Con palabras muy duras, Israel reaccionó al informe de la ONU que confirmó que hay hambruna en la Gobernación de Gaza (centro-norte de la Franja de Gaza), y que se espera que a finales de septiembre se extienda a la de Deir Al-Balah (centro) y a la de Jan Younes (sur). La ONU advirtió que 500 000 personas se encontraban en una situación «catastrófica». Israel lo niega. Asegura que “no hay hambruna en el enclave palestino”.
La ONU declaró oficialmente el viernes la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieran que 500 000 personas se encontraban en una situación «catastrófica». Israel asegura que la ONU se ha desviado de sus propias reglas para fabricar un documento “a medida para la falsa campaña de Hamás”. Para Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, se trata de una mentira descarada.
“Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención del hambre». «En Gaza los únicos en hambruna son los rehenes israelíes», según un comunicado de la oficina de Netanyahu. Israel contraataca. “Se trata de un informe hecho a medida basado en datos falsos y parciales que provienen en parte de Hamás”. El informe de la ONU «ignora los esfuerzos humanitarios de Israel y los robos sistemáticos de la ayuda [alimentaria] que ha cometido Hamás», lamenta Israel, para quien este informe no tiene ningún valor.
Durante décadas las relaciones entre Israel y las agencias de la ONU han sido tensas, pero se han venido deteriorando aún más desde el 7 de octubre de 2023, especialmente con la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), el principal organismo que asegura la ayuda en Gaza. Israel lo acusa de perpetuar el estatus de refugiado palestino, el cual permitiría a los palestinos en el exterior a regresar algún día a este territorio, aún después de varias generaciones. Israel también acusó a empleados de la UNRWA de una supuesta participación en los ataques del 7 de octubre, pero la inteligencia estadounidense pone en duda dichos argumentos.
Falta de voluntad política
El informe publicado por la ONU se suma a la larga lista de reportes de instituciones internacionales que han alertado sobre el riesgo de hambruna, crímenes de guerra e incluso genocidio en Gaza. Sin embargo, a pesar del historial, no se hace nada para ponerle fin, dijo en entrevista para RFI el vicepresidente de la Asociación de Juristas por el Respeto del Derecho Internacional (Juristes pour le Respect du Droit International, en francés), el magistrado Ghislain Poissonnier.
“Hace varios meses que las agencias de la ONU y respetadas ONGs internacionales, como Médicos sin Fronteras o Human Rights Watch, alertan sobre el riesgo inminente de hambruna. No han sido escuchadas por la comunidad internacional, que no ha presionado a Israel. Hoy comprobamos que hay una situación de hambruna. Ni Francia ni los Estados europeos han tomado medidas concretas para sancionar ni han ejercido presión sobre Israel para que la situación cambie sobre el terreno, y que el riesgo de genocidio no se siga considerando sólo como un riesgo. Desde hace 20 meses constatamos que la situación empeora y que lo que se anunciaba como un riesgo hoy se está materializando”.
Para el magistrado el problema no se encuentra en el terreno de las leyes porque no basta con “caracterizar jurídicamente los crímenes y la situación en Gaza”. Para él, el problema principal “reside en que no hay voluntad política para prevenir estos crímenes, para impedirlos y, sobre todo, para reprimirlos”.
“Esto requiere que los Estados actúen concretamente, tomando, por supuesto, iniciativas políticas, militares y diplomáticas. Pero también que detrás haya toda una movilización que se comprometa a que estos crímenes sean sancionados. Es decir, investigaciones que se lleven a cabo, sanciones que se impongan, el inicio de acciones penales, etcétera”, explicó.
Para denunciar la falta de sanciones contra Israel, considerada como una forma de complicidad pasiva, la Asociación de Juristas presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un recurso contra la Comisión Europea y contra el Consejo de la Unión Europea.
RFI
