legislativa y Normativa. “Orden, disciplina y aprendizaje. Si tuviera que definir al Servicio Cívico Voluntario en Valores, esas serían las palabras precisas: un verdadero camino hacia la libertad, la autonomía y el cumplimiento de los sueños de los argentinos”, expresó Bullrich cuando encabezó el acto de lanzamiento que se realizó en Campo de Mayo.
El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció este miércoles la conformación de un equipo de asesores nacionales e internacionales para una “gran reforma constitucional”. Este proyecto, según explicó , busca “democratizar aún más la sociedad venezolana y empoderar al ciudadano”.
Sin embargo, el historial del régimen chavista y la falta de detalles concretos sobre la propuesta alimentan las críticas de que este podría ser otro intento de consolidar el control autoritario sobre las instituciones del país.
Maduro destacó que esta reforma tiene como objetivo principal consolidar “la soberanía nacional, la soberanía popular”. Pese a estas afirmaciones, no especificó los puntos clave de la iniciativa ni cómo se implementará.
“Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones”, declaró el dictador chavista.
Bajo el régimen chavista, las modificaciones a la Constitución han sido recurrentemente utilizadas para afianzar el poder y eliminar contrapesos democráticos.
La actual Carta Magna promovida por Hugo Chávez en 1999, fue aprobada en referendo con el 71 % de los votos en medio de una jornada marcada por alta abstención y un desastre natural en el norte del país. En 2009, Chávez lideró una enmienda que permitió la reelección indefinida, lo que Maduro ha utilizado para mantenerse en el poder más allá de los límites democráticos.
El anuncio de Maduro evoca la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada en 2017, bajo el falso pretexto de redactar una nueva Constitución. En realidad, esta organización se transformó en una herramienta del régimen para reprimir a la oposición, usurpando las funciones del Parlamento, que en ese momento estaba bajo el control de los adversarios de Maduro.
La ANC, señalada como ilegítima por su creación sin referendo consultivo, cesó en 2020 sin haber modificado la Constitución, pero sí levantó la inmunidad parlamentaria a decenas de diputados opositores y concentró poderes extraordinarios en el Ejecutivo.
“La ANC no trajo una nueva Constitución; trajo más represión y control”, señalaron entonces diversos analistas internacionales.
El anuncio de esta reforma constitucional ocurre en un contexto en el que Maduro busca consolidar su control sobre el país. A pocas semanas de la toma de posesión presidencial, pautada para el 10 de enero, el régimen ha intensificado las reformas legales que refuerzan su autoritarismo.
Recientemente, el Parlamento, bajo control chavista, aprobó modificaciones en leyes electorales y sobre comunas. Además, implementó una ley de justicia comunitaria que otorga mayor control político a jueces de paz electos, un esquema diseñado para fortalecer la influencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Presos políticos
Maduro negó este jueves que en el país haya presos por razones políticas, al tiempo que dijo que los detenidos tras la crisis postelectoral son personas que atacaron, amenazaron, agredieron y “mataron”.
“Salen a decir que son presos políticos, no son presos políticos son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió, destruyeron y mataron”, aseguró el dictador de Caracas en un acto televisado.
Maduro sostuvo que en el país “no triunfó el terror ni el fascismo, triunfó la paz y la vida”.
Varias ONG y organismos internacionales han denunciado una escalada de la represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro de forma fraudulenta.
Este jueves, la ONG venezolana Provea pidió que se otorgue una medida humanitaria para la libertad de los presos políticos, cifrados en 1.877 tras las liberaciones de las últimas semanas según la organización Foro Penal.
A través de X, Provea afirmó que los presos políticos de Venezuela necesitan una medida humanitaria “para recuperar su vida, reencontrarse con sus familiares, amigos y seres queridos”.
“Aún estamos a tiempo”, indicó, a la vez que pidió una Navidad sin presos políticos, la mayoría de ellos detenidos tras las presidenciales.
Diversas ONG han denunciado casos de personas que no estaban protestando y, sin embargo, fueron detenidas, contrario a lo que asegura la Fiscalía chavista, que califica a los arrestados de “terroristas” y los acusa de generar “violencia” y “vandalismo”.
El lunes, la Fiscalía informó que 533 personas detenidas tras las elecciones fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.
El Gobierno de Bolivia activó una alerta migratoria contra el ex presidente Evo Morales, en el marco de un proceso judicial que lo vincula con delitos de trata de personas agravada y estupro.
Según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, la Dirección Nacional de Migración y la Policía de control migratorio ya han sido notificadas para actuar en consecuencia.
“Ya se ha emitido la alerta migratoria”, declaró Ríos, al tiempo que subrayó que que se han movilizado recursos para monitorear los posibles movimientos del ex mandatario.
