Nicolás Maduro, desprovisto de carisma personal y corresponsable, junto con Hugo Chávez, de una de las peores crisis humanitarias y de uno de los mayores colapsos económicos de la historia moderna, se mantiene en el poder en Venezuela , a pesar de un rechazo popular masivo.
Por: Ramón Cardozo – DW
Con apenas un 30 por ciento de los votos frente al 67 por ciento obtenido por el líder opositor Edmundo González Urrutia, Maduro mantiene el poder de facto gracias al control de los instrumentos de coerción estatal y a la aplicación sistemática del terrorismo de Estado.
Profundo aislamiento diplomático
Su fraudulenta juramentación para un tercer mandato presidencial del pasado 10 de enero no resolvió la profunda crisis de legitimidad que enfrenta, ni en el ámbito interno ni en el internacional. Por el contrario, este acto solo subrayó el profundo aislamiento diplomático de su régimen, desprovisto de reconocimiento por gran parte de la comunidad internacional.
Frente a las crecientes presiones de las fuerzas democráticas, tanto internas como externas, que amenazan sus aspiraciones de perpetuarse en el poder, Maduro ha optado por «atrincherarse”. Su estrategia autocrática se fundamenta en una intensificación de la represión y en el cierre sistemático de los canales institucionales, eliminando con ello cualquier posibilidad de una solución pacífica a la crisis que enfrenta Venezuela.
Terrorismo de Estado contra la disidencia
El régimen de Maduro viene intensificado el uso del terror como herramienta de control social en el último año. Esta situación fue denunciada formalmente por Edmundo González Urrutia, presidente electo, en una carta enviada a principios de este año a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su misiva, el presidente electo alertó sobre las devastadoras consecuencias del terrorismo de Estado practicado sistemáticamente en Venezuela durante los períodos pre y postelectorales de 2024. Los efectos de esta violencia estatal desproporcionada han sido graves: 25 personas fueron asesinadas tras las elecciones, más de 2,000 detenidas arbitrariamente en los últimos meses, y se han registrado casos de desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Aunque desde finales de 2024 el régimen venezolano ha liberado a cientos de personas, las ONG de derechos humanos no han podido confirmar cuántos presos políticos siguen en cárceles de máxima seguridad en condiciones inhumanas.
Según explica una reconocida activista de derechos humanos, cuyo nombre se omite por su seguridad, «antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, había poco más de 300 presos políticos. Tras las protestas postelectorales, las detenciones masivas aumentaron la cifra a más de 2.500. Según datos oficiales, desde noviembre de 2024 se habrían liberado a 1.600 personas, lo que reduciría el número a unos 900 presos políticos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos no hemos podido verificar estas cifras debido a la magnitud sin precedentes de los casos, la opacidad gubernamental, las amenazas a los excarcelados, la prohibición de declaraciones públicas y el temor de las familias a hacerse visibles”.
Excarcelados y familiares bajo persecución
La liberación de los presos políticos en Venezuela sigue el manual del castrismo: solo se excarcela a los detenidos bajo condiciones restrictivas, con juicios abiertos y bajo un régimen de presentación periódica ante un tribunal. Además, se les prohíbe hablar sobre sus casos, se les retira el pasaporte y se les niega la posibilidad de viajar.
«Los excarcelados sufren una revictimización constante”, denuncia la activista de DDHH, pues, «además de enfrentar procesos judiciales sin defensa —con el inmenso riesgo de ser condenados por los delitos más graves contemplados en nuestra legislación—, deben presentarse periódicamente en tribunales en Caracas, a pesar de que la mayoría vive en el interior del país y carecen de suficientes recursos económicos. Nos han reportado casos en los que las familias han dejado de comer para destinar el poco dinero que tienen a estos traslados”.
A estas arbitrariedades se suman los daños emocionales de los excarcelados. «Aunque hayan logrado salir, la crueldad vivida durante su detención los persigue y deja profundas huellas en sus vidas y en las de sus familias. Desde las ONG de derechos humanos estamos haciendo enormes esfuerzos para ofrecer asistencia psicológica a muchas de las víctimas, especialmente a adolescentes que fueron sometidos a actos barbáricos durante su detención”, señala la activista.
Con estas prácticas, el régimen no solo busca castigar a los disidentes, sino también utilizar el horror que se vive en las cárceles políticas como una herramienta de control social. La experiencia traumática sufrida por los jóvenes detenidos se transmite a sus familias y comunidades, sembrando miedo con el fin de disuadir la protesta.
