Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Una mujer de Cantón, Ohio, ha sido condenada a un año de prisión (30 meses) por matar y comerse un gato, un acto que desató una ola de indignación tanto a nivel local como internacional. Allexis T. Ferrell, de 27 años, recibió la sentencia máxima por crueldad hacia animales de compañía, un delito grave de quinto grado, tras declararse culpable ante el juez Frank G. Forchione.

La Gaceta de la Iberosfera

Durante la audiencia, Forchione no escatimó con sus palabras al expresar su repudio por el crimen. «No puedo comprender cómo alguien puede cometer un acto tan repulsivo», declaró. Además, subrayó que el trato hacia los animales refleja el carácter de una persona: «Un animal es como un niño. No tienen voz, y hoy yo seré esa voz».

El caso cobró notoriedad internacional en medio de la campaña presidencial estadounidense tras las declaraciones del presidente electo Donald Trump y su compañero de fórmula JD Vance. Ambos insinuaron que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, estaban involucrados en actos similares de maltrato hacia mascotas.

Ferrell intentó inicialmente defenderse alegando problemas de salud mental, pero un informe de la Clínica de Psicodiagnóstico de Akron confirmó que entendía los procedimientos legales y podía participar en su defensa. Finalmente, la acusada se declaró culpable, aunque interrumpió al juez durante la audiencia para cuestionar la versión de los hechos. Sin embargo, Forchione cortó cualquier discusión: «Esta es mi sala de audiencias, y ahora es mi turno de hablar».

El juez concluyó con palabras contundentes, destacando el impacto del caso en la comunidad: «Han avergonzado a este condado, a esta nación y, lo que es más importante, a ustedes mismos. Considero que representan un peligro significativo para la sociedad». La sentencia de un año de prisión busca dejar claro que este tipo de actos no serán tolerados.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó medidas provisionales para que el Estado venezolano “se abstenga” de destruir el material electoral relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio, en respuesta a una petición presentada por la firma especializada en asesoría y litigio en Derecho Internacional de DDHH, IHR Legal.

La Voz de América

“Desde IHR Legal presentamos petición ante el Comité de Derechos Humanos ONU sobre elecciones en Venezuela 2024. Logramos hoy la ONU determinar a Maduro se abstenga de destruir el material electoral: todas las actas de escrutinio, material totalización, adjudicación y proclamación”, escribió en X, Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

IHR Legal precisó que presentó ante la ONU una denuncia en la que alegó que el Estado venezolano cometió “múltiples” violaciones a los DDHH en las elecciones presidenciales del 28 de julio, entre ellas “fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia”.

Además, los denunciantes calificaron que el hecho de que se haya abierto un caso es un “avance crucial” en la lucha por la democracia y que se trata de una acción “sin precedentes”.

“Estimamos que el caso hoy abierto por la ONU probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”, resalta una nota de prensa de IHR Legal.

En una notificación de acuse de recibo, el Comité de la ONU precisó que la solicitud de medidas provisionales no implica que se haya adoptado “decisión alguna sobre la admisibilidad el fondo de la comunicación”.

“El Comité podrá examinar la necesidad de mantener la solicitud de medidas provisionales a la luz de las observaciones que el Estado parte pueda presentar a este respecto”, señala el texto.

Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.

Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2400 detenidas.

Sin embargo, más de cuatro meses después del proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado resultados disgregados.

El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en principio sería confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles. El gobierno afirmó que el documento está “plagado de mentiras”.

El Centro Carter, invitado por el CNE producto de los acuerdos firmados por el gobierno y la oposición en Barbados el año pasado, afirmó que la contienda “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”.

La incertidumbre aumenta en Venezuela y en la comunidad internacional conforme se acerca el 10 de enero, fecha en la que el presidente electo de Venezuela debe asumir el cargo.

Países como Estados Unidos y Ecuador han reconocido a González Urrutia como presidente electo. El alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo a finales del mes pasado que, de momento, “no está en la mesa” del bloque un reconocimiento a González Urrutia, y que cada país es “dueño” de la decisión.