Este caso surge a raíz de una denuncia que acusa a Morales de mantener una relación con una menor de edad, con quien presuntamente tuvo un hijo. Además, el proceso señala que los padres de la víctima habrían entregado a la menor a cambio de “favores”.
La joven, según los informes, habría sido parte del grupo ‘Generación Evo’, una organización juvenil creada durante el mandato del ex presidente.
Aunque la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Morales el 16 de octubre, esta no ha sido ejecutada debido a dificultades logísticas y políticas.
“Aún falta la notificación al Comando de la Policía de Cochabamba”, explicó Ríos, al señalar los obstáculos para actuar en el bastión político de Morales, el Trópico de Cochabamba.
Dirigentes sociales afines al ex mandatario han advertido sobre posibles enfrentamientos violentos si las autoridades intentan aprehenderlo.
“No se va a tolerar” tal acción, afirmaron, mientras denunciaban que Morales cuenta con “seguridad de élite” y protección organizada por campesinos de la región.
En medio de este panorama, Morales participó en un acto público en Chimoré, donde denunció un supuesto plan del gobierno de Luis Arce para detenerlo y extraditarlo a Estados Unidos o Argentina, países donde enfrenta otros procesos judiciales.
Según Morales, esta maniobra estaría vinculada a disputas internas por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y a las próximas elecciones presidenciales de 2025.
En sus declaraciones, Morales aseguró que estas acusaciones buscan desacreditarlo políticamente.
“Quieren relacionarme con el último jefe antidrogas de mi administración para justificar su plan”, afirmó. Pese a la tensión, en el evento celebrado este miércoles, sus seguidores ratificaron que Morales será su candidato presidencial, incluso si se encuentra encarcelado.
La disputa por el liderazgo del partido ha escalado en los últimos meses, erosionando la unidad en el oficialismo. Mientras Morales acusa a Arce de conspirar en su contra, el gobierno ha mantenido una postura de apoyo a las instituciones judiciales que investigan las denuncias.
Por varios meses, cada facción del partido reclamó su control, pero el Tribunal Constitucional reconoció en noviembre como válida sólo la cúpula afín a Arce.
Pese a que la justicia recientemente determinó que nadie puede gobernar más de dos períodos de gobierno, Morales, de 65 años, insiste en que será candidato en 2025.
El ex jefe de Estado dijo que se presentaría a las próximas elecciones con o sin el MAS.
“Saludo a varios jefes de partidos (…) de agrupaciones. Ya estamos conversando”, afirmó, en referencia a que podría postularse con otro partido.
Mientras tanto, en otra celebración en la Plaza de Armas de La Paz, el presidente Arce llamó al MAS a prepararse para las elecciones de 2025, que será “un año duro”.
El mandatario de 61 años todavía no declaró si será candidato, pese a que el partido está bajo control de Grover García, uno de sus simpatizantes.
Aseguró que junto a las organizaciones sociales se debe coordinar “la construcción y redacción (…) de un programa de gobierno para volver a ser gobierno el 2025-2030″.
“Somos los únicos que podremos derrotar a la derecha” el próximo año, dijo ante sus seguidores.
El Gobierno de Suiza anunció este jueves que asumirá la representación diplomática y consular de Ecuador en Venezuela, tras la ruptura de relaciones bilaterales entre ambos países sudamericanos.
La medida fue acordada mediante un convenio firmado por el jefe de la diplomacia suiza, Ignazio Cassis, y la embajadora de Ecuador en Suiza, Verónica Bustamante Ponce, según informó el Departamento de Asuntos Exteriores suizo.
El acuerdo establece que Suiza garantizará que los canales diplomáticos y consulares entre Ecuador y Venezuela permanezcan operativos. Para ello, se creará una sección consular dentro de la embajada suiza en Caracas, que se encargará de proteger los intereses ecuatorianos y brindar servicios como gestiones notariales, emisión de visas y atención a casos de vulnerabilidad.
Desde septiembre, los servicios consulares ecuatorianos en Venezuela fueron atendidos de forma remota o a través de los consulados de Ecuador en Bogotá y Panamá. La fecha exacta de inicio de las funciones por parte de Suiza no fue especificada por el momento.
La relación entre Ecuador y Venezuela estuvo marcada por tensiones desde 2018, cuando ambos países expulsaron a los representantes diplomáticos de sus respectivas embajadas.
La situación se agravó en abril de 2023, tras un operativo policial en la embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por actos de corrupción.
Este hecho generó el cierre de la embajada y consulados venezolanos en Ecuador, ordenado por el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien calificó el ingreso policial como un acto “aberrante”.
La representación de Suiza permitirá mantener un canal de comunicación de bajo nivel entre los dos países. Cabe destacar que este modelo no es nuevo para Suiza, que actualmente gestiona acuerdos similares para la representación diplomática de otros países con relaciones bilaterales rotas, como sucede entre México y Ecuador.
