Vía DDC
El régimen incumple las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los presos políticos Walnier Aguilera, Ibrahim Domínguez y Fray Pascual Claro Valladares.
El régimen cubano sostiene una actitud de doble estándar jurídico internacional, aparejado a su añejo, pero cada vez más vigente, doble rasero político. En tal sentido, el Estado cubano ha incurrido en un incumplimiento sistemático y deliberado de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los presos políticos Walnier Luis Aguilera Rivera, Ibrahim Domínguez Aguilar y Fray Pascual Claro Valladares.
Al no notificar dichas decisiones a los beneficiarios ni adoptar acción alguna para su implementación, el régimen los mantiene en una situación de total desprotección, vulnerando su integridad física, su salud y su dignidad. Esta conducta, además de agravar la situación individual de los beneficiarios, revela un uso instrumental y oportunista del sistema internacional de derechos humanos.
La negativa del poder judicial a reconocer estas medidas por mandato estatal demuestra una ruptura de la independencia judicial y consolida una estructura institucional orientada a la impunidad. Este patrón no solo afecta a los beneficiarios, sino que debilita gravemente la legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sienta un precedente preocupante para otros estados.
Estos hechos reflejan un incumplimiento manifiesto por parte del Estado cubano de las obligaciones internacionales asumidas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y comprometen gravemente los derechos fundamentales de las personas beneficiadas por las medidas, toda vez que las autoridades cubanas no reconocen como vinculantes las decisiones de protección decretadas, postura que infringe el espíritu y principios contenidos en la Ley de ejecución de sentencias penales y Reglamento del Sistema Penitenciario.
Lo anterior, así como la reiterada postura frente a decisiones adoptadas por varias estructuras de la ONU, permite afirmar que el Estado cubano es un actor internacional oportunista, que actúa de forma selectiva en su relación con el sistema internacional de derechos humanos.
Así, reconoce y se beneficia de resoluciones o pronunciamientos favorables, mientras que desconoce, desacredita o incumple los que implican obligaciones, críticas o cuestionamientos. Esto es un comportamiento instrumental del derecho internacional, que desnaturaliza el principio de universalidad y coherencia que debe regir en materia de derechos humanos.
Mientras se presenta como defensor de los derechos humanos en espacios multilaterales, la práctica interna del régimen contradice ese discurso. En foros internacionales aboga por el respeto a la soberanía, la equidad y la no injerencia. Sin embargo, en su política interna, reprime, censura y silencia a quienes denuncian abusos, criminaliza el disenso y desatiende mandatos internacionales como los de la CIDH.
Este desajuste entre discurso externo y práctica interna configura un modelo de hipocresía diplomática. En tal sentido, al no cumplir con las decisiones de la CIDH, el régimen de Cuba incurre en una práctica de desacato sistemático, al tiempo que no garantiza acceso ni comunicación a los beneficiarios de medidas cautelares. Esto erosiona la credibilidad del Estado como sujeto de derecho internacional y atenta contra los principios de cooperación y buena fe.
Desde el punto de vista judicial, se pone de manifiesto la complicidad institucional en la violación de derechos humanos. La obediencia del poder judicial a un mandato político convierte a los tribunales en instrumentos de legitimación de la impunidad, en lugar de garantes de justicia y legalidad. En este contexto, los jueces se convierten en agentes del poder político, lo cual desnaturaliza su rol de defensa de los derechos fundamentales.
Consecuentemente, estos hechos refirman la tendencia sostenida de inexistencia, y en su mejor caso de deslegitimación, del Estado de Derecho, porque la negativa a reconocer decisiones internacionales mina la confianza en el sistema judicial interno. Esto equivale a decir que el Estado se coloca por encima del derecho, lo cual es incompatible con cualquier régimen que aspire a ser democrático.
El incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH tiene efectos profundamente nocivos y preocupantes, tanto para los beneficiarios como para el Estado incumplidor, los demás estados miembros del sistema y el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El daño más directo y grave lo sufren las personas para quienes se concedieron las medidas, toda vez que, al no implementarse medidas de protección, los beneficiarios siguen expuestos a tratos crueles, tortura, enfermedades no tratadas y violencia carcelaria. Además, al no informarles ni garantizarles acceso a las medidas adoptadas a su favor, se niega a los beneficiarios el ejercicio pleno de su derecho a defensa y recurso efectivo ante una instancia internacional. Así, la ocultación deliberada de las decisiones de la CIDH puede ser utilizada como herramienta de castigo, represión o invisibilización del preso político.
Dada la situación de incumplimiento total por parte del Estado cubano respecto a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y el aislamiento de los beneficiarios, por su condición de personas privadas de libertad, sus opciones son limitadas, pero no inexistentes.
En este contexto aciago, se pueden activar mecanismos internacionales adicionales para presionar al régimen, como denunciar ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, además de seguir documentando y dejar siempre constancia para un posible litigio internacional.
Aunque Cuba no reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la información y documentación reunida pueden servir para iniciar un caso de fondo ante la CIDH (más allá de la medida cautelar), crear un expediente de responsabilidad internacional del Estado cubano y fortalecer informes temáticos de otras organizaciones, o presentarlos ante organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ante este panorama, es urgente avanzar hacia una denuncia de fondo, como vía de resistencia jurídica, presión política y resguardo de la memoria y la verdad.