González Urrutia, ha asegurado que espera volver para entonces a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia y ha descartado juramentarse y formar un gobierno en el exilio.

Brasil y Colombia, gobiernos considerados aliados de Maduro, han expresado serias dudas sobre los resultados y, hasta el momento, se han negado a reconocerlo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado este martes que no piensa dimitir antes de que finalice su mandato en vísperas de la moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Michel Barnier, que se debatirá ante la Asamblea Nacional.

La Gaceta de la Iberosfera

Macron ha asegurado desde Arabia Saudí, donde se encuentra de visita oficial, que su principal prioridad es la «estabilidad». «Francia es un país rico, sólido, que ha hecho muchas reformas y que las mantiene, que tiene instituciones estables», ha resaltado.

En este sentido, el mandatario francés ha tildado de «ficción política» los llamamientos de la oposición para que dimita. «Si estoy frente a ustedes es porque he sido elegido dos veces por el pueblo francés», ha recordado, según ha recogido la cadena BFM TV.

Macron ha deplorado el «cinismo insoportable» del partido soberanista Agrupación Nacional y ha criticado al Partido Socialista por «perder el norte» al anunciar su apoyo a la moción de censura que se debatirá este miércoles en la Asamblea Nacional.

La BBC ha honrado a Katherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, al incluirla en su prestigiosa lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2024. Este reconocimiento destaca su incansable dedicación y compromiso en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, enfocándose especialmente en la salud infantil y el apoyo a mujeres cuidadoras.

El Nacional

La abogada Katherine Martínez fundó Prepara Familia en 2008 con la misión de ofrecer apoyo integral a infantes y adolescentes en el Hospital de Niños J. M. de los Ríos, en Caracas. Bajo su liderazgo, la organización ha proporcionado recursos vitales como medicamentos, alimentos, ropa y asistencia psicológica, impactando positivamente a miles de familias en situaciones de vulnerabilidad.

Además de su labor en la organización, Martínez se ha convertido en una voz activa que denuncia violaciones de derechos humanos, documenta casos y busca justicia para las víctimas. Su trabajo resulta crucial para visibilizar la crisis humanitaria que afronta el país y movilizar apoyo a escala nacional e internacional.

La BBC resalta la capacidad de Katherine Martínez por generar un impacto positivo en su comunidad ante desafíos significativos. Su inclusión en esta lista, junto con figuras destacadas como la Premio Nobel de la Paz Nadia Murad y la activista Gisèle Pelicot, testifica su resiliencia y su esfuerzo inquebrantable por mejorar la vida de quienes más lo necesitan en Venezuela.

En un firme llamado a la acción, Argentina, Panamá y Uruguay fijaron posición en la reciente Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), para instar a que se aceleren las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El Nacional

Los representantes de estos países subrayaron la necesidad de que el máximo tribunal internacional actúe con determinación, resaltando el papel crucial que desempeña la CPI en la búsqueda de justicia ante tales atrocidades.

Mario Javier Agustín Oyarzábal, embajador argentino en Países Bajos, afirmó que Venezuela “no puede ser considerado un Estado de derecho”, dado que sus principios son “sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada deliberadamente”. Denunció el asedio que enfrentan los asilados en la residencia del embajador argentino en la ciudad de Caracas, actualmente bajo la custodia de Brasil, y exigió acciones decisivas al respecto.

El embajador panameño, Jorge Corrales, expresó preocupación por la falta de avances en las investigaciones que lleva a cabo la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano.

“Manifestamos nuestro profundo desacuerdo con la lentitud del fiscal de la corte, a pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Los derechos humanos de los venezolanos tienen el mismo valor que los del resto del mundo”, afirmó Corrales, al solicitar mayor celeridad en el proceso.