Actualmente, el país helvético mantiene siete acuerdos de gestión de servicios diplomáticos en escenarios donde las relaciones bilaterales están interrumpidas, garantizando la protección de intereses y la continuidad de servicios consulares esenciales.
Ecuador descartó negociar con Venezuela
El Ministerio de Exteriores de Ecuador descartó este miércoles cualquier tipo de negociación con el régimen de Maduropara liberar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, a cambio de los salvoconductos para cinco opositores venezolanos que permanecen asilados en la Embajada de Argentina en Caracas.
“El ciudadano Jorge Glas Espinel, como otros responsables de delitos que han afectado a las familias ecuatorianas, continuará cumpliendo su condena en prisión en estricto apego a lo establecido por la ley”, señaló el Ministerio en un comunicado.
El Ministerio destacó que “este tipo de ‘negociaciones’ jamás tendrán cabida” en el Gobierno del presidente Daniel Noboa, subrayando que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual Ejecutivo no permitirá que funcionarios sentenciados eludan la justicia.
El pronunciamiento se produjo después de que el ministro de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, revelara que el gobierno de Nicolás Maduro habría condicionado la emisión de los salvoconductos para los asilados en la Embajada argentina a la liberación de Glas y de “una persona muy cercana” al régimen venezolano.
Rusia, aliado tradicional de Venezuela, apoya a Nicolás Maduro de cara a su próxima investidura como presidente de la nación caribeña, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, según informó hoy la diplomacia rusa.
En la conversación sostenida este jueves, “el jefe de la diplomacia rusa expresó su apoyo a la dirigencia venezolana en vísperas de la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo plazo”, indicó Exteriores en una nota publicada en su portal oficial.
Maduro pretende jurar el próximo 10 de enero como jefe de Estado reelecto, luego de haber autoproclamado un supuesto triunfo en las elecciones de julio, un resultado señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria y cuestionado por numerosos países, pero apoyado por Rusia sin titubeo alguno.
De hecho, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue uno de los primeros líderes en felicitar a su homólogo venezolano por su “reelección”.
“Durante la conversación las partes debatieron temas bilaterales actuales, recalcaron la disposición mutua de continuar coordinando la interacción ruso-venezolana respecto a temas de carácter internacional”, sostuvo la cartera encabezada por Lavrov.
Los regímenes en Caracas y Moscú mantienen una intensa cooperación, que incluye numerosos acuerdos en las esferas de la energía, el petróleo, el turismo, la cultura y la educación, entre otras áreas.
En noviembre pasado ambos países firmaron otros 17 acuerdos en diversas áreas, incluyendo la militar, en el marco de la XVIII reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (Cian) celebrada en Caracas.
Entretanto, Maduro considera a Putin un defensor de la democracia y de la “lucha antifascista”, y ha reiterado su apoyo sin límites a la invasión rusa en Ucrania.
El dictador venezolano también ha expresado su interés en sumarse al bloque de países BRICS, en el que Rusia juega un papel importante.
Maduro anunció este miércoles la conformación de un equipo de asesores nacionales e internacionales para una “gran reforma constitucional”. Este proyecto, según explicó , busca “democratizar aún más la sociedad venezolana y empoderar al ciudadano”.
Sin embargo, el historial del régimen chavista y la falta de detalles concretos sobre la propuesta alimentan las críticas de que este podría ser otro intento de consolidar el control autoritario sobre las instituciones del país.
Maduro destacó que esta reforma tiene como objetivo principal consolidar “la soberanía nacional, la soberanía popular”. Pese a estas afirmaciones, no especificó los puntos clave de la iniciativa ni cómo se implementará.
“Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones”, declaró el dictador chavista.
Bajo el régimen chavista, las modificaciones a la Constitución han sido recurrentemente utilizadas para afianzar el poder y eliminar contrapesos democráticos.
La actual Carta Magna promovida por Hugo Chávez en 1999, fue aprobada en referendo con el 71 % de los votos en medio de una jornada marcada por alta abstención y un desastre natural en el norte del país. En 2009, Chávez lideró una enmienda que permitió la reelección indefinida, lo que Maduro ha utilizado para mantenerse en el poder más allá de los límites democráticos.
El anuncio de Maduro evoca la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada en 2017, bajo el falso pretexto de redactar una nueva Constitución. En realidad, esta organización se transformó en una herramienta del régimen para reprimir a la oposición, usurpando las funciones del Parlamento, que en ese momento estaba bajo el control de los adversarios de Maduro.
