Vía El Heraldo
Contra viento y marea, el presidente Petro firmó esta semana el decretazo con el que convoca la consulta popular sobre asuntos laborales. Estamos ante un acto abiertamente inconstitucional, al que se opone el grueso del país político, jurídico, social y económico, a excepción de los partidos de izquierda y seguidores incondicionales del jefe de Estado, que enajenados por su retórica populista pasan por alto la gravedad de un hecho totalmente equivocado e inaceptable que representa una muy seria amenaza contra la institucionalidad.
Y lo es porque, como han explicado los más reputados juristas, con su arbitraria e insensata determinación ilegal de desconocer la votación del Senado, que negó la consulta en un acto legítimo, el Gobierno vulneró la separación de poderes. Pero aún peor, al firmar el Decreto 639, Petro y sus ministros usurparon las funciones del Poder Judicial. Si el Senado incurrió en irregularidades, no es el presidente y su sanedrín el que deben dictaminarlo, sino los jueces, los únicos facultados por la Constitución para resolver la validez de estas decisiones.
Nada de lo que ahora ocurre es casual ni normal. Mientras Petro y su núcleo duro activaban la maquinaria del populismo autoritario en las calles y radicalizaban su discurso contra los “enemigos del pueblo”, iban tejiendo una maraña jurídica para presentar como justicia lo que realmente es un abuso o un delito. Sin inmutarse, desbordaron las competencias de los demás órganos de poder e irrespetaron los principios democráticos y el ordenamiento legal.
En definitiva, contrariaron la Constitución Política, la norma de normas, abriendo un innecesario e inconveniente escenario de inseguridad jurídica que deberá dilucidar el Consejo de Estado, en aras de detener el avance del engendro inconstitucional. La definición del inédito asalto a nuestra democracia también pasa por las manos de la Registraduría y la Corte Constitucional, que comenzaron su análisis jurídico y revisión. Para mañana es tarde.
En tanto, no ahorra artificios jurídicos el padre del adefesio, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para intentar darle validez ante la opinión pública. Sabe que no la tiene, pero al igual que el jefe de Estado necesitan del enorme escándalo que su anómala convocatoria electoral ha generado para ambientar el culmen de su proyecto autoritario: impulsar una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular, respaldada por el mismo Gobierno.
Ahora ya sabemos a lo que se refería el operador político de Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando decía que tenía un plan A, B, C, D, y lo que hiciera falta para sacar adelante las reformas. Al paso que vamos, en consonancia con su delirante deriva absolutista que desprecia los controles democráticos, lo menos grave será que el Ejecutivo firme un decretazo poniendo por encima de la Constitución el “poder soberano del pueblo”.
Lo realmente alarmante es su ansia totalitaria de modificar la Constitución de 1991, si el Congreso, las cortes o quien se le oponga a sus decisiones o actos viciados de competencia no accede a su tendencia chantajista. Es Petro o el caos. Predecible actitud del mandatario que siempre ha acariciado la idea de enmendar la Carta Magna. En su tarea de desestabilizar el equilibrio democrático, Montealegre, el ‘hereje del Derecho’, dice que evalúan recoger 8 millones de firmas para convocar una constituyente, sin pasar por el Legislativo, con el propósito de reformar instituciones que, según él, son un “obstáculo para el cambio social”.
Los desvaríos tiránicos del petrismo de socavar las instituciones desmoralizan a cualquiera. Pero ante su ofensiva autoritaria es preciso renovar la confianza en el sistema de pesos y contrapesos del Estado de derecho, concebido para hacerles frente a los abusos de poder de quienes fabrican este tipo de liturgias jurídicas para tratar de imponer descabelladas tesis inconstitucionales. Buscan crear un leviatán que les facilite colonizar los demás poderes del Estado a partir de una paradoja: usar la democracia para derribar la democracia. Perverso.
Este complejo debate jurídico se sintetiza en una frase: no existe Estado de derecho sin democracia ni una auténtica democracia si no se respeta la Constitución. Por lo que hace y predica, el Gobierno no cejará en su empeño de romper los resortes institucionales para aumentar la tensión política a su favor. Así quedó en evidencia luego de los llamados a la concordia o la moderación desatendidos por el jefe de Estado tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay o la escalada terrorista de las disidencias en el suroccidente.
¿Y ahora qué? Este domingo, ciudadanos marcharán en silencio en solidaridad con el precandidato, aún en condición crítica. Ante la anarquía, la unidad de los demócratas contra los violentos se hace imprescindible. También, expresarse en contra de todas las maniobras autoritarias del Gobierno. Colombia entera debe rodear a los guardianes del Estado de derecho que tomarán decisiones que impactarán el futuro, que luce en riesgo por la ruptura del orden constitucional, la autodestrucción de la democracia. No es momento de tibiezas.