Uruguay reafirmó su apoyo a la imparcialidad de la Corte Penal Internacional en relación con los casos vinculados a Venezuela. En este contexto, el canciller colombiano, Luis Murillo, reiteró el compromiso de su país con el Estatuto de Roma y subrayó la importancia de la justicia internacional para prevenir la impunidad.

“La labor de la corte es esencial para evitar que queden impunes los delitos más graves; a menudo, representa la última esperanza para las víctimas que buscan un sistema de justicia imparcial que materialice sus legítimas aspiraciones”, concluyó Murillo.

El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU, dio inicio a un caso de investigación contra el régimen de Nicolás Maduro sobre el fraude electoral en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, y se exigió que se conserven las actas de escrutinio del CNE, según un grupo de abogados denunciantes, este martes 3 de diciembre.

EFE

Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a EFE que el Comité les notificó que fue abierto su caso y se han dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.

Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EEUU), que denunciaron en octubre ante el mencionado Comité: fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.

La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha “solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales” incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación” mientras investiga.

Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.

En su denuncia “se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos, cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025”.

Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EEUU, y que denunció una privación del voto que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.

Los abogados expusieron en su denuncia, la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalaron un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.

Tras pedir medidas provisionales, indiciaron “la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos”, ya que no es “un típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un candidato” sino “un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección”.

En ese sentido, destacaron que “a pesar de que se impidió votar al 99 % de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela”.

El Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este martes que el pueblo venezolano ya no sabe si en su país hay una democracia o no, al tiempo que sugirió que ellos ya no quieren al chavismo en el poder.

EFE

Petro se refirió a la situación de Venezuela al intervenir en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) 2024, realizado en la isla colombiana de San Andrés, donde dijo que el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez no entendió que había que hacer una transición del petróleo hacia energías limpias para enfrentar el cambio climático.

“Se burlan del presidente que dice en Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte; Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere”, afirmó Petro.

Destacó, eso sí, que Chávez, fallecido en 2013, comprendió que el progreso del pueblo está en lograr que la tierra produzca y que para eso es fundamental la educación.

“Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte; hay es que producir en la tierra y en la industria y para ello hay que tener saber”, agregó.

En ese sentido criticó que en Colombia se burlan de la migración de más de 1,5 millones de venezolanos que, según dijo, tienen un nivel escolar superior a los de los colombianos.

“¿Por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese Gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo y no se equivocó, en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto”, manifestó.

Las declaraciones de Petro sobre la situación política de Venezuela se producen luego de que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, asegurara la semana pasada que el Gobierno responderá “en su debido momento” a la invitación que recibió el mandatario para asistir a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

“Vamos a responder a la invitación en su debido momento”, dijo en esa ocasión a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores, quien recalcó que ante el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuyo ente electoral nacional dio el triunfo a Maduro, “la posición de Colombia siempre ha sido muy clara: si no hay actas, no hay reconocimiento”.

En su discurso de hoy, de casi una hora y media de duración, Petro insistió en que si no se hace la transición energética, los efectos del cambio climático serán devastadores.

“La tierra hermosa de Colombia se puede volver un desierto y la isla hermosa de San Andrés puede desaparecer”, sentenció.

Con más de 7 millones de votos mostrados en actas oficiales del escrutinio y tras 25 años de socialismo en Venezuela, Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro el 28 de julio.

Por: El Debate / Vía: El Nacional

Sin embargo, por una paradoja del socialismo del Siglo XXI, el presidente electo venezolano se encuentra en el exilio en Madrid, mientras que el dirigente chavista se apresura a protagonizar otra sesión de investidura presidencial el 10 de enero en Caracas.

Con tono pausado, propio de su formación diplomática, González Urrutia, de 75 años de edad, describe en esta entrevista con El Debate -primera a un periódico español-, las circunstancias de su exilio, sus expectativas de regreso a Venezuela, los márgenes de una posible negociación para la transición y, por supuesto, su sensación ante otra paradoja: estar exiliado en un país donde todavía no le reconocen como presidente electo, como sí lo hacen Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, entre otros.