«Esto quedó en evidencia durante las manifestaciones convocadas por la oposición el 9 de enero pasado. Aunque ese día hubo importantes movilizaciones en más de 100 localidades a nivel nacional, estas no alcanzaron una magnitud proporcional al descontento mayoritario que existe en el país”, explica la activista.
«Puerta giratoria” en las cárceles políticas
Siguiendo el manual represivo castrista, en las cárceles políticas venezolanas opera la llamada «puerta giratoria”, una práctica sistemática mediante la cual el régimen libera a algunos presos políticos mientras, simultáneamente, detiene a otros nuevos. Este mecanismo permite ejercer una presión sostenida sobre la disidencia, a la vez que da la apariencia de flexibilización.
«A los presos políticos contabilizados hasta finales de 2024, debemos sumar más de 100 nuevas detenciones realizadas en lo que va de enero”, señala la activista. «Si consideramos solo las cifras oficiales, podríamos afirmar que actualmente hay más de 1.000 presos políticos. Sin embargo, insisto en que no hemos podido verificar muchas de las excarcelaciones anunciadas, por lo que nuestros registros indican que la cifra real asciende a 1.600 presos políticos”.
Ataque a las organizaciones de DDHH y a las estructuras de movilización de la oposición
«La persecución política en el país mantiene el patrón de detención arbitraria seguida por la desaparición forzada de corta o media duración, junto con la imposición de defensores públicos que no hacen nada para demostrar la inocencia de los detenidos por razones políticas”.
A estas prácticas se suma la detención de familiares de los disidentes como forma de presión para que los opositores se entreguen o se abstengan de actuar públicamente. Las detenciones durante los últimos meses han apuntado de forma especial a dirigentes vinculados a las estructuras de movilización opositora con el propósito de desarticular las acciones de protesta.
La persecución estatal se ha dirigido también contra el movimiento de derechos humanos en el país. «El terror se siente con fuerza en Venezuela”, denuncia la activista de DDHH. «Cada vez somos menos los defensores de derechos humanos que permanecemos en Venezuela, y muchos menos quienes todavía nos atrevemos a hablar. A esto hay que sumar que estamos en cuenta regresiva para el nuevo registro público de asociaciones civiles, en virtud de la entrada en vigor de la nueva ley”.
Reforma constitucional
Mientras intensifica su política de terrorismo de Estado, Nicolás Maduro ha anunciado la realización de 10 procesos electorales y 6 consultas populares para 2025, algunas de las cuales estarán vinculadas a una nueva reforma constitucional.
Estas iniciativas buscan, entre otros objetivos, distraer y desviar la atención de la sociedad venezolana de los reclamos por el fraude en las elecciones presidenciales y, al mismo tiempo, dividir a la oposición democrática.
La estrategia busca enfrentar a quienes están dispuestos a participar en los próximos comicios con aquellos que comparten la postura de María Corina Machado, quien ha declarado: «Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo”.
Con respecto a la reforma constitucional, aunque los detalles específicos de dicha reforma no se han revelado, Maduro ha subrayado en sus discursos que esta reforma tiene como objetivo «la construcción del nuevo Estado, definir con claridad el perfil de la sociedad que queremos desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista institucional”.
Resulta evidente que Maduro sigue el mismo camino trazado por su predecesor, Hugo Chávez, quien, bajo el pretexto de instaurar una «democracia participativa”, redactó a su antojo la Constitución de 1999, en la cual se desmanteló diversos mecanismos de equilibrio institucional y se concentró una enorme cantidad de poder en la Presidencia de la República.
En esta ocasión, Maduro parece decidido a replicar esa estrategia, utilizando esta nueva reforma constitucional para construir un Estado ajustado a su proyecto autocrático. Bajo la excusa de la instauración de un sistema de gobierno comunal, se busca desmontar de forma definitiva la democracia liberal representativa y garantizar que nunca más, a través de procesos electorales, pueda ponerse en riesgo la continuidad del chavismo-madurismo en el poder.
En síntesis, mientras la crisis política, económica y social en Venezuela se profundiza y afecta al resto del hemisferio, Nicolás Maduro, desprovisto de legitimidad, se atrinchera mediante la expansión del terrorismo de Estado, los intentos de dividir a la oposición democrática y la pretensión de instaurar un Estado autocrático diseñado para eliminar cualquier amenaza interna.
Sin embargo, cada una de estas acciones acrecienta el rechazo nacional e internacional, poniendo en evidencia que esta estrategia no está exenta de riesgos, pues deja abiertas serias interrogantes sobre la sostenibilidad de su régimen frente a las fuerzas democráticas que lo enfrentan.