La ANC, señalada como ilegítima por su creación sin referendo consultivo, cesó en 2020 sin haber modificado la Constitución, pero sí levantó la inmunidad parlamentaria a decenas de diputados opositores y concentró poderes extraordinarios en el Ejecutivo.
“La ANC no trajo una nueva Constitución; trajo más represión y control”, señalaron entonces diversos analistas internacionales.
El anuncio de esta reforma constitucional ocurre en un contexto en el que Maduro busca consolidar su control sobre el país. A pocas semanas de la toma de posesión presidencial, pautada para el 10 de enero, el régimen ha intensificado las reformas legales que refuerzan su autoritarismo.
Recientemente, el Parlamento, bajo control chavista, aprobó modificaciones en leyes electorales y sobre comunas. Además, implementó una ley de justicia comunitaria que otorga mayor control político a jueces de paz electos, un esquema diseñado para fortalecer la influencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El partido Voluntad Popular denunció este jueves la detención de su dirigente en el estado Barinas, Carlos Alberto Azuaje, quien fue capturado por efectivos de la Guardia Nacional en una alcabala apostada en el estado Anzoátegui, cuando se dirigía rumbo al estado Bolívar.
«Azuaje ha sido un activista comprometido con la transparencia y la recuperación de la democracia en nuestro país. No ha cometido ningún delito. Denunciamos ante la comunidad internacional que el régimen, mientras excarcela a algunos presos políticos, secuestra a otros», dijo la organización política en sus redes sociales.
Azuaje, de profesión ingeniero y muy activo en redes sociales, nació en el estado Trujillo, pero tiene varios años radicado en Sabaneta de Barinas, donde ejerce sus funciones como líder social y político.
Fuentes muy cercanas al conocido «Gocho Azuaje» informaron que al momento de ser detenido, funcionarios de la GNB le pidieron su documentación personal para ser radiado, el cual arrojó que estaba solicitado por «terrorismo».
«El polémico Gochito, como ya era su costumbre, viajaba camuflado, evadiendo su detención, tras conocer que el régimen había ordenado su captura a raíz de sus constantes críticas a Nicolás Maduro», agregan sus compañeros de partido.
Se conoció que Azuaje viajaba en un camión de alimentos hacia Bolívar, cuando cerca de las 9: 00 pm fue detenido por las autoridades.
«Exigimos al régimen de Nicolás Maduro que libere inmediatamente a Carlos Azuaje y resguarde sus derechos humanos. ¡Basta de persecución y de injusticia!», añade VP.
Delcy Rodríguez, a través de sus redes sociales informó que el chavismo decidió cambiar la denominación del Ministerio de Petróleo a Ministerio de Hidrocarburos.
La funcionaria chavista informa sobre este cambio, luego de la detención de sus últimos dos exministros, como si de una “pava” quisieran salir.
“Con el propósito de dar un impulso especial a la industria de los hidrocarburos, el presidente Nicolás Maduro ha decidido modificar la denominación del Ministerio del Poder Popular de Petróleo a Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos”, señaló a través de su cuenta en Instagram.
Asimismo, agradeció a Maduro por “crear y promover una nueva visión integral que abarca nuestras enormes reservas de petróleo, gas, así como la petroquímica y la incorporación de la inteligencia artificial para hacer más eficientes nuestros procesos productivos”.
El Senado de Brasil aprobó el miércoles (18.12.2024) una ley que prohíbe el uso del celular por parte de los alumnos en las escuelas, tanto en las aulas como en el recreo, durante todas las etapas de la educación obligatoria.
La medida, que ya había sido votada en la Cámara de Diputados y ahora está pendiente de la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afecta a escuelas públicas y privadas y establece que solo estarán permitidos los aparatos electrónicos para fines «estrictamente pedagógicos».
La prohibición de los celulares tiene como excepción su uso por parte de aquellos estudiantes que los necesiten por razones de «accesibilidad» o para «atender condiciones de salud».
Además, la ley también obliga a las escuelas a adoptar estrategias para tratar los problemas psicológicos de los alumnos e informarles de los riesgos sobre el «uso inmoderado» de los aparatos.
«En todos los lugares donde se implementó la medida (…), se tuvo una mejora en el desempeño escolar, en la disciplina de las escuelas y en la reducción del bullying (acoso escolar)», señaló durante la discusión el senador Alessandro Vieira, ponente del proyecto, en declaraciones citadas por medios brasileños.
La aprobación llega después de que el estado de São Paulo y la ciudad de Río de Janeiro adoptaran decisiones similares en los últimos meses.
El Ministerio de Educación había expresado su apoyo a la medida, al citar estudios que señalan su impacto positivo sobre el desempeño de los estudiantes y sobre la salud mental de los profesores.
«La tecnología es importante, los equipamientos son importantes, pero tiene que haber un limite», afirmó en octubre el ministro, Camilo Santana.