—¿Quién manda en realidad dentro de la dictadura de Venezuela?

— El gobierno está partido en varias facciones. No me cabe duda de que [Diosdado] Cabello es un hombre fuerte del régimen, que tiene mucho que ver con las acciones que se toman en el gobierno, así como también el generalato de las Fuerzas Armadas.

— ¿Ve posible un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas para derrocar a Maduro?

— Yo no quiero saber de eso. Yo fui elegido por el voto de los venezolanos y eso es lo que quiero que se haga respetar: el resultado de las elecciones.

— Precisamente los militares fueron testigos de su triunfo electoral.

— No solo fueron testigos, en todas las instalaciones militares donde hubo un centro electoral de votación gané yo. Eso te quiere decir hasta qué punto ellos tiene claro lo que pasó en realidad.

— Sin embargo, el régimen ha impuesto otra realidad: La reelección de Maduro.

— Esa ha sido la eterna lucha con el régimen. Ellos tratan de imponer su discurso. Sus líneas de acción, que por lo general no van de la mano de la corriente mayoritaria. En este caso está muy claro que el 28 de julio hubo un vencedor que no tiene lugar a dudas. Fueron más de 7 millones de venezolanos que optaron por la fórmula que yo representaba. Con una advertencia: si se hubiese permitido el voto en el exterior, esa cantidad habría sobrepasado los 8 millones.

— ¿Cómo piensan obligar a Maduro a aceptar ese resultado electoral?

— La transición se va a dar en algún momento, más temprano que tarde. Y esa situación pasa porque el gobierno reconozca que perdió unas elecciones, que hubo cerca de 8 millones de venezolanos que votaron por mi candidatura y que esa es la realidad política. El país no puede seguir en una situación como la que estamos ahora, donde la mayoría se opone a la candidatura o al régimen de Maduro. Nosotros estamos propiciando una nueva realidad política en donde todos podemos caber, incluido el chavismo.

— ¿Cuál es el punto de quiebre para que el régimen acepte entregar el poder?

— La presión internacional es el único camino que puede forzar al régimen de Maduro a negociar o a entender que su tiempo ya pasó.

Maduro tenía una alianza, una relación muy cercana con el presidente Lula. Este le había advertido, en varias ocasiones, que ese no era el camino y él lo había entendido. En apenas unos meses -aunque por tiempo limitado- logró que rectificara. Por eso no descarto que esto vuelva a suceder. Gustavo Petro [presidente de Colombia] también podría ejercer cierta influencia en Maduro porque tiene una afinidad ideológica muy firme.

— ¿Los países vecinos de Venezuela deberían de actuar más rápido y con mayor firmeza?

— La realidad política internacional camina a unos tiempos que dictan las circunstancias. No es lo que uno desea sino el ritmo que toman las cosas. Yo hubiera deseado que fuera mucho más activo y que la comunidad internacional hubiera reaccionado con mayor fuerza, pero esa es la realidad.

— Mientras tanto, ¿cómo detener la maquinaria represiva del régimen?

— Denunciar cuantos desmanes haya, denunciar la deriva dictatorial, denunciar los excesos del gobierno… Todas esas cosas son las que hay que hacer permanentemente. Esa es la presión democrática a la que yo me refiero.

— ¿Una orden de captura de la Corte Penal Internacional contra Maduro podría ayudar?

— No me atrevo a emitir opiniones sobre situaciones hipotéticas, pero evidentemente que eso daría pie a que se ejerza más presión contra el régimen.

— ¿Está dispuesto a negociar la transición con figuras acusadas de crímenes de lesa humanidad?

— Esas son cosas que se superan en función del bien, en función del objetivo final que es lograr una transición. Nosotros estamos comprometidos con una transición en paz, que es lo que estamos promoviendo y es lo que estamos buscando. Nuestra aspiración es que sea así.

Todos estos procesos [de transición democrática] han pasado por circunstancias parecidas. Los chilenos hicieron su transición y tuvieron que soportar la presencia del general Pinochet [Augusto]. Los surafricanos también tuvieron un proceso bien complejo, así que esas situaciones ocurren en procesos políticos como este en el que tendremos que negociar con el adversario.

— ¿Está dispuesto a ofrecer impunidad a cambio de democracia?

— La justicia llegará en su momento y tomará las decisiones que haya que tomar.

— ¿Qué siente al estar en un país que aún no reconoce su elección?

— Me siento muy cómodo en España y agradezco todas las facilidades que me ha dado el gobierno español. Solicité el asilo político hace unas semanas y estoy a la espera de que se complete el trámite que tarda varios meses. Entretanto, puedo salir al exterior para hacer lo que estoy haciendo y lo que vine a hacer que es divulgar ante la comunidad internacional la situación política de Venezuela, el asalto a la voluntad popular, el robo que hicieron de las elecciones. En pocas palabras, el fraude que se cometió.

— ¿Qué hace falta para que el gobierno de España dé el paso de reconocerlo?

— España ha sido solidaria conmigo desde el principio. Cuando estuve en su embajada en Caracas enseguida me dieron todas las facilidades para trasladarme a Madrid. He recibido buen trato del gobierno y confío en que vaya a continuar… En algún momento, más temprano que tarde, se va a producir el reconocimiento pleno.

— ¿Se arrepiente de haber negociado con Delcy Rodríguez y su hermano en la Embajada de España en Caracas?

— No, porque si no, no hubiera podido salir de Venezuela. Ellos fueron los enviados del régimen para negociar conmigo los términos de mi salida. Y eso fue lo que hicimos.

— ¿No hubiera preferido una opción clandestina para salir de Venezuela?

— No, yo ya estaba bajo la protección del gobierno de España en su embajada… Es cierto que estuve en la embajada de Países Bajos durante 37 días, y ya desde allí hice algunas gestiones para venir a España.

— ¿Coordinó su salida de Venezuela con María Corina Machado?

— Fue la primera persona a la que se lo comuniqué. Tenemos una relación de cordialidad y estamos en contacto permanente. Hablamos con la frecuencia necesaria, semanal, diaria o como las circunstancias lo exijan.

— ¿Cuánto tiempo más puede resistir en la clandestinidad María Corina Machado?

— Son condiciones muy difíciles, terribles. Hay una cacería contra ella, por eso tiene que buscar protección y refugio permanentemente…

— ¿Pero, qué pasaría si María Corina fuese detenida por el régimen?

— No creo que se atrevan a eso. Sería sumamente delicado que fuesen a detener a María Corina. Es una líder nacional que ha hecho una campaña admirable, que tiene muchos seguidores y no creo que se atrevan a tanto.

— Si fuese reconocido como presidente, ¿cedería la presidencia a María Corina Machado, como lo hizo el presidente Cámpora con Perón en Argentina?

— No es mi intención seguir el ejemplo del doctor Cámpora.

— ¿Cómo piensa regresar a Caracas el 10 de enero si Maduro repite e insiste en que no le permitirá entrar?

— La estrategia no se revela. En algún momento llegaré. Para el 10 de enero yo debería estar allá para tomar posesión del cargo para el cual me eligieron los venezolanos. Dios mediante el 10 de enero va a surgir una nueva Venezuela.

— ¿Tiene miedo de lo que pase con usted una vez que regrese?

— Hay un refrán venezolano que dice: «con miedo no se va a la guerra». Así que yo voy a enfrentarme a esa situación y no, no tengo temor.

— Si no es el 10 de enero, ¿cuál sería la otra ventana de oportunidad para regresar?

— Más temprano que tarde, más temprano que tarde, es mi aspiración de estar allá.

— Sabiendo ahora las consecuencias que sufre, ¿volvería a ser candidato?

— Yo no aspiraba ni pensaba ser candidato. Es una experiencia a la que llegué forzado por la situación, pero con convicción y responsabilidad. Hice y hago lo que debo hacer, lo que corresponde y cumplo con mucha responsabilidad, con seriedad porque creo que es lo mejor para mi país. No me arrepiento de nada, todo lo contrario, pero no me veo en otro escenario electoral.

— ¿Ha tenido contacto con el presidente Donald Trump?

— Tenemos un equipo en Washington trabajando intensamente. Lo hizo en campaña, durante el tiempo de las elecciones y lo hace ahora. Mantenemos relaciones con la administración del presidente Biden y ya hemos establecido los contactos necesarios con el presidente Trump.

— ¿Tiene previsto asistir a la toma de posesión del presidente Trump el 20 de enero?

— [Sonríe] Tengo que recibir la invitación primero.

La vida está llena de altibajos, desafíos y victorias. La lucha por la libertad y la justicia es una constante en la historia de la humanidad, y el pueblo venezolano lo sabe muy bien. En este contexto, las sabias palabras de Don Quijote resuenan con fuerza y relevancia:

«Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca…»

Este mensaje de esperanza y resiliencia nos invita a reflexionar sobre la situación en Venezuela y la incansable lucha por la libertad y la justicia. A lo largo de los años, el pueblo venezolano ha enfrentado numerosas dificultades: crisis económicas, inestabilidad política y la búsqueda constante de un futuro mejor. A pesar de las «borrascas» que han atravesado, la esperanza de un cambio positivo y la convicción de que el bien está cerca nunca han desaparecido.

La lucha por la libertad es una lucha noble y digna. Cada acto de resistencia, cada voz que se levanta y cada sacrificio realizado son testimonios del coraje y la determinación del pueblo venezolano. La libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la capacidad de vivir con dignidad, tener acceso a oportunidades y construir un futuro próspero para las generaciones venideras.

Al igual que Don Quijote, que mantuvo su fe a pesar de las adversidades, el pueblo venezolano sigue adelante con una esperanza inquebrantable. La resiliencia de un pueblo que se niega a rendirse, que encuentra fuerzas en su cultura, en su historia y en sus valores, es una fuente de inspiración para el mundo entero.

Es crucial recordar que el mal y el bien no son eternos. La historia nos enseña que las grandes transformaciones suelen surgir tras periodos de grandes desafíos. Venezuela, con su rica historia y su espíritu indomable, está destinada a encontrar la serenidad y el bienestar. Cada pequeño triunfo, cada gesto de solidaridad y cada esfuerzo colectivo nos acerca más a un futuro luminoso.

Como dijo Don Quijote: «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.» Esta sabiduría refleja la certeza de que, por muy prolongadas que sean las dificultades, siempre hay una salida. La clave está en la unidad, la persistencia y la fe en que el bien siempre está al alcance.

La genialidad de Don Quijote radica en su capacidad para ver más allá de las apariencias y encontrar esperanza en medio de la adversidad. Su visión y determinación nos enseñan que, incluso cuando los molinos de viento parecen invencibles gigantes, la perseverancia y la fe pueden convertir lo imposible en posible. Don Quijote, con su espíritu indomable y su búsqueda incansable de justicia, nos recuerda que los sueños y la esperanza son fuerzas poderosas que pueden cambiar el curso de la historia.

Celebremos la esperanza, la fuerza y la determinación del pueblo venezolano. Agradezcamos por la capacidad de resistir, por la solidaridad que nos une y por la convicción de que un futuro mejor es posible.

Que las palabras de Don Quijote nos inspiren a seguir adelante, con la certeza de que, después de la tormenta, viene la calma. El bien está cerca, y juntos, podemos lograrlo.

Vamos por mas…
@jgerbasi

El 3 de diciembre comenzó como un día sin incidentes en Seúl, la capital de Corea del Sur. Muchos se fueron a dormir tranquilamente esa noche.

The Economist

Sin embargo, cuando salió el sol a la mañana siguiente, el presidente del país, Yoon Suk-yeol, había declarado la ley marcial, intentando tomar por la fuerza el control de la Asamblea Nacional y, luego, dado un giro abrupto a su decisión.

Este giro inesperado de los acontecimientos sumió al país en el caos, puso en duda el futuro de su presidencia y puso a prueba la fortaleza de la democracia surcoreana.

La noche comenzó con un inesperado discurso de Yoon hacia las 22:30 hora local, anunciando la inminente imposición de la ley marcial. El decreto prohibía todas las actividades políticas y limitaba la libertad de los medios de comunicación.

Fue el primer uso de tales poderes de emergencia desde la caída de la dictadura militar del país a finales de la década de 1980.

Sin aportar pruebas de sus afirmaciones, Yoon alegó que la Asamblea Nacional, controlada por sus oponentes políticos del Partido Democrático (PD), se había “convertido en un monstruo” que amenaza la democracia. Dio a entender que colaboraban con las “fuerzas comunistas” norcoreanas.

Aunque las sucesivas constituciones han debilitado la presidencia y otorgado más autoridad al parlamento, el sistema de Corea del Sur sigue siendo un sistema en el que el presidente ejerce un enorme poder, incluso sobre los servicios de seguridad como comandante en jefe.

Tras las declaraciones de Yoon, las fuerzas armadas se desplegaron en el edificio del Parlamento en Seúl y la policía antidisturbios se alineó en las carreteras. La reacción no se hizo esperar. Miles de manifestantes salieron a la calle para exigir al presidente que se retractara, al grito de “¡Arréstenlo!”.

La indignación se mezclaba con la conmoción. “Parece como si Yoon se hubiera emborrachado y de repente hubiera anunciado esto a altas horas de la noche: no tiene sentido”, bromeó un manifestante. “¿Esto es la realidad?”, preguntó otro.

Los mercados de divisas se estremecieron y el won coreano cayó hasta un 3% frente al dólar; el Banco de Corea anunció una reunión extraordinaria de su consejo de política monetaria para la mañana del 4 de diciembre, con el fin de analizar las turbulencias.

Funcionarios estadounidenses expresaron su “grave preocupación”, sugiriendo que no habían recibido ninguna advertencia previa de su aliado en el tratado, que acoge a casi 30.000 soldados estadounidenses. Incluso la propia administración de Yoon se quedó de brazos cruzados.

“Se trata de una decisión exclusiva del comandante en jefe”, afirma una fuente de la oficina presidencial. “Fue una gran sorpresa para la mayoría del personal, y también para los miembros del gabinete”.

La oposición se movilizó durante toda la noche. El Partido del Poder Popular declaró en un comunicado que la declaración de la ley marcial por parte del presidente era “esencialmente un golpe de Estado”.

El jefe del Partido del Poder Popular, del propio Yoon, se manifestó en contra de la medida, pidiendo a las fuerzas armadas y a la policía que “no sigan instrucciones ilegales o injustas”.

Mientras tropas fuertemente armadas irrumpían en el Parlamento, los 190 legisladores que se habían atrincherado en el hemiciclo, la mayoría de los 300 que componen el órgano, votaron unánimemente a favor de revocar el decreto presidencial poco más de dos horas después de su entrada en vigor; las fuerzas armadas comenzaron a retirarse poco después.

Poco después de las 4 de la madrugada, Yoon pronunció un segundo discurso televisado, anunciando que respetaría la voluntad de la Asamblea Nacional y levantaría su orden de ley marcial, y las tropas desplegadas para hacer cumplir la ley marcial regresaron a sus bases.

Yoon, ex fiscal conservador, asumió el cargo en 2022 tras derrotar por un estrecho margen a Lee Jae-myung, líder del PDP. En el cargo ha demostrado ser un líder divisivo, alienando no sólo a sus oponentes, sino también a muchos de los que inicialmente le habían apoyado.

Los escándalos también han empañado su imagen, en particular las acusaciones en torno a su esposa, que fue grabada en vídeo aceptando un bolso de lujo como regalo. Su índice de aprobación cayó por debajo del 20% el mes pasado, frente al 53% que tenía cuando asumió el cargo.

El PD arrasó en las elecciones generales y retomó el control del Parlamento esta primavera. (La febril campaña electoral incluyó un intento de asesinato del Sr. Lee).

El Sr. Yoon entró en un pulso con el recién hostil parlamento, negándose a asistir a su sesión inaugural el 2 de septiembre, la primera vez que un presidente surcoreano lo hace desde la democratización.

La semana pasada, el Parlamento votó a favor de recortar el presupuesto del Sr. Yoon para el próximo año. En Seúl circularon rumores de posibles protestas callejeras o incluso de un proceso de destitución contra él, aunque no se había tomado ninguna medida formal para destituirlo.

Puede que Yoon pensara que podía adelantarse a sus oponentes actuando primero. Sin embargo, su maniobra fue mucho más allá de los límites de la actividad política normal en la Corea del Sur democrática, evocando en su lugar las tácticas de Park Chung-hee, un dictador militar que gobernó el país en las décadas de 1960 y 1970.

“Ha utilizado la bomba nuclear”, afirma Victor Cha, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank estadounidense. Al ponerla en marcha, Yoon esperaba salvar su gobierno. En cambio, es casi seguro que ha sellado su propia caída.

Si no dimite, es probable que el Parlamento proceda a su destitución. Ello requeriría una mayoría de dos tercios de los votos del Parlamento y desencadenaría un juicio ante el Tribunal Constitucional (El partido del Sr. Yoon controla 108 escaños en la asamblea).

El proceso podría prolongarse durante meses, dejando un presidente interino al mando y el sistema político en el limbo. Si se celebrasen nuevas elecciones, el candidato del PD tendría las de ganar.

Las implicaciones para la política exterior de un cambio de poder en Seúl serían enormes y llegarían en un momento delicado, cuando Donald Trump se prepara para asumir el cargo en Estados Unidos y Corea del Norte adopta una postura cada vez más hostil hacia el Sur.

Durante su mandato, Yoon ha reforzado la alianza de su país con Estados Unidos, ha estabilizado las turbulentas relaciones con Japón y ha prestado apoyo indirecto a Ucrania reabasteciendo las reservas estadounidenses de munición.

También ha adoptado una postura de mano dura hacia Corea del Norte, que ha firmado un nuevo pacto de seguridad con Rusia.

El PD tiende a mostrarse profundamente escéptico con Japón, debido a los agravios por sus atrocidades de la época colonial, y a favorecer el compromiso con Corea del Norte; se ha opuesto a los llamamientos para proporcionar ayuda militar directa a Ucrania.

El sórdido episodio también dice mucho sobre el estado de la democracia surcoreana. Por un lado, si Yoon da marcha atrás y es sustituido mediante un proceso constitucional, el sistema surcoreano habrá superado una enorme prueba de resistencia.

Pero el hecho de que haya recurrido a una medida tan extrema apunta a un malestar más profundo. La polarización política está profundamente arraigada y los bandos enfrentados se consideran enemigos mortales.

La mala conducta de los líderes políticos, seguida de agresivos procesos penales contra ellos, es demasiado habitual. A principios de este año, el propio Lee, líder del PDP, fue condenado por mentir a los investigadores sobre un caso de soborno, lo que pone en duda su capacidad para volver a presentarse a las elecciones presidenciales.

Park Geun-hye fue destituida como presidenta en 2016 y condenada por corrupción; su predecesor, Lee Myung-bak, también fue condenado por soborno tras dejar el cargo; y su predecesor, Roh Moo-hyun, se suicidó bajo una nube de acusaciones de corrupción.

El último fiasco podría convertirse en una oportunidad para que el país reflexione y se reagrupe, o podría alimentar aún más la división y la enemistad.

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